nombre reservado con ADMINITRDORA DE FONDOS DE PENCIONES PROVIDA S.A.

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en rechazar mediante notificación de 28 de octubre de 2025 su solicitud de retiro de fondos para extranjero identificada con el N° 1283309, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó ante AFP Provida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. Señala que, mediante correo electrónico de 28 de octubre de 2025, fue notificado del rechazo fundado en que "Constancia de afiliación vigente debe estar Apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado". Alega que, la Administradora incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley y obstaculizó injustificadamente la solicitud de retiro de fondos, interpretando erróneamente la normativa y desconociendo su propósito.

Asevera que, el recurrente cumple con todos los requisitos legales ya que es profesional extranjero, se encuentra afiliado a la seguridad social venezolana y manifestó su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo.

Refiere que, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales puede ser verificada a través del link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss ingresando el código de verificación N° 633897103-20251009.

Aduce que, además acompañó certificado de afiliación expedido por el Consulado de Venezuela en Chile y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Agrega que, la recurrida yerra al argumentar que el certificado no se encuentra vigente, desconociendo el hecho cierto de que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Menciona que, la constancia electrónica es verificable mediante medios electrónicos y emana de un organismo público venezolano.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se realice un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 8, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. sostiene que, la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio. Indica que, se rechazó la solicitud del recurrente porque la constancia de afiliación vigente debe estar apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y el documento aportado corresponde a una constancia de cotización sin firma.

Alega que, según Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, sino que se debe consignar en forma específica por la autoridad previsional competente que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Arguye que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional.

Menciona que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Argumenta que, la Superintendencia de Pensiones ha dictado el Compendio de Normas en cuyo Libro II Título XI indica que el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Asevera que, la Ley 18.156 faculta a ciertos extranjeros para obtener la devolución de los fondos previsionales siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1°, siendo una norma de excepción que debe ser interpretada en forma restrictiva.

Refiere que, el actuar de AFP ProVida no es ni ilegal ni arbitrario por cuanto para efectos de realizar la devolución de fondos previsionales solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Concluye solicitando que se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección con expresa condenación en costas.

A folio 9, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, este sostiene que, el señor nombre reservado no registra ante este organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada. Expone que, en la legislación de seguridad social chilena la regla general está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en Chile de enterar cotizaciones para su cobertura previsional independientemente de su nacionalidad, de modo que el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

Señala que, la Ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1°.

Indica que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos. Alega que, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales a los trabajadores extranjeros afiliados a una AFP siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1°. Argumenta que, las Administradoras de Fondos de Pensiones solo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N°18.156 de conformidad a la normativa aplicable y a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta Institución.

A folio 9, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerado:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales notificado en fecha 28 de octubre de 2025 por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., pretendiendo el recurrente que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, se realice un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que, la recurrida informa, en síntesis, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, que no existe un derecho indubitado sino controvertido, que rechazó la solicitud porque la constancia de afiliación vigente debe estar apostillada y el documento aportado corresponde a una constancia de cotización sin firma que no acredita en forma específica la cobertura por todos los riesgos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, que conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones las certificaciones electrónicas que no han sido legalizadas o apostilladas y que se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional, que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe ser interpretada restrictivamente, y que AFP Provida debe observar todas las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Por su parte, la Superintendencia de Pensiones informa que el señor nombre reservado no registra reclamo alguno ante ese Organismo, que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores extranjeros que cumplan los requisitos copulativos del artículo 1°, que el certificado electrónico aportado no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional porque no se encuentra firmado ni apostillado o legalizado y se limita a mencionar de forma genérica las coberturas, y que no cuenta con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156.

Cuarto: Que, el artículo 1 de la Ley N 18.156, establece que "las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estar exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos í de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, de lo informado en la causa y antecedentes acompañados, se concluye que lo solicitado por el recurrente fue rechazado por no incorporarse el certificado del régimen previsional del extranjero en el cumplimiento de los requisitos de legalización o apostilla exigidos para que tal tenga valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y de conformidad a lo dictaminado por la Superintendencia de Pensiones.

Sexto: Que, de los documentos presentados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado, ni apostillado al efecto. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. Respecto del resto de los antecedentes incorporados no permiten dar cuenta de lo contrario puesto que salvo su certificado de licenciatura, ningún otro cuenta con la legalización o apostilla requerida.

Séptimo: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida S.A., puesto tan solo ha requerido del cumplimiento de la norma vigente para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Además, de lo anterior, es necesario señalar que la circunstancia en que se encuentra el peticionario, que tiene residencia definitiva en Chile no se condice con los fines de ley N°18.156 que se refiere a trabajadores que desarrollan labores técnicas, en forma transitoria, en el país.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7658-2025.