nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, siete de julio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogados en representación de (12) nombre reservado, nombre reservado, Lissa nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, quienes interponen acción de protección en contra de la Corporación Municipal de Quilpué, a fin que ordenes dejar sin efecto la actuación ilegal y arbitraria verificada los días 28, 29 y 31 diciembre del 2025, en virtud de la cual la recurrida les comunicó su determinación de no renovar su nombramiento a contrata para el año 2026, poniéndosele término a su régimen estatutario, sin que se haya dictado el correspondiente acto administrativo, infringiendo con ello los artículos 3, 11 y 41 de la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos, y el artículo 87 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a su vez, vulnera los numerales N°2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Inicia su arbitrio individualizando la situación de cada uno de los recurrentes:

1) nombre reservado: Prestó servicios a la recurrida de manera continua y bajo la modalidad a contrato a plazo fijo regida por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley N°19.378). Según certificado de antigüedad, su vínculo laboral se extendió desde el 22 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, desempeñándose como Administrativa con jornada de 44 horas semanales, su última contratación se formalizado desde el 1 julio de 2025 para ejercer funciones de Administrativa del Área de Salud en CECOSF El Retiro. El 29 de diciembre de 2025 se le comunicó el término de su contrato, con efecto al 31 de diciembre de 2025, invocándose el vencimiento del plazo conforme al artículo 48 letra c) del Estatuto APS.

2) Joseja nombre reservado: mantuvo una relación laboral con la Corporación Municipal de Quilpué, regida por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, bajo la modalidad de contrato fijo. De acuerdo con certificado laboral, su vínculo se extendió desde el 17 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025. Se desempeñó como Enfermera en el Consultorio de Quilpué, con una jornada de 44 horas semanales. Pese a haber cumplido sus funciones en forma regular, el 29 de diciembre de 2025 se le notificó el término del contrato, fijándose como fecha de término el 31 de diciembre de 2025, por vencimiento del plazo, conforme al artículo 48 letra c) del Estatuto APS.

3) Lissa nombre reservado: prestó servicios para la Corporación Municipal de Quilpué bajo contrato a plazo fijo regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. En su última contratación, formalizada el 1 de julio de 2025, se desempeñó como Auxiliar Paramédico, con jornada de 44 horas semanales, en el CESFAM Alcalde Iván Manríquez. El 29 de diciembre de 2025 se le comunicó el término del contrato con efecto al 31 de diciembre de 2025, invocándose el vencimiento del plazo conforme al artículo 48 letra c) del Estatuto APS, no se le ha hecho entrega de su certificado de antigüedad laboral.

4) nombre reservado: mantuvo vínculo laboral con la Corporación Municipal de Quilpué bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, regida por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Según certificado de antigüedad, su relación laboral se extendió desde el 3 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, desempeñándose como Administrativa en el Centro de Salud Aviador Acevedo con jornada de 44 horas semanales. Además, consta que realizó una suplencia previa entre el 23 de agosto de 2022 y el 21 de septiembre de 2022, lo que da cuenta de un vínculo laboral que se proyecta desde antes de la fecha de inicio consignada para el contrato fijo. Pese a ello, no recibió carta formal de término de vínculo.

5) nombre reservado: Se desempeñó para la Corporación Municipal de Quilpué en funciones del área de salud bajo régimen del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, con sucesivas contrataciones a plazo fijo. De acuerdo con los antecedentes laborales disponibles, mantenía vínculo con la Corporación desde abril de 2022, desarrollando labores en el CESFAM Alcalde Iván Manríquez y cumpliendo una jornada ordinaria asociada a dotación APS. El 29 de diciembre de 2025 se le notificó el término de su contrato, con efecto al 31 de diciembre de 2025, invocándose el vencimiento del plazo conforme al artículo 48 letra c) del Estatuto APS.

6) nombre reservado: mantuvo relación laboral con la Corporación Municipal de Quilpué bajo contrato a plazo fijo regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Según certificado de antigüedad, su vínculo se extendió desde el 13 de mayo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. Se desempeñó como Químico Farmacéutico en la Dirección de Salud, con una jornada de 44 horas semanales. El 29 de diciembre de 2025 se le comunicó el término de su contrato con efecto al 31 de diciembre de 2025, invocándose el vencimiento del plazo conforme al artículo 48 letra c) del Estatuto APS.

7) nombre reservado: mantuvo vínculo laboral con la Corporación Municipal de Quilpué bajo contrato a plazo fijo regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley N°19.378). De acuerdo con certificado de antigüedad, su relación laboral se extendió desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este tiempo se desempeñó como Químico Farmacéutico, cumpliendo jornada de 44 horas semanales, prestando funciones en distintos establecimientos, entre ellos la Dirección de Salud, el Centro de Salud Pompeya y el Centro de Salud Retiro. Sin embargo, no cuenta con carta de término de contrato que le haya sido entregada o notificada, pese a haberse puesto fin al vínculo al cierre del año 2025.

8) nombre reservado: mantuvo relación laboral con la Corporación Municipal de Quilpué bajo contrato a plazo fijo regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Según certificado de antigüedad, su vínculo se extendió desde el 18 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, desempeñándose como Terapeuta Ocupacional con jornada de 44 horas semanales. En los antecedentes consta desempeño en el Centro de Salud Pompeya, y a su vez existe carta de aviso de término de fecha 29 de diciembre de 2025 que la individualiza como Terapeuta Ocupacional en CESFAM Belloto Sur (S-511), comunicando el término del contrato a contar del 31 de diciembre de 2025, por vencimiento del plazo.

9) nombre reservado: mantuvo relación laboral con la Corporación Municipal de Quilpué bajo contrato a plazo fijo regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley N°19.378). Según certificado de antigüedad, su vínculo laboral se extendió desde el 01 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, desempeñándose como Odontóloga en el Consultorio de Quilpué con una jornada de 22 horas semanales. Antes y durante su contratación, realizó diversas suplencias que reflejan continuidad y necesidad permanente del servicio: entre el 05 y 14 de julio de 2023 (39 horas), entre el 11 y 28 de septiembre de 2023 (44 horas), entre el 23 de octubre y 11 de diciembre de 2023 (44 horas) y entre el 06 de octubre y 12 de diciembre de 2025 (11 horas).

10) nombre reservado: mantuvo relación laboral con la Corporación Municipal de Quilpué, regida por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley N°19.378). Conforme a certificado laboral, su vínculo se extendió desde el 07 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2025, desempeñándose como Químico Farmacéutico en el CESFAM Belloto Sur con una jornada de 44 horas semanales. El 29 de diciembre de 2025 se le notificó el término del contrato, fijándose como fecha efectiva el 31 de diciembre de 2025, invocándose el vencimiento del plazo.

11) nombre reservado: se desempeñó como Químico Farmacéutico en el Centro de Salud A. Acevedo (código 505), en el marco del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Ley N°19.378). Consta que fue contratado con fecha 05 de julio de 2024 para prestar servicios en la red de salud administrada por la Corporación Municipal de Quilpué. El 29 de diciembre de 2025 se le comunicó el término de su contrato, con efecto al 31 de diciembre de 2025, invocándose el vencimiento del plazo conforme al artículo 48 letra c) del Estatuto APS.

12) nombre reservado: ha prestado servicios profesionales para la Corporación Municipal de Quilpué como odontóloga bajo la modalidad de honorarios, desarrollando labores en distintos dispositivos y establecimientos de la red (Cecosf El Retiro, Consultorio Móvil y Cesfam de Quilpué), con continuidad de servicios desde el año 2022 y durante los años 2023, 2024 y 2025, según consta en su certificado de antigüedad laboral. el día 31 de diciembre de 2025, fuera de su jornada laboral, recibió una llamada telefónica de la Directora Cesfam Quilpué, mediante la cual se le comunicó en forma verbal su desvinculación o término de cargo. No se le entregó una notificación formal por escrito en ese momento, quedando la comunicación del término del vínculo reducida a dicha llamada.

En cuanto a los hechos indica que los días 28, 29 y 31 de diciembre del año 2025, durante la jornada laboral y mientras los afectados desempeñaban sus funciones con normalidad, fueron informados por sus respectivas jefaturas que su contrato no sería renovado para el año 2026, haciéndose entrega —en el mismo acto— de una carta de aviso de término y solicitándose, además, la firma de un documento de recepción conforme.

Hace presente que ninguna de dichas comunicaciones se acompañó acto administrativo formal, que, a su vez, diera cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos específicos de la no renovación, limitándose la recurrida a invocar genéricamente el “vencimiento del plazo” del contrato, lo que dejó a los afectados en la incertidumbre respecto de las razones reales de la desvinculación, evidenciando la falta de motivación suficiente, configurándose con ello un obrar ilegal y arbitrario, especialmente tratándose de decisiones de contenido desfavorable. Posteriormente, los funcionarios afectados interpusieron el recurso de reposición respectivo, solicitando la reconsideración administrativa. No obstante, la respuesta institucional fue negativa, indicando que no existiría acto administrativo susceptible del recurso.

Exponen que la no renovación de una contrata, como de su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo, tal como ha resuelto la Contraloría General en los Dictámenes N° 22.766 y 23.518, ambos de 2016, situación que hace que dicho acto sea ilegal y arbitrario.

Añaden que, sin perjuicio de la naturaleza jurídica de derecho privado que tradicionalmente se ha atribuido a las corporaciones municipales constituidas al amparo del artículo 12 del DFL N° 1-3.063, de 1980, lo cierto es que, atendidas las funciones eminentemente públicas que desarrollan por delegación municipal y el manejo de recursos de origen público, la Contraloría General de la República ha precisado que dichas entidades deben sujetar su actuación a las regulaciones contenidas, entre otras, en la Ley N° 19.880 (Dictamen N° E160316, de 29 de noviembre de 2021), por tanto, cuando una corporación municipal adopta decisiones que inciden en la esfera jurídica de los particulares –como ocurre con la determinación de no renovar una contrata y poner término al vínculo estatutario–, debe observar las exigencias propias de los actos administrativos desfavorables, particularmente las reglas de formalización, motivación y notificación previstas en la Ley N° 19.880 (artículos 3, 11 y 41), en cuanto resultan coherentes con el deber de juridicidad y con la tutela de la confianza legítima que esta Excma. Corte está llamada a restablecer por esta vía cautelar.

Por su parte, el inciso 2° del artículo 11 de la Ley 19.880 indica que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto por el artículo 41, del mismo cuerpo legal.

Concluye indicando que se ha demostrado que la no renovación de la contrata a partir del 31 de diciembre de 2025 constituye una actuación arbitraria e ilegal, pues no se efectuó mediante un acto administrativo mediante el cual se expongan las razones fácticas y jurídica que motivaron la decisión de prescindir de los servicios de los recurrentes para el año 2026, infringiendo, consecutivamente, los artículos 3, 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y, del mismo modo, el artículo 87 de la Ley N° 18.883, que reconoce el derecho a la estabilidad laboral, los cuales constituyen derechos indubitados en favor de cada uno de los recurrentes.

Asimismo, señala en virtud de los mismos fundamentos, vulneración a los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide, resolver que la acción de la Corporación Municipal de Quilpué deviene en ilegal y arbitraria y, en razón de ello, ordene dejar sin efecto la decisión de 29, 30 y 31 de diciembre del año 2025, mediante la cual dispuso la no renovación de los servicios de los recurrentes en virtud de la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, esto es “vencimiento del plazo del contrato” y la no renovación de su contrata a partir de la fecha indicada, ordenando el reintegro de los recurrentes en la misma categoría y grado, más el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas que media entre la separación de sus funciones, estos es, desde el 1 de enero de 2026 y la reincorporación efectiva de cada uno de ellos, con costas.

A folio 11 evacua informe don Franco Díaz Ayala, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Quilpué.

En primer término alega la improcedencia de la presente acción constitucional, ya que al ser el acto impugnado en el presente recurso es un acto administrativo resultado de la actuación formal que eventualmente podría afectar al recurrente, y en ese sentido, lo que corresponde es la impugnación mediante la vía jurisdiccional por los medios existentes en nuestro ordenamiento jurídico para dichas resoluciones.

En cuanto al fondo, da cuenta que no dispuso destituciones, sanciones disciplinarias, invalidaciones, cesaciones anticipadas ni desvinculaciones ilegales respecto de los recurrentes, lo que ocurrió fue únicamente la expiración natural del plazo convenido en contratos celebrados bajo modalidad a plazo fijo conforme al régimen previsto en la Ley N°19.378, verificándose la causal legal expresa contemplada en el artículo 48 letra c) del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, esto es, el vencimiento del plazo del contrato.

Indica que tanto la jurisprudencia judicial y administrativa ha distinguido consistentemente entre el término anticipado de funciones y la expiración natural de vínculos sujetos a plazo. En efecto, la Contraloría General de la República, en Dictamen N°85.700 de 2016, desarrolló la doctrina de confianza legítima respecto de funcionarios a contrata de la Administración Central y Municipal tradicional, estableciendo ciertos límites a la discrecionalidad administrativa cuando concurren renovaciones sucesivas prolongadas. Sin embargo, dicha doctrina no resulta automáticamente extrapolable al régimen especial de Atención Primaria de Salud Municipal regido por la Ley N°19.378, menos aún tratándose de Corporaciones Municipales constituidas al amparo del artículo 12 del D.F.L. N°1-3.063 de 1980.

Agrega que mediante informe técnico emitido por la Directora de Salud doña nombre reservado, se explicita detalladamente la situación particular de cada recurrente, constatándose que las decisiones cuestionadas respondieron a procesos de reorganización institucional vinculados a sobredotación de determinados establecimientos APS, término de convenios específicos, redistribución de cupos presupuestarios, redefinición de coberturas y necesidades de ajuste operativo.

Así, respecto de doña nombre reservado, la no renovación obedeció a sobredotación percápita, manteniéndose incluso continuidad funcional bajo modalidad honorarios en el mismo convenio, circunstancia completamente incompatible con cualquier hipótesis de discriminación o exclusión arbitraria.

Respecto de doña nombre reservado y doña nombre reservado, las decisiones se vincularon directamente al término del convenio S-524 Resolución de Especialidades, manteniéndose ambas actualmente prestando funciones bajo otra modalidad contractual.

En cuanto a doña nombre reservado y doña nombre reservado, se ofreció continuidad operacional bajo convenio FOFAR mediante modalidad honorarios, manteniéndose ambas desempeñando funciones asociadas a continuidad farmacéutica APS.

Respecto a doña nombre reservado, la reorganización obedeció a redistribución de horas odontológicas y adecuación de cobertura del establecimiento, manteniéndose continuidad parcial mediante extensión horaria bajo otra modalidad contractual.

Asimismo, respecto de don nombre reservado, se ofreció continuidad bajo convenio FOFAR mediante honorarios, vínculo que fue inicialmente aceptado por el propio recurrente, quien posteriormente presentó renuncia voluntaria.

En el caso de don nombre reservado, la decisión obedeció a criterios institucionales de prelación y redistribución de cupos asociados a convenios específicos y necesidades operativas de cobertura APS.

Finalmente, respecto de doña nombre reservado, precisa que mantuvo vínculos bajo modalidad honorarios y no bajo régimen estatutario APS, circunstancia que excluye completamente cualquier pretensión de estabilidad funcionaria o aplicación extensiva de doctrinas elaboradas para funcionarios sujetos a estatutos administrativos diversos.

Concluye que todos los antecedentes destruyen completamente la tesis de arbitrariedad levantada por los recurrentes, toda vez que las decisiones impugnadas no obedecieron a móviles caprichosos, persecutorios o discriminatorios, sino a criterios objetivos vinculados a financiamiento, reorganización y continuidad operacional APS.

Hace presente que no existe vulneración a la Ley N°19.880, ya que lo ocurrido fue simplemente la expiración natural de vínculos temporales conforme a una causal legal objetiva expresamente prevista en el artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

A folio 13 se ordena traer los autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, el artículo 1° de la Ley N° 19.378 que contiene el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone, en lo que interesa, que “Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980 (...) También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”.

Por su parte, el artículo 14 establece, en lo que importa, que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario”.

Finalmente, el inciso primero del artículo 48 en su letra c) prescribe que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Tercero: Que, de los preceptos legales transcritos precedentemente, se desprende que la relación estatutaria entre las partes se encuentra regulada por la Ley N° 19.378 y sólo supletoriamente, en aquello no previsto de manera expresa, han de recibir aplicación las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.

En este orden de consideraciones, el artículo 14 inciso 2° de la Ley N° 19.378 permite al Municipio la contratación a plazo fijo por un período igual o inferior al año calendario y, en el caso de un contrato indefinido, éstos solo corresponden a quienes “ingresen previo concurso público de antecedentes”, lo que no ocurre en la especie.

Cuarto: Que, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de los recurrentes, pues lo planteado corresponde a cuestiones ajenas al ámbito de conocimiento de esta acción cautelar de emergencia, razón por la cual se desestimará la misma, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, nombre reservado, Lissa nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Quilpué.

Acordada con el voto en contra de la ministra suplente señora Cohen quien estuvo por acoger el recurso respecto de todos aquellos actores que cuentan con más de dos renovaciones anuales de sus contratos de trabajo a plazo fijo por concurrir el supuesto del artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, lo que transforma dichos contratos en indefinidos de modo que la Administración debe sujetar su actuar a la ley al haberse sometido la contratación de los funcionarios al régimen laboral. Incluso respecto del actor nombre reservado, éste lleva seis renovaciones anuales siendo aplicable además, en su situación, el principio de confianza legítima y el Código del Trabajo tal como lo ha reconocido la Contraloría General de la República en sus dictámenes sobre la materia.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y en su oportunidad, archívese N°Protección-807-2026.