nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES SANTIAGO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolano, en contra el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario de tener por desistida la solicitud de nacionalización mediante Resolución Exenta N°2500100267388 de 18 de noviembre de 2025, vulnerando con ello su garantía fundamental, establecida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que realizó su solicitud de nacionalización el 28 de abril de 2024, y que el 18 de noviembre de 2025, la recurrida notifica el contenido de la Resolución Exenta N° 2500100267388, que declara desistida solicitud de carta de nacionalización, esto, bajo el siguiente argumento: “(...) evaluada la petición, con fecha , mediante correo electrónico, se notificó al extranjero que la solicitud enviada se encontraba incompleta, y se le otorgó el plazo de 5 días hábiles para subsanar la falta y acompañar toda la documentación requerida, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, según consta en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (…)”.

Arguye la existencia de una primera arbitrariedad, pues no se indica la fecha en que fue notificado de la solicitud de mayores antecedentes, por lo cual el recurrente no pudo ejercer oportunamente su derecho a la defensa, al acompañar los documentos requeridos por la autoridad, pues, como se señala, menciona simplemente que se le requirió, empero, no expresó de forma inequívoca la misma. Agrega que, de la resolución se observa la segunda arbitrariedad pues, el actor solicitó la carta de nacionalización el 28 de abril de 2024, no obstante, la recurrida señala una fecha distinta a la solicitud, siendo incongruente pues, indica que solicitó la carta de nacionalización el 18 de noviembre de 2025 y, ese mismo día, lo declaró inadmisible, señalando que fue notificado requiriendo documentos En ese orden de ideas, en la parte dispositiva del acto administrativo, la autoridad alude al código de trámite ut supra individualizado, con la resolución que se recurre, pese a señalar que la solicitud es de noviembre de 2025, que, fue notificado requiriendo documentos adicionales sin especificar la época, por lo que la resolución es incongruente, vulnerando derechos fundamentales del interviniente, como la Igualdad ante la ley y el debido proceso.

Solicita se realice una nueva revisión documental, solicitando efectivamente en virtud del artículo 31 de la ley 19.880 documentación adicional pertinente, de ser el caso y que la corte adopte las medidas o providencias necesarias para finalmente acordar sin más trámite, dar continuidad a su solicitud de nacionalidad, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta recurrida y que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo de 60 días.

A folio 8, informa el Servicio Nacional de Migraciones, quien explica que el 28 de abril de 2024 el actor solicitó carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones. Posteriormente, agrega que mediante comunicación electrónica folio N° 82785666 de 28 de julio de 2025, se le notificó al recurrente mediante correo electrónico que la solicitud enviada se encontraba incompleta, y se le otorgó un plazo de 60 días hábiles para subsanar la falta de documentación consistente en la carpeta tributaria del Servicio de Impuestos Internos, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880. Sin embargo, el recurrente no subsanó la falta, acompañado un documento diverso al solicitado, por lo que se declaró desistida su solicitud de carta de nacionalización, mediante Resolución Exenta N°2500100267388 de 18 de noviembre de 2025.

Agrega que el hecho de haber sido declarada desistida la solicitud de carta de nacionalización, no acarrea ninguna sanción migratoria en su contra, toda vez que la recurrente se encuentra residiendo en el país de forma regular, siendo esta titular de permanencia definitiva.

Asimismo, indica que, el actor puede solicitar nuevamente la nacionalización cumpliendo con todos los requisitos y documentación que se solicite.

A folio 19, se decretaron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria e ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la dictación de Resolución Exenta N°2500100267388 de 18 de noviembre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de nacionalización presentada por la recurrente, por no haber subsanado suficientemente su solicitud.

Tercero: Que, el recurrido informa en síntesis que el actor no presentó antecedentes que permitieran subsanar su petición, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado en su oportunidad y tuvo por desistida su solicitud de nacionalización.

Cuarto: Que, consta que el recurrido, al considerar que la solicitud se encontraba incompleta, concedió un plazo de 60 días para que el actor subsanara la falta, mediante comunicación electrónica folio N°682785666 de 28 de julio de 2025, notificada al recurrente mediante correo electrónico, lo que en definitiva no aconteció, dictándose la consecuente resolución exenta que por esta vía se impugna y que tuvo por desistida su solicitud.

Quinto: Que, el Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en su artículo 4° numeral 3, dispone que la solicitud de nacionalización deberá contener, a lo menos, el certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite, según el caso, que el solicitante está al día en el pago de las obligaciones tributarias o que está legalmente exento de ellas.

Sexto: Que, de lo señalado precedentemente es posible concluir que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, dentro del procedimiento establecido en la ley y se encuentra fundada, sin que la parte recurrente haya acreditado efectivamente el cumplimiento del requisito legal exigido pues los documentos acompañados no resultan suficientes para tener por subsanada la solicitud, de manera que no cabe calificar de ilegal o arbitraria la decisión del Servicio recurrido.

Séptimo: Que, además, no existe una situación grave o urgente que resolver por esta vía, ya que el actor goza de residencia definitiva, por lo que su estadía en el país no se encuentra en riesgo. Por otra parte, solamente se tuvo por desistida su solicitud, sin pronunciamiento sobre el fondo, debido a lo cual puede requerir nuevamente la nacionalidad.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7678-2025.

En Valparaíso, quince de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.