nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dos de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

1°) Que, comparece don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por haber dispuesto la no renovación de su contrata para el año 2026, materializada en el Decreto Alcaldicio N°14.384 de 19 de noviembre de 2025, por considerar que es un acto ilegal y arbitrario al carecer de fundamentación, vulnerando sus derechos consagrados en el artículo 19 N°2 —igualdad ante la ley— y artículo 19 N°24 —derecho de propiedad— de la Constitución Política de la República.

Expone que en el año 2007 comenzó a prestar servicios para la Municipalidad mediante contrato a honorarios, adscrito a la Dirección de Obras Municipales, desarrollando funciones técnicas vinculadas al levantamiento topográfico de manera permanente, para luego, a contar del 2 de enero de 2023, prestar servicios como funcionario a contrata en el grado 16, en el mismo departamento y con idénticas funciones, sin solución de continuidad respecto del período anterior, traspaso que tuvo lugar en virtud del Dictamen N°E173171N22 de la Contraloría General de la República de 10 de enero de 2022, vínculo que fue sucesivamente renovado hasta 2025.

Precisa que el 20 de noviembre de 2025 fue notificado del Decreto Alcaldicio N°14.384, en el que se le comunica que no se renovara su contratación, debiendo cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2025.

Invoca el principio de confianza legítima, sosteniendo que ha prestado servicios en forma continua durante dieciocho años —primero a honorarios y luego a contrata— generándose una expectativa legítima de permanencia que el municipio desconoce de manera abrupta.

Denuncia, además, la falta de fundamentación del decreto impugnado, atendido que no expresa razones fácticas ni jurídicas para justificar la decisión adoptada, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 y los Oficios Circulares N°17 y N°18 del Ministerio de Hacienda de noviembre y diciembre de 2024.

También invoca la vulneración a los principios de buena fe y seguridad jurídica, afirmando que la propia Administración generó la expectativa de mayor estabilidad al traspasar al recurrente a la calidad de contrata, para luego desvincularlo sin expresión de causa.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, respecto del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República sostiene que el acto es arbitrario y discriminatorio, adoptado sin fundamento objetivo ni proporcional, afectando al recurrente pese a encontrarse en situación idéntica a otros funcionarios a contrata que continúan en funciones en la misma Dirección.

Manifiesta en cuanto al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República que el decreto vulnera una situación jurídica consolidada, privando al recurrente de su cargo y remuneraciones sin expresión de causa, siendo que la estabilidad en el empleo constituye un derecho incorporal amparado por la Carta Fundamental.

Concluye solicitando se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°14.384, se ordene la reincorporación del recurrente y la dictación del decreto de renovación, con pago de las remuneraciones desde el cese de sus funciones hasta la efectiva reincorporación, con condena en costas.

2°) Que, el abogado don Rodrigo Peillard Aragón, en representación de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal ni vulneración de garantías constitucionales.

Reconoce que el señor nombre reservado prestó servicios a honorarios desde el año 2007 y que, en virtud del Dictamen E173171N22 de la Contraloría General de la República, fue nombrado a contrata mediante el Decreto Alcaldicio N°383/2023, renovándose el vínculo por los períodos 2024 y 2025.

Agrega que el Decreto Alcaldicio N°14.384/2025 se limitó a constatar el cese de funciones por el solo ministerio de la ley de la contrata a contar del 31 de diciembre de 2025, conforme al artículo 2° de la Ley N°18.883, teniendo el acto carácter meramente declarativo y conteniendo las motivaciones de la decisión adoptada.

En cuanto a la confianza legítima, sostiene que el recurrente no cumple el requisito de cinco años de vinculación estatutaria exigido por la jurisprudencia unificada de la Excma. Corte Suprema, desde que el recurrente presta funciones en calidad de contrata hace tres años, esto es, desde enero de 2023 a diciembre de 2025.

Agrega que el período que prestó servicios por contratos de honorarios corresponde a vínculos de derecho privado, no computable para configurar la confianza legítima en sede funcionaria.

Refuta además la invocación del Dictamen N°E173171/2022, señalando que dicho pronunciamiento reconoce la confianza legítima de los servidores a honorarios únicamente para efectos del traspaso a la calidad de contrata, sin que brinde protección frente al término de ella, siendo el plazo independiente y contado desde el momento del traspaso.

Igual reproche formula respecto del Dictamen N°16.512/2018, cuya excepción —que permite sumar el tiempo a honorarios— solo opera respecto de servidores traspasados en virtud de leyes de presupuesto y no de instrucciones del órgano contralor.

Rechaza asimismo la pretensión de extender al ámbito funcionario el principio laboral de continuidad de la relación de trabajo, toda vez que desde el traspaso a la calidad de contrata la relación se rige exclusivamente por la Ley N°18.883.

Finalmente, opone la excepción de vía inadecuada, señalando que el reclamo de ilegalidad municipal de los artículos 151 y siguientes de la Ley N°18.695 constituye la vía idónea para impugnar el decreto alcaldicio cuestionado, por cuanto dicho procedimiento permite la debida actividad probatoria y el respeto al debido proceso, sin que la acción cautelar de protección resulte procedente ante la ausencia de un derecho indubitado.

Finaliza pidiendo el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

3°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él— y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, la controversia se funda en la pretensión del recurrente en orden a que se le reconozca la protección del principio de confianza legítima para permanecer en su cargo, basándose en la acumulación del tiempo servido en diversas calidades —honorarios y contrata— para la Municipalidad de Viña del Mar, a fin de enervar la decisión contenida en el acto recurrido.

5°) Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes allegados a este expediente virtual, constan los siguientes hechos:

1.- Que don nombre reservado cumplía funciones en calidad de funcionario a contrata desde el 2 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, sumando un total de 3 años, constatándose el término del último período mediante el Decreto Alcaldicio N°14.384/2025.

2.- Que desde el año 2007 hasta el 31 de diciembre de 2022 el actor prestó servicios para la recurrente en virtud de contratos de prestación de servicios a honorarios.

6°) Que, según lo expuesto, el debate planteado dice relación con la denominada doctrina de la confianza legítima, que busca proteger a los funcionarios públicos cuya vinculación estatutaria se desarrolla bajo la modalidad de la contrata, impidiendo su desvinculación arbitraria e intempestiva, en aquellos casos en que existe una determinada continuidad en los servicios prestados.

7°) Que, cabe recordar en este punto, al invocarse por el recurrente para fundar la aplicación del mencionado principio la existencia de contratos a honorarios desde el año 2007, que el artículo 4° de la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece que: “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

De la norma transcrita se establece que la Ley N°18.883 no se aplica a las personas contratadas a honorarios.

8°) Que, como ya se dijo, en el presente caso se constata, conforme a los hechos asentados, que la vinculación en calidad de contrata es precedida de varios contratos a honorarios, a los que no se aplica el Estatuto para Funcionarios Municipales conforme a la disposición citada, debiendo determinarse, en consecuencia, si esos vínculos contractuales podrían encubrir una relación laboral o que debieran quedar sujetos a la normativa establecida en el Código del Trabajo, por lo que el reconocimiento del período de prestación de servicios mediante contratos a honorarios escapa completamente a los fines y contenido de una acción cautelar como la incoada, siendo propia de la sede declarativa laboral, que debe fiscalizar y decidir si en la contratación inicial a honorarios concurren o no los elementos descritos en el artículo 7 de la codificación laboral y concurriendo dichos elementos, resulta improcedente transformar un vínculo de esa naturaleza estable por una contratación con un importante grado de precariedad como es el caso de las contratas; materias todas que involucran derechos dubitados que no pueden ser conocidos en sede de protección, sin perjuicio de la mayoritaria aceptación de la doctrina de la confianza legítima.

9°) Que, conforme a lo que se viene razonando, la existencia de uno o más contratos a honorarios impide aplicar automáticamente la doctrina de confianza legítima en tanto resulta necesario determinar previamente si dichas contrataciones civiles corresponden realmente a alguno de los casos de excepción en que la Administración del Estado puede recurrir a dicha fórmula contractual, discusión que se debe plantear en sede declarativa laboral, ya sea por la vía tutelar en tanto se pueden estar afectando garantías constitucionales, o por medio del procedimiento laboral de aplicación general.

10°) Que, por lo razonado, no siendo esta la vía idónea para debatir cuestiones y/o derechos controvertidos, el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Decisión acordada con el voto en contra de la ministra suplente señora Nash, quien estuvo por acoger la acción de protección, por los siguientes fundamentos:

1° Que, don nombre reservado se encuentra amparado por el principio de confianza legítima, toda vez que su vinculación con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar se ha extendido de manera ininterrumpida desde el año 2007, tiempo que no se encuentra controvertido en la especie.

2° Que, a juicio de esta disidente, para efectos de configurar el presupuesto de protección del principio de confianza legítima, debe considerarse la totalidad del tiempo servido de forma continua, sumando los periodos bajo contrato de prestación de servicios a honorarios, entre los años 2007 a 2022, más el tiempo en calidad de contrata en el periodo correspondiente a los años 2023 a 2025.

Entiende esta magistrada, que el término de cinco años previsto por la Excma. Corte Suprema escapa a casos como el presente, donde en los hechos ha existido una contrata por aproximadamente 15 años o más, independientemente de la calificación que le ha dado la municipalidad a ese vínculo laboral.

3° Que, en otras palabras, el mero cambio en la figura jurídica o modalidad de contratación, impulsado por el Dictamen E173171N22 de la Contraloría General de la República, no puede constituir un obstáculo para reconocer una realidad funcional de permanencia que ya se encontraba consolidada, más si se considera que ese acto administrativo constató las características del vínculo entre el actor y el recurrido, reconociendo los abogados las circunstancias fácticas referidas al tiempo que se desempeñó laboralmente la trabajadora, de manera ininterrumpida, ejerciendo las mismas funciones, con buena calificación, y sin haber tenido sanción alguna.

4° Que, en resumen, tratándose de un funcionario que supera con creces el umbral de cinco años de desempeño y respecto del cual no existen antecedentes de sumarios administrativos, nace la expectativa legítima de mantenerse en su cargo.

Y para que la Administración pueda lícitamente no perseverar en ese vínculo, está obligada a entregar una fundamentación agravada, basada en razones reales, específicas y debidamente acreditadas, que justifiquen el cambio que por más de una década ha realizado de la calificación del vínculo que lo une con la recurrente.

Sobre tal motivación se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, vgr. en el Rol: 6613-2024, en cuyo considerando décimo tercero se contiene: “Que, en el contexto anotado, el efecto de la concurrencia en un caso de la confianza legítima para la renovación de la contrata de un funcionario, se extiende al ejercicio de la facultad de poner término anticipado a la contrata, y también debe sustentarse siempre, sin excepción, en motivos legales que permitan ejercerla, desde que configurada aquella confianza en el caso, aquello limita la potestad de la autoridad para el ejercicio tal prerrogativa fuera de los supuestos estatutarios aludidos, esto es, como consecuencia de un proceso calificatorio o disciplinario, que habilite la medida”.

Esta carga en la especie no se ha cumplido, toda vez que el Decreto Alcaldicio N°14.384/2025 recurrido, únicamente señala en sus considerandos que el actor no goza de la confianza legítima, lo que ya ha sido descartado en los fundamentos previos de este voto, de modo, que al no reconocer tal protección y no mencionar el acto administrativo impugnado, ninguna motivación racional o estructural comprobable que demuestre la procedencia de la decisión, esta deviene en ilegal y arbitraria, contraviniendo las exigencias de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 exigible a toda la Administración Pública, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley en perjuicio del recurrente quien se ha visto afectado por una determinación carente de motivo, emanada de la recurrida, lo que ameritaba acoger el recurso, dejar sin efecto el decreto recurrido y ordenar la reincorporación del recurrente a sus labores con el pago de todo el tiempo que ha permanecido separado indebidamente de ellas.

El imperativo de resolver el asunto por la presente vía es que no hay hechos dubitados según lo reconocieron en estrados los abogados comparecientes y se trata de la afectación de derechos fundamentales esenciales del recurrente relacionados con su subsistencia.

Redacción de la ministra Marcela Figueroa Astudillo y la disidencia, su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8448-2025.