nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario emitido el 12 de enero de 2026, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que el recurrente solicitó a la AFP recurrida la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, invocando su calidad de profesional extranjero -Licenciado en Contaduría Pública- y acompañando antecedentes relativos a su afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen, esto es, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), además de un anexo laboral en que habría manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación.

Señala que, el 12 de enero de 2026, se habría contactado telefónicamente con atención al cliente de la recurrida, oportunidad en que fue informado verbalmente que su solicitud no sería aprobada por cuanto el certificado de afiliación debe estar debidamente apostillado.

Afirma que, para acreditar su afiliación al IVSS, acompañó una constancia de afiliación emitida por la autoridad competente en Venezuela, legalizada por el Consulado de Venezuela en Chile y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, aunque con una fecha anterior a ciento veinte días, plazo que exigiría la AFP. Añade que la representación consular venezolana en Chile se encontraría cerrada, lo que dificultaría la obtención o renovación de documentación por esa vía.

Agrega que, además, cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el IVSS, cuya autenticidad puede verificarse en línea mediante el sitio oficial del organismo, ya sea ingresando el código de verificación que figura en el documento o mediante consulta por cédula de identidad venezolana.

Concluye que la negativa de la AFP a reconocer tales antecedentes y a cursar la devolución solicitada importaría la imposición de exigencias no previstas en la Ley N°18.156, configurando un obrar ilegal y arbitrario que vulneraría las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de sus fondos de pensión y, en general, que se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6 evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Indica, como primera cuestión, que el recurrente no registra reclamo ni presentación ante dicho organismo por los hechos materia del recurso, de modo que no cuenta con antecedentes administrativos específicos relativos a la solicitud cuestionada.

Sin perjuicio de lo anterior, expone que, en el sistema chileno de seguridad social, la regla general es la obligación de enterar cotizaciones por quienes prestan servicios en el país, con independencia de su nacionalidad, precisando que las cotizaciones responden a la finalidad de cobertura previsional y no a la de un ahorro de libre disponibilidad. En ese marco, señala que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional -de interpretación restrictiva- que solo resulta aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que sean técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal, cuya observancia condiciona también la devolución prevista en su artículo 7°.

Luego, desarrolla que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI), para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 -afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile con prestaciones, a lo menos, por enfermedad, invalidez, vejez y muerte- debe acompañarse certificación de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar dichas prestaciones. Añade que su jurisprudencia administrativa exige que la cobertura sea específica, efectiva, integral en salud (médica y pecuniaria) y que exista desde el inicio de la prestación de servicios en Chile y durante todo el período respecto del cual se pretende la devolución; precisando que no basta un documento genérico sobre el sistema previsional o una cartola de cotizaciones.

Con relación a los antecedentes aportados por el actor, consigna que éste afirma haber acompañado una constancia de afiliación al IVSS debidamente legalizada; sin embargo, observa que el documento adjuntado en autos fue emitido el 15 de noviembre de 2022 con vigencia de 120 días, expirando en marzo de 2023, por lo que -si la solicitud de retiro se ingresó en el segundo semestre de 2025- dicha constancia se encontraría vencida al tiempo de su presentación, no pudiendo tenerse por vigente un documento cuyo plazo fue fijado por la propia autoridad emisora.

Agrega que el recurrente acompañó, además, una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada, y sostiene que esta última no resulta idónea para acreditar cobertura previsional fuera de Chile, por no emanar de la autoridad previsional competente. Asimismo, señala que el certificado electrónico no serviría para acreditar el requisito, al no encontrarse firmado ni legalizado o apostillado, y por no indicar coberturas específicas ni permitir inferir un período determinado de cobertura, limitándose a enunciaciones genéricas.

Adicionalmente, refiere que el anexo de contrato de trabajo de 4 de agosto de 2025 contendría una manifestación de voluntad equívoca, pues, si bien declara afiliación a un régimen venezolano, también consignaría que el empleador continuará pagando cotizaciones previsionales y de salud en Chile; y recuerda que, según su jurisprudencia, cuando la voluntad expresada en el contrato o sus anexos resulta contradictoria -esto es, mantener afiliación extranjera y, a la vez, permanecer cotizando en el sistema del D.L. N°3.500- no procedería la devolución de fondos, citando oficios institucionales como respaldo de ese criterio.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el actor ingresó el 12 de enero de 2026, a través del sitio web de la AFP, una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, la que fue rechazada el mismo día por deficiencias en la documentación acompañada, consistentes en una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una “Declaración bajo fe de juramento”.

Señala que, conforme al Oficio Ordinario N°12.954 de 15 de julio de 2025, de la Superintendencia de Pensiones, el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 debe acreditarse mediante certificación emanada de la autoridad previsional competente del país de origen, que dé cuenta de la cobertura efectiva por los riesgos exigidos (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, y que dicha certificación debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, de acuerdo con el Convenio de La Haya y las reglas del Código de Procedimiento Civil. Añade que dicho oficio descarta como medios idóneos, para esos efectos, certificaciones electrónicas que no se encuentren legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos, y también las declaraciones juradas del afiliado, aun cuando se encuentren notariadas o apostilladas, por no emanar de la autoridad previsional competente.

Agrega que la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, de aplicación restrictiva, y que el otorgamiento del beneficio exige el cumplimiento copulativo de los requisitos legales, en relación con las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, cuya observancia sería obligatoria para las administradoras.

Arguye que su actuación se ajustó a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, invocando, entre otras, la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el D.L. N°3.500 y las disposiciones que atribuyen a la Superintendencia facultades de fiscalización e interpretación obligatoria para las AFP.

Añade que la negativa no sería ilegal ni arbitraria, por tratarse de la aplicación obligatoria de los criterios administrativos referidos y por otorgarse un trato uniforme a sus afiliados. Finalmente, afirma que el rechazo no importaría una decisión definitiva, pues el solicitante podría reingresar la petición acompañando los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en tal sentido, y concluye que no existiría privación, perturbación o amenaza de las garantías invocadas.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión es la de Licenciado en Contaduría Pública, y que cuenta con permanencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo de carácter indefinido con BSG Broker Solutions Group SpA el 1 de febrero de 2024, para desempeñarse en funciones de ejecutivo comercial, consignándose en la cláusula tercera, en lo pertinente, que de su remuneración se deducirán los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social y otras, en conformidad a lo establecido en el artículo 58 del Código del Trabajo.

3° Por anexo de contrato de trabajo simple, de 4 de agosto de 2025, las partes estipulan que complementan el contrato a que se refiere el numerando previo, haciendo mención que se refiere a un anexo relativo a un contrato celebrado el 2 de abril de 2024, en el que se consigna en la cláusula SEGUNDA que “No obstante, a lo señalado en el PRIMER punto (referente a su afiliación al sistema del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS), y durante la vigencia del contrato, el trabajador efectuará normalmente sus cotizaciones previsionales y de salud en el sistema previsional chileno, de acuerdo a lo exigido por la legislación.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales el 12 de enero de 2026, solicitud que fue rechazada por no acompañar constancia electrónica de cotizaciones legalizada y o apostillada vigente.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo relacionado y con los documentos que obran en la carpeta electrónica, consta que la recurrida reprocha que el antecedente acompañado por el actor para acreditar su afiliación y cobertura previsional en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no reúne las exigencias formales necesarias para producir efectos en Chile en el marco del procedimiento excepcional previsto en la Ley N°18.156, desde que el documento electrónico invocado no aparece suscrito por autoridad competente ni presentado con legalización o apostilla, y tampoco consigna de manera específica un período de cobertura efectiva ni las prestaciones exigidas por la letra a) del artículo 1° del referido cuerpo legal.

Asimismo, el recurrente afirma haber acompañado una constancia de afiliación debidamente legalizada; sin embargo, del mérito de los antecedentes aparece que dicho documento fue emitido el 15 de noviembre de 2022 con una vigencia de 120e días, de manera que, al tiempo de la solicitud cuyo rechazo motiva la presente acción, se encontraría vencido conforme a lo señalado por su propio emisor, circunstancia que impide tenerlo como acreditación vigente del requisito de cobertura en el extranjero.

Por su parte, según lo informado por la Superintendencia de Pensiones, la declaración jurada acompañada por el actor no constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional fuera de Chile, por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen; y, en cuanto a la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, se indica que ésta no satisface las exigencias previstas en la normativa sectorial, al no encontrarse legalizada o apostillada, ni contener especificación suficiente respecto de coberturas y período de protección efectiva, limitándose a enunciaciones de carácter general.

Adicionalmente, de los antecedentes contractuales acompañados -en particular, el contrato de trabajo y el anexo de 4 de agosto de 2025- se desprende que la manifestación de voluntad contemplada en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 no aparece expresada en términos indubitados, pues, aun cuando en el anexo se alude a la afiliación al IVSS, en la cláusula segunda del anexo se consigna que, durante la vigencia del contrato, el trabajador efectuará normalmente sus cotizaciones previsionales y de salud en el sistema previsional chileno, de acuerdo con lo exigido por la legislación, lo que -según el criterio administrativo expuesto por el órgano fiscalizador- torna equívoca la voluntad invocada para estos efectos.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros con permanencia definitiva, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-798-2026.

En Valparaíso, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.