nombre reservado con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO

Fojas: 51 Cincuenta y uno Cgv C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO:

En estos antecedentes, relativos a la causa Rol de Ingreso Corte N° 8203-19 (Protección), con fecha doce de junio de dos mil diecinueve comparece el abogado don Patricio Eduardo Valderrama Wolf, en representación de don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, representada por su Rector, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber dispuesto la recurrida, a juicio del recurrente, en forma arbitraria e ilegal, la retención de su devolución de impuestos respecto de la operación renta año 2019 y verse a causa de ello impedido de percibirla íntegramente el diecisiete de mayo del mismo año, afectando de esta manera sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad garantizados en el artículo 19 numerales 2° y 24, respectivamente, de la Constitución Política de la República.

Refiere el actor, en lo sustancial, que con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, al revisar la página web del Servicio de Impuestos Internos, se percató que la Tesorería General de la República le había practicado la retención denunciada, ascendente a $1.136.689, informándose luego, a través de esta última repartición pública, que tal retención se había realizado de acuerdo a lo solicitado la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por concepto de deuda de Fondo Solidario de Crédito Universitario con dicha Casa de Estudios.

Afirma el recurrente que la referida actuación de la recurrida resulta ilegal y arbitraria, toda vez que contraviene la regulación jurídica especial consagrada al efecto en el Decreto Nº297, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento que fija el procedimiento para la retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, específicamente, los artículos 5° y 3° de este cuerpo normativo, que establecen la forma en que debe practicarse la notificación al deudor, que en la especie y habida consideración que a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso le constaba su domicilio, atendido que él fue estudiante de dicha institución, en la que registró tal antecedente, la notificación debió practicarse a través de carta certificada, lo que no ocurrió pues “[…] no hay constancia de carta certificada que haya llegado con esta información sobre deudas vencidas e impagas del crédito universitario solidario, por lo que se puede concluir que dicha notificación no se efectuó” .

Solicita el recurrente que este tribunal superior acoja la acción de protección deducida, declarando que el actuar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha vulnerado sus derechos constitucionales reseñados y, en definitiva, se le ordene a esta institución reintegrarle los fondos retenidos que corresponden a su devolución de impuestos de la operación renta año tributario 2019, con costas.

En el primer otrosí de su libelo cautelar acompaña documentos.

A fojas 15 y siguientes de los antecedentes, corre Informe evacuado por el Director Regional Tesorero de Valparaíso (s), don nombre reservado, quien expresa que es efectivo que el actor tiene una devolución de un remanente por concepto de declaración de renta del año tributario 2019 y que, sin embargo, esta restitución no se efectuó puesto que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso solicitó al Servicio de Tesorería que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.989 y su Reglamento, retuviera la devolución anual de impuesto a la renta que le correspondiere a don nombre reservado, por lo que el Servicio de Tesorería, obedeciendo ese mandato legal y según lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la devolución de renta del recurrente y a remitir la cantidad retenida, que alcanza la suma de $1.136.689, al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la señalada Casa de Estudios. Concluye informando que, en el presente caso, y de acuerdo a las normas jurídicas que reseña, no se ha incurrido en ilegalidad alguna, puesto que la Tesorería ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores de crédito solidario universitario. Adjunta una impresión de pantalla correspondiente al comprobante de egreso respectivo y consulta del estado de renta, que se agregan en foja 13 y siguientes.

A fojas 26 informa el abogado don Hugo Muñoz López, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien solicita el rechazo del recurso de protección incoado en contra de esta institución, con costas, fundado en que la actuación de la misma que se denuncia no ha sido arbitraria ni ilegal, sino ajustada plenamente al ordenamiento jurídico vigente y, por ello, que no se ha producido afectación alguna a los derechos fundamentales del recurrente. Indica que la Universidad recurrida ignora el domicilio actual del deudor y que, por lo tanto, la deuda vigente de crédito solidario fue comunicada mediante la publicación del pertinente listado de deudores morosos en el Diario Electrónico La Nación, de manera continuada, entre los días uno y quince de febrero del presente año, dando cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° del Decreto N°297, de 7 de agosto de 2009, del Ministerio de Educación. Adiciona que se remitió el señalado listado de deudores morosos al Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, quien certificó lo siguiente: “[…] Se han recibido en esta Secretaría de Estado las nóminas de los deudores del Fondo Solidario del Crédito Universitario morosos que se enviarán a la TGR y cumple con los requisitos exigidos por el inciso 3° del artículo 12, del Reglamento precitado. En consecuencia, los Administradores del Fondo Solidario de Crédito Universitario han presentado satisfactoriamente la información que da cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente, en relación con el proceso 2019. Remítase copia del presente certificado a la Tesorería General de la República, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 19.989.”, siendo en definitiva dicho ente el que canalizó el listado de las diferentes Universidades, remitiéndolo a la Tesorería General de la República para el respectivo cobro vía retención.

Sin perjuicio de lo anterior, alega la extemporaneidad del recurso interpuesto, argumentando que el recurrente ha tomado conocimiento de su inclusión en un listado de deudores morosos, no el 17 de mayo de 2019, sino con anterioridad y al menos desde a el año 2018, no habiendo impugnado la retención anterior a la que reclama.

A fojas 33 rola Informe del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, don Sergio Flores Gutiérrez, quien señala que el contribuyente nombre reservado, con fecha once de abril de dos mil diecinueve, presentó su declaración de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2019, solicitando una devolución de un saldo a favor ascendente a $1.127.668, siendo autorizada la misma, pero que, sin embargo, en sus registros se constata que con fecha trece de mayo último se compensó la devolución solicitada, lo que no obedece ni fue motivado por una acción del Servicio de Impuestos Internos.

Por resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, que rola en foja 34, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente, don nombre reservado, deduce acción constitucional de protección en contra de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fundado en que la recurrida habría incurrido en la actuación arbitraria e ilegal consistente en disponer la retención de la devolución de impuestos respecto de la operación renta año 2019 a la que tenía derecho, y haberse proseguido el procedimiento de retención en contravención con lo dispuesto en los artículos 3° y 5° del Decreto Nº297, del Ministerio de Educación, publicado en la edición del Diario Oficial de la República de fecha 19 de noviembre de 2009, que aprueba el Reglamento que fija procedimiento para retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República, privándolo, por consiguiente, de percibir íntegramente dicha restitución el diecisiete de mayo del mismo año, todo lo cual habría le afectado sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad garantizados en el artículo 19 numerales 2° y 24°, respectivamente, de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el recurso de protección de las garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas jurisdiccionales de resguardo que se deben adoptar frente a un acto u omisión arbitrarios o ilegales que impidan, amaguen o molesten dicho ejercicio.

TERCERO: Que, de los antecedentes aparece que en el presente proceso constituyen hechos no controvertidos e indubitados, los siguientes: A) El recurrente tomó conocimiento efectivo de la retención dispuesta por la recurrida, con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, al revisar la página web del Servicio de Impuestos Internos. B) El actor interpuso la acción de protección materia de autos el día doce de junio de dos mil diecinueve. C) La retención denunciada se efectuó por la Tesorería General de la República en virtud que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso solicitó al Servicio de Tesorería que retuviera la devolución anual de impuesto a la renta que le correspondiere a don nombre reservado. D) La respectiva retención de impuestos a las deudas informadas fue remitida a la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la señalada Casa de Estudios. E) La controversia entre las partes no radica en la existencia de la deuda, sino en el procedimiento de cobro de la misma. F) La notificación de la deuda vigente por crédito solidario universitario le fue comunicada al deudor recurrente mediante publicación del pertinente listado de deudores morosos en el Diario Electrónico La Nación, entre los días uno y quince de febrero del año dos mil diecinueve.

CUARTO: Que, de acuerdo a la regla procedimental signada con el guarismo 1° en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, este arbitrio procesal extraordinario se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o de la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento de los mismos.

QUINTO: Que, según se ha señalado, el recurrente se enteró real y efectivamente de la retención de la devolución de impuestos a que tenía derecho en el procedimiento denominado operación renta año 2019, a través de la consulta que hizo en página web del Servicio de Impuestos Internos, con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, y el mismo interpuso la acción de protección materia de este proceso el día doce junio de dos mil diecinueve, o sea, cuando aún no había expirado el término dispuesto en la disposición jurídica antes trascrita para el efecto, razón por la cual la excepción de extemporaneidad opuesta por la parte recurrida habrá de ser rechazada, máxime cuando no figura en los antecedentes, de manera indubitada, que se haya puesto en conocimiento del deudor o del público en general la pertinente nómina de deudas vencidas y no pagadas que debía elaborar la institución administradora del Fondo Solidario del Crédito Universitario, según el inciso final del artículo 4° del Decreto Nº297, del Ministerio de Educación, de 2009, que dispone “La nómina respectiva deberá estar a disposición del público en las dependencias del respectivo administrador y los antecedentes que en ella consten serán utilizados para proceder a la notificación de la futura retención de la devolución de impuestos a los deudores.”.

SEXTO: Que, de los Informes evacuados en el presente proceso fluye que el listado de deudores morosos del Fondo Solidario del Crédito Universitario en relación con el proceso 2019 se envió a la Tesorería General de la República por la Administradora de la recurrida.

SÉPTIMO: Que, el Decreto Nº297, de 2009, del Ministerio de Educación, en su artículo 5° dispone: “Notificación al deudor. Los Administradores deberán notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de retención de impuestos por las deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario. Los Administradores no podrán continuar adelante con el procedimiento establecido en este Reglamento, mientras no hayan dado cumplimiento cabal a lo dispuesto en el inciso anterior”. A su turno, el artículo 3° de esta misma norma jurídica prescribe: “Notificaciones. Para todos los efectos del presente Reglamento, las notificaciones a los deudores, se realizarán de la siguiente manera: 1.- En caso de constar el domicilio del deudor respectivo, la notificación se realizará mediante carta certificada, entendiéndose notificado el deudor en este caso, a contar del tercer día de la recepción de dicha carta en la oficina de correos. 2. En caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor, la notificación se realizará por medio de un aviso, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación en un diario de circulación nacional”.

OCTAVO: Que, a la luz de las disposiciones jurídicas imperativas sobre notificaciones precedentemente trascritas, la actuación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en orden a disponer el pago del crédito solidario universitario del recurrente a través de la retención de la devolución de impuestos que correspondía a éste en la operación renta año 2019, constituye un acto ilegal, en los términos que señala el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, toda vez que procedió directamente a remitir la nómina de deudores morosos a la Tesorería General de la República y a notificar al recurrente a través de la modalidad establecida bajo el numeral 2 del cuerpo normativo en referencia –aviso en un diario de circulación nacional- y no por carta certificada, como lo prescribe el numeral 1 de la misma norma jurídica, amén que de los antecedentes no aparece, de manera fehaciente o inconcusa, que a dicha Casa de Estudios no le constare el domicilio del deudor, o que hubiere tomado medidas destinadas a verificar si efectivamente el domicilio de éste que ella necesariamente hubo de registrar al momento concederle el crédito era o no el que a la fecha en que remitió al Servicio de Tesorerías la nómina de deudas vencidas y no pagadas que previene artículo 4° del mencionado Decreto N°297 correspondía al deudor, como tampoco la inexistencia de domicilio conocido de dicho deudor a tal data; todo ello, en circunstancias que la Ley N°19.287, rotulada Modifica Ley Nº18.591 que Establece Normas Sobre Fondos Solidarios De Crédito Universitario, en su artículo 9, dispone: "El administrador general del fondo de cada Institución podrá verificar la información suministrada por los deudores con todos los antecedentes de que dispongan el Servicio de Impuestos Internos, las instituciones previsionales, empleadores y demás organismos públicos y privados, todos los cuales estarán obligados a proporcionar dichos antecedentes. Para estos efectos, los deudores, cuando corresponda, dejarán constancia de la entidad previsional a que se encuentran afiliados y autorizarán expresamente la verificación de sus ingresos ante la misma”.

NOVENO: Que, asimismo, la actuación de la acreedora recurrida constituye un acto arbitrario, toda vez que la falta de notificación legal del recurrido en cuanto era sujeto pasivo de la retención denunciada y de la retención misma devino, entre otras consecuencias inicuas, en la privación del legítimo derecho de éste a ejercer los mecanismos de impugnación que contempla nuestro Ordenamiento Jurídico en contra del cobro de la acreencia por crédito solidario que se hizo efectivo a través de la retención de la devolución de su impuesto a la renta, a interponer oportunamente el arbitrio de aclaración que prescribe el artículo 6° del Decreto N°297, a solicitar a la acreedora la concesión de plazos de espera, o de convenir con la misma cualquier mecanismo destinado a la solución efectiva del crédito solidario universitario impago, todo lo cual importa una vulneración a los derechos que nuestra Constitución Política de la República asegura a todas las personas en el artículo 19 numerales 2° y 24, por lo que la acción de protección será acogida.

Por estas consideraciones y en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I. En cuanto a la extemporaneidad: Se rechaza la excepción de extemporaneidad opuesta por la recurrida Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

II. En cuanto al fondo: se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, debiendo esta Casa de Estudios reintegrar a dicho recurrente, en el término de treinta días contados desde que esta sentencia quede ejecutoriada, los fondos retenidos al mismo correspondientes a la devolución de impuestos de la operación renta año tributario 2019.

III. Se exime de las costas a la recurrida.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción: Abogado Integrante doña Sonia Maldonado Calderón.

No firma la Ministro Suplente Sra. María Eugenia Vega Godoy, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar el día de hoy, quien se encuentra haciendo uso de su feriado legal.

N°Protección-8203-2019.