PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO con INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Foja: 112 Ciento Doce Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Que a fojas 7, comparece don nombre reservado, abogado y Pro Secretario General de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en su representación, persona jurídica del giro de su denominación, y, asimismo, en favor de doña Tamara Arancibia Madariaga, abogada, todos con domicilio, para estos efectos en domicilio reservado, quien acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por su Inspectora Provincial, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de la actuación arbitraria e ilegal consistente en negarse a permitir la comparecencia de una persona a dos audiencias en el Centro de Conciliación de la Inspección del Trabajo.

Aduce que dicha conducta priva y/o perturba el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República en su artículo 19 números 2, 3, 16 y 24.

Refiere que la Universidad que representa fue citada a una audiencia para el 7 de septiembre de 2018 a las 09:00 horas, al Centro de Conciliación V Región ubicado en domicilio reservado, en atención al reclamo presentado ante la Inspección del Trabajo de Valparaíso, por parte del ex trabajador de esa casa de estudios, señor nombre reservado, luego de ser despedido por la causal “Necesidades de la Empresa” y ese mismo día, pero a las 09:50 horas, fue citada a otra audiencia, en relación con el reclamo presentado por el ex trabajador nombre reservado, desvinculado por la misma causal.

Indica que el día señalado, se presentó, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la abogada de la Prosecretaría General, doña Tamara Arancibia Madariaga. Que sin embargo, la funcionaria a la que le correspondió dirigir la primera de las audiencias, doña nombre reservado, se negó a admitir la comparecencia de la profesional bajo el pretexto que su cédula de identidad había vencido el 1° de septiembre de 2018, es decir, 6 días antes, sin invocar precepto alguno que justificara su actuar.

Señala que la abogada Tamara Arancibia Madariaga, con el objeto de que la funcionaria permitiera su ingreso al comparendo, habló con la Jefa del Centro de Conciliación, doña nombre reservado, quien insistió en la arbitraria medida, sin indicar tampoco un argumento real y sólido que respaldara su actuar.

Expone que ese día, la abogada Tamara Arancibia Madariaga asistió con un poder conferido por el compareciente, en su calidad de Prosecretario General de la Universidad, poder que se consigna en la misma citación entregada por la Inspección del Trabajo. Que a fin que no se produjera la incomparecencia de la Universidad a la segunda de las audiencias, esto es, la de las 09:50 horas, autorizó a la abogada recurrente a enmendar el nombre del mandatario dicho poder y colocara en su lugar al Jefe de Recursos Humanos de su defendida, esto es, el señor nombre reservado, quien se trasladó rápidamente a las dependencias del Centro de Conciliación, mas, una segunda funcionaria, avalada en todo caso por su jefa, doña nombre reservado, se negó a la entrada del señor nombre reservado, cuestionando que “el poder tenía su nombre enmendado”.

Indica que a la abogada referida, por no portar una Cédula Nacional de Identidad actualizada, se le negó toda posibilidad de participar en los comparendos de conciliación a que la Inspección del Trabajo de Valparaíso citó, lo que redundará en una multa para la casa de estudios recurrente, pero que más grave es que a consecuencia de la ilegal conducta, la Universidad quedó sin poder exponer sus puntos ante los ex trabajadores reclamantes, perdiendo la oportunidad para conciliar ante Ministro de Fe. Que los funcionarios de la Inspección del Trabajo terminaron perjudicando a los propios trabajadores, pues no pudieron recibir, en ese momento, el pago de lo reconocido por la Universidad en el proyecto de finiquito a adjuntar, teniendo en especial consideración que los despidos se fundaron en la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, lo que implica que los reclamantes tienen derecho a sus indemnizaciones por años de servicios y sustitutiva del aviso previo, circunstancia que ni siquiera fue ponderada por las funcionarias de la Inspección del Trabajo.

Manifiesta que el lunes 10 de septiembre de 2018, la abogada Tamara Arancibia Madariaga, volvió a presentarse en el mismo Centro de Conciliación, sin que se pusiera problemas a la circunstancia de tener aún su Cédula de Identidad vencida, lo que habla de la inconsecuencia del organismo estatal.

Expresa que la actuación de los funcionarios del Centro de Conciliación de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, es absolutamente arbitraria, ilegal e injustificada, incurriendo, sin estar autorizados por normativa alguna, en la conculcación de los derechos fundamentales, tanto de la Universidad, como de la señorita nombre reservado.

Expone que el Decreto Ley N° 26 de 18 de noviembre de 1924, que Establece el Servicio de Identificación Personal Obligatorio, estatuto que se encuentra vigente, en su artículo 6° establece que “La libreta [hoy Cédula Nacional de Identidad] será documento suficiente para probar la identidad del individuo en todos los actos públicos o privados en que la presente, y tendrá, por lo tanto, valor legal; pero aquella que no reúna el requisito de haber sido renovada dentro de los cinco años que le fija el artículo anterior, sólo tendrá el valor de una presunción.”

Que así, el portar una Cédula Nacional de Identidad vencida, de ninguna manera puede llevar al organismo a concluir que dicha persona pierde todo derecho a realizar trámites o, como en el caso de la recurrente, a ejercer su profesión libremente; que no deja de ser persona, ni pierde sus derechos fundamentales, ni sus derechos como ciudadano, ni ninguna otra clase de derechos, salvo que la ley, de manera expresa, establezca una consecuencia en tal sentido. Que el documento identificatorio, tal como lo expresa el artículo 6° ya citado, en la medida que esté vigente, importa un documento suficiente para probar que una persona es quien dice ser, lo que hace concluir que el ejercicio de los derechos, muy especialmente el de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República, no puede estar supeditado al porte de tal o cual documento y si el mismo se encuentra o no vigente. Que el artículo 6° le confiere al documento identificatorio vencido también un rol probatorio, aunque de menor intensidad, pues en este caso sólo estaremos ante una presunción de identificación. El portador de una Cédula que ha excedido su vigencia, no pierde la posibilidad de identificarse, sólo que lo podrá hacer con menor fuerza. Su identidad sólo podrá ser presumida, y como se trata de una presunción simplemente legal, nada obsta a que se pruebe, de contrario, que su identidad es realmente otra.

Que además, ni la ley 19.880, ni la ley 18.575, ni ninguna otra general del ámbito administrativo, supedita el actuar de los particulares, al porte de una cédula de identidad vigente, por lo que se está ante una actuación arbitraria e ilegal, debiendo decretarse las medidas pertinentes para reinstaurar el imperio del derecho, Indica que el actuar de la Inspección del Trabajo de Valparaíso, vulnera los derechos fundamentales tanto de su representada, como de la abogada Tamara Arancibia Madariaga. En primer lugar, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se crea una artificial diferencia entre personas con Cédula de Identidad Vigentes y personas sin Cédula de Identidad Vigente, para concluir que las primeras pueden participar de la vida pública, realizar trámites y comparecer a audiencias de conciliación ante la Inspección del Trabajo, mientras que las segundas tienen vedado ese derecho, no existiendo motivo para este trato desigualitario.

En segundo lugar, se vulnera la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 de nuestra Carta Fundamental, que establece la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, ya que no se ha permitido a su representada ejercer un derecho consagrado el ordenamiento jurídico, vinculado con su derecho a defenderse, por lo que no pudo dar argumentos en torno a su posición, ni entregar la documentación correspondiente, perjudicando al propio reclamante, quien se quedó sin la posibilidad de reconocer los pagos que su parte no ha desconocido.

En tercer lugar, y en lo que dice relación con la Tamara Arancibia Madariaga, se le ha conculcado su libertad de trabajo, impidiéndosele desarrollar una actividad del todo legítima, sin que haya existido causa legal para aquello, resultando ello abiertamente atentatorio contra su dignidad.

Que por último, se vulnera el derecho de propiedad de su representada, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, pues se está ante la amenaza cierta de que la Universidad, sin ninguna razón, reciba la imposición de multas pecuniarias.

Solicita, en mérito de lo expuesto y lo prescrito en los artículos 19 Nº 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 20 de la misma y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección; además de todas aquellas normas que resulten pertinentes, tener por interpuesta acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por doña nombre reservado, ambos ya individualizados, admitir el presente recurso a tramitación y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho, decretando que se dejan sin efecto los comparendos de conciliación individualizados en el cuerpo del escrito, y sus respectivas actas; que la Inspección del Trabajo de Valparaíso debe proceder a citar a dos nuevos comparendos de conciliación con los trabajadores reclamantes, y que se condena en costas a la recurrida.

A fojas 16, evacuando su informe, doña Mabel Muñoz Miranda, abogada, en representación del Inspector Provincial del Trabajo, Sr. nombre reservado y de la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación, Sra. nombre reservado, evacua su informe y solicita el rechazo del recurso, con costas.

Manifiesta que el 24 de agosto de 2018, los ex trabajadores Sr. nombre reservado y nombre reservado, interpusieron reclamo administrativo bajo el número 515/2018/7228 y número15/2018/7231, respectivamente, ambos en contra de su ex empleador Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por las causales y conceptos reclamados que indica, fijándose como fecha de comparendo conciliación para ambos el día 07 de septiembre 2018, a las 9:00 horas, el primero, y a las 09:50 el segundo, ante el Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso.

Indica que ambos reclamos administrativos con la citación a comparendo y requerimiento de documentación ya individualizados, fueron notificados el 31 de agosto del presente año.

Que el comparendo de conciliación por el primer reclamo N° 515/2018/7228 fijado para el 07 de septiembre a las 09:00 horas, contando con la asistencia de ambas partes , sin embargo se le impidió la comparecencia legal y participación a la parte reclamada administrativa, esto es, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por cuanto la mandataria se presentó con una cédula nacional de identidad vencida, informándole la funcionaria fiscalizadora dona nombre reservado los alcances legales de comparecer con documento caducado, todo lo anterior en conformidad a las normas legales e instrucciones internas de ese Servicio.

Aduce que la funcionaria doña nombre reservado, fiscalizadora dependiente del citado Centro de Conciliación, constata hecho infraccional por no comparecer legalmente a la citación, cursando multa N° 3671/18/107/-1 por infracción a lo dispuesto en el artículo 29 del D.F.L.N°2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y por un monto de 1 Ingreso mínimo mensual, para efectos no remuneracionales.

Refiere que en el segundo comparendo de conciliación por el reclamo N° 515/2018/7231, fijado para el día 07 de septiembre a las 09:50 horas, también contó con la asistencia de ambas partes, sin embargo en este caso también se le impidió la comparecencia legal y participación a la parte reclamada administrativa, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el comparendo de estilo, el mandatario presento poder que estaba enmendado, informándole la funcionaria fiscalizadora, dona nombre reservado, las formalidades para comparecer, todo lo anterior en conformidad a las normas legales e instrucciones internas de este Servicio.

Que en ese contexto, la funcionaria fiscalizadora doña nombre reservado dependiente del citado Centro de Conciliación, constata hecho infraccional por no comparecer legalmente a la citación, cursando multa N° 3327/18/119/-1 por infracción a lo dispuesto en el artículo 29 del D.F.L.N°2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y por un monto de 1 Ingreso mínimo mensual, para efectos no remuneracionales.

Refiere, en cuanto a los actos administrativos y su relación con los hechos o actuaciones que se reprochan como vulneratorios de las garantías constitucionales, al la Ley de Bases de los Procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado, Ley 19.880, en su artículo 18 define el procedimiento administrativo y que la doctrina distingue a los actos administrativos pudiendo ser de dos categorías: intermedios, preparatorias, trámite o de mero trámite; y decisorios, de término, resolutorios o terminales, definiendo aquéllos actos trámites o de mero trámite como aquellos que ejercen de simples eslabones en el procedimiento y, por tal motivo, la regla general es que no son recurribles separadamente sino que los vicios que frente a ellos quiera hacerse valer han de posponerse a la impugnación que, en su caso, se plantee contra el acto que ponga fin al procedimiento, que será ordinariamente mediante la dictación de una resolución final, como asimismo podría ser mediante el desistimiento, declaración de abandono y renuncia.

Expresa que el artículo 15 de la Ley 19.880, establece que todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales. Que sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.

Que tratándose de los procedimientos de conciliación individual de la Dirección del Trabajo, que fue aquel que se aplicó en la especie, éste se encuentra regulado en la Orden del Servicio N° 002, de 23 de febrero de 2018. Que en dicho procedimiento, tratándose de aquellos de reclamos administrativos que terminan con la aplicación de multas administrativas por infracciones a la normativa laboral y/o previsional, el acto terminal es la aplicación de la multa, tal como ocurre en este caso, mediante las sanciones: N° 3671/18/107/-1 y N° 3327/18/119/-1, aplicadas por la fiscalizadoras actuantes y en aquellos que terminan sin aplicación de multas, el acto terminal será el acta del comparendo.

Que siendo así, los actos que pretende impugnar la recurrente son actos trámites dentro del eslabón del procedimiento de conciliación individual, que terminó con la aplicación de una resolución final, correspondiente a la multa administrativa por infracción a la normativa laboral, todo lo cual hace concluir que los actos recurridos serian inimpugnables conforme el artículo 15 de Ley 19.880 y, que en definitiva , la recurrente debió reclamar en contra de las multas administrativas N° 3671/18/107/-1 y N° 3327/18/119/-1, ya que estos son los acto que ponen fin a la instancia administrativa y, no en contra de las actuaciones de las funcionarias que rechazaron la comparecencia legal, de los mandatarios de la recurrente en los comparendos de conciliación ,celebrados con fecha 07 de septiembre de 2018.

Añade que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 420 letra e) y siguientes del Código del ramo, y en los articulo 503 y que también pueden ser objeto de reclamo ante las misma autoridad administrativa que aplicó las multas, según dispone los articulo 511 y 512 del Código del Trabajo, por lo que no se justificaría emplear el procedimiento de protección.

Que sin perjuicio de lo anterior y, ante la posibilidad de estimar que, los actos administrativos impugnados pudieran ser considerados como aquellos que pusieron fin a la instancia o bien dejaron a la recurrente en la indefensión, por lo que serían susceptibles de ser recurridos, que corresponde a la excepción que dispone el artículo 15 de la Ley 19.880, dicho argumento no podría esgrimirse como justificativo para interponer la acción de protección, pues en esa hipótesis, el recurrente cuenta con los recursos administrativos que prevé la Ley de Bases, como son el de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, y recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales y, por tanto en el presente caso, no se encontraría agotada la vía administrativa.

Manifiesta que la resolución recurrida se ha ajustado estrictamente a los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose irrestrictamente a la legalidad vigente, por lo que ni las fiscalizadoras actuantes ni el Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso actuaron en forma arbitraria ni ilegal.

Indica que, conforme a las instrucciones contenidas en el Manual de Procedimiento de Conciliación Individual de la Dirección del Trabajo, en lo relativo a la celebración de las audiencias, el acta de comparendo que contiene los posibles acuerdos o, bien el reconocimiento de una deuda laboral o de seguridad social que se logre, firmada por las partes y por el Inspector del Trabajo, tiene mérito ejecutivo, según dispone el artículo 464 del Código del Trabajo. Que además, estos reclamos administrativos se tratan, por regla general, en audiencia única, donde se deja constancia de los acuerdos como no acuerdos materias reclamadas, pagos y eventualmente las sanciones a aplicar con la suscripción de la respectiva acta.

Que en ese contexto, como consta de expediente administrativo y del acta de audiencia, la funcionaria dio cumplimiento a lo prescrito según las instrucciones, dejando constancia que se presentaba la mandataria de la parte reclamada (empleador y recurrente de autos), pero que portaba cedula nacional vencida y tampoco portaba otro documento como pasaporte vigente, impidiéndole a la mandataria comparecer pues con tal documentos no se pueden realizar trámites. Que el argumento que plantea el recurrente respecto que igualmente estaba acreditando su identidad y que de acuerdo con el artículo 6 del D.L. N ° 26, al menos constituía una presunción simplemente legal no resulta aplicable al caso, por cuanto la vigencia se pierde con la expiración del documento y que una cedula que venció para cualquier trámite a través de la banca, en salud, ante los Tribunales de Justicia, será rechazada. Que no es que se pierda la identidad, pero pierde su validez para hacer trámites, siendo cargo de aquella persona cuya cédula esta pronta a vencer, actuar diligentemente y realizar el trámite de renovación con la debida antelación.

Añade que no ha existido por parte de ese Servicio un actuar contradictorio, ya que con ocasión de un proceso de mediación laboral (distinto a conciliación individual) se le habría autorizado su comparecencia, a pesar que portaba la misma cédula nacional vencida, ello no obedece a la realidad, pues tal como consta del acta de mediación por el artículo 486, de Código del Trabajo, con ocasión de la fiscalización N° 501/2018/1368, se deja constancia que quien comparece en representación de la denunciada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es el Sr. nombre reservado , RUT RUT reservado, quien lo hacía premunido de poder suficiente y en cuanto a la Sra. Tamara Arancibia Madariaga , sólo se deja constancia que concurre como acompañante.

Expone que, en el segundo caso, como consta de expediente administrativo y del acta de audiencia por el reclamo administrativo N°515/2018/7231, la funcionaria dona nombre reservado, dio cumplimiento a las instrucciones, dejando constancia que se presentaba mandatario de la parte reclamada (empleador y recurrente de autos), pero que presentaba poder con enmendadura y que tampoco autorizo la comparecencia. Que al respecto el Fiscalizador como ministro de fe tiene la facultad de considerar y ponderar que el poder que se le exhibe es insuficiente por tener enmendaduras, debiendo proceder conforme las instrucciones que se señalan en el manual respecto a esta situación, indicado en el apartado 6.1 Asistencia de las partes, el que transcribe, lo que debe ser concordado con las instrucciones y observaciones que se han hecho mediante los permanentes controles funcionales por parte de la Oficina de Contraloría interna de la Dirección del Trabajo.

Agrega que en caso de ambos reclamos administrativos, se intentó por parte de la funcionarias actuantes intentar arribar a un acuerdo a fin de obtener el pago de una suma única y total por parte del empleador, tal como dispone el citado manual de conciliación, en tu título VI, N° 11, pero que tampoco se logró en ambos casos debido a la negativa de las partes.

Que las actuaciones recurridas tampoco pueden ser calificadas de ilegales, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al Principio de Legalidad por parte de la Dirección del Trabajo, que la Constitución Política consagra en los artículos 6° y 7°.

Respecto de la solicitud de condena en costas para el caso que la acción de protección sea acogida, tampoco resulta procedente, por cuanto el actuar de la recurrida deriva de instrucciones internas obligatorias en concordancia con lo establecido sobre esta materia por el órgano contralor, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa, y que la institución de la condena en costas busca sancionar a aquel litigante temerario o abusivo, lo anterior como manifestación general del principio de la buena fe procesal, lo que en ningún caso ha desatendido a través de la actuación del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo.

A fojas 82, se trajeron estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el Recurso de Protección es un proceso sumarísimo de tutela urgente de derechos fundamentales, en aquellos casos en que éstos sean vulnerados por actos u omisiones ilegales o arbitrarias de cualquier órgano o persona.

En este contexto, para que este Recurso pueda prosperar se requiere acreditar en el caso concreto la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria y la privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos constitucionales enunciados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, en este caso, los hechos denunciados por las recurrentes es la exigencia de cédula de identidad vigente a la abogada Tamara Arancibia Madariaga para ingresar a una audiencia ante el Centro de Conciliación de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, la que al no haberse satisfecho, determinó que la funcionaria pública correspondiente no admitiera su comparecencia. Lo anterior implicó posteriormente la imposición de una multa por la propia autoridad administrativa (N° 3327/18/119/-1) de 1 ingreso mínimo no remuneracional, por infracción a lo dispuesto en el artículo 29 del D.F.L.N°2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Dichos hechos, en opinión de los recurrentes, vulnerarían lo dispuesto en los numerales 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, disposiciones que contienen los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, la igualdad en el ejercicio de sus derechos, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Tercero: Que, para resolver esta controversia, debe considerarse, en primer lugar, que la exigencia de Cédula de Identidad vigente para comparecer ante un órgano de la Administración del Estado no es un requisito o condición establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Los únicos requisitos son la capacidad para actuar, incluyendo en esta a los menores de edad en ciertos casos y, en el caso de actuar en representación de otro, el poder extendido en los términos del artículo 22 de la Ley Nº19.880. La ley nada dice de la Cédula de Identidad, no obstante exigir en el inicio de los procedimientos administrativos acreditar la autenticidad de la voluntad por cualquier medio habilitado (artículo 30 lera d) de la Ley Nº19.880)

Cuarto: Que, en este contexto, lo único que puede exigir la autoridad administrativa para efectos de acreditar la identificación de una persona natural que va a desarrollar una actuación jurídica o material ante un órgano de la Administración del Estado es un documento que así lo establezca, siendo la Cédula de Identidad vigente el documento privilegiado para ello, pero no el único posible para tales fines.

En efecto, el Decreto Ley Nº26 de 1924, que establece el servicio de identificación personal obligatorio en nuestro país, texto vigente según la Biblioteca del Congreso Nacional, señala en su artículo 6º que “la libreta (hoy Cédula de Identidad) será documento suficiente para probar la identidad del individuo en todos los actos públicos o privados en que la presente, y tendrá, por lo tanto, valor legal; pero aquella que no reúna el requisito de haber sido renovada dentro de los cinco años que le fija el artículo anterior, sólo tendrá el valor de una presunción”.

En este sentido, no hay ninguna duda que la Cédula de Identidad vigente es el documento que prueba fehacientemente la identidad de una persona natural, pero ello no impide su prueba por otro medio idóneo, sirviendo incluso para ello una Cédula de Identidad vencida o no vigente, la que en este caso sólo tendrá valor de una presunción, según la ley.

Quinto: Que, así las cosas, habiendo acreditado la recurrente, Sra. Tamara Arancibia Madariaga su identidad con una Cédula de Identidad vencida o no vigente, se configura la presunción establecida en el artículo 6º del Decreto Ley 26 de 1924, lo que evidentemente podría haber sido desvirtuado por la autoridad, pero no rechazarla lisa y llanamente. De este modo, al negar la autoridad todo valor a la Cédula de Identidad vencida de la Sra. nombre reservado, sin dar lugar a la presunción legalmente establecida, ha realizado un acto ilegal, que no tiene apoyo en norma legal o reglamentaria alguna, configurándose el primer presupuesto para la procedencia del Recurso de Protección.

Sexto: Que, en cuanto a los derechos constitucionales alegados como vulnerados, debe precisarse en primer lugar, que sólo pueden ser amparados por este Recurso los señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, En este sentido, el derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad invocados son posibles de invocar en este tipo de procesos, pero no el derecho a la igualad en el ejercicio de los derechos establecido en el artículo 19 Nº3 de la Constitución, salvo en lo referido a la prohibición de comisiones especiales señalada en el inciso 5º del mismo numeral, extremo no alegado por la recurrente de autos.

Séptimo: Que, respecto de los demás derechos invocados, sin duda el que aparece afectado por la actuación ilegal de la autoridad administrativa, es el establecido en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, en la medida que al establecer la exigencia de Cédula de Identidad vigente para ingresar a una audiencia ante la Inspección Provincial del Trabajo y no exigirlo en otros casos, como le ocurrió a la propia Sra. nombre reservado en otra audiencia ante el mismo órgano 3 días después de ocurridos los hechos denunciados.

En todo caso, dicha vulneración también se produce al exigir la autoridad administrativa un requisito no contemplado en las leyes, lo que implica una discriminación arbitraria con las recurrentes, lo que se encuentra proscrito por el mismo numeral 2º del artículo 19 y amparado por tanto por el texto constitucional.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo anterior, la actuación imputada a la autoridad administrativa y las consecuencias patrimoniales que ello genera para una de las recurrentes, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al imponerle a ésta una multa de 1 ingreso mínimo no remuneracional por inasistencia a la audiencia de conciliación, hecho no discutido por la recurrida, también configura una vulneración de un derecho fundamental, en este caso, el derecho de propiedad. En efecto, la imposición de una multa administrativa implica un detrimento patrimonial para la empleadora, afectando con ello sus bienes corporales, lo que al provenir de un acto ilegal exige del amparo constitucional interpuesto, tal como se dispondrá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 19 Nº 2, 3, 16, 24 y artículo Nº 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 7 en favor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de doña Tamara Arancibia Madariaga, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, ordenando se dejen sin efecto los comparendos celebrados el día 7 de septiembre de 2018, en los que se impidió la participación de la Sra. nombre reservado, disponiendo consecuentemente nuevo día y hora para la realización de las audiencias correspondientes.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. García, quien estuvo por rechazar el Recurso de Protección interpuesto, teniendo única presente que la ilegalidad de la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso y las multas administrativas correspondientes pueden ser impugnadas a través de los procedimientos ordinarios disponibles en el propio Código del Trabajo, en particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del referido Código y 503 y siguientes del mismo estatuto laboral.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Juan Carlos Ferrada Bórquez.

NºProtección-8000-2018.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Alejandro García Silva, Sr. Pablo Droppelmann Cuneo y el Abogado Integrante Sr. Juan Carlos Ferrada Bórquez.