nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, doña Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.. El acto impugnado consiste en el rechazo de la Solicitud de Retiro de Fondos de Afiliado Extranjero N°1931, comunicado verbalmente con fecha 20 de noviembre de 2025, fundado en la falta de apostilla o legalización de la constancia de afiliación al sistema previsional venezolano (IVSS).

Indica que se solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), notariada y apostillada, verificable electrónicamente en el portal oficial del organismo. Sin embargo, la recurrida rechazó la solicitud realizando una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, alegando que el certificado carecía de validez por no cumplir requisitos adicionales que no se encuentran previstos en la ley, lo que vulnera sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y propiedad sobre sus fondos previsionales (artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución).

Previas citas legales, pide que se acoja el presente recurso y ordenando a los recurridos que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 6, la recurrida AFP Provida S.A evacua informe solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas, fundando su defensa en primer lugar en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, porque el actuar de AFP Provida no es ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, cuestión que por lo demás fue confirmada por la Superintendencia de Pensiones.

Señala que, si bien la recurrente aporta al presente recurso una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada ante notario, estas no pueden ser consideradas, al tenor de lo señalado en Oficio N°5376 de la Superintendencia de AFP por cuanto no constituyen medios idóneos de conformidad a Ley 18.156. Asimismo, hace presente recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo cual como lo señala la Superintendencia de Pensiones en oficio 21880, de 17 de noviembre de 2025, “no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.”

Concluye señalando que su actuar se ajusta a la legalidad y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las cuales exigen que los documentos extranjeros estén debidamente legalizados o apostillados para tener valor probatorio en Chile. Sostiene que la "Constancia electrónica de cotizaciones" no menciona específicamente las coberturas ni está firmada por la autoridad competente, siendo insuficiente para acreditar los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156.

A folio 8, se ordena traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

Primero: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el legítimo ejercicio de derechos fundamentales.

Segundo: Que, la Ley N° 18.156, en sus artículos 1 y 7, establece como requisitos para la exención de cotizaciones previsionales de técnicos extranjeros y para la devolución de fondos depositados en una AFP:

1.- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte;

2.- Que en el contrato de trabajo se exprese la voluntad de mantener dicha afiliación.

3.- El retiro de fondos solo procede si se cumplen estrictamente tales requisitos.

Tercero: Que, la constancia acompañada por la recurrente corresponde a un certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el cual carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme al Convenio de la Apostilla, vigente en Chile desde el 30 de agosto de 2016 y en Venezuela como Estados Parte. La normativa chilena exige que los documentos públicos extranjeros sean debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos en el territorio nacional, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°5376, ha señalado que para acreditar cobertura en el país de origen no basta un documento genérico, sino que debe consignar en forma específica la protección por todos los riesgos previstos en la ley. Al efecto, las constancias electrónicas sin apostilla ni firma no cumplen con el estándar exigido.

Quinto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero. Además, de lo anterior, es necesario señalar que la circunstancia en que se encuentra la peticionaria, que tiene residencia definitiva en Chile no se condice con los fines de ley N°18.156 que se refiere a trabajadores que desarrollan labores técnicas, en forma transitoria, en el país.

Sexto: Que, la jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N° 11330-2025, entre otros) ha establecido que el retiro de fondos previsionales de técnicos extranjeros procede únicamente cuando se cumplen estrictamente los requisitos del artículo 7 de la Ley N° 18.156, validando las exigencias de las AFP en cuanto a la legalización y apostilla de documentos extranjeros. Asimismo, ha señalado que el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales se ejerce dentro de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico, sin que pueda estimarse vulnerado cuando la negativa se funda en el incumplimiento de requisitos legales.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la recurrida, en tanto se ha limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos aplicables, actuando conforme a criterios uniformes y sin configurar trato discriminatorio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-8253-2025.