nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la ley N°18.156, comunicado vía correo electrónico el 25 de noviembre de 2025, exigiendo requisitos no establecidos en la ley, esgrimiendo como razón que el documento acompañado no era el requerido para el trámite al carecer de apostilla o legalización, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que, el recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, el 25 de noviembre de 2025, fue notificado mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud, fundado en que el documento de seguridad social adjuntado no sería el requerido para el trámite, al no estar apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Señala que este argumento es incorrecto, pues la constancia presentada es verificable electrónicamente en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), dando pleno cumplimiento al artículo 1° de la Ley N°18.156.

Aduce que la afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mantiene la condición de asegurado, por lo que no resulta aceptable ni legal que la AFP exija una apostilla o legalización que resulta imposible de obtener debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, configurando una exigencia administrativa carente de base normativa.

Destaca que cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, perfectamente verificable en línea mediante el sitio oficial del organismo ingresando el código de verificación único que figura en el documento, cumpliendo plenamente con los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile. Sostiene que negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente.

Argumenta además que, si bien la constancia no se encuentra legalizada, ello obedece a que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, imposibilitando dicho trámite, hecho de público conocimiento que constituye una situación objetiva que escapa a su voluntad.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que el actuar de la recurrida vulnera simultáneamente dos garantías constitucionales: la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) al dar trato discriminatorio respecto a otros solicitantes en idéntica situación y el derecho de propiedad (art. 19 N°24) al impedirle disponer de sus fondos previsionales.

Pide, se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y efectuar dentro de un plazo razonable la devolución de los fondos de pensión solicitados, o adoptando en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 5, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el actor no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Añade que la jurisprudencia administrativa ha señalado que para acreditar la afiliación previsional extranjera se requiere un certificado consular o diplomático que represente expresamente a la Autoridad de Seguridad Social competente.

Respecto al caso concreto, señala que la documentación aportada por el recurrente no es idónea para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera. La declaración jurada es insuficiente porque solo la autoridad previsional competente puede certificar válidamente esta circunstancia, y la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tampoco sirve al carecer de firma autorizada y no estar apostillada o legalizada conforme a la normativa aplicable. Además, este documento no especifica las coberturas del recurrente ni permite determinar el período de cobertura, incumpliendo lo dispuesto en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

A folio 7, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En cuanto a los antecedentes fácticos, señala que el 25 de noviembre de 2025 el recurrente presentó a través de la página web de AFP Plan Vital una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, la que fue rechazada ese mismo día debido a problemas con los documentos presentados, específicamente una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" Respecto de los fundamentos normativos, invoca el Oficio Ordinario N°12.954, emitido el 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que establece que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante el tiempo en que prestó servicios en Chile. Argumenta que dicho oficio señala expresamente la ineficacia de las constancias electrónicas y declaraciones juradas que no contengan mención específica de los riesgos cubiertos ni hayan sido apostilladas, estableciendo que los documentos venezolanos deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela para producir efectos en Chile.

Sostiene que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, aplicándose solo cuando se cumplan copulativamente todos los requisitos que establece. Respecto de la legalidad de su actuación, invoca los artículos 2° y 3° del D.F.L. N°101 de 1980, el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, y el artículo 47 de la Ley N°20.255, que establecen a la Superintendencia de Pensiones como autoridad técnica con facultades para interpretar la legislación e impartir normas generales obligatorias para las Administradoras, argumentando que el rechazo se funda en el cumplimiento obligatorio del Oficio Ordinario N°12.954 y del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, cuya aplicación no es facultativa sino imperativa.

Finalmente, afirma que no ha obrado ilegalmente, sino que ha dado estricto cumplimiento a las normas administrativas obligatorias impartidas por su ente fiscalizador, actuando de manera razonada y en igualdad de trato respecto de todos sus afiliados. Adicionalmente, señala que el rechazo no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°54783-2024) que establece que este tipo de rechazo constituye un acto administrativo subsanable que no configura una decisión definitiva ni genera indefensión, toda vez que el recurrente puede presentar nuevamente los documentos conforme a las exigencias legales, concluyendo que el recurso interpuesto no resulta adecuado ni proporcional.

Acompaña documentos a su informe.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar se impugna la resolución que rechazpo la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS debidamente apostillado o legalizado-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones" de treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa nacional vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales en vigor, más aún cuando el ordenamiento jurídico chileno exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, como es el caso.

Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que, en consecuencia, se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Germán Núñez Romero estuvo por remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de San Miguel, por ser el tribunal competente para conocer del recurso, en atención a las siguientes consideraciones:

1.- Que, sin perjuicio de la naturaleza de la acción cautelar, lo cierto es que se trata de un extranjero con domicilio en la comuna de San Miguel, según consta en el anexo de contrato de trabajo acompañado.

2.- Que, de un tiempo a esta parte, los abogados que tramitan causas relacionadas con la normativa sobre migraciones, eligen la Corte de Apelaciones que desean y ante ella deducen las acciones cautelares, sin que exista ninguna vinculación geográfica, en este caso, entre el actor y la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

3.- Que lo anterior no es un tema baladí en tanto se observa un aumento sostenido de los recursos de protección de extranjeros lo que impide el avance de otros asuntos de igual importancia y que sí responden a criterios competenciales de esta Corte, a diferencia del que hoy nos ocupa, que debió ser ingresado y resuelto por la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin que existan ni siquiera temáticas sobre acceso a la justicia desde que los estudios de abogados que suelen asumir la defensa de estos asuntos, por regla general, ni siquiera concurren presencialmente ante esta Corte sino que desarrollan sus alegaciones por zoom, o simplemente no ejercen su derecho a efectuar defensa en estrado.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-8050-2025.