nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO

Sfg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece Renzo Gandolfi Díaz, abogado, domiciliado en domicilio reservado en representación de nombre reservado, funcionaria, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL, representado legalmente por doña nombre reservado, gerente general, todos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, región de Valparaíso, particularmente por el actuar y omisión en la tramitación de la fiscalía administrativa instruida por la Resolución de Gerencia número 264-2025, de 14 de mayo de 2025, que instruyó sumario administrativo en contra la recurrente, vigente más allá de los plazos establecidos por el legislador para ello, extensión que ha devenido ilegal y arbitraria.

Sustenta el recurso en que la Resolución de Gerencia número 264 - 2025 de 14 de mayo de 2025, emanada de la Corporación Municipal de Viña del Mar, ordenó instruir un sumario administrativo en su contra, designando originalmente como fiscal a doña nombre reservado. Expone que con fecha 5 de junio de 2025 prestó su declaración indagatoria e individualizó a sus testigos, sin embargo, desde aquella actuación no se le han notificado nuevas diligencias ni se ha registrado avance sustancial en el proceso. Refiere que a pesar de que la Resolución número 796 del 19 de diciembre de 2025 informó un nuevo cambio de fiscal, la investigación se ha mantenido paralizada en su etapa indagatoria por un lapso que a la fecha de interposición de este recurso supera los 8 meses, excediendo con creces el plazo máximo de 6 meses dispuesto en la Ley número 19.880.

Denuncia que esta inactividad administrativa constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera las garantías fundamentales protegidas en el artículo 19 número 2, relativo a la igualdad ante la ley; en el artículo 19 número 3 inciso 6, referente al derecho a un procedimiento racional y justo o debido proceso; y en el artículo 19 número 24, sobre el derecho de propiedad en sus diversas especies, todos de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja la acción de protección en todas sus partes, se declare que la omisión de la recurrida consistente en la dilación injustificada del sumario es ilegal y arbitraria, y se ordene a la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social que adopte las medidas necesarias para concluir y afinar dicho procedimiento administrativo en un plazo breve y perentorio que la Ilustrísima Corte determine, con expresa condena en costas.

A folio 7, comparece la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, evacuando el informe solicitado y requiriendo el rechazo de la acción con costas. Argumenta que la instrucción sumaria se fundamenta en la Resolución N° 264 de 14 de mayo de 2025, motivada por denuncias de presuntas conductas de hostigamiento laboral en el Centro de Salud Familiar Brígida Zavala, donde la recurrente se desempeña como matrona en el marco de la Atención Primaria de Salud. Sostiene que el procedimiento se rige por la Ley N° 19.378 y supletoriamente por la Ley N° 18.883, enfatizando que la demora observada en el avance no obedece a arbitrariedad ni desidia de la autoridad instructora, sino a circunstancias concretas y justificadas. Explica que la investigación ha requerido un número relevante de diligencias, incluyendo declaraciones de testigos y recopilación de antecedentes técnicos, y que se ha visto afectada por contingencias administrativas insalvables, tales como licencias médicas prolongadas de la fiscal y de la actuaria, lo que impidió su desarrollo continuo. No obstante, afirma que la Corporación adoptó todas las medidas necesarias para asegurar su prosecución, designando fiscal subrogante cuando fue necesario y reanudando las actuaciones apenas fue posible. Destaca que, de acuerdo al artículo 137 de la Ley N° 18.883, la etapa indagatoria reviste carácter secreto, razón por la cual el acceso al expediente se encuentra legalmente limitado. Finalmente, expresa la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, por cuanto la actora no ha sido sancionada ni removida de su cargo, y la medida preventiva de cambio de destino fue temporal, razonable y aceptada voluntariamente por la funcionaria, sin que se haya afectado su honra, su derecho al trabajo o su integridad psíquica.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías taxativamente señaladas en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la controversia jurídica en la especie se circunscribe a determinar si la omisión de la recurrida, consistente en la excesiva dilación de la investigación sumaria instruida en contra de la actora mediante la Resolución de Gerencia N° 264-2025, de 14 de mayo de 2025 —la cual se mantiene en etapa indagatoria por un lapso superior a los 8 meses a la fecha de interposición de esta acción—, constituye un acto u omisión ilegal y arbitrario que conculque las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, en especial, la igualdad ante la ley y la protección del derecho a un procedimiento racional y justo, al someter a la funcionaria a un estado de incertidumbre jurídica incompatible con las bases de la institucionalidad administrativa.

TERCERO: Que para el adecuado análisis de la legalidad de la omisión denunciada resulta imperativo precisar el marco normativo que rige la potestad disciplinaria de la recurrida. En este sentido por tratarse la actora de una funcionaria que se desempeña en la atención primaria de salud municipal la normativa de cabecera la constituye la Ley N° 19.378 cuyo artículo 4 establece una remisión supletoria a las normas de la Ley N° 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. De esta manera el artículo 133 de este último cuerpo legal dispone con claridad que la etapa indagatoria de un sumario administrativo debe realizarse en un plazo de 20 días al término del cual el fiscal debe declarar cerrada la investigación o bien solicitar una prórroga fundada por igual período.

Estas normas especiales deben interpretarse necesariamente en armonía con las bases generales de los procedimientos administrativos consagradas en la Ley N° 19.880 la cual en su artículo 27 impone un estándar para la actuación de los órganos de la Administración del Estado al señalar que el procedimiento no podrá exceder de 6 meses desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final salvo que concurran situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas. La fijación legislativa de este término no constituye una mera pauta técnica sino que configura una garantía procesal de orden público que limita temporalmente el ejercicio del poder sancionador con el objeto de evitar que el administrado permanezca en un estado de sujeción indefinida a la potestad disciplinaria lo que lesionaría gravemente la seguridad jurídica y el derecho a la defensa en su vertiente de resolución en un plazo razonable.

CUARTO: Que al abordar específicamente los argumentos planteados por la recurrida en su informe de folio 7 relativos a la complejidad de las diligencias y a la existencia de licencias médicas que afectaron a la fiscal y a la actuaria resulta forzoso concluir que tales impedimentos no logran justificar la inactividad procesal observada. Sobre el particular es necesario precisar que aun cuando el procedimiento administrativo disciplinario posee plazos que por su naturaleza no son fatales para la validez de la resolución final tal circunstancia no faculta a la autoridad para postergar de manera indefinida la fase de investigación ni para desatender los principios de celeridad economía procedimental e impulsión de oficio. El artículo 8 de la Ley N° 19.880 y los artículos 3 inciso 2 y 8 de la Ley N° 18.575 imponen a los órganos de la Administración del Estado el deber de observar los principios de eficiencia eficacia coordinación y actuación de oficio en el procedimiento procurando la simplificación y rapidez de los trámites de modo que la autoridad debe actuar por propia iniciativa removiendo todo obstáculo que pudiere afectar su pronta resolución.

Por consiguiente los impedimentos personales o de salud de los funcionarios designados como instructores constituyen una contingencia administrativa interna que la Corporación Municipal debió resolver oportunamente mediante los mecanismos de subrogación o reemplazo previstos en el artículo 129 de la Ley N° 18.883 no siendo lícito trasladar las consecuencias de dicha deficiencia de gestión a la recurrente ni suspender por ello el ejercicio de sus derechos.

Asimismo la alegada complejidad del caso no puede operar como una cláusula abierta que permita la postergación indefinida de las etapas procesales pues ante investigaciones de esta naturaleza la Administración debe extremar el celo profesional para cumplir con los hitos legales toda vez que la inactividad detectada desde junio de 2025 sitúa a la funcionaria en un estado de indefensión laboral e incertidumbre que lesiona su integridad psíquica y vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el Artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República al imponerle una carga administrativa que excede el estándar de razonabilidad exigible.

QUINTO: Que, a la luz de los hechos y el derecho expuestos, la omisión denunciada es posible tenerla como ilegal, por cuanto la recurrida ha desatendido el imperativo de conclusión de los procedimientos administrativos dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, norma que establece un límite temporal de orden público destinado a evitar la perennización de las investigaciones y a garantizar que la potestad sancionatoria del Estado se ejerza dentro de márgenes de certeza.

Asimismo, dicha omisión es manifiestamente arbitraria, pues carece de una fundamentación lógica, razonable y proporcional que justifique la paralización de la etapa indagatoria por un período que cuadruplica los plazos estatutarios originales del artículo 133 de la Ley N° 18.883. La arbitrariedad se configura aquí como una expresión del mero voluntarismo administrativo, el cual, prescindiendo de los principios de probidad y eficiencia contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y en el artículo 3 de la Ley N° 18.575, mantiene un procedimiento abierto sin ejecución de actos de instrucción sustantivos desde hace más de medio año. Esta falta de correspondencia entre el tiempo transcurrido y la actividad procesal desplegada despoja a la actuación de la Corporación de su presunción de legitimidad, transformando la investigación en un ejercicio caprichoso de autoridad que desnaturaliza la función pública y lesiona el patrimonio jurídico de la administrada al someterla a una carga pública irrazonable.

SEXTO: Que, la referida inactividad procedimental constituye además una afectación directa a la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República por cuanto implica someter a la recurrente a un trato diferenciado y gravoso respecto de otros funcionarios que enfrentan procesos administrativos que sí son resueltos en los términos y plazos previstos por el legislador.

A lo anterior se suma, finalmente, la transgresión al derecho a un procedimiento racional y justo garantizado en el artículo 19 número 3 inciso 6° de la misma Carta Fundamental debido a que la excesiva e injustificada extensión de la etapa indagatoria desnaturaliza el debido proceso administrativo convirtiéndolo en una suerte de sanción anticipada por la vía de la incertidumbre prolongada, viéndose la funcionaria impedida de conocer con prontitud la existencia de cargos o pruebas en su contra para ejercer su derecho a la defensa quedando supeditada a un estado de sospecha permanente que lesiona su dignidad y honra profesional sin que exista un motivo legal que lo sustente de manera proporcional.

SÉPTIMO: Que, por lo anteriormente expuesto, y con el fin de restablecer el imperio del derecho, se hace necesario acoger la acción intentada y fijar un término perentorio para que la recurrida concluya el procedimiento disciplinario, asegurando que la decisión final sea emitida con la prontitud que el ordenamiento jurídico exige.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I. Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Renzo Gandolfi Díaz en representación de nombre reservado en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

II. Que, la recurrida deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el sumario administrativo instruido por Resolución de Gerencia N° 264-2025, de 14 de mayo de 2025, sea afinado y concluido íntegramente, debiendo dictarse el acto administrativo terminal que corresponda, en un plazo máximo e improrrogable de 30 días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

III. Que, la recurrida deberá informar a esta Corte el cumplimiento de lo ordenado dentro del décimo día de vencido el plazo señalado en el numeral anterior.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Pedro García M.

Rol número 769-2026.

Que no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, no firman el fallo, por encontrarse ausentes, la Ministra señora Nancy Bluck Bahamondes, autorizada conforme al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y el Ministro señor Pedro García Muñoz, quien se encuentra haciendo uso de feriado legal.

Atendido lo anterior, el presente fallo es suscrito por el Ministro señor Vicente Hormazábal Abarzúa, para efectos informáticos.