nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de Jhoselyn Del Valle nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora conforme lo previsto en la ley N°18.156, mediante comunicaciones genéricas y carentes de motivación específica, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la actora acompañó a su solicitud toda la documentación requerida, incluyendo certificado de afiliación de su país de origen, cédula de identidad para extranjeros, contratos de trabajo y su respectivo anexo contractual en el que consta expresamente su afiliación a un régimen de previsión social en el extranjero que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, así como certificado de constancia de afiliación al seguro social de su país de origen. No obstante lo anterior, AFP ProVida rechazó la solicitud mediante comunicación de fecha 21 de noviembre de 2025, señalando que: "Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado", configurándose así un patrón de negativa sistemática que la deja en situación de indefensión administrativa y que evidencia una interpretación formalista y restrictiva de la normativa, obstaculizando injustificadamente el proceso de retiro de fondos pese a haberse cumplido todos los requisitos legales establecidos en la Ley N°18.156 y en las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Fundamenta su pretensión en el cumplimiento íntegro de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, e invoca el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y el deber de motivación de los actos administrativos establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, argumentando que la ausencia de fundamentación clara y específica por parte de la AFP configura una actuación arbitraria que impide ejercer adecuadamente el derecho a defensa.

Pide, se ordene a la recurrida reconocer la validez y suficiencia de la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptándose en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que tras el análisis exhaustivo de los antecedentes, se detectó que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no cumplía con las exigencias legales por no estar apostillada ni detallar las coberturas específicas exigidas por la Ley N°18.156. Señala que se le otorgó a la recurrente un plazo de 4 días hábiles para subsanar los defectos, pero esta presentó el mismo documento, razón por la cual no se dio curso al trámite, en concordancia con lo establecido en el Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que expresamente señala que la documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Desde el punto de vista jurídico, la recurrida fundamenta su actuación en el artículo 7° de la Ley N°18.156, que condiciona la devolución de fondos previsionales al cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° letra a), el cual exige afiliación a un régimen de previsión extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, invoca el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que establece que dicho requisito debe acreditarse mediante certificación debidamente legalizada, enfatizando que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción de interpretación restrictiva. Asimismo, cita los Oficios de la Superintendencia de Pensiones N°3141 de 2024, N°21.480 de 2017 y N°12954 de 2025, que exigen acreditación específica de cobertura efectiva durante todo el período laborado en Chile y establecen que las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma, legalización ni apostilla no sirven como medio probatorio, además de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre legalización de instrumentos públicos extranjeros. Cita jurisprudencia al efecto.

Finalmente, argumenta que, en virtud de la facultad fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones, AFP ProVida debe cumplir estrictamente la normativa vigente bajo riesgo de sanciones, concluyendo que su actuación se encuentra ajustada a derecho y no constituye acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere derechos fundamentales de la recurrente.

A folio 8, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que la actora no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el período de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Añade que la jurisprudencia administrativa ha señalado que para acreditar la afiliación previsional extranjera se requiere un certificado consular o diplomático que represente expresamente a la Autoridad de Seguridad Social competente.

Respecto al caso concreto, señala que la documentación aportada por la recurrente no es idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera, toda vez que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada y no está apostillada o legalizada conforme a la normativa aplicable. Además, este documento no especifica las coberturas de la recurrente ni permite determinar el período de cobertura, incumpliendo lo dispuesto en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio:

"a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)". En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023:

"Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado:

"Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Jhoselyn Del Valle nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N° Protección-8437-2025.

En Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.