nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, quien deduce acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por estimar que la decisión notificada el 28 de octubre de 2025, que rechazó su solicitud de retiro y devolución de fondos previsionales para extranjero al amparo de la Ley N° 18.156, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales.

Expone que el recurrente es farmacéutico, con residencia definitiva en Chile, quien ha prestado servicios profesionales en el país y respecto de cuyos contratos de trabajo se habrían incorporado cláusulas previsionales en que manifestó expresamente su voluntad de acogerse a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 18.156. Señala que, no obstante dicha exención, durante la vigencia de sus relaciones laborales se le efectuaron descuentos previsionales, enterándose cotizaciones en AFP, salud y cesantía.

Indica que, en atención a lo anterior, el 24 de octubre de 2025, el actor solicitó el retiro y devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, acompañando, entre otros antecedentes, contratos de trabajo y anexos con cláusula de exención previsional, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros vigente que acredita su residencia definitiva, y constancia de afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, Venezuela.

Refiere que, mediante comunicación de 28 de octubre de 2025, la AFP recurrida informó el rechazo de la solicitud, fundado en la falta de apostilla de la constancia de afiliación al sistema de seguridad social extranjero.

Agrega que, el 31 de octubre de 2025, el recurrente dedujo reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, haciendo presente la imposibilidad material de obtener la apostilla del referido documento por no existir representación consular de Venezuela en Chile. Señala que, con posterioridad, la AFP Provida S.A., al responder el requerimiento de la Superintendencia, reiteró que el único documento idóneo para continuar la tramitación sería una constancia de afiliación vigente emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Sostiene que ese requisito resulta imposible de cumplir, toda vez que el sistema de apostilla electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no se extiende para este tipo de documentos. Añade que, con anterioridad al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile en el mes de julio de 2024, la acreditación de afiliación previsional se efectuaba mediante declaraciones juradas firmadas ante autoridad consular, actuando ésta como ministro de fe.

Expone que, pese a lo anterior, el recurrente acompañó constancia electrónica de afiliación vigente emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya autenticidad puede ser verificada en línea mediante el respectivo código de validación, y que da cuenta de su afiliación a un régimen de seguridad social que otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía.

Afirma que la negativa de la AFP recurrida importa la imposición de un requisito no contemplado en la Ley N° 18.156, fundado en una exigencia formal de cumplimiento imposible, lo que afectaría su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y su igualdad ante la ley, garantizados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo anterior, solicita que se deje sin efecto la decisión de 28 de octubre de 2025, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, continuar con la tramitación de la solicitud y, dentro de un plazo razonable, proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados, o adoptar las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la regla general del sistema previsional chileno es la obligación de cotizar para la cobertura previsional de quienes prestan servicios en el país, con independencia de su nacionalidad, y que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal, citando sus letras a) y b), así como el artículo 7° respecto de la devolución de fondos cuando existan cotizaciones en una AFP.

Añade que, por ser una norma excepcional, debe interpretarse de manera restrictiva, y que las AFP solo pueden acceder a solicitudes de exención o devolución en la medida que el solicitante acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 1° conforme a la normativa aplicable y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia. Indica que le corresponde la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones y que, en ese marco, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) dispone que para acreditar la cobertura previsional en el extranjero se debe aportar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, señalando además que la jurisprudencia administrativa ha admitido, para estos efectos, certificados otorgados por embajada o consulado cuando expresamente indiquen haber sido extendidos en representación de la autoridad competente.

Sostiene que la cobertura previsional exigida debe acreditarse en forma específica, indicando que el trabajador contó durante la prestación de servicios en Chile con protección para vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, y que, respecto de salud, se ha exigido además que la cobertura sea integral, comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias. Agrega que no basta un documento con coberturas genéricas del sistema previsional, sino que debe consignarse específicamente por la autoridad competente que el trabajador contó efectivamente con dicha protección durante todo el período trabajado en Chile, señalando también que, conforme a su jurisprudencia, la cobertura debe existir desde el inicio de los servicios y durante toda su vigencia, y ser efectiva.

En relación con el caso, indica que el recurrente acompañó un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, respecto del cual sostiene que, conforme al Compendio y a normas sobre prueba documental y apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no serviría para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, por no estar firmado ni apostillado o legalizado; agrega que dicho documento no señalaría las coberturas del recurrente ni permitiría inferir un período de cobertura, limitándose a mencionar coberturas genéricas del sistema previsional venezolano. Añade que una certificación notarial no sería idónea para probar la cobertura previsional fuera de Chile, por cuanto dicha certificación debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente.

Reitera que, siendo la Ley N° 18.156 una norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse solo si se cumplen sus exigencias copulativas; y agrega que, considerando que el procedimiento de apostilla es el previsto para que documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en Chile, y que Chile y Venezuela son Estados Parte de la Convención sobre la Apostilla, no correspondería acoger la pretensión del recurrente.

Finalmente, manifiesta que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple con las exigencias de la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, solicitando tener por cumplido lo ordenado.

A folio 8, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, sostiene que la acción de protección no sería la vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse de materias de lato conocimiento, con hechos y derechos controvertidos, que requerirían un procedimiento contradictorio distinto del cautelar, agregando que no existiría un derecho indubitado susceptible de amparo por esta vía.

En cuanto al fondo, señala que no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios, afirmando que el rechazo de la solicitud se ajustó estrictamente a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Indica que dicha ley constituye un régimen de carácter excepcional, aplicable solo si se cumplen copulativamente todos los requisitos que ella establece.

Expone que el 3 de noviembre de 2025 se rechazó la solicitud del recurrente, fundado en que el documento de afiliación al sistema de seguridad social del país de origen no se encontraba apostillado ni legalizado, y en que no se acompañó una constancia de afiliación vigente emitida por la autoridad previsional competente. Agrega que los antecedentes aportados -consistentes en una constancia electrónica de cotizaciones sin firma y una declaración jurada- no serían idóneos para acreditar la cobertura previsional exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por cuanto no emanan de la autoridad competente, no indican de manera específica las coberturas con que contaría el afiliado ni el período efectivo de cobertura, y no cumplen las formalidades exigidas para surtir efectos en Chile.

Añade que, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, para acreditar la cobertura previsional en el extranjero se requiere una certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente apostillada o legalizada, en la que conste expresamente que el trabajador contó, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, con prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Sostiene que las certificaciones electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no apostilladas ni firmadas, y las declaraciones juradas notariales no cumplen dichos estándares.

Hace presente, además, que en el contrato de trabajo acompañado, de 2 de noviembre de 2021, no constaría la manifestación de voluntad del recurrente de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero, señalando que dicha declaración solo se habría incorporado en una modificación contractual posterior, de 20 de diciembre de 2024.

Finalmente, sostiene que no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por no existir un acto ilegal o arbitrario, agravio ni afectación a garantías constitucionales, solicitando el rechazo total del recurso, con costas.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la de farmacéutico, y que cuenta con residencia definitiva.

2° Dicha persona extranjera comenzó a prestar servicios para Farmacias de Similares Chile S.A. el 2 de noviembre de 2021, desempeñándose como administrador farmacéutico, bajo un contrato de carácter temporal, el que posteriormente pasó a ser de duración indefinida según consta en anexo de contrato de 1 de febrero de 2022, consignándose en la cláusula quinta del contrato de trabajo que el trabajador acepta y autoriza al empleador a efectuar los descuentos por concepto de cotizaciones previsionales, impuestos, retenciones judiciales que procedan y multas autorizadas en el Reglamento Interno de la empresa.

3° Por anexo de contrato de trabajo de 20 de diciembre de 2024, el recurrente dejó constancia de su voluntad de mantener la afiliación al régimen de previsión extranjero de su país de origen: Venezuela, durante la vigencia de la recaudación laboral.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición fundada en la falta de constancia de afiliación vigente y apostillada o legalizada, agregando que el documento aportado no es el solicitado.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerado un técnico extranjero.

En relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del certificado descrito; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, constando que no se acreditó la concurrencia de ninguna de las restantes exigencias.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no reviste ninguna utilidad en tanto dicho documento sólo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera, por medio de una referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que tampoco permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos, sin perjuicio de recordar aquí que el derecho extranjero debe ser probado en Chile, por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como residente definitivo, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros residentes definitivos, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo, además, presente que a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7680-2025.

En Valparaíso, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.