Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que, a folio 1 se deduce acción de Protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, venezolana, en contra de la Subsecretaría del Interior, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 14 de agosto de 2025, que rechaza la solicitud de regularización extraordinaria por privar y/o perturbar en forma ilegal y arbitraria, la garantía de la recurrente contemplada en el Artículo 19 en sus numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Señala que, el 22 de diciembre de 2020, ingresó a Chile a través de un paso no habilitado, agrega que optó por esta forma de ingreso ante la imposibilidad materializar un permiso de residencia consular, siendo que previamente se le había otorgado una Visa de Responsabilidad Democrática. Sin embargo, el plazo conferido para hacer uso de dicho visado venció debido a una grave situación de salud que atravesaba su madre, lo que le impidió viajar dentro del período estipulado.

Refiere que, posterior a su ingreso, se sometió al control policial, declarando de forma voluntaria su ingreso clandestino, y en vista de que el proceso de sanción migratoria no avanzaba, la recurrente presentó formalmente su solicitud de regularización migratoria ante la autoridad recurrida el 31 de julio del año 2024.

Argumenta que, en la referida petición de regularización extraordinaria presentada ante la Subsecretaria del Interior, invocó la recurrente las razones humanitarias por las cuales se vio forzada a ingresar de forma irregular. Asimismo, informó haber formado un hogar en Chile junto a su pareja nombre reservado, quien cuenta con residencia definitiva y su hija nombre reservado, de nacionalidad chilena. Sin embargo, el 30 de octubre del presente año 2025, tuvo conocimiento del contenido de la Resolución Exenta N° NUM000, de 14 de agosto de 2025, emitida por la Subsecretaría del Interior, mediante la cual se le rechaza el otorgamiento del permiso de residencia temporal excepcional que había solicitado. particulares debidamente acreditadosesolución recurrida, es en iguales y exactos términos de otras cientos de resoluciones de rechazo dictadas por la recurrida, le ha negado a la recurrente el poder regularizar su situación migratoria, sin realizar análisis alguno de las circunstancias particulares debidamente acreditadas, sino que por el contrario, con un texto “tipo”, que sólo se limita a señalar, que supuestamente no ha aportado antecedentes suficientes, que permitan a esa autoridad, considerar que se está ante un caso humanitario o calificado.

Agrega que la actora ingresó al territorio nacional, bajo la vigencia del derogado Decreto Ley N°1.094 de 1975. Sin embargo, la autoridad recurrida ha pretendido resolver su solicitud a la luz de la vigente Ley 21.325, lo cual supone una clara violación al principio de Irretroactividad de la Ley, pretendiendo aplicar a una conducta desplegada por la recurrente el 22 de diciembre del 2020, una normativa que recién entró en vigencia el 11 de febrero de 2022.

Solicita, se deje sin efecto la resolución exenta recurrida y, en consecuencia, se proceda a dictar nueva resolución, pronunciándose fundadamente sobre la solicitud de regularización presentada previo análisis de los antecedentes aportados, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, considerándolos suficientes para permitir su regularización migratoria.

A folio 6, informa la Subsecretaría del Interior. En primer lugar, sostiene toda solicitud de regularización migratoria que se resuelva por la autoridad con posterioridad al 12 de febrero de 2022 debe decidirse en base a la disipaciones del al Ley 21.325, sin importar si fue requerida con anterioridad a la vigencia de dicha ley, ya que no existe norma transitoria en la nueva Ley de Migración y Extranjería que establezca que los procedimientos de regularización migratoria iniciados bajo la vigencia del DL 1.094 de 195, continuarán rigiéndose por dicho proceso. Lo anterior, al entrar en vigencia una ley esta rige in actum.

En seguida alega que el recurso de protección no es la vía idónea, puesto que no se han planteado derechos preexistentes e indubitados que sean evidentes u ostensibles y porque excede las materias que deben ser conocidas en esta sede, atendida su naturaleza cautelar, existiendo vías administrativas para impugnar conforme al artículo 139 de la Ley 21.325.

Además, alega que conforme el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, le confiere autoridad para otorgar permisos de residencia excepcionales y de acoger solicitudes de regularización migratoria, en casos calificados o por motivos humanitarios. Sostiene que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que a su respecto no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, lo que se expresa en la parte considerativa que se impugna por esta vía, señala que la recurrente fundamenta su solicitud en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal que no logran configurar un afectación en concreto lo suficientemente especial para justificar su ingreso al país por paso no habilitado y que además de regularice su situación migratoria de manera excepcional.

Esgrime que el rechazo de la solicitud no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones a las que hace referencia la actora en su presentación, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado y humanitario. Solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 16, amplía su informe Subsecretaría del Interior acompañando la Resolución Exenta que se impugna.

A folio 24, se solicitó a la recurrida que acompañara el expediente administrativo de la actora.

A folio 28, se amplía el informe evacuado por la Subsecretaría del Interior, acompañado el expediente administrativo de la solicitud de regularización migratoria.

A folio 29, se ordenó que rijan los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, con la interposición del recurso de protección deducido en autos, se pretende dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de 14 de agosto de 2025, dictada por la Subsecretaría de Interior, fundado en que en la especie concurrían antecedentes calificados para conceder el permiso de residencia temporal excepcional, siendo aplicable al caso en concreto el Decreto Ley 1.094 del 1975.

Segundo: Que, por su parte, las recurridas aludieron a que se trata de una facultad extraordinaria de la Subsecretaria del Interior, que el peticionario no acreditó encontrarse en el supuesto legal, n estando obligada la autoridad a aceptar solicitudes basadas en circunstancias genéricas ni a requerir antecedentes adicionales si la solicitud inicial cumple con los requisitos mínimos del artículo 31 de la Ley N°19.880.

Tercero: Que, el artículo 155 de la Ley N°21.325 señala en sus N°8 y 9, que corresponde a la Subsecretaría del Interior, disponer mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y, además, disponer en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios.

Cuarto: Que, el artículo 11 de la ley 19.880 dispone en su inciso segundo que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Quinto: Que, analizada la resolución que se impugna por esta vía, se advierte que en su considerando decimo octavo se argumenta a que la parte solicitante ha demostrado una conducta que vulnera bienes jurídicos protegidos por el Estado registrando una detención por el delito de conducción sin la licencia debida, estimando la Autoridad Administrativa que la conducta descrita vulnera los bienes jurídicos de la seguridad pública, la fe pública y la seguridad en el tráfico jurídico, lo que genera graves consecuencias sociales, siendo aquel el único argumento que se refiere al caso particular de la actora.

Sexto: Que, sin desconocer la atribución de la recurrida Subsecretaria del Interior, es posible concluir que la Subsecretaría del Interior incumple con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo como el artículo 41 del mismo cuerpo legal, pues decisión de la recurrida no señala los hechos que le sirven de fundamento, tampoco se indica cuáles antecedentes fueron acompañados por la recurrente, ni se realiza un análisis particular de estos, si bien indica en su considerando décimo octavo una conducta reñida con el Derecho, aquella no ha quedado demostrada, pues no se registra antecedente alguno en el expediente administrativo que permita establecer la comisión del delito de manejo en estado de ebriedad ni tampoco antecedente policial respecto de la supuesta detención por aquel ilícito, por estas razones se estima que la recurrida ha actuado de manera ilegal, careciendo el acto administrativo dictado por esta de fundamentos de hecho y de Derecho, que permitan a la afectada conocer de manera explícita los motivos de la Administración para rechazar su solicitud, todo lo cual conlleva a acoger la acción.

Séptimo: Que, además, la actora ha acredita manera un arraigo familiar en Chile, toda vez que es madre de una menor de edad chilena y su padre es residente definitivo en el país, lo que permite concluir que la decisión de la Autoridad Administrativa ocasionaría un daño a la recurrente en su desarrollo como persona y a la integridad de su núcleo familiar, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado otorgarle protección y propender a su fortalecimiento, considerando además que, de conformidad al artículo 4° de la Ley N°21.325, el Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de 14 de agosto de 2025, de la Subsecretaría del Interior, debiendo la autoridad administrativa dictar una resolución fundada en los antecedentes particulares presentados por la actora.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-7842-2025.

En Valparaíso, veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.