nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Llg C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, a fin de que se adopten las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los Derechos Constitucionales establecidos en el artículo 19 numeral 24º de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a esta parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida.

Señala la recurrente, que, durante el año 2020, mientras me desempeñaba como trabajadora dependiente, realizando la labor de cajera en Hipermercados Tottus S.A., solicitó un crédito a la Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, suscribiendo un pagaré por una suma total de $5.000.000.-(cinco millones). Dicho préstamo era descontado directamente de sus remuneraciones, en atención al convenio que mantenía CCAF Los Andes con su antiguo empleador.

Agrega, que, a principios del año 2022 fue desvinculada de su empleo, iniciando así, un periodo bastante complejo en el ámbito financiero. Debido a lo anterior, y ya no contando esta parte con un trabajo estable, CCAF Los Andes, no siguió realizando los descuentos por planilla, pero, de todas formas, y con parte del finiquito recibido luego de su despido, continuó haciendo los pagos a la Caja para así evitar cualquier situación de morosidad. Sin embargo, y debido a los problemas financieros ocasionados por la falta de empleo, no pudo dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con dicha institución de manera íntegra, constituyéndose en mora respecto del crédito solicitado a partir del mes de noviembre del año 2022.

Sostiene, que, en el mes de septiembre del año 2024, encontró un trabajo estable, como cajera para el supermercado SOCIEDAD COMERCIAL EL CANARIO LTDA, Rut RUT reservado, hasta la fecha.

Indica, que, al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de octubre de 2025, se percató que había un ítem por el cual se le estaba descontando dinero, desconociendo en ese entonces el origen de dicha retención. Al analizar el detalle de esta, pudo constatar que existe un cobro a favor de la CCAF Los Andes por un monto que asciende a $163.076, por ítem denominado “Créditos Personales CCAF 7/60”.

Añade, que. desde que comenzó en su nuevo trabajo en el mes de octubre de 2024, tiene la legítima expectativa de percibir las remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo con lo pactado con su empleador.

Indica, que la CCAF Los Andes no realizó ninguna gestión judicial para obtener el pago del crédito, más allá de contactarla de forma recurrente para informar que se había presentado una demanda en su contra por el total del crédito. Frente al acoso de los llamados realizados por la recurrida, esperó a que se le notificara la demanda para ver si existía alguna posibilidad de pagar en cuotas más bajas, pero dicha notificación nunca llegó, por lo que a la fecha desconoce si efectivamente se inició el cobro judicial o si solo fue una forma de presión para que realizara el pago.

Afirma, que no existe razón legal alguna para que se hubiese procedido a este cobro, atendido que la recurrida, habría dado inicio a la cobranza judicial del crédito según lo informado por sus empleados, haciendo valer el derecho que el título ejecutivo le otorga, y además se encuentra cobrando extrajudicialmente por medio de la retención en comento, lo que en definitiva se traduce en una grave vulneración a sus derechos.

Señala, que, jamás fue informada previamente por algún canal de comunicación respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar los descuentos que finalmente ordenó a su empleador. Es por esa razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de alguna clase que le permitieran prever una afectación en su sueldo, más aún, cuando ya había alerta de la demanda ejecutiva presentada por La CCAF Los Andes, lo que exacerba lo ilegal de la retención practicada sobre sus remuneraciones.

Indica, que como se desprende de todo lo señalado anteriormente, el cobro que en este caso está realizando La Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes, no sería oportuno y el actuar de la recurrida comprende un acto arbitrario y carente de fundamento legal, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, restableciendo el imperio del derecho y asegurando su debida protección, A folio 8, evacúa informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Sostiene el mentado informe que con fecha 20 de julio de 2022, la recurrida, otorgó a la señora nombre reservado, la operación de crédito código N° 046CON103506340, por un capital inicial de $4.652.573.-, a una tasa de Interés mensual de 1.85%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $138.919.-, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de septiembre de 2022. Agrega, que las mensualidades de septiembre de 2022 a enero de 2023, cuotas de la N°01 a la N°05, fueron pagadas entre el 06 de octubre de 2022 y el 06 de febrero de 2023. A continuación, las cuotas de febrero a abril de 2023, de la N°06 a la N°08, fueron diferidas al final del crédito en cuestión, posterior a la última cuota pactada. Además, la mensualidad de mayo de 2023, N°09, fue pagada el 15 de junio de 2023. Posteriormente, la requirente, el 24 de julio de 2023, reprogramó su deuda por un valor de $4.648.376.-, a una tasa de interés mensual de 1.85%, pagadero en 60 cuotas de $132.934.-, donde el primer vencimiento fue el 30 de septiembre de 2023. De esta reprogramación, las mensualidades de septiembre a diciembre de 2023, de la N°01 a la N°04, fueron pagadas entre el 12 de octubre de 2023 y el 13 de febrero de 2025. Igualmente, y producto de la morosidad en las cuotas de enero de 2024 a enero de 2025, de la N°05 a la N°17, la recurrente el 26 de febrero de 2025, reprogramó su deuda por un valor de $5.702.337.-, manteniendo la misma tasa de interés mensual, pagadero en 60 mensualidades de $163.076.-, donde el primer vencimiento fue el 30 de abril de 2025. Las cuotas de abril a octubre de 2025, de la N°01 a la N°07, fueron pagadas entre el 12 de marzo y el 12 de noviembre de 2025, por lo que se encuentra con sus pagos al día. Afirma la recurrida, que la recurrente olvidó la reprogramación de fecha 26 de febrero del presente año, por lo que es imposible que no haya sabido de los descuentos y solo se hubiese enterado de ellos en el descuento de octubre. No existe morosidad a la fecha, pues sus pagos se encuentran al día.

Afirma, que Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que ordena a la Caja acreedora proceder con el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirma que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Acompaña expediente de crédito.

A folio 9, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, procede frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la recurrente denuncia la afectación de su derecho de propiedad sobre las remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución, al haberse practicado descuentos directos por concepto de “Créditos Personales CCAF 7/60”, sin haber sido notificada previamente de gestión judicial alguna que habilitara tal medida, lo que le impidió ejercer defensas como la prescripción o la reprogramación en condiciones distintas.

Tercero: Que, informando la recurrida Caja de Compensación Los Andes, señala que existe un crédito vigente otorgado a la actora, que fue reprogramó el 24 de julio de 2023, motivos por lo que considera su actuar ajustado a la normativa vigente ya que el crédito, a su vez, no ha sido cobrado por otra vía distinta al descuento por planilla.

Cuarto: Que, efectivamente, consta de los antecedentes que el crédito que se le está cobrando a la recurrente fue requerido y reprogramado por ella, por lo que no se advierte que su cobro sea arbitrario o ilegal.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad NºProtección-7618-2025.