nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros de fecha 28 de octubre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, la cual permite la exención de cotizaciones a técnicos extranjeros. Indica que la recurrida rechazó dicha solicitud argumentando la falta de una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, calificando el documento aportado como una mera constancia de cotización. Alega que tal exigencia es ilegal y arbitraria, pues incorpora requisitos no contemplados en la normativa especial y desconoce la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a sedes consulares para apostillar documentos. Sostiene que la afiliación a la seguridad social de Venezuela es verificable electrónicamente mediante un código alfanumérico en el portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), método que ha sido validado por otras administradoras y por jurisprudencia de la Corte Suprema. Argumenta que el acto impugnado constituye una privación del derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales y una discriminación injustificada respecto de otros solicitantes en igual situación.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se deje sin efecto el rechazo y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales del actor.

A folio 5, evacúa informe nombre reservado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Sostiene que el actuar de su representada se ajusta estrictamente a la legalidad vigente, específicamente a la Ley N° 18.156 y a las circulares de la Superintendencia de Pensiones. Indica que, para acceder al beneficio de devolución de fondos, el trabajador extranjero debe acreditar fehacientemente su calidad de técnico y su afiliación a un régimen previsional en el exterior mediante certificaciones debidamente legalizadas o apostilladas. Afirma que el documento presentado por el recurrente no cumplía con tales estándares de autenticidad y vigencia al momento de la solicitud, siendo una carga del interesado proporcionar antecedentes idóneos. Argumenta que la exigencia de formalidades no es un capricho, sino una obligación legal para resguardar los fondos de pensiones bajo su administración. Asevera que no existe un acto arbitrario ni ilegal, ya que solo se ha exigido el cumplimiento de los requisitos sustanciales para el reconocimiento de documentos extranjeros en Chile. Por tanto, afirma que no se ha vulnerado el derecho de propiedad ni la igualdad ante la ley, por cuanto no existe un derecho indubitado del actor mientras no cumpla los requisitos legales.

Finalmente pide el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

A folio 6, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, representada por su Intendente de Fiscalización, don Jorge Ismael Mastrangelo.

Expone que, en el ejercicio de sus facultades legales de supervigilancia, ha tomado conocimiento del reclamo presentado por el recurrente. Señala que el marco normativo para la devolución de fondos a técnicos extranjeros está regulado por la Ley N° 18.156 y la Circular N° 1.916 de este organismo. Indica que, para la procedencia del beneficio, el trabajador debe acreditar fehacientemente que se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Sostiene que la exigencia de que los documentos provenientes del extranjero estén debidamente legalizados o apostillados emana del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de la Apostilla, normas plenamente aplicables al procedimiento administrativo ante las administradoras. Argumenta que la validación de certificados mediante códigos QR o enlaces institucionales, si bien es una herramienta tecnológica valiosa, no exime por sí sola del cumplimiento de las formalidades de autentificación internacional cuando la normativa vigente así lo requiere. Asevera que la actuación de la recurrida se ajusta a las instrucciones impartidas por esta Superintendencia, no advirtiendo una conducta ilegal ni arbitraria en el rechazo de la solicitud, toda vez que el solicitante no dio cumplimiento estricto a la carga de probar su situación previsional externa con antecedentes idóneos.

Finalmente pide que se tenga por evacuado el informe, aportando los antecedentes técnicos para la resolución de la controversia.

A folio 7, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, a través de la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de parte de la recurrida AFP Provida S.A. de la devolución de los fondos previsionales cotizados por el recurrente, fundando la acción en que este sí cumpliría con los requisitos contemplados en el artículo 1° de la Ley 18.156, al haber acompañado los documentos requeridos al momento de hacer la solicitud, exigiéndose antecedentes que ya han sido acompañados y otros que son imposibles de obtener.

Segundo: Que, la recurrida informa que su actuar no es arbitrario ni ilegal, dado que el solicitante no ha acreditado el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley 18.156.

En tal sentido, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no corresponde a un certificado de afiliación, no indica las prestaciones que se encuentran cubiertas, y no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado.

Además, funda el rechazo en que la declaración jurada no acredita que haya estado cubierto durante su estadía en Chile por el sistema de seguridad social extranjero.

Tercero: Que, el artículo 7° de la Ley 18.156, establece: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley." A su turno, citado artículo 1° dispone: "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744." Cuarto: Que, atendido lo expuesto y al mérito de los antecedentes acompañados por las partes, se concluye que la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario alguno, toda vez que, el actor no ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos copulativos establecidos en la normativa previsional aplicable al caso.

En efecto, del análisis de la constancia electrónica acompañada emanada del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, no resulta posible acreditar que el actor se encontraba protegido por el seguro social venezolano en el periodo en que cotizó los fondos previsionales cuya devolución pretende, y tal es así que en dicho documento se indica que tiene el estatus de asegurado "CESANTE en la empresa PDVSA PETROLEO S.A. inscrita bajo el Número Patronal D11300247 con Fecha de egreso 06/08/2017", información que resulta poco clara para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social durante el periodo en que cotizó los fondos solicitados.

Además, si bien la inclusión de un código de verificación electrónica podría permitir constatar la autenticidad del documento en el portal web de la entidad emisora, dicho mecanismo resulta insuficiente para satisfacer las exigencias formales establecidas en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en país extranjero.

Por su parte, la declaración jurada no tiene el mérito para subsanar el defecto del cual carece la constancia electrónica de cotizaciones, al no ser un medio apto para acreditar que el recurrente se encontraba cubierto por el seguro social venezolano durante el periodo en estudio, ni las prestaciones garantizadas con total claridad.

Quinto: Que, autorizar el retiro de fondos previsionales en casos como el de autos, en que no se cumplen los requisitos legales establecidos para tal efecto, podría generar un eventual perjuicio al Estado, toda vez que, en virtud del principio de universalidad de la seguridad social y las disposiciones contenidas en la Ley 20.255 sobre Reforma Previsional, el erario nacional garantiza pensiones básicas solidarias a quienes cumplen los requisitos legales, entre ellos, contar con residencia permanente en el territorio nacional. De este modo, el retiro de fondos previsionales por parte de extranjeros con residencia definitiva podría significar que, en el futuro, el Fisco deba asumir el costo de garantizar una pensión a personas que, habiendo realizado cotizaciones en Chile, se les permitió retirar dichos fondos, generando una carga económica no prevista por el legislador al establecer el régimen excepcional contemplado en la Ley 18.156.

Sexto: Que, en definitiva, de los antecedentes aportados se desprende que la actuación de la recurrida, al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ha ajustado a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, sin que pueda calificarse como ilegal o arbitraria, motivos por los cuales el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-7791-2025 En Valparaíso, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.