nombre reservado con SECCIÓN DE REMUNERACIONES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Natalia Aguilar Rodríguez, abogada, quien interpone acción de protección en favor de nombre reservado, funcionario público, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, por el actuar que estima como ilegal y arbitrario, consistente en no haberle pagado la gratificación de zona, conforme a derecho, vulnerando sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 1° de febrero de 1998, quien luego de su egreso de la Escuela de Investigaciones y hasta llegar al cargo de detective, ha tenido derecho a percibir la asignación de grado efectivo, la que se paga según el cargo y grado que se tiene, con un incremento determinado si el funcionario se desempeña en ciertas regiones que dan derecho a percibir la asignación de zona.

Explica que el actor se desempeñó en Punta Arenas, desde junio de 2004 a junio de 2006; en Puerto Williams, desde junio de 2006 a enero de 2009; en Valdivia, desde enero de 2009 a enero de 2011, y en Tocopilla, desde enero de 2011 a febrero de 2016, y en todas ellas existe derecho a percibir la asignación de zona.

Señala que, en mayo de 2019, mediante Radiograma N°225, la recurrida informó que por error se estaba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo con la asignación de zona, procediendo a modificarse la base de cálculo de la asignación de grado efectivo, para incluirla en la gratificación de zona.

Arguye que, pese a lo anterior, en junio de 2019, mediante Radiograma N°285, la recurrida suspendió dicho pago, indicando que el asunto sería sometido a pronunciamiento de la Contraloría General de la República. De este modo, mediante Dictamen N°E98928/2021, de 26 de abril de 2021, el órgano contralor concluyó, en síntesis, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había realizado de forma correcta.

Reclama que la regularización de pago hecha por la PDI fue parcial, y malinterpretó el dictamen de la Contraloría, al estimar que solo desde su dictación procedía el pago de lo adeudado, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 y en lo sucesivo.

Refiere que, no fue sino hasta que la Corte Suprema, en fallo Rol N°147.509-2023, que se estableció que el pago debía realizarse desde el ingreso a la institución y hasta el 26 de abril de 2021.

Indica que el recurrente tomó conocimiento de la ilegalidad de la recurrida, el 25 de febrero de 2025, luego de que un compañero de trabajo le comunicara que le habían pagado lo adeudado, por haberlo así ordenado la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en causa Rol N°44-2023.

El recurrente sostiene que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva al actor del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, poniéndolo además en posición desventajosa frente a los demás destinatarios de la ley. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones del país que han acogido recursos similares.

Por tanto, solicita que se acoja el recurso, y se ordene regularizar el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución y hasta el 26 de abril de 2021.

Acompaña declaración jurada de quien le habría comunicado del actuar ilegal al recurrente, los dos radiogramas del año 2019, dictamen de la Contraloría General de la República, y registro de destinaciones del recurrente.

A folio 9, informa María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso, oponiendo, en primer lugar, la excepción de prescripción, fundada en que el derecho al cobro de las asignaciones prescribe en el plazo de seis meses desde la fecha en que el derecho se hizo exigible, conforme al artículo 99 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, plazo que ha transcurrido extensamente en el caso del actor, pues reclama dineros que datan del año 2004 a 2016.

En subsidio, alega la extemporaneidad del recurso, cuestionando que el recurrente haya tomado conocimiento del acto el 25 de febrero de 2025, a través de una eventual conversación que tuvo con un ex funcionario de la PDI, siendo evidente, del tenor del recurso, que tuvo conocimiento desde el año 2019, desde el comunicado que efectuó la Policía de Investigaciones sobre el asunto.

En cuanto al fondo, la recurrida sostiene que el Dictamen N°E98928/2021, de la Contraloría General de la República, no tuvo efecto retroactivo, debiendo interpretarse según las reglas generales del Código Civil. En particular, señala que la palabra “actualmente” utilizada en el dictamen significa “en el tiempo actual”, por lo que el pronunciamiento sólo tendría efectos desde su dictación y hacia el futuro.

Además, refiere que, conforme a lo informado por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, la institución procedió a pagar lo adeudado en diciembre de 2022 y de manera retroactiva, pero comprendiendo las asignaciones desde los primeros días de abril de 2021.

Finalmente, la recurrida sostiene que no ha existido acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales, ya que ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Acompaña resolución exenta de la Contraloría General de la República, en la cual se acoge la prescripción extintiva de la gratificación de zona.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto a la alegación de prescripción alegada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Primero: Que, basta para rechazar la alegación de prescripción planteada en el libelo, el hecho de no haberse acreditado que dicho modo de extinguir acciones, se haya declarado en sede administrativa o judicial, y no es competencia de esta Corte tal declaración en esta sede, atento el rol de garante de derechos fundamentales que a esta le compete al conocer de una acción constitucional como la planteada en el libelo, lo que no le permite extenderse a un asunto que es propio de un procedimiento de lato conocimiento.

II.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad alegada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Segundo: Que, la alegación de extemporaneidad será desestimada, teniendo únicamente presente que el acto que se califica de ilegal y arbitrario perdura hasta la fecha y produce efectos de carácter permanente en el patrimonio del recurrente, los que se extienden hasta la fecha, privándolo de remuneraciones que, según funda en el libelo, debió percibir durante todo el tiempo en que gozó de la gratificación de zona, motivo por el cual el recurso ha sido interpuesto dentro del término de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

III.- En cuanto al fondo de la acción constitucional.

Tercero: Que, a través de esta vía cautelar, se pretende que la recurrida regularice los saldos de remuneraciones no pagadas, correspondientes a la asignación de grado efectivo (código H0050), la que no ha sido considerada para calcular y pagar la gratificación de zona en los periodos en que el actor se desempeñó en Punta Arenas, Puerto Williams, Valdivia y Tocopilla, desde junio de 2004 a febrero de 2016, periodos en que sí percibió dicha asignación.

Cuarto: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado, y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, en este contexto, y teniendo en consideración lo solicitado en el libelo, el conflicto objeto del recurso no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede la naturaleza y finalidad de la acción de protección, debido a que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados.

Sexto: Que, por consiguiente, atendido que el recurso de protección no es la vía idónea para obtener la declaración y el cobro de estipendios de naturaleza laboral, la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado y en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-803-2025.