Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Valparaíso

Foja: 49 Cuarenta y Nueve Llg C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 12 comparece el abogado Felipe Jirkal Briones, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de Comercial Von Kretschmann y Compañía Limitada., interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Valparaíso, representada por doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo, ambos con domicilio en domicilio reservado; en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la resolución denegatoria que consta en el Ordinario Nº 1929, de fecha 17 de noviembre del año 2016, por el que se deniega su solicitud de reconsideración administrativa, en razón de haberse presentado ésta en forma extemporánea, situación que implica una privación y perturbación en el legítimo ejercicio del derecho garantizado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que Comercial Von Kretschmann y Compañía Limitada fue objeto de una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, que dio lugar a la aplicación de una multa, la que le fue remitida por correo certificado el día 27 de septiembre de 2016, por lo que se debe entender notificada con fecha 4 de octubre de 2016, en atención a lo dispuesto por el artículo 508 del Código del Trabajo. Agrega que dicha multa fue impugnada por su parte con fecha 16 de noviembre de 2016, mediante la solicitud de reconsideración respectiva. Sin embargo, alega, la recurrida en su Ordinario Nº 1929, de fecha 17 de noviembre del año 2016, decidió no dar curso a su solicitud de reconsideración, señalando que ésta no se presentó dentro del plazo legal de treinta días corridos contados desde su notificación.

Aduce que el plazo para interponer el recurso de reconsideración administrativa es de 30 días a partir de la notificación de la resolución que aplicó la multa administrativa, conforme a lo prescrito por el artículo 512 del Código del Trabajo. Por su parte, agrega, el artículo 25 de la Ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone respecto del cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que los términos de días establecidos en dicha ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, computándose desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo.

Conforme a las afirmaciones anteriores, expone que, si la multa le fue notificada el día 4 de octubre de 2016, entonces el día 16 de noviembre de 2016 aún no expiraba el plazo de 30 días que establece el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración administrativa de multa, sino que dicho término vencía el día 18 de noviembre del año 2016. De esta forma, alega, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso ha cometido un acto arbitrario e ilegal, atentando contra el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, pues rechaza la solicitud de reconsideración administrativa por extemporánea, señalando que debió presentarse dentro del plazo de 30 días corridos, lo que evidencia la ilegalidad de su actuación al violar flagrantemente el artículo 25 de la Ley 19.880, que señala que los plazos para realizar un acto administrativo, como lo es una reclamación administrativa de la multa, es de días "hábiles administrativos". A mayor abundamiento, señala, la manera de computar el plazo en los procedimientos administrativos tiene su fundamentación en el hecho público y notorio consistente en que la Administración no trabaja los días sábados.

Cita el fallo dictado en los antecedentes Rol N°1168-2013, por la Cuarta Sala de esta Corte.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso deducido contra la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso y se ordene que ésta enmiende el acto arbitrario e ilegal, ordenando que se resuelva la solicitud de reconsideración conforme al mérito de los antecedentes, con costas.

Acompaña a su recurso copia de Ordinario Nº 1929 de fecha 17 de noviembre del año 2016; copia de Resolución de multa N°3449/2016/92, de 27 de septiembre de 2016; Copia de solicitud de Reconsideración Administrativa presentada con fecha 16 de noviembre de 2016; Sobre en el que fue despachado por correo certificado el Ordinario N°1929; y Sobre en el cual consta la fecha en que fue despachado por correo certificado la Resolución Nº3449/2016/92.

A fojas 31 informa el recurso la abogada Rachel Aranguiz Montecinos, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, solicitando su rechazo, aduciendo que el recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa fuera del plazo de 30 días corridos exigidos por el legislador, toda vez que, habiéndose notificado la multa el día cuatro de octubre de 2016, se solicitó su reconsideración recién el día 16 de noviembre de 2016. Atendido lo anteriormente expuesto, señala, la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso dictó el Ordinario Nº 1929, de fecha 17 de noviembre de 2016, que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de plazo.

Alega la improcedencia de la acción de protección en la especie, atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación, establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes, no pudiendo el recurso de protección ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de un procedimiento específico.

En cuanto al fondo, señala que la recurrente denuncia una vulneración a su derecho de propiedad por habérsele cursado una sanción, que es aplicada conforme a las normas legales que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Agrega que dicha sanción tiene un carácter eminentemente provisional, pues está sujeta a revisión, que puede ser en sede administrativa, a través de la reconsideración de la multa ante la propia Inspección que la cursó, a través de la revisión de los actos administrativos establecida por la Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo y, además, a través del procedimiento de reclamo judicial de multa. Entonces, asevera, el Ordinario Nº1929 de fecha 17 de noviembre de 2016 de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso se ha ajustado estrictamente a los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, tanto es así que la Contraloría General de la República mediante el Dictamen Nº49.126 de 20 de octubre de 2008 ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa. Agrega que se debe tener en vista lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil, preceptos que deben ser aplicadas en forma armónica con lo dispuesto por el derecho administrativo. A mayor abundamiento, señala, el formulario mediante el cual la empresa solicita la reconsideración, a saber, formulario Nº10 (F-10) es explícito y claro en señalar dentro del ítem “Notas Importantes” que la solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de la multa.

Cita fallos emanados de Tribunales superiores de Justicia, en los que se ha resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, a saber: I. Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol 57-2012; y fallos en causas Rol 4840-2015, 4701-2015, 4504-2015 y 1390-2016, todos de esta Corte de Apelaciones. Igualmente, hace referencia al Dictamen Nº64.985, de 2009 de la Contraloría General de la República, que se expresa en el sentido de que el plazo dispuesto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no de días hábiles. Agrega que tal norma, si bien no señala expresamente si el término que establece es de días corridos o de días hábiles, ello no importa necesariamente que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la Ley Nº19.880, ya que en el Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles lo ha consignado expresamente.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso por ser improcedente en los términos señalados.

Acompaña a su informe Copia de la carátula del Informe de Fiscalización Nº0501/2016/1566; Copia de Informe de Exposición Nº0501/2016/1566; Copia de resolución de multa administrativa Nº 3449/2016/92; y guía de correos de 27 de septiembre de 2016.

A fojas 40 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que, la presente acción de protección se ha enderezado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, en razón de haber dictado la resolución que consta en el Ordinario Nº 1929, de fecha 17 de noviembre del año 2016, a través de la cual no se admitió a tramitación la solicitud de reconsideración respecto de la Multa Administrativa N°3449/2016/92, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Cuarto: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo para la interposición de la reconsideración de multa por el interesado, es de días corridos y no hábiles, de tal manera que la solicitud respectiva fue presentada en forma extemporánea.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para discutir la imposición de una multa administrativa, cabe señalar que el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas.

Sexto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley N°19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que prescribe:

“Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”.

En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia de que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos.

Séptimo: Que, en la especie –conforme consta a fojas 1 y 3– la resolución N°3449/2016/92 que impuso la multa administrativa tiene fecha 27 de septiembre de 2016, y fue remitida al recurrente por correo certificado en la misma fecha, de tal manera que se entiende notificada a éste el día 4 de octubre de 2016; luego, si el recurrente interpuso la solicitud de reconsideración de multa el día 16 de noviembre de 2016 –según se lee a fojas 5–, sólo cabe concluir que lo fue dentro del plazo legal.

Octavo: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación a la reconsideración administrativa deducida dentro de plazo y no explicitó en el Ordinario N°1929 mayores fundamentos y explicaciones para sustentar la decisión.

Noveno: Que, los argumentos vertidos conducirán a acoger la presente acción constitucional como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 12 por el abogado Felipe Jirkal Briones, en representación de Comercial Von Kretschmann y Compañía Limitada., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo, por lo que se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario N°1929 de 17 de noviembre de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor respecto de la Resolución de multa administrativa N°3449/2016/92 de 27 de septiembre de 2016.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Martínez, quien estuvo por rechazar el recurso de protección deducido, por estimar que su materia corresponde a la interpretación de una norma jurídica, lo que se aparta del objetivo de la acción cautelar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-8250-2016.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por el Ministro Sr. Patricio Martínez Sandoval, la Fiscal Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida y Abogado Integrante Sr. Hugo Fuenzalida Cerpa.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.