nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, interpone recurso de amparo nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., fundó su acción en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, sostiene que lo anterior constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, solicita se ordene la inmediata devolución total de los fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, disponiendo todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección constitucional.

Respecto de los hechos invocados, la recurrente expuso que el 16 de noviembre de 2025 realizó su solicitud de retiro de fondos previsionales como técnico extranjero a través de la plataforma digital de AFP Modelo, y el 18 de noviembre de 2025 recibió un correo electrónico informando el rechazo de la solicitud. Posteriormente, acudió de forma personal a la sucursal, donde se le informó verbalmente que el rechazo se debía a que la constancia de inscripción en el sistema previsional venezolano no se encontraba apostillada.

En ese contexto, la recurrente intentó entregar una carta explicativa en la cual expuso que resulta imposible actualmente realizar la apostilla del documento, debido a la inexistencia de sede consular o embajada de Venezuela habilitada en Chile para estos trámites, así como a la imposibilidad de apostillar en Venezuela, ya que la persona que firma la constancia no se encuentra registrada en el sistema digital de legalización y apostilla venezolano, dado que dicho procedimiento se realizaba exclusivamente en la Embajada de Venezuela en Chile, actualmente inoperativa.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrente adjuntó los siguientes documentos: 1) Cédula de identidad para extranjeros; 2) Contrato de Trabajo y sus anexos; 3) Título Profesional; 4) Declaración jurada para retiro de fondos previsionales; 5) Certificación electrónica de firma de autoridad venezolana; 6) Apostilla venezolana; 7) Constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; y 8) Correos electrónicos de AFP Modelo.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas. En cuanto a los hechos, la recurrida expuso que 17 de octubre de 2025, la recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley número 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por el empleador Improsoluciones SpA. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha ley, la recurrente acompañó su título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo de fecha primero de julio de dos mil veinticinco suscrito con el referido empleador y sus anexos.

Asimismo, señaló que, en virtud de los antecedentes aportados, la recurrida realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley número 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por dicho ente regulador. En atención a los documentos aportados, se le solicitó a la recurrente aportar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Al no cumplir con lo solicitado, se rechazó la solicitud de la recurrente.

En consecuencia, la recurrida sostuvo que no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, sino que ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y la normativa vigente, para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos copulativos establecidos en la ley.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida acompañó con citación los siguientes documentos: 1) Copia de escritura pública donde consta la estructura de poderes de AFP Modelo; 2) Título Profesional de la recurrente; 3) Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente; y 4) Contrato de Trabajo suscrito con el empleador Improsoluciones SpA y sus anexos.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario número 22796. Expone que, no registra ante ese Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la normativa aplicable establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo primero de la Ley número 18.156. En tal sentido, precisó que dicha ley faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran generado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo primero de ese cuerpo legal.

Asimismo, indicó que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades de interpretación administrativa, ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo primero de la Ley número 18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común.

Respecto de los medios probatorios, señaló que según la invariable jurisprudencia de ese Servicio, contenida en los Oficios números 21.480 de 2017, 23.208 de 2023 y 3141 de 2024, entre otros, para acreditar la cobertura en el país de origen no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo primero de la Ley número 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Además, el documento debe ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

En cuanto al caso en particular, informó que la recurrente acompañó al escrito de recurso de protección una declaración jurada de 30 de octubre de 2025, la cual no resulta idónea para probar la mencionada. Asimismo, señaló que se tuvo a la vista el certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", el cual tampoco resulta idóneo, por cuanto no señala las coberturas con que cuenta la recurrente ni de éste se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado.

A folio 8, se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, el recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que la recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización exigida por la normativa aplicable y sin señalar las coberturas de forma específica.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7604-2025.