ESVAL S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR

Foja: 67 Sesenta y siete.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Que a fs. 34 comparece don Alfonso Véliz Cabello, abogado, en representación de Esval S.A., quien recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña Del Mar, representada por su Inspectora Comunal, doña nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haber dictado el Ordinario N° 1107, de 23 de agosto de 2018, vulnerándose con ello las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que Esval S. A. presentó una reconsideración de multa el 10 de agosto de 2018, habiéndose notificado la multa el 11 de julio de 2018 y la recurrida estimó que dicha presentación es extemporánea, por haberse deducido fuera del plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

Refiere que el plazo para interponer la acción de reconsideración, está establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo que dispone que se trata de un plazo de 30 días contado desde la notificación de la resolución que aplicó la multa administrativa.

Por su parte el artículo 25 de la Ley 19.880 señala en cuanto al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo que los plazos de días establecidos en la ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Agrega que la presentación de reconsideración de la multa fue recepcionada por la Inspección del Trabajo recurrida el día 10 de agosto de 2018, fecha en la que aún no expiraba el plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo para realizar la presentación de la reconsideración administrativa de la multa, toda vez que el procedimiento de reconsideración es un procedimiento administrativo regido por las normas de la Ley 19.880, que establece que los plazos de días, son de días hábiles.

Indica que la solicitud de reconsideración fue resuelta mediante el Ordinario 1107 que contiene el acto ilegal y arbitrario, con fecha 23 de agosto de 2018, por lo que el plazo para interponer el recurso aún no caduca.

Manifiesta que la Inspección recurrida ha cometido un acto arbitrario e ilegal, atentando contra el derecho de propiedad de su representada y el de igualdad ante la ley, pues ni siquiera admite a tramitación la solicitud de Reconsideración por extemporánea, señalando que debió presentarse dentro del plazo de 30 días corridos, lo que evidencia la ilegalidad de su actuación al violar flagrantemente el artículo 25 de la Ley 19.880 que señala que los plazos para realizar un acto administrativo, como lo es una reclamación administrativa de la multa, es de días hábiles.

Indica que este arbitrio tiene por objeto que se ordene dejar sin efecto la resolución Ordinario N° 1107 que se recurre, por ilegal y arbitrario, ya que no dio curso a dicha solicitud por incumplimiento a los requisitos legales al haberse - según la recurrida-, presentado en forma extemporánea.

Solicita finalmente se tenga por deducido el presente recurso de protección, se acoja, se dejen sin efecto los actos recurridos y se ordene a la recurrida que debe dar tramitación a la reconsideración de multa, con expresa condena en costas.

Acompaña documentos a su recurso.

A fojas 47 informa don Francisco Rodríguez Villalobos, abogado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Señala que a raíz de fiscalización realizada a la recurrente el 13 de abril de 2018 se cursó multa N° 1269/2018/21-1, 2 y 3, notificada al actor el 10 de julio de 2018, respecto de la cual el recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa, sin embargo, tal presentación la efectúa fuera del plazo establecido, toda vez que habiéndose notificado la multa el 10 de julio de 2018, solo se recurre administrativamente el día 10 de agosto de 2018, es decir, fuera de tos 30 días corridos exigidos por el legislador.

Por lo anterior, la recurrida dictó el Ordinario N° 1107 de fecha 23 de agosto de 2018, el que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de término.

Manifiesta que la acción de protección es improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido, pues las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes del Código del ramo, de tal manera que el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados en la ley. Lo anterior determina que el recurso de autos resulta absolutamente inadmisible, toda vez que se ha dirigido en contra de una resolución administrativa respecto de la cual el ordenamiento jurídico otorga al afectado, amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa como judicial.

Agrega que el Ordinario reclamado en ningún caso ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectúa presentación después de expirado el plazo.

Señala que el afectado puede solicitar reconsideración administrativa de acuerdo a lo prescrito en el artículo 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso 2o del artículo 512 del mismo cuerpo legal, no pudiendo el recurso de protección considerarse un sustituto legal de las otras vías judiciales.

Por otro lado, señala que el recurso de protección es improcedente por ausencia de acto arbitrario e ilegal, ya que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente con los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente.

El Ordinario N° 1107 de fecha 23 de agosto de 2018 de la Inspección recurrida, que por este acto se impugna, se emitió total y absolutamente ajustado a derecho -citando jurisprudencia administrativa de la Contraloría General del República-. Conjuntamente con lo anterior, se debe tener en consideración lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil, preceptos que deben ser aplicadas en forma armónica con lo dispuesto por el derecho administrativo. En efecto, en lo relativo a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas de la administración pública, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público. Todo lo anterior se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 11.764, norma actualmente vigente, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público. Agregando que corresponderá al Presidente de la República fijar dicho horario y establecer sus excepciones en casos calificados.

A mayor abundamiento señala que el formulario mediante el cual la empresa solicita la reconsideración, es explícito y claro en señalar dentro del ítem "NOTAS IMPORTANTES" que "Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días CORRIDOS de notificada la resolución de la multa".

Cita jurisprudencia de Tribunales, circulares de la administración y Dictámenes de la Contraloría General de la República que refieren que se trata de un plazo de días corridos.

Menciona lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo y señala que la última norma no señala expresamente si el término que establece es de días corridos o de días hábiles. Así, el hecho que esta norma no haga mención de cuál es la naturaleza del plazo en cuestión como, igualmente, la circunstancia de que el mismo esté comprendido en un proceso que tiene lugar en sede administrativa, no importan necesariamente, en la situación en estudio, que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la ley N° 19.880, en cuya virtud "los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos". En efecto, aunque el proceso sancionatorio en comento configura un procedimiento administrativo especial, la aplicación supletoria prevista en el artículo 1o de la ley N° 19.880, está destinada a integrar algo que falte dentro de dicho procedimiento, lo cual por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente cual es la regla que corresponde aplicar.

En otro orden de ideas, señala que el ordinario tampoco puede ser calificado de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al Principio de Legalidad por parte de la Dirección del Trabajo, consagrado en los artículos 6o y 7° de la Carta Fundamental.

Acompaña documentos a su informe.

A fojas 59 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que, la presente acción de protección se ha entablado en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, representada por doña nombre reservado, ya individualizada, en razón del acto estimado ilegal y arbitrario por el actor consistente en la dictación del Ordinario N° 1107, de 23 de agosto de 2018, a través del cual no se admitió a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa N° 1269/2018/21-1, 2 y 3, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Cuarto: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo para la interposición de la reconsideración de multa por el interesado, es de días corridos y no hábiles, de tal manera que, en el caso de marras la solicitud respectiva es a todas luces es extemporánea.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia de este arbitrio procesal de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para cuestionar la imposición de una multa administrativa, el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas.

Sexto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que determine si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que prescribe “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”.

En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos, tesis que ha sido recogida por la jurisprudencia mayoritaria de la Excma. Corte Suprema, a título ejemplar, en las sentencias dictadas en causas Rol 4015-2015, de fecha once de marzo de dos mil quince; Rol 23996-2014, de fecha veintiocho de agosto de dos mi catorce y Rol 8384-2014, de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución N° 1269/2018/21-1, 2 y 3 que impuso la multa administrativa, fue notificada al recurrente con fecha 10 de julio de 2018 -según ambas partes en forma conteste lo refieren en sus presentaciones- y si el recurrente interpuso la reconsideración de multa el 10 de agosto de 2018, claramente lo fue dentro del plazo legal.

Octavo: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación a la reconsideración administrativa, que claramente dice relación con la imposición de una multa que debe ser satisfecha con el patrimonio de la recurrente.

Noveno: Que, los razonamientos vertidos precedentemente conducirán a acoger la presente acción constitucional como se dirá en lo resolutivo.

Décimo: Que, se eximirá a la recurrida del pago de las costas de la causa, por estimar esta Corte que ha litigado con motivo plausible.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 34 por don Alfonso Véliz Cabello, en representación de Esval S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña Del Mar, representada por su Inspectora Comunal, doña nombre reservado, por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 1107 de 23 de agosto de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor con fecha 10 de agosto de 2018, respecto de la Resolución de multa administrativa N° 1269/2018/21-1, 2 y 3, de 23 de mayo de 2018.

Se deja sin efecto la orden de no innovar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-8270-2018.