SUCDEN CHILE S.A. con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Cristian Vargas Méndez, abogado, en representación de la sociedad SUCDEN CHILE SpA, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Aduanas, representado por su Directora Nacional, doña Alejandra Arriaza Loeb. El recurrente califica como ilegal y arbitrario el rechazo automático de la destinación aduanera de almacén particular para su mercancía, acto que estima vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente en sus numerales 2, 21 y 22.

Fundamenta su pretensión señalando que su representada se dedica a la importación y comercialización de azúcar cruda y refinada, actividad en la que utiliza regularmente el régimen de almacén particular. Explica que esta destinación suspensiva es una herramienta logística y financiera vital, pues permite el depósito de mercancías hasta por noventa días sin el pago previo de derechos e impuestos, permitiendo a la empresa gestionar su flujo de caja y compromisos contractuales de manera eficiente.

Indica que, con fecha 26 de noviembre de 2025, intentó tramitar a través del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) la Declaración de Ingreso (DIN) N°4280310529-9. No obstante, el sistema rechazó la solicitud mediante una notificación electrónica (despacho N° 310529) que se limitó a señalar que no se aceptaba a trámite "por acreditarse fundadamente que le afecta la causal del artículo 80 bis, inciso 1°, letra A), de la Ordenanza de Aduanas". El actor denuncia que este rechazo carece de una resolución formal y de una motivación suficiente, tratándose de un acto meramente algorítmico que no considera la situación particular de la empresa. Sostiene que el rechazo se basaría en el Giro Tributario N°RUT reservado, derivado de la Liquidación N° 91 del SII, la cual se encuentra sometida a un proceso de reclamación jurisdiccional vigente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N°545-2025, razón por la cual no constituye una deuda firme ni exigible.

A folio 7, informan don nombre reservado y don nombre reservado, abogados del Departamento de Defensa Judicial del Servicio Nacional de Aduanas, solicitando el rechazo del recurso con costas. Alegan que el acto no es arbitrario sino el ejercicio de una potestad reglada. Explican que el sistema SICEX, mediante interoperabilidad con la Tesorería General de la República, detectó que la importadora registra deudas fiscales vigentes por un monto superior a 200 UTM y con una antigüedad superior a un año.

Sostienen que, conforme al artículo 80 bis de la Ordenanza de Aduanas, el Servicio tiene la obligación imperativa de denegar declaraciones que amparen regímenes suspensivos cuando se acredite el registro de deudas. Hacen hincapié en que el legislador administrativo exigió únicamente que el contribuyente registre la morosidad y no que esta se encuentre amparada por una sentencia ejecutoriada, a diferencia de otras causales de inhabilidad. Defienden la legalidad del sistema automatizado por cuanto asegura la igualdad de trato y la eficiencia administrativa, concluyendo que no existe vulneración de garantías al tratarse de un beneficio condicionado al cumplimiento de requisitos legales objetivos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma norma enumera. Para que esta acción prospere, se requiere la concurrencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la normativa vigente, o arbitrario, vale decir, carente de razonabilidad o dictado por el mero capricho, y que tal conducta afecte un derecho que tenga el carácter de indubitado y preexistente para quien solicita la cautela.

Segundo: Que, para la adecuada resolución de la presente acción, la controversia jurídica se circunscribe a determinar si el acto administrativo impugnado —consistente en el rechazo automatizado de la DIN N°4280310529-9 solicitado bajo el régimen de almacén particular— reviste caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que afecten las garantías de la recurrente. En términos específicos, la litis se centra en dilucidar si la Administración puede denegar legítimamente una franquicia aduanera suspensiva basándose de forma exclusiva en el registro contable de una deuda tributaria en las bases de datos de la Tesorería General de la República, aun cuando dicha deuda se encuentre sometida a una impugnación jurisdiccional pendiente. De este modo, corresponde a esta Corte examinar si la actuación de la recurrida constituye el cumplimiento de una potestad reglada impuesta por el legislador en el artículo 80 bis de la Ordenanza de Aduanas, o si, por el contrario, representa un ejercicio desprovisto de la debida motivación y sustento legal al no considerar el carácter litigioso del crédito fiscal invocado como impedimento.

Tercero: Que la normativa que rige la materia se encuentra contenida principalmente en el artículo 80 bis de la Ordenanza de Aduanas, introducido por la Ley N°20.997, cuyo tenor literal dispone: “...el Servicio Nacional de Aduanas no aceptará a trámite las declaraciones de importación acogidas a exenciones o franquicias aduaneras, contenidas en la Sección 0 del Arancel Aduanero y en leyes especiales y las destinaciones aduaneras que amparen regímenes suspensivos, cualquiera que sea su tipo y naturaleza, cuando el Servicio acredite fundadamente que quien manifiesta la destinación se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

a) Registrar una o más deudas por derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes, y/o multas aplicadas por el Servicio Nacional de Aduanas o por cualquier otra institución fiscalizadora, por un monto total superior a 200 unidades tributarias mensuales por más de un año. En estos casos, la inhabilidad cesará cuando se acredite el pago de lo adeudado por los conceptos antes referidos o la existencia de convenios de pago que se hayan suscrito con los servicios respectivos, reactivándose la inhabilidad cuando se acredite cualquier incumplimiento de estos últimos.”

Este precepto legal establece una prohibición absoluta y reglada para el órgano administrativo: “no aceptará a trámite”, la cual es operativizada a través del Compendio de Normas Aduaneras, específicamente en su Capítulo III, numeral 8.12, el cual reitera que se considerará que un solicitante se encuentra inhábil para cursar regímenes suspensivos cuando registre deudas que superen el umbral de monto y tiempo precedentemente señalados. Asimismo, el numeral 8.13 del citado cuerpo normativo instruye al Servicio a verificar este hecho mediante consulta electrónica a la Tesorería General de la República, debiendo el sistema automatizado proceder al rechazo inmediato en caso de detección del registro negativo.

Cuarto: Que, descendiendo al análisis de los antecedentes fácticos, se encuentra acreditado en autos que la sociedad recurrente registra materialmente en la Tesorería General de la República el Giro Tributario N°RUT reservado, emitido con fecha 17 de julio de 2025, asociado a la Liquidación N°91 del Servicio de Impuestos Internos. Sobre este punto, la recurrente no desconoce la existencia de dicho registro, sino que fundamenta su reproche en que la deuda no se encuentra firme ni exigible, habida cuenta de que ha sido objeto de una reclamación jurisdiccional que se ventila ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol N°545-2025.

Al respecto, cabe precisar que el legislador, al redactar el precitado artículo 80 bis de la Ordenanza de Aduanas, utilizó la expresión técnica de alcance objetivo consistente en que el solicitante registre “una o más deudas”, sin exigir que dicho registro corresponda a obligaciones que cuenten con el carácter de cosa juzgada o que hayan agotado todas las instancias de impugnación administrativa o judicial. Esta opción legislativa se diferencia nítidamente de otras causales de inhabilidad contempladas en el mismo ordenamiento —como las relativas a condenas por delitos aduaneros o infracciones reglamentarias graves— donde la norma exige explícitamente la existencia de una sentencia o resolución firme y ejecutoriada. Por consiguiente, para el Derecho Aduanero especial, el presupuesto de hecho habilitante de la denegación de una franquicia suspensiva es la mera constatación de la morosidad registrada en el organismo recaudador del Estado por sobre el umbral de 200 UTM y el plazo de un año, circunstancias que concurren íntegramente en la especie, sin que la pendencia de un litigio tributario tenga la virtud de suspender los efectos administrativos de dicho registro para fines de control de destinaciones aduaneras.

Quinto: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, esta Corte estima que el Servicio Nacional de Aduanas ha actuado en el ejercicio de una potestad estrictamente reglada. En este tipo de facultades, el legislador no otorga al administrador un margen de discrecionalidad o de ponderación sobre la conveniencia, oportunidad o justicia del acto, sino que le impone una conducta única y obligatoria ante la concurrencia de los presupuestos de hecho definidos en la norma. Al haberse verificado, mediante el sistema informático y la interoperabilidad con la Tesorería General de la República, que la recurrente registra deudas por sobre los límites legales, la autoridad aduanera carecía de facultades para eximirla de la prohibición contenida en el artículo 80 bis de la Ordenanza de Aduanas. Cualquier conducta en sentido contrario —esto es, aceptar la tramitación del régimen suspensivo mediando tal registro— habría constituido una infracción directa al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, sin que puedan atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido. Por tanto, no puede calificarse de arbitraria una decisión que es la ejecución ineludible de un mandato legal, orientado por lo demás al fin legítimo de resguardar el patrimonio fiscal.

Sexto: Que, respecto a la alegada falta de motivación del acto impugnado, cabe precisar que la notificación generada por el sistema SICEX, al consignar el fundamento legal preciso —artículo 80 bis de la Ordenanza de Aduanas—, satisface plenamente el estándar de fundamentación exigible para actos administrativos electrónicos de procesamiento masivo. En esta modalidad de actuación, la claridad del precepto legal invocado constituye una motivación suficiente y eficaz por remisión, permitiendo al administrado comprender de forma inmediata el presupuesto jurídico de la denegación. Este estándar se ajusta a los principios de celeridad, economía procedimental y eficiencia administrativa consagrados en los artículos 7 y 9 de la Ley N°19.880, los cuales validan la utilización de tecnologías de la información para la simplificación de trámites, siempre que se resguarde la transparencia. En la especie, la eficacia de la motivación queda demostrada por el hecho de que la recurrente pudo identificar con exactitud el origen de la traba —el registro de deuda tributaria— y ejercer plenamente su derecho a defensa a través de esta vía jurisdiccional, lo que descarta cualquier vicio de indefensión o carencia de sustento en la decisión de la autoridad aduanera.

Séptimo: Que, analizando las garantías constitucionales invocadas, esta Corte no advierte vulneración alguna que deba ser reparada por esta vía de urgencia. En cuanto a la igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 número 2 y la no discriminación arbitraria en el trato económico del Estado prevista en el artículo 19 número 22, se observa que la medida de rechazo se sustenta en un algoritmo objetivo aplicado de manera uniforme a todos los importadores que se encuentren en la misma situación fáctica de morosidad registrada. No existe una distinción caprichosa o carente de fundamento, sino una clasificación razonable realizada por el legislador para diferenciar a contribuyentes al día de aquellos que presentan deudas de larga data con el erario. Respecto al derecho a desarrollar una actividad económica lícita garantizado en el artículo 19 número 21, es imperativo precisar que dicha garantía no es absoluta ni confiere un derecho a acceder a beneficios fiscales o franquicias arancelarias sin restricciones. El régimen de almacén particular es un beneficio suspensivo condicionado por la ley, cuya denegación no impide a la recurrente continuar con su giro comercial de importación de azúcar, toda vez que conserva incólume la facultad de nacionalizar sus mercancías bajo el régimen general mediante el pago de los tributos respectivos, como ha ocurrido en la especie.

Octavo: Que, como corolario de lo anterior, al no configurarse un acto ilegal ni arbitrario imputable a la recurrida, y advirtiéndose que la recurrente pretende utilizar esta vía de cautela para eludir los efectos administrativos de un cobro tributario cuya legalidad está siendo discutida en un juicio de lato conocimiento identificado con el Rol número 545-2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que incide en la causa RIT GR-15-00065-2023, del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago la presente acción debe ser desestimada. El recurso de protección no es la vía idónea para declarar derechos controvertidos ni para suspender la aplicación de normas legales expresas mientras no se resuelva el fondo de una disputa tributaria ante los tribunales especializados o las Cortes competentes, por lo que, al no existir un derecho indubitado que proteger, el arbitrio carece de los presupuestos básicos para prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por don Cristian Vargas Méndez, en representación de SUCDEN CHILE SpA, en contra del Servicio Nacional de Aduanas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Sr. Pedro García M.

N°Protección-8325-2025.