nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo verbal de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, previa notificación vía correo electrónico el 21 de noviembre de 2025 de la detención de su solicitud realizada mediante el portal web correspondiente.

Indica que se solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), notariada y apostillada, verificable electrónicamente en el portal oficial del organismo. Sin embargo, la recurrida rechazó la solicitud realizando una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, alegando que el certificado carecía de validez por no cumplir requisitos adicionales que no se encuentran previstos en la ley, lo que vulnera sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y propiedad (artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución).

Señala, además, que otras AFP, como Cuprum, han validado constancias electrónicas mediante el sistema de verificación del IVSS, reconociendo su suficiencia para acreditar la afiliación exigida por la normativa Previas citas legales, pide que se acoja el presente recurso y ordenando a los recurridos que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

A folio 6, la recurrida, AFP PROVIDA S.A, al evacuar informe, solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas, fundando su defensa en primer lugar en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, porque el actuar de AFP ProVida no es ni ilegal ni arbitrario, por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero de la recurrente de autos, solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, cuestión que por lo demás fue confirmada por la Superintendencia de Pensiones mediante la respuesta a la cual se ha referido precedentemente.

A folio 10, evacua informe la Superintendencia de Pensiones, señalando, en síntesis, que dicho Organismo no registra reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, y que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Explica que las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N 3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1 de la ley N 18.156 de conformidad a la normativa aplicable, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de dicha institución, lo que en la especie no ocurrió, en cuanto el certificado acompañado por la recurrente no señala las coberturas con que cuenta, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Asevera además que la ley N°18.156 es una norma de excepción, por lo que debe ser interpretada de manera restrictiva y aplicada únicamente en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal.

A folio 11, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

Primero: Que, el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten el legítimo ejercicio de derechos fundamentales.

Segundo: Que, la Ley N 18.156, en sus artículos 1 y 7 establece como requisitos para la exención de cotizaciones previsionales de técnicos extranjeros y para la devolución de fondos depositados en una AFP: 1. Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, conforme se desprende de los informes evacuados, la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el documento presentado por la actora, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Quinto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP ProVida S.A., al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Sexto: Que, si bien la Ley N 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Séptimo: Que, corresponde por lo demás, a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “(…) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (…)”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208 de 15 de diciembre de 2023: "Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país." Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión”.

A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-8197-2025.