nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO

Foja: 0 Cero C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Héctor Christian Pérez Meneses, abogado, representándose a sí mismo y a su cónyuge nombre reservado, y deduce acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, representada por su Alcalde don Mauricio Quiroz Chamorro, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa de recibir descargos en el sumario administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio N°4135 de noviembre de 2024, lo que estima vulnera los derechos a la igualdad ante la ley, derecho de petición y derecho de propiedad, garantizados en el artículo 19 N°2, 14 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 7 de noviembre de 2025 su cónyuge fue notificada de la formulación de cargos en el marco del sumario administrativo, otorgándosele un plazo fatal de diez días para evacuar descargos, venciendo el 21 de noviembre de 2025. La notificación se realizó en casa de una amiga, frente a sus amistades, lo que provocó un estado de fragilidad emocional en su cónyuge, quien quedó postrada en cama con reposo absoluto.

Refiere que el 19 de noviembre de 2025 concurrió a la Municipalidad de Putaendo a presentar el escrito de descargos, siendo rechazado tanto por la oficina de partes como por la actuaria del sumario, nombre reservado, exigiéndosele presentar poder o mandato que acreditara su representación legal de la Sra. nombre reservado.

Sostiene que debido al estado emocional de su cónyuge, medicamentada y en fragilidad, resultaba imposible trasladarla a una notaría para otorgar poder formal en el plazo remanente de menos de 24 horas. Alega que meses atrás, cuando su cónyuge declaró en el sumario, la actuaria le exigió retirarse de la sala, impidiendo que quedara constancia de su comparecencia y que su cónyuge pudiera otorgarle poder en ese acto.

Argumenta que conforme a los artículos 131 y 136 del Código Civil, los cónyuges están obligados a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, debiendo suministrarse los auxilios necesarios para sus acciones o defensas judiciales. Añade que las oficinas de partes, según principios del Derecho Administrativo, son instrumentales y de reenvío, no pudiendo discriminar los documentos que ingresan.

Alega que esta conducta es ilegal por vulnerar normas del debido proceso administrativo, y arbitraria por crear una situación de imposibilidad fáctica que impide el ejercicio efectivo del derecho a defensa de su cónyuge en el plazo fatal establecido.

Indica que se afecta la Igualdad ante la ley, al impedírsele el acceso igualitario a presentar documentos ante la autoridad administrativa.

Agrega que se vulnera el Derecho de petición, al impedirse arbitrariamente presentar una petición a la autoridad sobre un asunto de interés privado.

Añade la vulneración del Derecho de propiedad sobre el cargo que detenta su cónyuge en la Planta del Liceo de Rinconada de Silva, pues al impedirse la presentación de descargos, su cónyuge podría perder su trabajo por quedar en indefensión.

Solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto reclamado, se ordene a la Municipalidad restablecer el imperio del derecho permitiendo que el escrito de descargos sea recibido, o fijar un plazo prudencial para su entrega, o tener por evacuados los descargos enviados por correo electrónico en tiempo y forma. Solicita Orden de No Innovar respecto del sumario administrativo.

A folio 8, informa la Ilustre Municipalidad de Putaendo, solicitando el rechazo del recurso.

Refiere los antecedentes del sumario administrativo y la notificación de cargos efectuada el 7 de noviembre de 2025. Informa que el plazo legal para evacuar descargos era de 5 días hábiles conforme al artículo 136 de la Ley 18.883, venciendo el 14 de noviembre de 2025, con posibilidad de prórroga de 5 días adicionales en casos debidamente calificados, siempre que se solicite antes del vencimiento.

Explica que el 12 de noviembre de 2025 el recurrente solicitó prórroga vía correo electrónico sin fundamentar la solicitud ni acompañar poder o mandato que acreditara su representación de la Sra. nombre reservado. El 18 de noviembre envió los descargos por correo, también sin poder formal y sin que existiera resolución autorizando prórroga.

Señala que el 19 de noviembre, cuando el recurrente concurrió personalmente, se le informó que debía acompañar poder formal, otorgándosele mediante resolución de ese mismo día un plazo de 2 días hábiles (hasta el 21 de noviembre) para subsanar la observación.

Informa que el 21 de noviembre de 2025, sin que se hubiera subsanado la falta de poder, se dictó resolución teniendo por presentados los descargos para resguardar el derecho a defensa de la funcionaria, abriéndose término probatorio de 10 días y citándose a los testigos solicitados. Esta resolución no pudo ser notificada debido al presente recurso de protección y la orden de no innovar.

Respecto a la notificación de cargos del 7 de noviembre, sostiene que no fue "invasiva" ni "abrupta". Las funcionarias se apersonaron en el domicilio de la Sra. nombre reservado (San Martín 295, San Felipe), y al no encontrarla, la llamaron telefónicamente informándole el motivo. Fue la propia Sra. nombre reservado quien proporcionó vía WhatsApp la dirección de la casa de su amiga donde se encontraba, accediendo voluntariamente a ser notificada en ese lugar. Acompaña captura de pantalla como prueba.

Respecto a la exigencia de poder formal, fundamenta que conforme al artículo 135 inciso final de la Ley 18.883, el sumario es secreto hasta la formulación de cargos, momento en que deja de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiera su defensa. No habiendo asumido defensa formalmente mediante mandato o poder, el Sr. nombre reservado no tenía acceso al sumario como tercero. Esta exigencia es un requisito legal válido.

Sostiene que desde la ocasión en que se le solicitó al recurrente retirarse de la sala donde su cónyuge declaraba, él tuvo conocimiento de que no contaba con representación formal en el sumario, por lo que no puede alegar sorpresa o desconocimiento de este requisito.

Alega que no existe vulneración de garantías constitucionales. En cuanto a la igualdad ante la ley, se aplicó la normativa vigente conforme a derecho, siendo la exigencia de poder un requisito formal aplicable a todos. Respecto al derecho de petición, se otorgaron múltiples oportunidades y plazos para subsanar. En relación al derecho de propiedad, no existe afectación alguna pues finalmente se tuvo por presentados los descargos, se abrió término probatorio y se garantizó plenamente el derecho a defensa. Concluye solicitando el rechazo del recurso con costas.

A folio 10, se traen los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la negativa de la Ilustre Municipalidad de Putaendo de recibir el escrito de descargos presentado por el recurrente en el sumario administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio N°4135 de 5 de noviembre de 2024, que afecta a su cónyuge nombre reservado, pretendiendo el recurrente que se declare que la Municipalidad incurrió en un acto ilegal y arbitrario, y que se disponga de inmediato la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando recibir los descargos o tenerlos por evacuados.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que no existe acto ilegal ni arbitrario, que la exigencia de poder formal para actuar en representación es un requisito legal válido conforme al artículo 135 de la Ley 18.883, que se otorgaron múltiples oportunidades y plazos para subsanar esta observación, y que finalmente, con fecha 21 de noviembre de 2025, se dictó resolución teniendo por presentados los descargos y abriendo término probatorio, garantizando plenamente el derecho a defensa, por lo que no se han vulnerado las garantías invocadas.

Cuarto: Que, al tenor de los antecedentes fácticos reunidos en estos autos, pueden tenerse por asentados los hechos que se indican a continuación:

a) Con fecha 7 de noviembre de 2025, la Sra. nombre reservado fue notificada personalmente de la formulación de cargos en el sumario administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio N°4135, con plazo de 5 días hábiles para presentar descargos conforme al artículo 136 de la Ley 18.883;

b) Con fecha 12 de noviembre de 2025, el recurrente solicitó vía correo electrónico una prórroga de 5 días para presentar descargos, sin fundamentar la solicitud ni acompañar poder o mandato que acreditara su representación de la Sra. nombre reservado;

c) Con fecha 18 de noviembre de 2025, el recurrente envió por correo electrónico el escrito de descargos, sin haber obtenido resolución que autorizara la prórroga y sin acompañar poder formal;

d) Con fecha 19 de noviembre de 2025, el recurrente concurrió personalmente a la Municipalidad intentando presentar físicamente los descargos, siendo informado por la actuaria del sumario que debía acreditar su representación mediante poder o mandato;

e) Con misma fecha 19 de noviembre de 2025, se dictó resolución en el sumario administrativo otorgando plazo de 2 días hábiles (hasta el 21 de noviembre) para que el recurrente subsanara la falta de poder formal;

f) Con fecha 21 de noviembre de 2025, sin que se hubiera subsanado la observación, la fiscal del sumario dictó resolución teniendo por presentados los descargos para resguardar el derecho a defensa, abriendo término probatorio de 10 días y citando a los testigos solicitados, y;

Quinto: Que, atendido lo anterior, este arbitrio carece de objeto, toda vez que la afectación denunciada cesó antes de que este Tribunal adoptara medida alguna, habiéndose restablecido por la propia administración el derecho a defensa de la funcionaria afectada mediante la recepción de sus descargos y la apertura del término probatorio correspondiente, sin que exista medida alguna destinada a restablecer el imperio del derecho, el cual ha sido restablecido por la propia autoridad recurrida, tornándose improcedente por falta de oportunidad, razón por la cual este arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por Héctor Christian Pérez Meneses en favor de su cónyuge nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Putaendo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-7579-2025.

En Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.