nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA

I.C.A. de Valparaíso.

Cgv Valparaíso, cinco de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece la abogada María Angélica Brown Oropeza, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. (A.F.P. ProVida), por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales como técnico extranjero, de conformidad con la Ley N.º 18.156. Alega que dicho acto vulnera sus garantías fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Expone la recurrente que trabajó en Chile y solicitó la devolución de sus fondos aportando su título de Técnico Superior Universitario en Administración de Empresas apostillado, su contrato de trabajo y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pero que la AFP recurrida rechazó la solicitud mediante correo electrónico, fundándose en la falta de constancia de afiliación vigente debidamente apostillada en el país extranjero o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Concluye que la exigencia de apostilla es una traba formal insalvable debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas operativas entre Chile y Venezuela y a la Circular N° 433 del Servicio Autónomo de Registros y Notarías que prohíbe apostillar tales constancias. Argumenta que la autenticidad del documento puede verificarse mediante el código electrónico que este contiene en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

A folio 5 informa la Superintendencia de Pensiones, expone, en primer término, que la recurrente no registra ante dicho Organismo Fiscalizador reclamo alguno asociado a los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Agrega que la Ley N° 18.156 configura un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que sean técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal , reproduciendo a tal efecto el tenor de los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, en cuanto exigen afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y la expresión de voluntad de mantenerla en el contrato respectivo, y permiten la devolución de fondos sólo si se satisfacen tales exigencias .

A continuación, sostiene que, por tratarse de una norma excepcional, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse sólo en el supuesto de cumplimiento íntegro de los requisitos copulativos, señalando que las AFP sólo pueden acceder a solicitudes de devolución o exención en la medida que el solicitante acredite tales presupuestos conforme a la normativa aplicable y a la jurisprudencia administrativa del propio Servicio. En esa línea, hace presente las normas que le atribuyen competencia para interpretar administrativamente las disposiciones del Sistema de Pensiones y, en ejercicio de dicha potestad, refiere haber emitido jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la Ley N° 18.156.

En lo pertinente al requisito de cobertura previsional en el extranjero, letra a) del artículo 1°, indica que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que el trabajador aporte una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y añade que también se ha admitido, según su jurisprudencia, un certificado de cobertura emanado de embajada o consulado del país de origen, con las especificaciones allí señaladas. Complementa que, en lo relativo a la cobertura fuera de Chile, se exige acreditar de modo específico que el trabajador contó efectivamente con protección por los riesgos indicados (vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad) durante todo el período de prestación de servicios en Chile; precisando, además, que respecto de salud se ha requerido que la cobertura sea “integral”, comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias (subsidios) en caso de enfermedad común.

Afirma que no basta un documento genérico sobre coberturas del sistema previsional extranjero, sino que debe consignarse específicamente por la autoridad previsional competente el hecho de que el trabajador contó efectivamente con dicha protección durante todo el tiempo servido en Chile; agregando que la cobertura debe existir desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato respecto del cual se pide la devolución, y que debe ser efectiva, esto es, que la entidad extranjera otorgue los beneficios indicados, el afiliado cotice o no en ella .

Finalmente, expone la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no basta para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, por cuanto, conforme a la normativa del Compendio y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con la Convención de La Haya sobre Apostilla, no se encontraría firmado por quien lo emite, ni apostillado o legalizado, y considerando que Chile y Venezuela serían Estados Parte de la Convención, no correspondería acoger la pretensión de la recurrente.

A folio 7 evacúa informe A.F.P. Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso. En primer término, alega que la acción de protección no es la vía idónea pues se trata de una materia de lato conocimiento donde no existe un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, indica que la recurrente no cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, pues el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no tiene firma ni apostilla, requisitos esenciales según los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Arguye que, según la normativa vigente, no basta con un documento que señale de forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga el sistema previsional extranjero, ya que la autoridad competente debe consignar de forma específica que la trabajadora contó efectivamente con protección por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo que prestó servicios en Chile, lo cual no se desprende del antecedente acompañado.

Además, alega la existencia de una voluntad contradictoria, pues la recurrente posee residencia definitiva en Chile y cotizó voluntariamente en el sistema nacional, lo que pone en riesgo el erario si el Fisco debe cubrir su futura pensión tras haberle devuelto los fondos.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que perturben o amenacen el legítimo ejercicio de garantías fundamentales indubitadas.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la decisión de la recurrida que no dio lugar al ingreso de una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°18.156, solicitando la actora que se reconozca como válida la documentación acompañada, se emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida AFP ProVida y por la Superintendencia de Pensiones, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que la recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social que no cumplía con los requisitos de especificidad y legalización. En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar documentación que acredite específicamente la cobertura previsional por todos los riesgos señalados en la norma, debidamente legalizada, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en sus oficios N°20.294, N°25.057 y N°2.301. Agregando que la declaración jurada, no resulta idónea, por emanar del propio actor.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]". A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que, para el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”.

En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023: "Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión”.

A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Sexto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por el actor, es posible constatar que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" carece de la especificidad requerida para demostrar la cobertura previsional por todos los riesgos exigidos y no se encuentra legalizada ni apostillada, de manera que no es efectivo lo argumentado por la recurrente, puesto que no cuenta con la documentación pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes establecidos por la Superintendencia de Pensiones, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, finalmente, en relación a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°33946-2025, “… si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito establecido en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas”.

Noveno: Que, de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

Décimo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición de la recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida, tratándose de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de A.F.P. ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8282-2025.