nombre reservado con HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que la abogada Gabriela Castillo Muñoz recurre de protección en favor de nombre reservado y en contra del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, cuestionando la ilegalidad y arbitrariedad de dos actos: el primero, la Resolución TRA N° 110613/3/2022 de 7 de marzo de 2022, que declaró vacante por salud incompatible, su cargo técnico de auxiliar dental a contrata asimilado al grado 22° de la E.U.S.; el segundo, el Oficio Ordinario N° 197 de 6 de abril de 2022 que rechazó su recurso de reposición, lo que atenta contra sus garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita dejar sin efecto los actos reclamados y ordenar a la recurrida que la reincorpore a las labores que desempeñaba antes de su separación, con pago de las remuneraciones durante todo el tiempo de su alejamiento, manteniéndola en las mismas condiciones, con costas.

En síntesis, explica que desde septiembre de 2017 desarrolla labores en calidad a contrata, con calificación en lista de distinción, cuatro anotaciones de mérito y sin procesos ni sanciones disciplinarias. Reconoce que durante los años 2019 a 2021 hizo uso de licencias médicas por diversas patologías y situaciones personales de carácter grave. Reclama que los actos impugnados carecen de motivación y no se ajustan a las normas contempladas en el Estatuto Administrativo ni el principio de la confianza legítima.

Que informa el recurrido Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, quien solicita rechazo del presente arbitrio, porque al mes de diciembre de 2021 la recurrente registraba un total de 221 días de ausentismo laboral, lo que excede el término de seis meses de los últimos dos años, considerando que su contrata inició en abril de 2018. Luego, atento a la facultad que le otorga el Estatuto Administrativo, la autoridad procedió a declarar vacante su cargo, el que está debidamente fundamentado y tomado razón por la Contraloría Regional de Valparaíso, cuyo mérito técnico, además, viene dado por el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, que declaró recuperable la salud de la ex funcionaria.

Que informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, quien se limita a ratificar el acto administrativo en cuya virtud la COMPIN declaró como recuperable la salud de la actora.

Que informa la Contraloría Regional de Valparaíso, señalando que por encontrarse judicializado este asunto, su ley orgánica le obliga abstenerse de intervenir e informar, no obstante lo cual ratifica que con fecha 16 de marzo de 2022 tomó razón del primer acto administrativo que se reclama.

Que se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, lo reclamado por esta vía se dirige contra dos actos dictados por la autoridad recurrida, el primero que declaró vacante por salud incompatible el cargo a contrata servido por la actora y, el segundo, que rechazó la reconsideración administrativa. El cuestionamiento viene dado, conforme el libelo de folio 1 y lo sostenido en estrados por la abogada, en dos consideraciones: falta de motivación e incumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley N° 18.834, respecto del plazo en que deben computarse las ausencias.

Tercero: Que, conforme al mérito de los antecedentes, se tienen por establecido los siguientes hechos:

1.- Desde el 1 de abril de 2018, la recurrente ha cumplido las labores de auxiliar dental, bajo la modalidad a contrata, asimilada al grado 22 de la escala única de sueldos, de la planta técnica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Además, y sin solución de continuidad, ejerció dichas labores hasta el 31 de marzo de 2022, fecha esta última en que se hizo efectivo la vacancia de su cargo, por salud incompatible.

2.- La recurrente hizo uso de licencias médicas desde el 4 de marzo de 2019 hasta el 5 de julio de 2021, por diversas patologías, reintegrándose a sus funciones en el mes de septiembre del año pasado, y mientras las ejercía, el 21 de marzo de 2022 fue notificada de la resolución que declaró su vacancia.

3.- El 13 de octubre de 2021, el servicio recurrido solicitó pronunciarse a la COMPIN si el estado de salud de la actora es o no recuperable, para lo cual insertó en su solicitud un cuadro que detalla el número de días de licencia médica, entre el periodo comprendido entre los días 4 de marzo de 2019 al 5 de julio de 2021.

4.- Por Resolución Exenta N° 75 de 13 de octubre de 2021 la COMPIN resolvió, en consideración a la evaluación de los antecedentes médicos y administrativos, que la recurrente “adolece de un estado de salud recuperable”.

5.- Por Resolución TRA N° 110613/3/2022 de 7 de marzo de 2022, en uso de la facultad prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, la recurrida declaró la vacancia por salud incompatible del cargo servido a contrata por la afectada, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los último dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

6.- Mediante Oficio Ordinario N° 197 de 6 de abril de 2022, la recurrida desestimó el recurso de reconsideración administrativo que dedujo la funcionaria, aduciendo, en lo medular, que su actuación se ajustó a derecho y que ello se ve refrendado por la toma de razón realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso, con fecha 16 de marzo de 2022.

Cuarto: Que, la letra a) del artículo 150 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que la declaración de vacancia procederá por la causal de “Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A continuación, su artículo 151 prevé: “El jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Quinto: Que, si bien la ley otorga a la autoridad de salud la facultad de declarar incompatible la salud con el cargo de quien se encuentre en la situación prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, teniendo salud recuperable, sin embargo dicha decisión debe cumplir con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad propios de todo acto administrativo. El tenor de esta norma reconoce el ejercicio de una facultad discrecional por parte de la autoridad respectiva, esto es, que no se encuentra imperativamente obligado a aplicarla, pero en el caso que la ejerza debe justificar razonablemente su aplicación.

Es decir, no basta con haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años para concluir que el funcionario tiene salud incompatible con el cargo, sino que debe entregarse un motivo que justifique racionalmente que, aun siendo recuperable su salud, el mismo ya no puede desempeñar el cargo en cuestión.

Sexto: Que, la parte considerativa del primer acto recurrido, a saber la Resolución TRA N° 110613/3/2022 de 7 de marzo de 2022, además de señalar los artículos 150 y 151 de la Ley N° 18.834, lo resuelto por la COMPIN, en orden a que la salud de la recurrente es recuperable, argumenta que aquella “presenta 221 días de ausentismo a diciembre 2021, siendo Contratada a contar de diciembre de 2018, lo que supera el plazo de 6 meses señalado en el artículo 151 del Estatuto Administrativo” y concluye que “de lo precedentemente expuesto, se deprende que respecto de la funcionaria se cumplen los dos requisitos que consagra la Ley para que el suscrito haga uso de la facultad que le confiere el Artículo 151”.

Séptimo: Que, los fundamentos contenidos en la resolución mencionada adolecen de falta de coherencia por ser contradictorios, lo que hacen ininteligible la decisión adoptada. En efecto, por una parte la autoridad acepta la decisión de la COMPIN en cuanto a la recuperabilidad de la salud de la recurrente, y señala que la declaración de vacancia obedece a la incompatibilidad del funcionario para desempeñar las labores para las que fue contratado. Sin embargo, omite dar cuenta de cuáles serían los impedimentos, las razones técnicas, administrativas, presupuestarias o de otra índole que tornarían incompatible su desempeño.

En este punto, debe reiterarse que el apartado final del último inciso del artículo 151 antes citado, el legislador estableció expresamente “y que no le permite desempeñar el cargo”. Ninguna explicación sobre este último requisito normativo expuso la recurrida tanto en la resolución que declaró la vacancia, como en el oficio que desestimó la reposición administrativa, e incluso, en estrados, el abogado del Hospital Claudio Vicuña tampoco se hizo cargo de aquello y, es más, sostuvo que tal requisito no resulta procedente se traiga a colación, habiéndose cumplido el uso de licencias médicas por más de seis meses dentro de los últimos dos años y declarándose como recuperable su salud. Esta omisión implica una arbitrariedad manifiesta, desde que al no contar razones sobre los motivos de hecho que justificarían la imposibilidad de que la recurrente continúe desempeñando su cargo, debe entenderse que lo decidido obedece al mero capricho del recurrido y es también ilegal, por incumplir el requisito de que se trata.

Octavo: Que, no obstante lo anterior y mayor abundamiento, también se concluye que la decisión reclamada es ilegal, porque no se cumple con el supuesto del periodo de ausentismo, regulado en el artículo 151 del Estatuto Administrativo. En efecto, de la tabla individualizada en el numeral 3 del considerando tercero de esta sentencia, se advierte que el lapso considerado por la autoridad recurrida supera los últimos dos años, por cuanto considera el reposo por licencia médica desde el 4 de marzo de 2019 hasta el 5 de julio de 2021, de manera tal que si se suprimen los días de ausencia entre la primera fecha citada y el 19 de diciembre de 2019, implica restar 70 días al cálculo de 210 días de ausentismo considerado por el servicio, lo que arroja un total de 140 días en uso de licencias médicas, lo que en caso alguno supera el plazo de seis meses establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Noveno: Que, la omisión ilegal y arbitraria establecida, constituye un atentado a las garantías de igualdad ante la ley y propiedad, por cuanto se discrimina arbitrariamente a la recurrente en comparación con otros funcionarios a quienes se les ha puesto término a su contrata por salud incompatible cumpliendo los requisitos legales, lo que trae aparejado que se le prive del goce de las remuneraciones y demás emolumentos que conforman su patrimonio, razones por las cuales este arbitrio será acogido.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, por lo que se dejan sin efecto la Resolución TRA N° 110613/3/2022 de 7 de marzo de 2022, el Oficio Ordinario N° 197 de 6 de abril de 2022 y los demás actos que son consecuencia de aquellos actos, y se ordena al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio que reincorpore a la recurrente en el mismo cargo que desempeñaba antes de su separación, y proceda a pagarle todas las remuneraciones y estipendios que correspondan, devengados entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Rosa Herminia Aguirre Carvajal quien estuvo por rechazar el presente arbitrio, por cuanto los actos recurridos fueron adoptados por autoridad competente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 151 de la Ley N° 18.834 y de acuerdo al mérito de los antecedentes que obraban en poder del Director del Hospital Claudio Vicuña, cuya legalidad fue examinada y tomada razón por la Contraloría Regional de Valparaíso, lo que ratifica que la conducta reprochada se encuentra ajustada a derecho, no siendo por tanto ni arbitraria ni ilegal.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-76233-2022.