nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA nombre reservado

Foja: 106 Ciento seis.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de junio de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 2, con fecha 17 de febrero de 2017, comparece don Mauricio Navarro Salinas, abogado, interponiendo acción constitucional de protección a favor nombre reservado, Médico, con domicilio en domicilio reservado; y de doña nombre reservado, Médico, con domicilio en domicilio reservado; en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial de Salud, Kinesióloga, con domicilio en domicilio reservado, por haber ésta incurrido en el acto arbitrario e ilegal consistente en exigir a los Municipios recurridos el cese en sus funciones de los médicos recurrentes, por no dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Nº20.261 que crea el denominado "Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina" (EUNACOM); en contra de la I. Municipalidad de Los Andes, representada legalmente por su alcalde don Manuel Rivera Martínez, ambos con domicilio en domicilio reservado, que ha actuado en forma arbitraria e ilegal al decretar la contratación a plazo fijo del médico recurrente don nombre reservado sólo hasta el 14 de febrero de 2017, en virtud de la errónea aplicación de la Ley Nº20.261; y en contra de la I. Municipalidad de Santa nombre reservado, representada legalmente por su alcalde don Claudio Zurita Ibarra, ambos con domicilio en domicilio reservado, por su actuación arbitraria e ilegal consistente en decretar la contratación a plazo fijo de la médico recurrente doña nombre reservado sólo hasta el 14 de febrero de 2017, igualmente en virtud de la errónea aplicación de la Ley Nº20.261; ello conforme a los fundamentos que expone y que, en síntesis, son los siguientes:

Señalan que ambos son médicos graduados en universidades de Colombia y sus títulos fueron reconocidos en Chile mediante resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de fecha 15 de Junio de 2016 y 18 de abril de 2011m respectivamente.

Refieren que la Ley Nº20.261, que crea el “Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina”, conocido por sus siglas como “EUNACOM”, exige éste, como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud, en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6º de la Ley Nº19.650, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal. Quien apruebe este examen, proveniente de una Universidad Extranjera, asevera, se entiende que ha revalidado automáticamente su título y no requiere de otra formalidad para ello, salvo aquellos países con los cuales Chile tenga Convenio, en los cuales evidentemente rigen las normas del Convenio Internacional.

Indican que la citada Ley Nº20.816, en su artículo 7º, establece que los médicos adscritos al 31 de diciembre de 2014, en alguna de las modalidades de contratación que señala la norma al sistema de atención primaria, deberán aprobar en el plazo de dos años la denominada “Evaluación Nacional de Competencias Médicas”, y si ello no ocurre deberán dejar sus cargos y cesar en sus funciones.

Que esta norma no resulta aplicable a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, toda vez que ambos ingresaron a prestar servicios con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, habiéndose dictado con fechas 11 y 12 de enero de 2017, respectivamente, los decretos que ordenan el vencimiento de sus contratos, en razón de no haber aprobado el “EUNACOM” por aplicación de la Ley Nº20.261.

Alega que el Reglamento de la Ley Nº20.261 contempla una situación de extrema desigualdad entre profesionales médicos extranjeros y chilenos, lo que es también recogido en la aplicación práctica del “EUNACOM”, puesto que los médicos chilenos pueden homologar sus internados y de esta forma omitir este examen teórico, lo que no sucede respecto de los médicos extranjeros. Se trata la Evaluación única de Competencias Medicas, en un procedimiento que por la forma en que se desarrolla, se ha transformado en un instrumento de discriminación arbitraria de los profesionales médicos extranjeros, hablando las cifras por si solas, ya que el 78% de los médicos extranjeros reprueba y el 80% de los médicos chilenos aprueba.

Agrega que el 23 de junio de 1921 se suscribió la “Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales entre Chile y Colombia”, publicada como ley de la República el 11 de Julio de 1922, la que en su artículo II señala expresamente: “Los certificados de estudios secundarios, preparatorios o superiores, expedidos a los nacionales por establecimientos oficiales de enseñanza, en cualquiera de los dos países, producirán en el otro los mismos efectos que les reconocen las leyes de donde provienen”. Así, plantea, en Colombia, un médico titulado en una Universidad reconocida carece de restricción alguna para ejercer en el sector público o el sector privado. Añade que el 3 de abril de 2014 se suscribió un nuevo acuerdo entre Chile y Colombia, denominado "Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Colombia”, el cual modifica el criterio señalado en la Convención anterior respecto a los efectos del Reconocimiento, sin embargo, esta Convención establece como plazo para su entrada en vigencia 60 días después de la última notificación diplomática de haber dado curso a los requisitos internos de cada Estado y, revisado vía web la documentación disponible, no existe antecedente de haberse dado cumplimiento a esta exigencia para su vigencia, más aún el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta la fecha ha continuado con el reconocimiento de títulos de acuerdo a la “Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales de 1921”. Cita la normativa internacional aplicable a médicos de origen ecuatoriano.

Arguye que la ilegalidad, en la especie, consiste en la aplicación errónea de la Ley Nº20.261 a profesionales médicos, respecto de los cuales existe un Tratado Internacional sobre reconocimiento de Títulos y sus efectos, rigiéndose estos por las normas del Tratado Internacional respectivo, prevalentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución, como asimismo por el carácter especial de la norma que los regula, resultando aplicable la “Convención sobre ejercicio de profesiones liberales entre Chile y Colombia”, suscrita el 23 de Junio de 1921, la que fue publicada como Ley de la República el 11 de Julio de 1922, en cuya virtud, según se dispone en su cláusula II, los recurrentes pueden ejercer libremente en Chile, sin ninguna restricción, tanto en el sector público como privado, del mismo modo como lo podrían hacer en su país de origen.

Agrega que tales hechos producen privación, perturbación o amenaza, puesto que los recurridos(sic) han sido informados del cese de su prestación para el Servicio Público, lo se traduce en una privación respecto de quienes ya lo han dejado y una amenaza respecto de quienes deben dejarlo en virtud de esta decisión, tanto de la autoridad de salud como de las Corporaciones Municipales y Municipio a través de sus departamentos de salud; vulnerándose de esta manera el derecho de propiedad resguardado por el Nº24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto los recurrentes tienen derecho de propiedad sobre su título profesional y sobre la remuneración o los honorarios que les correspondan, el que se restringe en su ejercicio debido a exigencias que no se encuentran en la Ley aplicable al caso.

Igualmente se infringe el artículo 16 inciso 3º parte final de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que “La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas”, puesto que los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile constituyen Ley de la República, los que al referirse a reconocimiento de títulos materializa lo dispuesto en esta norma constitucional, cuando no resultan aplicados se presenta claramente una infracción a este precepto constitucional, toda vez que también se regula las condiciones para ejercerlas, afirmando que los recurrentes nacionales de Colombia y Ecuador(sic), pueden ejercer en Chile en la Atención Primaria de Salud, pues sin restricción podrían hacerlo en sus respectivos países.

Solicita se declare la ilegalidad de la actuación de las recurridas, ordenando que la Secretaria Regional Ministerial de Salud se abstenga en lo sucesivo de exigir como requisito para desempeñarse en cargos o empleos médicos en los Servicios de Salud, en los Establecimientos experimentales, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal a los recurrentes, toda vez que sus títulos han sido reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en virtud las convenciones internacionales que cita, reconocimiento que produce los efectos que señala el respectivo acuerdo bilateral. Y se ordene a las Municipalidades de Los Andes y Santa nombre reservado, la contratación a plazo fijo de los recurrentes, hasta el 31 de diciembre de 2017 y 14 de febrero de 2017, respectivamente, en las mismas condiciones en que se encontraban, salvo las adecuaciones comunes a los otros profesionales que laboran en ella.

A fojas 66 informa don nombre reservado, administrador municipal de la I. Municipalidad de Los Andes, quien se remite a lo señalado por la Dirección Jurídica de tal municipio, en cuanto informa que el médico cirujano don nombre reservado, fue contratado por dicha municipalidad, en la modalidad de contrato a plazo fijo, en tres oportunidades, con el fin de que prestara servicios en el Departamento de Salud Municipal, mediante contratos que constan en los respectivos decretos, que singulariza, todos para las labores de médico en el Cesfam Centenario de Los Andes. Aclara que en tales decretos no hay ninguna alusión a la Evaluación Nacional de Competencias Médicas, ni como requisito para el cargo, ni como condición para permanecer en él, por lo que queda en evidencia que se le contrató para labores específicas y por plazos definidos. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley Nº20.261 en su artículo 1, inciso primero, establece como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes; agregando que las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen. Que el médico señalado había sido contratado anteriormente, porque la norma lo posibilitaba hacerlo por un plazo máximo de dos años, contado desde la publicación de la ley, y transcurrido dicho plazo, de no haber obtenido la puntuación mínima para aprobarlo, deberían cesar en sus funciones y hacer dejación de sus cargos, lo que ocurrió en el caso de esta profesional, estando imposibilitado el Municipio de renovar su contrato.

A fojas 70 consta el Informe evacuado por don Claudio Zurita Ibarra, Alcalde de la I. Municipalidad de Santa nombre reservado, quien explica que la recurrente, doña nombre reservado, ha tenido contrataciones con dicha Municipalidad desde el 1 de Octubre de 2014 hasta el 14 de Febrero de 2017; que todas ellas fueron efectuadas con término al 31 de Diciembre de cada año, con excepción de la última, que se efectuó desde el 1 de enero hasta el14 de febrero del 2017. Que habiendo reprobado la recurrente el examen EUNACOM no pudo ser recontratada, atento lo previsto en el artículo 1°de la Ley N° 20.261, habiendo ésta cumplido los dos años de autorización que establece la Ley N°20.186, circunstancia que hace improcedente que la Seremi de Salud renueve la autorización para que continúe ejerciendo la profesión.

A fojas 83 informa el recurso doña nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, señalando, en síntesis, que no existe acto administrativo alguno ejecutado por dicho servicio relativo a la aplicación de la Ley Nº20.261, Ley Nº20.816 y/o Decreto N°8/2009 del Ministerio de Salud, relativo a ninguno de los dos recurrentes. Agrega que del informe y documentos acompañados por la I. Municipalidad de Los Andes, es posible concluir que no se realizó la renovación del contrato del profesional por decisión del organismo municipal, quién hizo aplicación de la Ley Nº20.816 sin que mediara ninguna intervención de la Seremi de Salud, ello puesto que las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud no tienen intervención alguna en la aplicación de la normativa. Plantea que dentro de las facultades fiscalizadoras de la Seremi no se comprende el verificar el acatamiento y/o cumplimiento de la normativa que, de acuerdo a los recurrentes, afectaría su derecho de propiedad y libertad de trabajo, por lo que no es posible establecer qué actuación administrativa de la Secretaría Regional Ministerial habría afectado a los recurrentes, constituyendo un acto ilegal o arbitrario, acto administrativo que de forma alguna se ha explicitado en el texto del recurso.

A fojas 88, don nombre reservado, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en lo pertinente, informa acerca de la vigencia de los tratados internacionales sobre reconocimiento de títulos y grados con la República de Colombia, señalando que el instrumento vigente a la fecha es la “Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales”, suscrita entre la República de Colombia y la República de Chile, en Santiago, el 23 de junio de 1921, publicada en el Diario Oficial de 11 de julio de 1922.

A fojas 90 el Cónsul General de Colombia en Chile, don nombre reservado, señala que no le resulta posible emitir pronunciamiento sobre el ejercicio de la medicina en el sector público para los nacionales colombianos, debiendo para ello recurrirse a los canales diplomáticos de cooperación internacional.

A fojas 100 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los recurrentes señalan que la actuación ilegal y arbitraria de las recurridas atenta contra la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N.° 24 de la Constitución Política de la República, en lo que respecta a la propiedad del cargo médico que detentaban, al no haber sido renovados sus contratos por no haber aprobado el examen de conocimientos médicos establecido en el artículo 1° de la Ley N.° 20.261, en circunstancias que en virtud del convenio internacional suscrito el año 1921 suscrito entre Chile y Colombia y ratificado por Chile en 1922, sus títulos son válidos en Chile, no siéndoles exigibles dicho examen para desempeñarse en cargos o empleos médicos en los servicios de salud, en establecimientos experimentales, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal.

SEGUNDO: Que como primera cuestión, cabe señalar que la ley 20.261 crea el examen único nacional de conocimientos de medicina para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud, en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6º de la ley Nº19.650, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal.

En tanto el artículo 7 de la Ley N° 20.816, dispone que los médicos cirujanos que al 31 de diciembre de 2014 se encuentren desempeñando cargos en calidad de contratados en los términos del artículo 14 de la ley Nº 19.378, o a contrata o sobre la base de honorarios en establecimientos dependientes de los Servicios de Salud o en establecimientos municipales de atención primaria de salud, sin contar con el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 20.261, podrán mantener las contrataciones u honorarios por un plazo máximo de dos años contado desde la publicación de la ley 20.261.

TERCERO: Que de las normas citadas se desprende claramente que la exigencia del examen único de conocimientos de medicina se aplica para todos los que pretendan ejercer tal actividad en nuestro país sin distinción de ser estos chilenos o extranjeros.

Lo anterior no aconteció en la especie, ya que consta del propio mérito del libelo, que ninguno de los recurrentes aprobó dicho examen.

CUARTO: Que la exigencia prevista en la norma antes señalada, contravendría lo acordado en la Convención sobre el ejercicio de profesiones liberales, suscrita entre Chile y Colombia en el año 1921, instrumento en que se reconoce que “los certificados de estudios secundarios, preparatorios o superiores expedidos a los nacionales por establecimientos oficiales de enseñanza, en cualquiera de los dos países, producirán en el otro los mismos efectos que le reconocen las leyes de donde provienen”.

QUINTO: Que ante una aparente colisión de normas, dilucidar cuál de ellas tendría preeminencia, esto es, la contenida en una ley que establece la exigencia del examen, o el tratado internacional que reconoce validez a títulos otorgados en el país del acuerdo, ambos vigentes, a todas luces escapa a la naturaleza y fines del amparo constitucional requerido, desde que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio; mas no resulta la vía idónea para declarar un derecho cuestión propia de un juicio de lato conocimiento, que no puede ser suplida por la presente acción, lo que lleva al necesario rechazo del presente recurso.

SEXTO: Que en todo caso, no existe un actuar ilegal o arbitrario de los Municipios recurridos, únicas hipótesis que habilitan la cautela impetrada por los recurrentes, pues ambos se han limitado a aplicar las disposiciones contenidas en las leyes 20.216 y 20.816, por lo que no se advierten en las decisiones adoptadas, visos de ilegalidad o arbitrariedad que sirvan de presupuesto a la presente acción cautelar.

SÉPTIMO: Que por último, ninguna ilegalidad y/o arbitrariedad del acto reclamado puede ser imputada a doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial de Salud, desde que dicho organismo no ha tenido participación alguna en las decisiones adoptadas por las I. Municipalidades de Los Andes y Santa nombre reservado, por no ser parte de sus atribuciones.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 2 por el abogado don Mauricio Navarro Salinas, en representación de don nombre reservado, y de doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial de Salud, en contra de la I. Municipalidad de Los Andes, y en contra de la I. Municipalidad de Santa nombre reservado.

Fallo redactado por la Ministra Sra. Lavín.

No firma la Ministra Srta. Quezada, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar el día de hoy, autorizada de conformidad a los dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-821-2017.