nombre reservado con ASOCIACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor Greisyl Noiralys nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado por correo electrónico el 29 de octubre de 2025, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, específicamente la apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, el 29 de octubre de 2025, mediante correo electrónico, fue informada que su solicitud "no puede seguir avanzando". Posteriormente, al asistir de manera presencial a las dependencias de la AFP recurrida para aclarar los fundamentos del rechazo, se le informó que éste se debía a que no había acompañado el documento apostillado que acredite la afiliación al sistema previsional del país de origen.

Sostiene que este actuar es arbitrario e ilegal, pues la recurrida incorpora requisitos no previstos en la ley, desconociendo que la autenticidad del certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) puede ser verificada directamente en el portal web oficial de dicha institución mediante un código de validación.

Aduce que la exigencia de apostilla constituye una barrera formal imposible de superar debido a la actual ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que configura un caso de fuerza mayor.

Por último, afirma que se cumplen íntegramente los requisitos del artículo 1 de la Ley N°18.156, ya que la actora posee la calidad de técnica y mantiene su afiliación en el extranjero, por lo que la retención de los fondos lesiona su derecho de propiedad.

Pide, se ordene que "se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho".

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 4, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En cuanto a los hechos, señala que el veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, la recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de fondos previsionales como técnico extranjero conforme a la Ley N°18.156, acompañando contratos de trabajo, título profesional apostillado, certificado de cotizaciones y declaración jurada notarial. Al día siguiente se le comunicó el rechazo por no cumplir los documentos con los criterios legales de aceptación.

Respecto de los fundamentos jurídicos, la recurrida sostiene que en Chile rige el principio de territorialidad en materia previsional, estableciendo la Ley N°18.156 excepciones para técnicos extranjeros que cumplan requisitos específicos, entre ellos, estar afiliados a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones mínimas. Enfatiza que el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile se presenten debidamente legalizados, invocando el Oficio Reservado N°2966 del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre autenticidad de documentos apostillados.

Arguye que la constancia de cotizaciones presentada, legalizada únicamente ante notario, no cumple con los requisitos legales de legalización consular o apostilla. Invoca el Oficio Ordinario N°12954 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no sirven como medio probatorio. Reconoce la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, pero sostiene que ello no la exime del cumplimiento estricto de requisitos legales, careciendo de facultades para interpretarlos discrecionalmente.

Sobre la improcedencia del recurso, alega que no concurren los requisitos del artículo 20 constitucional, pues su actuación no constituye acto ilegal ni arbitrario al limitarse a cumplir estrictamente la normativa vigente. Añade que no se ha producido agravio alguno, toda vez que la negativa obedece a la falta de cumplimiento de requisitos legales expresos.

Acompañó documentos a su informe.

A folio 8, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, señalando que el recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, explica que la Ley N°18.156 permite a trabajadores extranjeros técnicos solicitar devolución de fondos previsionales si cumplen dos requisitos copulativos: afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación. Esta normativa excepcional debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera abarque todo el periodo de servicios en Chile y sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente.

Respecto al caso concreto, refiere que, conforme a su jurisprudencia administrativa uniforme y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para acreditar la cobertura en el extranjero no basta una cartola genérica de cotizaciones, sino una certificación específica de la autoridad competente, la cual debe estar debidamente apostillada conforme al Convenio de la Haya. Señala que las constancias electrónicas venezolanas que carecen de firma, apostilla o legalización no son medios de prueba idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Además, este documento no especifica las coberturas del recurrente ni permite determinar el período de cobertura, incumpliendo lo dispuesto en el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Menciona que, si bien la situación diplomática actual dificulta la obtención de documentos, ello no habilita a las Administradoras para validar antecedentes que no cumplen con los estándares de autenticidad establecidos por la ley chilena.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Greisyl Noiralys nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

Se deja constancia que el Ministro Suplente señor Felipe Ortiz de Zárate Fernández, no firma por presentarse problemas informáticos.

N°Protección-7771-2025.

En Valparaíso, diecinueve de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.