PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Foja: 73 Setenta y tres J.v.p.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

A fojas 7, comparece don Fernando Castillo Salfate, abogado, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Por la vía del recurso de protección solicita se deje sin efecto la Resolución N° 4329/18/52, de tres de agosto de dos mil dieciocho, que impuso a la Universidad tres multas que suman cuarenta unidades tributarias mensuales (40), por infracción a diversas normas del Código del Trabajo.

Explica que el fundamento fáctico de la multa, es que la Universidad no habría escriturado una modificación del contrato de trabajo de una trabajadora de nombre nombre reservado, que decía relación con la cuantía de su remuneración, y que no había declarado oportunamente las cotizaciones previsionales y de seguro de cesantía, considerando dicha modificación contractual.

Estima que la resolución resulta ilegal, ya que la institución recurrida ejerció una competencia que no le corresponde, ya que si bien la ley le encarga la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, solamente los Juzgados con competencia en materia laboral se encuentran facultados para determinar si una relación es de naturaleza laboral, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo. En efecto, en la especie, la trabajadora mantiene contrato de trabajo desde el primero de enero de dos mil quince y además, fue contratada a honorarios, durante los años 2016 y 2017, para efectuar otras labores distintas, sin vínculo de subordinación y dependencia, considerando el respectivo inspector que ésta tenía naturaleza laboral y que correspondía a una modificación del contrato de trabajo.

En cuanto a garantías constitucionales vulneradas, la recurrente considera vulnerados el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el de propiedad, contemplados en los numerales tres inciso quinto y veinticuatro del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A fojas 58, informa la Inspección Provincial del Trabajo, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, porque la resolución recurrida no es ilegal ni arbitraria, sin perjuicio que la acción de protección no sería la vía idónea para cuestionarla.

Expresa que, de acuerdo al artículo 1° del DFL N° 2 de 1967, le corresponde a la Inspección del Trabajo la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y la aplicación de multas para el caso de haberse infringido tal legislación. Estima que la labor de fiscalizar y aplicar multas supone necesariamente la potestad de determinar la existencia de determinados hechos y calificarlos jurídicamente, de manera que al calificar de laborales las funciones que la trabajadora le eran pagadas a honorarios, no ha ejercido una función que la ley no le ha encomendado.

Estima que tampoco ha actuado arbitrariamente, ya que ha procedido con antecedentes de hecho que justifican su decisión, pues los hechos fueron denunciados por la propia trabajadora afectada, la labores pagadas a honorarios se ejecutaban en el mismo lugar y en el mismo horario en que cumplía su contrato de trabajo, además de ser las mismas funciones descritas en tal contrato.

Expresa, además, que el recurso de protección no es la vía idónea para cuestionar la resolución que aplica una multa por infracción a la legislación laboral, pues para ello se requiere de prueba en contrario que desvirtúe los hechos constatados por un ministro de fe, la que no puede ofrecerse este tipo de procedimiento, sino en el procedimiento de reclamo regulado en el Código del Trabajo.

A fojas 64, se trajeron estos autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que por la vía del recurso de protección, se solicita se deje sin efecto la Resolución N° 4329/18/52, de la Inspección Provincial del Trabajo de la Provincia de Valparaíso, de tres de agosto de dos mil dieciocho, que impuso a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tres multas que suman cuarenta unidades tributarias mensuales (40), argumentándose que tal resolución resulta ilegal, ya que la autoridad recurrida ejerció una facultad que corresponde exclusivamente a los Tribunales de Justicia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Segundo: Que las partes se encuentran contestes en que la autoridad fiscalizadora laboral consideró, para imponer la multa, que un contrato de honorarios celebrado entre la recurrente y una trabajadora de nombre nombre reservado, correspondía a una modificación del contrato de trabajo suscrito por ésta y la recurrente con anterioridad, en cuanto a la remuneración pactada, de manera que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su calidad de empleadora, debió escriturar tal modificación y declarar las respectivas cotizaciones considerando no solo su remuneración, sino también aquello que se le pagaba a título de honorarios.

Tercero: Que la competencia para determinar la existencia de una relación laboral y resolver los conflictos que se susciten entre trabajadores y empleadores se encuentra radicada exclusivamente en los Juzgados del Trabajo, pues la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo dispone que “serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por la aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación de los contratos individuales o colectivos de trabajo o convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

Cuarto: Que al considerar que la celebración de un pacto a honorarios correspondía a una modificación de un contrato previo de trabajo, la autoridad recurrida actuó fuera de los límites de la potestad fiscalizadora y sancionatoria que le atribuyen los artículos 1º del DFL Nº 2 de 1967 y 474 del Código del Trabajo, pues resolvió un conflicto entre una trabajadora y su empleador, en cuanto a la calificación jurídica que debía darse a un pacto a honorarios celebrado entre ambos, cuestión reservada a los Juzgados con competencia laboral, según se desprende de la norma legal citada en el considerando que precede.

Quinto: Que la conducta ilegal de la recurrida perturba la garantía constitucional contemplada en el numeral tres inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sobre derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal establecido por la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, ya que se avocó a conocer y juzgar un conflicto que, por su naturaleza, es jurisdiccional y de competencia de los Tribunales de Justicia con competencia en materia laboral.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 N° 3 inciso 5ª y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección interpuesto a fojas 7, por don Fernando Castillo Salfate, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso y en consecuencia, se deja sin efecto la resolución Nº 4329/18/52, de tres de agosto de dos mil dieciocho, que impuso a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tres multas que suman cuarenta unidades tributarias mensuales.

N°Protección-8312-2018.