nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 compareció la abogada Pablo Daniel Peñaloza Parra y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, cuya profesión y domicilio indica, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A. por lo que considera una actuación ilegal y arbitraria consistente en la negativa a restituir los fondos previsionales en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Explica, que doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Ahora bien, el recurrente realiza solicitud de retiro de fondos mediante la plataforma dispuesta para ello, adjuntando la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado. Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2025 es informado por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud.

Prosigue diciendo que relevante hacer presente a la Corte que el documento presentado es una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y dicho documento no presenta legalización ni apostilla, al ser emitido a través de página web, verificable en línea en cualquier momento. En segundo lugar, para complementar el documento anterior, el recurrente compareció con fecha 5 de noviembre de 2025 ante Notario Público para declarar bajo juramento su afiliación, por lo demás verificable en línea. En tercer lugar, no existe apartado alguno en la escueta Ley 18.156 que prescriba el documento correcto para cumplir con los requisitos de esta solicitud debe ser el Certificado de Seguridad Social ni similar forma de cumplir con el requisito de afiliación al sistema previsional.

Agrega, que de este modo, la administradora que se recurre, obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo de la recurrente, dando una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de la misma que el extranjeros pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión. En ese sentido en el caso puntual y en relación con la causal de rechazo invocada es necesario precisar el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, pues es el caso que nos encontramos frente a una imposibilidad técnica y material de adquirir dicha legalización de la declaración jurada, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos.

En esa misma línea de hechos y para dar sustento de ello, se adjunta certificado de aprobación de retiro de fondos de administrado por AFP CUPRUM, junto a declaración jurada notariada que sirvió de sustento para dicho retiro de fondos, es necesario enfatizar que dicha declaración jurada cumplía con las mismas formalidades que las del recurrente de autos, por lo que al estar todas las AFP sin importar su denominación regidas por las mismas leyes, y la misma normativa complementaria de la Superintendencia de Pensiones, no corresponde a cada AFP aplicar de forma desigual y arbitraria la aplicación de las normas que rigen la materia, pues implicaría de forma ilegal dispensar un trato desigual a los administrados, que en condiciones iguales no podrían tener acceso a sus fondos previsionales por el mero capricho y arbitrariedad según la AFP de la cual se trate, debiendo existir un criterio uniforme de aplicación por parte de todas las AFP Por último, Por lo tanto, la administradora de fondos pretende desconocer un documento por la falta de verificación y/o vigencia de la declaración de afiliación en el Instituto Venezolano de Seguro Social, la cual es legítima por cuanto fue solicitado en línea, y por caso fortuito/fuerza mayor, no pudo solicitarlo ante la embajada. En este sentido, es de observar que no puede desconocerse la protección que en el país de origen del recurrente le brinda en caso de vejez, sobrevivencia, enfermedad, enfermedad, invalidez, muerte, entre otros.

Considera ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida y acusa vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad. Luego de citar jurisprudencia que estima atingente al asunto planteado, solicita que se acoja el recurso de protección y se adopten las medidas necesarias para obtener la devolución pedida.

A folio 6, informó la Superintendencia de Pensiones y luego de efectuar algunas consideraciones explicativas acerca de la Ley N° 18.156 se ala que la jurisprudencia administrativa de dicho organismo ha resuelto que para acreditar los requisitos de cobertura el extranjero debe aportar la certificación de la institución previsional de su país, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que, a su vez, para establecer este requisito de cobertura, se puede presentar un certificado otorgado por la embajada o consulado del país de origen, que indique expresamente que éste ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social del país respectivo. Tratándose de la cobertura de salud, se ala que, además, se debe indicar si ella comprende prestaciones pecuniarias y médicas en caso de enfermedad común. Agrega que el certificado de cobertura tiene que especificar que el extranjero contó con la debida protección por estos riesgos mientras prestó servicios en Chile, ya que se ha entendido que el fundamento de esta devolución de fondos radica en el hecho de no ser necesarias estas coberturas para el extranjero que presta servicios en Chile si los riesgos están cubiertos en su país de origen, de manera que si ello no es así, no procede la restitución. Agrega que la declaración jurada esgrimida por el peticionario no es un documento idóneo para acreditar la cobertura previsional y que el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de apostilla.

A folio 11 rola el informe de la AFP recurrida, la que solicita el rechazo de la acción cautelar deducida en su contra. En primer término, afirma que esta no es la vía idónea para resolver una materia que es de lato conocimiento y de carácter contradictorio. Enseguida, niega la existencia de actos ilegales o arbitrarios que conculquen o amenacen garantías constitucionales de la persona extranjera a cuyo favor se recurre. Señala que efectivamente la solicitud del recurrente fue rechazada ya que no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, no se logró acreditar la veracidad y autenticidad de la documentación laboral aportada la recurrente.

Finaliza el informe, realizando una serie de consideraciones acerca de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en relación a la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos estipulados por la Ley N° 18.156 y sobre el sentido y alcance de esta normativa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en l, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP MODELO S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones. En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias en relación a la materia debatida:

1.-Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la de Ingeniero en sistemas, y que cuenta con residencia definitiva;

2.-Dicha persona extrajera ingresó a prestar servicios para Servicios de Ingeniería, investigación y desarrollo limitada el 11 de febrero de 2019 con un contrato de carácter indefinido;

3.-Por anexo de contrato de trabajo de 8 de septiembre de 2025, el recurrente dejó constancia de su voluntad de mantener vigente su afiliación al régimen previsional de su país;

4.-El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición ya que no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, no se logró acreditar la veracidad y autenticidad de la documentación laboral aportada la recurrente.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1 de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la AFP MODELO ser a ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos. Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo a lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerado un técnico extranjero. En relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, la verdad es que no se acreditó la concurrencia de ninguna de las restantes exigencias. En efecto, el documento emanado del Instituto Venezolano de Seguro Social, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales el recurrente se encuentra cubierto sino que indica de forma genérica las prestaciones que cubre el sistema venezolano. Finalmente y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como residente definitivo, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros residentes definitivos, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Se previene que la Ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo, además, presente que a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento que corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

No firma el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, por problemas tecnológicos.

N°Protección-8254-2025.

En Valparaíso, diecinueve de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.