CORPORACION DE EDUCACION CATOLICA ARTURO EDWARDS con INSPECCIÓN PROVINCIAL TRABAJO VALPARAÍSO

Foja: 0 Cero Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de octubre de dos mil dieciocho.

Visto:

A fojas 3, comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Corporación Educacional Arturo Edwards, interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala que la institución que representa fue objeto de una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, que dio lugar a la aplicación de una multa N°4329/2018/37, notificada con fecha 30 de mayo de 2018.

Sostiene que el 10 de julio de 2018, se impugnó la multa mediante una solicitud de reconsideración administrativa, según lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo; y que tal impugnación se realizó dentro del plazo de 30 días desde que fue notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, según lo prescribe el artículo 512 del cuerpo legal citado. Agrega que el artículo 25 de la Ley 19.880 es aplicable en la especie, toda vez que nos encontramos ante un procedimiento administrativo, así, el plazo para impugnar la multa es de 30 días hábiles.

Indica que la recurrida dictó el ordinario 1120, de fecha 30 de julio de 2018, que no da curso a la reconsideración administrativa de la multa por incumplimiento de los requisitos legales, toda vez que, no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Finalmente sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, al considerar que el plazo para impugnar la multa por el procedimiento administrativo es de días corridos y no hábiles como expresamente prescribe el artículo 25 de la Ley 19.880, vulnerándose sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja la presente acción cautelar y se ordene a la recurrida dar curso al reclamo administrativo y lo resuelva conforme al mérito de los antecedentes.

A fojas 25, informa la recurrida al tenor del recurso solicitando sea rechazado. Señala que el 5 de marzo de 2018 se generó una fiscalización al recurrente, constatándose una infracción contenida en la Resolución de Multa N°4329/2018/37, que fue enviada por correo certificado depositado en Correos Chile el 28 de mayo de 2018, y según lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, se entiende notificada el 4 de junio de 2018. Por su parte, con fecha 10 de julio de 2018 el recurrente dedujo una solicitud de reconsideración administrativa, presentada fuera de plazo, es decir, fuera de los 30 días corridos establecidos por el legislador, por lo que, a través se dictó el Ordinario N°1120, de fecha 30 de julio de 2018, que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por presentarse fuera de plazo.

Señala que la acción cautelar deducida por el recurrente es improcedente, atendida la naturaleza del acto recurrido. En efecto, las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, así, el ordenamiento jurídico otorga al afectado amplias posibilidades de impugnación administrativa y judicial, por lo que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de un procedimiento judicial específico.

Agrega la inexistencia de un actuar ilegal y arbitrario que atente contra las garantías constitucionales que señala el recurrente, toda vez que la Dirección del Trabajo ha ajustado su actuar a la legalidad vigente. Señala que la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N°49.126 de fecha 20 de octubre de 2008, ha sostenido que el plazo de 30 días para la solicitud de reconsideración de multa administrativa es de días corridos.

Sostiene que la multa administrativa se notificó al recurrente con fecha 04 de junio de 2018, por lo que el término fatal para la interposición de la solicitud de reconsideración administrativa, según establece el artículo 512 inciso final del Código del Trabajo, vencía el 04 de julio de 2018 A fojas 39, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

Primero: Que la acción de protección garantiza a toda persona que ilegalmente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en sus Derechos, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que dicte en tal caso las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, en relación a los descargos planteados por la recurrida, en específico respecto a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional, cabe señalar que el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, de manera que la acción de protección no resulta improcedente, como se sostuvo en el informe.

Tercero: Que, en relación a lo medular de las cuestión jurídica debatida, en cuanto a la forma de computar el plazo de 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo tanto, encontrándose tal medio de impugnación contemplado dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Director del Trabajo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº19.880, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la misma ley, que prescribe: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.” En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando, además, que ello es concordante con la circunstancia de que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos.

Cuarto: Que de acuerdo al mérito de los antecedentes, la resolución que impuso la multa fue remitida al recurrente por correo certificado de 28 de mayo de 2018, de manera que se le debe tener por notificada al sexto día hábil, según el artículo 508 del Código del Trabajo, que corresponde al día 05 de junio del mismo año. Ahora bien, el plazo de 30 días hábiles contado según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº19.880, vencía el 20 de julio 2018, por lo que si el recurrente interpuso su reconsideración el 10 de julio, según lo reconoce la propia recurrida, lo ha sido dentro del plazo legal.

Quinto: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación –por extemporánea– a la reconsideración administrativa presentada por el recurrente, por lo que corresponde acoger la presente acción constitucional, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 3, por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 1120, de 30 de julio de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor, respecto de la Resolución de Multa N°4329/2018/37, de 30 de abril de 2018.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7565-2018.