nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la ley N°18.156, mediante comunicaciones carentes de motivación específica, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor acompañó a su solicitud toda la documentación requerida, incluyendo Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de fecha 10 de octubre de 2025, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros, contrato de trabajo de fecha 11 de julio de 2022 y su respectivo anexo contractual de fecha 9 de julio de 2025, en el que consta expresamente su afiliación a un régimen de previsión social en el extranjero que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, así como declaración jurada notariada.

No obstante lo anterior, AFP Provida rechazó la solicitud mediante notificación de fecha 15 de noviembre de 2025, señalando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no permite acreditar el cumplimiento del requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos exigidos, por cuanto, si bien acredita afiliación desde el 08 de noviembre de 2010, no acredita acceso efectivo a la cobertura durante todo el período en que prestó servicios en Chile, y además no señala que la cobertura por enfermedad comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Fundamenta su pretensión en el cumplimiento íntegro de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, e invoca el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, argumentando que la recurrida realiza una interpretación formalista y restrictiva de la normativa, incorporando requisitos no establecidos expresamente en la ley, obstaculizando injustificadamente el proceso de retiro de fondos. Agrega que la Constancia Electrónica es verificable mediante código electrónico en el portal web del IVSS y que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de obtener apostilla de documentos venezolanos dada la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Pide se ordene a la recurrida reconocer la validez y suficiencia de la documentación suministrada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptándose en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, evacuó informe AFP Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que tras análisis exhaustivo de los antecedentes, se detectó que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no cumplía con las exigencias legales por no estar apostillada, carecer de firma autorizada y no detallar las coberturas específicas exigidas por la Ley N°18.156. Señala que se otorgó al recurrente plazo para subsanar los defectos, pero este presentó el mismo documento, razón por la cual no se dio curso al trámite, en concordancia con lo establecido en el Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Fundamenta su actuación en el artículo 7° de la Ley N°18.156 en relación con el artículo 1° letra a) de la misma, que condiciona la devolución de fondos al cumplimiento copulativo de requisitos, entre ellos la afiliación a un régimen de previsión extranjero debidamente acreditado. Invoca la normativa de la Superintendencia de Pensiones, particularmente los Oficios N°3141 de 2024, N°21.480 de 2017 y N°12.954 de 2025, así como los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil sobre legalización de instrumentos públicos extranjeros.

Respecto al contrato de trabajo, señala que el original de fecha 11 de julio de 2022 nada señala sobre la continuidad de afiliación a régimen previsional extranjero, y que recién en el anexo de fecha 9 de julio de 2025 el recurrente declara encontrarse afiliado, documento que además fue suscrito cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente (el contrato original tenía duración hasta el 15 de octubre de 2022), por lo que la manifestación de voluntad del recurrente carece de efectos prácticos.

Agrega que el recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo cual no asegura retorno a su país de origen y pone en riesgo que, pese al retiro de fondos previsionales, se deba cubrir su pensión con fondos fiscales.

A folio 10, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el período de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente, debidamente apostillada o legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Cita el Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, que establece que las certificaciones electrónicas del IVSS que no se encuentran firmadas ni apostilladas no sirven como medio de prueba, y que las declaraciones juradas tampoco constituyen medios idóneos por no emanar de la autoridad previsional competente.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a AFP Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que carece de firma autorizada, no está apostillada ni legalizada, y no especifica las coberturas con que cuenta el afiliado ni permite determinar el período de cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones" de diez de octubre de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-8198-2025.

En Valparaíso, nueve de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.