nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Valparaíso, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., fundándose en que el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156 constituye un acto ilegal y arbitrario, vulnerando las garantías consagradas en los artículos 19 N°2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Señala el recurrente que en su calidad de técnico extranjero cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley N°18.156 para solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados en Chile, habiendo acompañado contrato de trabajo y su anexo con Servicios Financieros Facotr Plus S.A., certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), título profesional de Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Alejandro de Humboldt con su respectiva apostilla, y declaración jurada ante notario. Sostiene que la recurrida realizó una interpretación formalista y restrictiva de la norma, obstaculizando el proceso de retiro y privándolo del ejercicio de su derecho de propiedad, toda vez que el certificado emitido por el IVSS puede ser verificado a través de la plataforma web de dicho organismo, y que la exigencia de apostilla del documento de afiliación al sistema previsional venezolano resulta imposible de cumplir en razón del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile.

A folio 8 informa AFP Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso. Señala que con fecha 17 de noviembre de 2025, el recurrente inició ante dicha AFP el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, acompañando una serie de antecedentes. Con fecha 26 de noviembre de 2025, se le informó el rechazo de la solicitud, por cuanto los documentos presentados en particular el Certificado de Constancia de Cotizaciones emitido por el IVSS y el contrato de trabajo no cumplían los criterios de aceptación. Señala que su actuar se ajustó estrictamente a la normativa vigente, incluyendo el artículo 1° de la Ley N°18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones. Indica que, siendo Chile y Venezuela Estados Parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, los documentos venezolanos deben ser apostillados por la autoridad competente de ese país, sin que la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile exima de tal exigencia, la que corresponde al legislador o a la autoridad competente resolver.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese ejercicio. Para su procedencia se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías constitucionales; y que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado.

Segundo: Que, lo discutido en esta instancia dice relación con el cumplimiento por parte del recurrente de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y dicho personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que: a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal dispone que los trabajadores extranjeros con cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°. Por tratarse de un régimen de excepción, sus disposiciones deben interpretarse y aplicarse de manera restrictiva.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la solicitud de devolución de fondos fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones. En particular, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada por el recurrente carece de firma autorizada y no fue apostillada conforme a la normativa vigente. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización o apostilla de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Cuarto: Que, respecto de la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta encontrarse afiliado y cubierto por el sistema de seguridad social venezolano, este documento no es el idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que dicha acreditación debe emanar de la institución de seguridad social competente del país correspondiente, que es la única facultada legalmente para certificar tal circunstancia. La declaración del propio afiliado no tiene valor probatorio en esta materia, toda vez que la exigencia recae en el ámbito de la seguridad social, respecto del cual solo la autoridad previsional posee facultades legales para dar fe.

Quinto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre el valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado. Siendo Chile y Venezuela Estados Parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, en vigor desde el 30 de agosto de 2016, los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, sin que se requiera ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla, conforme lo ha precisado la Superintendencia de Pensiones en el Oficio Ordinario N°12954, de 17 de julio de 2025.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación relativa a la imposibilidad de apostillar documentos venezolanos ante el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, cabe señalar que dicha circunstancia no exime del cumplimiento de los requisitos legales formales vigentes. La ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela constituye un hecho ajeno a la recurrida, que no la habilita para prescindir de una exigencia legal expresa. Como ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores, el portal web venezolano https://mppre.gob.ve/ se encuentra activo y permite acceder al servicio de apostilla, por lo que la imposibilidad invocada no es absoluta. En todo caso, corresponde al legislador o a la autoridad competente establecer mecanismos alternativos de validación documental para situaciones excepcionales, lo que escapa a la competencia de la AFP recurrida.

Séptimo: Que, de lo expuesto, no se constata que el actuar de AFP Uno S.A. haya sido ilegal o arbitrario, por cuanto su decisión de rechazar la solicitud de devolución de fondos encuentra sustento en la ley y en los criterios interpretativos fijados por la Superintendencia de Pensiones, organismo ante el cual se encuentra sujeta a fiscalización. En igual sentido, el hecho de no cumplir con los requisitos para retirar los fondos previsionales no implica la pérdida de dichos fondos, sino únicamente la improcedencia de este beneficio excepcional, quedando indemne el ejercicio de la totalidad de los derechos previsionales contemplados en el D.L. N°3.500, de 1980.

Octavo: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie acto ilegal ni arbitrario que perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, no verificándose los presupuestos necesarios para acoger la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, citas legales, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-8436-2025.

En Valparaíso, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.