nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156, comunicado mediante correo electrónico de 27 de octubre de 2025, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó a la recurrida la devolución de sus fondos previsionales amparándose en la Ley N°18.156, normativa que exime de cotizaciones a técnicos extranjeros bajo ciertas condiciones. Señala que la AFP rechazó su solicitud argumentando el incumplimiento de requisitos, específicamente que el certificado emitido por la entidad de seguridad social extranjera debe encontrarse debidamente legalizado o apostillado. Argumenta que el recurrente cumple íntegramente con los requisitos de la ley, siendo técnico profesional afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen.

Asevera que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que acompañó es un documento válido que cuenta con un código de verificación y código QR, permitiendo corroborar su autenticidad directamente en el portal web oficial de dicha institución. Sostiene que la exigencia de apostilla constituye una barrera formal excesiva e injustificada, considerando la actual inexistencia de relaciones diplomáticas y representación consular de Venezuela en Chile, lo que torna imposible la obtención de dicha legalización.

Afirma que la recurrida actúa de forma caprichosa al no utilizar los medios tecnológicos disponibles para verificar la afiliación, vulnerando la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos.

Concluye solicitando que se reconozca la validez de la documentación acompañada ante la recurrida y se le ordene efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

A folio 6, evacúa informe Roberto Felipe Díaz Bravo, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., señalando que el recurso es improcedente por no existir un derecho indubitado, ya que el actor pretende el reconocimiento de un derecho cuyo cumplimiento de requisitos no ha acreditado conforme a la ley.

Expone que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo para la devolución de fondos acreditar la doble cobertura previsional mediante documentos debidamente legalizados o apostillados, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Indica que el recurrente presentó una constancia electrónica del IVSS y una declaración jurada simple sin firma, documentos que carecen de la legalización necesaria para ser válidos en Chile.

Asevera que la verificación web sugerida por el actor no sustituye el trámite de legalización o apostilla exigido por la normativa vigente y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Sostiene que no ha actuado de manera arbitraria, sino en estricto cumplimiento de la ley y la normativa sectorial que impide cursar solicitudes sin la documentación idónea. Agrega que la situación diplomática no exime del cumplimiento de las formalidades legales para instrumentos públicos extranjeros.

Finalmente pide que se rechace el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A folio 7, evacúa informe nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Refiere que no existen reclamos administrativos previos del recurrente ante dicho organismo.

Explica que la regla general es la obligación de cotizar en Chile y que la Ley N°18.156 es un régimen excepcional que requiere cumplimiento copulativo de requisitos. Asevera que, conforme a la jurisprudencia administrativa y judicial, el requisito de afiliación a un régimen extranjero debe acreditarse mediante certificación de la autoridad competente debidamente legalizada o apostillada.

Sostiene que la declaración jurada o las constancias electrónicas sin apostilla no son documentos idóneos para acreditar la cobertura previsional en los términos que exige la ley para autorizar la devolución de fondos.

A folio 8, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156, fundado en la falta de apostilla del certificado de seguridad social extranjero, lo que el recurrente califica de arbitrario dada la posibilidad de verificación electrónica del documento y la imposibilidad material de legalizarlo. Por lo anterior, solicita que se ordene la devolución de dichos fondos.

Tercero: Que, las recurridas informan, en síntesis, que la constancia electrónica simple y la declaración jurada no tienen validez legal en Chile para estos efectos, y que la exigencia de formalidades no es arbitraria sino un mandato legal ratificado por la normativa de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia, por lo que no existe vulneración de derechos al rechazar una solicitud que no cumple con los estándares probatorios legales.

Cuarto: Que no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la AFP HABITAT S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Quinto: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Sexto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones. En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Séptimo: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley N°18.156, ya citado.

Octavo: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias en relación con la materia debatida:

1.- Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión debidamente acreditada es la de Ingeniero Civil en Electricidad y que cuenta con residencia definitiva;

2.- Dicha persona extranjera ingresó a prestar servicios para Ingeniería Inedel Ltda. el 5 de diciembre de 2022 con un contrato de carácter indefinido;

3.- Por anexo de contrato de trabajo de 20 de agosto de 2024, el recurrente dejó constancia de su voluntad de mantener vigente su afiliación al régimen previsional de su país;

4.- El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición señalando que el certificado de afiliación no se encuentra debidamente legalizado o apostillado.

Noveno: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1 de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la AFP PROVIDA sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Décimo: Que, de acuerdo con lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir, que si bien el recurrente puede ser considerado un técnico extranjero, lo cierto es que el documento previsional acompañado efectivamente no se encuentra apostillado, única forma en que puede tener plena validez en Chile, atento lo prescrito en la Convención de La Haya.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como residente definitivo, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros residentes definitivos, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo, además, presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-7654-2025.