nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado por sí y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

La recurrente fundamenta su acción señalando que mediante notificación de 26 de octubre de 2025, recibida vía correo electrónico, se le informó que su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156 no podría seguir avanzando, encontrándose el proceso detenido por considerar la documentación incompleta e insuficiente. Posteriormente, el 27 de octubre de 2025, al concurrir personalmente a las dependencias de la recurrida, se le comunicó verbalmente el rechazo definitivo, fundado en la falta de apostilla del documento que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano.

Sostiene la recurrente que cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, toda vez que se encuentra afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo cual puede verificarse electrónicamente mediante el código de validación contenido en la constancia electrónica aportada. Argumenta que la exigencia de apostilla constituye un requisito adicional no contemplado expresamente en la normativa especial, resultando imposible de cumplir dado el notorio hecho público de la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Alega que dicha conducta configura un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales.

En consecuencia, solicita se acoja el recurso de protección interpuesto, ordenando a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales, efectuando dicha devolución dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: Correo electrónico de notificación de detención de solicitud de 26 de octubre de 2025; 2) Cédula de identidad para extranjeros chilena y cédula venezolana; 3) Constancias de afiliación previsional del país de origen emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; 4) Título universitario apostillado; 5) Contrato de trabajo y anexo de contrato; y 6) Declaración jurada.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones expone recurrente no registra reclamo alguno ante ese organismo respecto de los hechos que motivan la acción cautelar, careciendo de antecedentes específicos sobre la controversia planteada. No obstante lo anterior, expone los fundamentos normativos aplicables a la materia.

Señala que en la legislación de seguridad social chilena rige como principio general la obligación de todo trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones previsionales, independientemente de su nacionalidad. En consecuencia, el entero de imposiciones debe entenderse como un sistema de protección social y no como un fondo de ahorro susceptible de retiro anticipado.

Explica que la normativa contenida en la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional aplicable exclusivamente a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicha ley. Específicamente, el artículo 7° faculta a estos trabajadores para solicitar la devolución de fondos previsionales depositados en una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que acrediten encontrarse afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo conste su voluntad de mantener dicha afiliación.

Destaca que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, el trabajador debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste su obligación de otorgar las prestaciones exigidas por la ley.

Respecto de los documentos presentados por la recurrente, la Superintendencia señala expresamente que el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no cumple con las exigencias normativas, conforme al Compendio de Normas y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, toda vez que carece de firma autorizada, no ha sido apostillado ni legalizado, y no especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Asimismo, informa que las declaraciones juradas tampoco constituyen medios probatorios idóneos, pues las certificaciones deben emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, única entidad con facultades legales para dar fe sobre la afiliación y cobertura efectiva del trabajador extranjero.

A folio 7, evacua informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.. Solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condenación en costas, fundándose en dos órdenes de consideraciones. En primer término, argumenta que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, toda vez que lo pretendido por la recurrente excede la naturaleza y finalidad del recurso de protección, que fue concebido como un medio pronto y eficaz para situaciones urgentes donde existan derechos indubitados.

En subsidio, sostiene la improcedencia del recurso por ausencia de actos ilegales o arbitrarios, explicando que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156. Específicamente, señala que la documentación presentada por la recurrente no acredita debidamente el requisito de cobertura previsional en el extranjero, conforme a la normativa del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Explica que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentada carece de firma, no se encuentra apostillada ni legalizada conforme lo exigen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, siendo Chile y Venezuela Estados Parte de dicha convención internacional. Agrega que dicho documento tampoco especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias, limitándose a mencionar genéricamente las coberturas del sistema previsional venezolano.

Respecto de la declaración jurada acompañada, indica que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, tales instrumentos no constituyen medios probatorios idóneos, toda vez que las certificaciones deben emanar necesariamente de la autoridad previsional competente, única facultada legalmente para dar fe sobre la afiliación y cobertura efectiva.

En relación con el contrato de trabajo, señala que nada consigna respecto de la continuidad de afiliación a un régimen previsional extranjero, estableciéndose dicha manifestación de voluntad recién en la modificación contractual de fecha 18 de enero de 2022, esto es, con posterioridad al inicio de la relación laboral ocurrida el 23 de noviembre de 2020.

En consecuencia, solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas, por no constituir la vía idónea para resolver la controversia planteada y, subsidiariamente, por no configurarse acto ilegal ni arbitrario alguno.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: Oficio N° 12954-2025 de 17 de julio de 2025 emitido por la Superintendencia de Pensiones; 2) Copia de su personería para actuar en representación de AFP Provida S.A.; y 3) Referencias a jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de diversas Ilustrísimas Cortes de Apelaciones del país que respaldan el criterio sustentado.

Se ordenaron traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que la recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley, tampoco especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias, limitándose a mencionar genéricamente las coberturas del sistema previsional venezolano.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de 21 de noviembre de 2025, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la declaración jurada notarial acompañada por la recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliada y cubierta por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), se concluye que no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, por lo demás, el recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, según consta en el documento de cédula de identidad.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-7748-2025.