nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, trece de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado por correo electrónico el 6 de noviembre de 2025, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, y realiza una interpretación excesivamente formalista, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, el 6 de noviembre 2025, fue notificada por correo electrónico de que su solicitud no había sido ingresada fundado en el certificado de seguridad social adjunto no cumplía con los requisitos establecidos, argumentando que la declaración jurada ante notario chileno no es requerida por la Ley N°18.156, que el documento debe estar legalizado por embajada o consulado actuando en representación legal de la seguridad social, y que dicha declaración debe estar apostillada o legalizada.

Sostiene que la decisión de la AFP constituye una mala interpretación de la norma, desatendiendo su finalidad de permitir al extranjero disponer de sus fondos previsionales. Argumenta que existe imposibilidad material de obtener la legalización consular exigida por la recurrida, debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configura un caso fortuito o fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil.

Afirma que presentó el certificado de afiliación al IVSS debidamente notariado ante notario chileno con firma electrónica avanzada, otorgándole la formalidad necesaria y que la Ley N°18.156 solo exige que el trabajador extranjero esté afiliado a un régimen previsional que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exprese su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo, requisitos que afirma cumplir íntegramente.

Señala que la constancia electrónica del IVSS puede verificarse en línea mediante código alfanumérico o número de cédula venezolana, y que la recurrida cuenta con medios tecnológicos para verificar su autenticidad, pero omitió hacerlo, actuando arbitraria e ilegalmente. Agrega que otras AFP, como Cuprum, han aceptado este procedimiento de verificación electrónica, concluyendo que cumple los requisitos legales citando jurisprudencia al efecto.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que el actuar de la recurrida vulnera simultáneamente dos garantías constitucionales: la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) al dar trato discriminatorio respecto a otros solicitantes en idéntica situación y el derecho de propiedad (art. 19 N°24) al impedirle disponer de sus fondos previsionales.

Pide, se reconozca como válida la documentación acompañada, ordenándose a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 5, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En cuanto a los antecedentes fácticos, señala el 4 de noviembre de 2025, el recurrente presentó diversos documentos para solicitar la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, aportando: título profesional, declaración jurada ante notario chileno, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y contrato de trabajo con Mercado Libre Chile Limitada.

Tras revisar la documentación, la administradora otorgó un plazo de cuatro días hábiles para que acompañara un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, en el cual constara su fecha de afiliación y las coberturas exigidas por ley, por cuanto la documentación presentada no cumplía las exigencias legales, reglamentarias ni de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Además, la firma electrónica del empleador en el contrato de trabajo no pudo ser validada, impidiendo acreditar su autenticidad. Atendido que el recurrente volvió a presentar los mismos documentos sin subsanar las observaciones, la administradora no ingresó la solicitud de devolución de fondos.

En cuanto al derecho, la recurrida sostiene que la Ley N°18.156 establece requisitos copulativos para que trabajadores extranjeros puedan solicitar la devolución de fondos previsionales. El artículo 1° exige que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exprese su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que la documentación debe presentarse debidamente legalizada, y que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Invoca diversos oficios de la Superintendencia de Pensiones que refuerzan esta interpretación, particularmente el Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, que establece expresamente que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana sin firma ni apostilla o legalización no sirven como medio de prueba, y que las declaraciones juradas ante notario chileno tampoco constituyen medios idóneos, pues la certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país de origen. Además, argumenta que los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil establecen los requisitos de legalización y apostilla para que instrumentos públicos extranjeros surtan efectos en Chile, requisitos que la constancia electrónica presentada no cumple.

Sostiene que las Administradoras de Fondos de Pensiones están sometidas a la supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones, organismo facultado para fijar la interpretación de la legislación con carácter obligatorio y fiscalizar su funcionamiento. Argumenta que debe dar cumplimiento estricto a la normativa vigente y a los oficios de la Superintendencia, bajo riesgo de sanciones.

Por ello, concluye que su actuación no es arbitraria ni ilegal, sino que se ajusta estrictamente a la normativa sectorial y a las instrucciones del organismo fiscalizador competente.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 6, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Añade que la jurisprudencia administrativa ha señalado que para acreditar la afiliación previsional extranjera se requiere un certificado consular o diplomático que represente expresamente a la Autoridad de Seguridad Social competente.

Respecto al caso concreto, señala que la documentación aportada por el actor no es idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera. La declaración jurada es insuficiente porque solo la autoridad previsional competente puede certificar válidamente esta circunstancia, y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tampoco sirve al carecer de firma autorizada y no estar apostillada o legalizada conforme a la normativa aplicable. Además, este documento no especifica las coberturas del recurrente ni permite determinar el período de cobertura, incumpliendo lo dispuesto en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-8051-2025.