PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de mayo de dos mil veintiuno.

Visto:

A folio 1, comparece Hugo Muñoz López, abogado, en representación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, deduciendo acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo y en contra de la Tesorería General de la República, solicitando se obligue a los servicios públicos recurridos, eliminar de sus bases de datos de deudores morosos, una publicación en la que la recurrente figura con una multa impuesta por la Inspección del Trabajo de Valparaíso impaga, no obstante que la misma no se encuentra ejecutoriada.

Indica que la Dirección del Trabajo tiene a su cargo el denominado Boletín de Antecedentes Laborales y Previsionales, base de datos en la cual se consigna el comportamiento laboral y previsional de los empleadores, además de publicarse en ella la existencia de multas por infracciones a las leyes sectoriales. Entre las atribuciones que ostenta la Dirección del Trabajo, se encuentra la de publicar las multas impuestas a los empleadores por las Inspecciones del Trabajo. Y, sin ninguna duda, esta facultad se extiende sólo a las infracciones que se encuentran ejecutoriadas, es decir, respecto de las cuales han transcurridos los plazos para reclamar judicial o administrativamente, de conformidad a los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo. De hecho, en los certificados correspondientes se suele aludir a multas ejecutoriadas.

Pues bien, señala que con motivo de la pandemia, y concretamente el Estado de Excepción Constitucional decretado, se dictó la ley Nº 21.226, la cual, en su artículo 8º, inciso 3º, dispone que, para el ejercicio de las acciones laborales, entre las cuales se encuentra la reclamación judicial de multas contemplada en el referido artículo 503 del Código del Trabajo, “[…] se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.” De esta manera, toda multa impuesta durante este período, bajo ningún respecto podría entenderse ejecutoriada, pues los plazos de caducidad para reclamar judicialmente, se encuentran suspendidos. Es más, lo anterior ha sido reafirmado por la propia Dirección del Trabajo, a través de la Circular Nº 92, de 9 de noviembre de 2020, que imparte instrucciones transitorias para adecuar las labores de la Dirección del Trabajo a lo dispuesto en el referido artículo 8 de la Ley Nº 21.226.

Alega que a pesar de lo expresado, la Dirección del Trabajo publicó en su Boletín de Antecedentes Laborales y Previsionales, una multa impuesta a la Universidad, en plena situación de pandemia, sin tomar en cuenta que aquélla no puede considerarse ejecutoriada, precisamente, porque los plazos para efectuar la reclamación judicial, a contar de la publicación de la ley Nº 21.226, ni siquiera ha empezado a correr. En efecto, se consigna en el certificado de 6 de abril de 2021 que acompaña, que se atribuye a su representada el no pago de una deuda ascendente a 20 Ingresos Mínimos Mensuales, producto de una multa impuesta durante el período de vigencia de la indicada ley Nº 21.226 (Multa 8518/21/001), específicamente el 21 enero de 2021. Asimismo, de conformidad con otro Certificado de Deuda generado con la misma fecha, en este caso por la Tesorería General de la República, la Universidad que representa figura como deudora morosa de la suma de $4.209.160.- Esta acreencia alude al folio “851821001”, es decir, corresponde exactamente a la misma multa ilegalmente publicada en el Boletín Laboral administrado por la Dirección del Trabajo.

Reitera que, la inclusión de dicha multa, tanto en el Boletín Laboral, como en el Certificado de Deuda de la Tesorería General de la República, es absolutamente ilegal e improcedente, toda vez que la multa en cuestión fue impuesta en enero de 2021, es decir, durante el período de vigente de la Ley Nº 21.226 y, por ende, no se encuentra ejecutoriada por no haber transcurrido los plazos para su reclamación judicial.

Alega que el actuar de las recurridas, es arbitrario e ilegal, además, de vulnerar los derechos fundamentales de la recurrente establecidos en los números 2, 3, inciso quinto, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, ya que las publicaciones efectuadas genera, de manera inmediata, el bloqueo en los portales www.chileproveedores.cl, www.chilecompras.cl y www.mercadopublico.cl, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Públicas, lo que les impide acceder a la contratación con entes del Estado y, además, recibir los pagos que correspondan por contratos ya suscritos.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción, y que se ordene a los organismos públicos recurridos, eliminar la publicación de la multa no ejecutoriada referida en el cuerpo del escrito, todo con costas.

A folio 10, evacua informe la Tesorería General de la República, indicando que en este caso particular, su representada no ha iniciado procedimiento de cobro alguno por el folio indicado en su requerimiento. Luego, añade que una vez que la Dirección del Trabajo emite una resolución cursando una multa administrativa con motivo de un proceso de fiscalización, y sólo cuando esta se encuentra ejecutoriada, dicho organismo fiscalizador registrará en el Sistema de Cuenta Única Tributaria el crédito a favor del Fisco, siendo por ende dicho servicio el facultado para cargar, eliminar o modificar el cargo previamente efectuado.

Precisa que según los certificados de cuenta obtenidos desde la cuenta única tributaria del recurrente, se registra que se cargó el formulario 42, folio 8518210011, derivado de multa cursada por la Dirección del Trabajo. Relacionado con ello, y sin perjuicio de los cargos realizados por la Dirección del Trabajo en la cuenta única tributaria del recurrente, su representada descargó la multa indicada con fecha 14 de abril del año 2021, lo que se aprecia de los certificados de cuenta acompañados, lo que acredita que la recurrente no registra deuda morosa.

Concluye que de esta forma el servicio no tiene conocimiento sobre los motivos de los cargos, modificaciones o descargos que pudieron ocurrir en este caso particular, ya que como se ha indicado, es la Dirección del Trabajo el organismo girador responsable de la información que se registra en el sistema de cuenta única tributaria.

A folio 11, evacua informe la Dirección del Trabajo, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Indica en primer lugar, que su representada se encuentra legalmente facultada para publicar las deudas laborales y previsionales informadas por las instituciones acreedoras en el Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional, situándose esta labor dentro de sus funciones fiscalizadoras respecto de materias propias de su competencia.

Para el debido cumplimiento de esta labor, la Dirección del Trabajo entregó, previa adjudicación de propuesta pública, la elaboración, administración, distribución y difusión del Boletín de infractores a la Legislación Laboral y Previsional a la empresa Equifax S.A., a través de contrato de fecha 24 de diciembre de 2014, aprobado por Resolución Exenta N° 2602, de misma fecha, de este Servicio. Ahora bien, la recurrente reprocha a esta Dirección el haber publicado una multa cursada por la Inspección del Trabajo del Valparaíso sin encontrase ésta ejecutoriada. Primero que todo, debe indicarse que la multa a que se refiere la recurrente corresponde la Nº 8518/21/1 de 21 de enero de 2021, cursada por “no exhibir la empresa toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización”, ascendiente a 20 IMM, equivalente a $ 4.209.160.

Argumenta también la recurrente que la Dirección del Trabajo ha vulnerado la Ley Nº21.226, en específico lo dispuesto en el artículo 8, inciso 3º, que señala: “para el ejercicio de las acciones laborales, se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por el DS Nº104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso”.

Así las cosas, es del caso señalar que en caso alguno la Dirección del Trabajo ha vulnerado las normas invocadas por la recurrente, ya que la multa no fue reclamada en sede administrativa ni judicial, encontrándose los plazos más que vencidos para poder accionar por medio de dichas vías. Lo que señala expresamente la Ley Nº 21.226 en su artículo 8 es que la demanda debe interponerse de todas formas para que se entienda interrumpida la prescripción, lo que no ocurrió en la especie. Más relevante aún es señalar que la recurrente no figura en el boletín de antecedentes laborales y previsionales como morosa, tal como se acredita en certificado que para el efecto se acompaña. Dicha situación se encuentra además ratificada en virtud de lo indicado por la Tesorería General de la República al informar. Por tanto, malamente podría existir vulneración en este caso si no existe tal publicación aludida por la recurrente.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, denuncia como ilegal y arbitrario la publicación que habría sido realizada por las recurridas, de una multa impuesta por la Inspección del Trabajo con fecha 21 de enero de 2021, en circunstancias que ésta no se encontraría ejecutoriada, solicitando se obligue a los servicios públicos recurridos eliminar las publicaciones referidas.

Tercero: Que en primer lugar, en lo que respecta a la Dirección del Trabajo, se debe tener presente que más allá de la existencia del plazo para reclamar la multa, no consta en estos antecedentes el hecho de la publicación alegada, es dicha circunstancia está expresamente negada por el servicio recurrido, quien adjuntó a estos antecedentes “Certificado Boletín Laboral de Equifax” de fecha 14 de abril 2021, el que da cuenta que la Universidad recurrente no registra información.

Cuarto: Que luego, en relación a la Tesorería General de la República, ésta informó y acreditó debidamente, según consta de folio 10, que al día 26 de abril del presente año la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no registra deudas morosas.

Quinto: Que en consecuencia y, no existiendo la situación fáctica por la cual se recurre, no se advierte qué medidas se podrían adoptar por esta Corte de Apelaciones, razón por la cual se rechazará el presente arbitrio, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a folio 1, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso y de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7666-2021.- En Valparaíso, once de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.