nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la decisión comunicada el 30 de octubre de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, lo que estima vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y el derecho a no ver afectado el ejercicio de los derechos por requisitos que impidan su libre ejercicio, consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que la Sra. nombre reservado solicitó el retiro de fondos al amparo de la Ley N° 18.156 y que, mediante contacto telefónico de fecha 30 de octubre de 2025, la recurrida le informó que su solicitud había sido rechazada por no haber acompañado un certificado de afiliación previsional apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Afirma que esta exigencia no está contemplada en la normativa especial, la cual solo requiere acreditar afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Señala haber acompañado certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado y apostillado, así como una constancia electrónica de cotizaciones verificable en línea mediante el código incorporado en el documento, por lo que -a su juicio- la AFP contaba con medios suficientes para comprobar la autenticidad de los antecedentes. Sostiene que la negativa a utilizar dichos mecanismos y la exigencia de apostilla constituyen una interpretación formalista que introduce requisitos no previstos en la ley, resultando especialmente gravosa para nacionales venezolanos, atendida la dificultad de obtener documentación consular apostillada.

Alega que otras administradoras han aceptado constancias electrónicas similares y que la jurisprudencia ha reconocido que la exigencia de formalidades de imposible o muy difícil cumplimiento puede tornar ilegal o arbitraria la actuación administrativa cuando existen medios de verificación alternativos idóneos. Afirma que las prestaciones de la seguridad social venezolana cubren las contingencias requeridas por la Ley N° 18.156 y que la interpretación efectuada por Provida S.A. desconoce la finalidad de dicha normativa, afectando su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta individual.

Finalmente, solicita se declare ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud, se reconozca como válida la documentación presentada para acreditar su afiliación previsional en el extranjero y se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y, en definitiva, efectuar la devolución de los fondos previsionales o adoptar las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, la Superintendencia de Pensiones evacúa informe, señalando en primer término que la recurrente no ha presentado reclamo alguno ante dicho organismo por los hechos que motivan la acción, por lo que no registra antecedentes específicos sobre su situación previsional.

Indica que, conforme a la legislación de seguridad social, la obligación de cotizar en Chile es la regla general y que la Ley N° 18.156 constituye un régimen excepcional de exención y devolución de fondos, aplicable solo a técnicos o profesionales extranjeros que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1°, los que -según su jurisprudencia administrativa- deben acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizada o apostillada, en que se consigne en forma específica que el trabajador contó efectivamente, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, con cobertura para vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias.

Sobre el caso concreto, expresa que los documentos acompañados, esto es, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y declaración jurada de la recurrente, no son idóneos para acreditar dicha cobertura, desde que la declaración no emana de la autoridad previsional competente y la constancia electrónica carece de firma, apostilla y precisión respecto de las coberturas y período protegido, limitándose a una referencia genérica al sistema venezolano.

Cita, además, pronunciamientos previos de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema en que se ha rechazado recursos en situaciones similares por no cumplirse los requisitos formales y sustantivos exigidos para la devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, y concluye que no dispone de antecedentes que permitan afirmar que la actora satisface tales exigencias, solicitando tener por evacuado el informe en los términos expuestos.

A folio 7, informa la recurrida AFP Provida S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas. Señala en primer término que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias que -a su juicio- requieren un debate de lato conocimiento, existiendo controversia respecto del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, por lo que no se trataría de un derecho indubitado susceptible de protección por esta vía.

Sostiene que no ha existido acto ilegal ni arbitrario por parte de la administradora, pues el rechazo de la solicitud de la recurrente se fundó en el incumplimiento de las exigencias previstas por la normativa aplicable y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. En particular, afirma que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituye un documento idóneo para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por carecer de firma, apostilla y de una certificación específica de cobertura para los riesgos de enfermedad (incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte, durante todo el período en que el trabajador prestó servicios en Chile. Añade que la declaración jurada acompañada por la actora tampoco tiene valor probatorio para estos efectos, al no emanar de la autoridad previsional competente.

Refiere además que el contrato de trabajo de la recurrente no consignó originalmente la voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero, requisito que sólo habría sido incorporado mediante una modificación contractual posterior de fecha 21 de julio de 2025, lo que en su concepto resulta insuficiente a la luz de la jurisprudencia judicial y administrativa vigente.

Sostiene que, conforme al principio de territorialidad, los trabajadores que prestan servicios en Chile quedan sujetos al régimen previsional nacional salvo en los casos excepcionales previstos por ley, y que la devolución de fondos previsionales es una excepción de interpretación restrictiva, procedente únicamente cuando se acreditan copulativamente todos los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Afirma que, en este caso, tales exigencias no se encontrarían cumplidas, por lo que la negativa de Provida S.A. no vulneraría derecho alguno.

En definitiva, concluye que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida; que no se ha causado perjuicio a la actora; y que no se configura privación, perturbación ni amenaza de garantías constitucionales, por lo que pide rechazar el arbitrio con expresa condenación en costas.

A folio 8, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, por esta vía se impugna la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., que rechaza la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora formulada al amparo de la Ley N° 18.156, sosteniendo ésta haber acompañado documentación suficiente para acreditar los requisitos que dicha normativa exige y que la solicitud de apostillar el certificado de afiliación -no prevista en la ley- constituye un requisito adicional que torna ilegal y arbitraria la decisión recurrida.

TERCERO: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que, para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, se requiere certificación emanada de la autoridad previsional del país de origen -o de representación consular actuando como tal- debidamente legalizada o apostillada, que consigne de manera específica la cobertura en enfermedad (prestaciones médicas y pecuniarias), invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile. Señala que ni la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada en autos, por carecer de firma, apostilla o precisión del período cubierto, ni la declaración jurada presentada, cumplen los requisitos para acreditar la cobertura extranjera requerida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

CUARTO: Que, para resolver, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica y que menciona la Ley N° 9.705, regula las siguientes exigencias para acogerse a dicho beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida". A su turno, el artículo 7° de la citada ley dispone: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley".

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, establece expresamente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte".

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En tal sentido, el hecho de incorporar un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales exigidos para que los instrumentos públicos extranjeros surtan efectos en Chile, máxime cuando el ordenamiento jurídico contempla expresamente la legalización o apostilla como condición para su reconocimiento, y la eventual dificultad práctica para obtener tales formalidades no exime al interesado del cumplimiento de las obligaciones que la ley impone, salvo disposición expresa en contrario.

SEXTO: Que, asimismo, la declaración jurada acompañada por la recurrente tampoco constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, por emanar de la propia parte y no de la autoridad previsional competente del país de origen, único órgano habilitado para certificar la existencia, alcance y vigencia de la afiliación y de las prestaciones que ella comprende. Conforme a la jurisprudencia administrativa reiterada de la Superintendencia de Pensiones, la declaración del afiliado -aun cuando cuente con certificación notarial y apostilla- carece de valor probatorio para estos efectos, al tratarse de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales.

SÉPTIMO: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 constituye una norma de carácter excepcional, por cuanto altera la regla general del sistema previsional chileno relativa a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes. Por ello, dicha normativa debe ser interpretada de manera restrictiva, requiriendo el cumplimiento copulativo de todas las exigencias previstas en su artículo 1°, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios fijados por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación del ramo con carácter obligatorio.

OCTAVO: Que, por lo demás, el rechazo de la solicitud de la recurrente no impide que ésta pueda volver a presentarla, acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, tratándose, por tanto, de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

NOVENO: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios fijados por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

DÉCIMO: Que, además, cabe consignar que conforme a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema -sentencia Rol N° 20.366-2025, de fecha 24 de noviembre de 2025- se ha resuelto que: "el documento aportado por el actor no cumple con las exigencias necesarias para tener por acreditados los requisitos contenidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, toda vez que es una 'Constancia electrónica de cotizaciones' aparentemente emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas con las que cuenta el afiliado sino que menciona de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional de su país de origen, de acuerdo al artículo 1° de la Ley del Seguro Social, no se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile", criterio plenamente aplicable al caso de autos.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-7606-2025.