Protección contra Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Foja: 54 Cincuenta y Cuatro cgv C.A. de Valparaíso Valparaíso, once de enero de dos mil diecisiete.

VISTO:

A fojas 1, comparece don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado b), Belloto Centro, Quilpué, por sí y en representación de “Asociación Coordinadora DD.HH. Habitantes de Chile”, deduciendo acción de protección en contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, representado el ministro Sr. Andrés Gómez-Lobos, en razón del acto arbitrario consistente en fiscalizar la normativa que regula el sector discriminatoriamente a los taxis y no a las aplicaciones móviles de transporte de personas, y que a su juicio importa una vulneración de su derecho garantizado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 1, 2, 8 y 25 del Pacto de San nombre reservado Rica.

Expone que desde que el recurrido tomó conocimiento que existen en Chile dos aplicaciones de transporte de personas llamadas “Uber” y “Cabify”, se ha generado una gran discriminación hacia los taxistas, por cuanto a estos servicios web no se les aplica la legislación vigente de igual forma que a ellos, siendo que fueron reconocidos como ilegales por el propio ministro en conferencia pública.

Añade que a raíz de estas diferencias se ha visto perjudicado como taxista ya que han disminuido significativamente sus ingresos dejando en riesgo su fuente laboral, y acusa que las referidas aplicaciones no tienen licencia profesional (sic), sus vehículos no se ajustan a la normativa, no cuentan con seguros para los pasajeros y desconoce si tributan de acuerdo a lo que perciben, agregando que el parque automotriz para taxis se encuentra congelado por siete años, sin embargo estas aplicaciones ya cuentan con alrededor de ochenta mil vehículos concentrados en regiones como Valparaíso, lo que los enfrenta a una competencia desleal.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se ordene al recurrido la fiscalización en forma inmediata de las empresas “Uber” y “Cabify”, para saber si tributan o no, y se deje sin efecto su funcionamiento.

A fojas 42 informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer término, señala que la acción es extemporánea, toda vez que la implementación de las aplicaciones de “Uber” y “Cabify” en la región de Valparaíso es un hecho del cual se tiene conocimiento al menos desde abril del presente año.

Refiere que al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y servicios dependientes, el ordenamiento jurídico nacional ha dotado de amplias normas regulatorias para el transporte de pasajeros, encargándoles su vigilancia y fiscalización, cuestión que ha cumplido con celo y eficiencia, considerando los recursos con que cuenta para esta tarea y la dificultad que significa identificar vehículos sin señales que los distingan de los demás vehículos particulares que no ejecutan labores de transporte remunerado.

En este último sentido, especifica que el artículo 2 del Decreto N° 80 de 2004, define el transporte privado remunerado de pasajeros, y en su inciso segundo precisa que para estos efectos, se considera remunerado todo aquel servicio de transporte por el cual el prestador percibe una determinada remuneración en dinero o en especie avaluable en dinero, aun cuando dicha remuneración no provenga directamente de los usuarios, destacando de esta definición que el transporte privado se contrata por una persona para que otra transporte exclusivamente a uno o más pasajeros, existiendo, por tanto, tres partes involucradas en la prestación del servicio, a partir de lo cual postula que las plataformas “Uber” y “Cabify” no prestan el servicio de transporte, sino que solo sirven de intermediarios entre el usuario y el transportista, y no se encuentran reguladas en forma especial desde el punto de vista del transporte, por tanto en su funcionamiento y operación deben cumplir con las exigencias propias de cualquier actividad económica, por lo que no resulta pertinente demandar al recurrido que deje sin efecto el funcionamiento de las referidas empresas, como también lo es que el Ministerio fiscalice si las plataformas cumplen o no con las normas tributarias, pues esta facultad corresponde al Servicio de Impuestos Internos.

Sin perjuicio de todo lo anterior, señala que los vehículos intermediados por estas empresas, con los cuales se prestan los servicios cuestionados, sí deben cumplir con la normativa a que se ha hecho mención, lo que ha sido fiscalizado y controlado por el Ministerio y, en la mayoría de los casos, sancionados por los respectivos Juzgados de Policía Local. Asimismo, añade que, a fin de regular esta nueva plataforma tecnológica, el 25 de octubre de 2016 el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, que contempla las normas y regulaciones a las que deberá someterse esta actividad, y que se encuentra en trámite y con urgencia para su aprobación.

Estima que, por tanto, no existe vulneración del derecho a la igualdad de la ley que deba ser protegido mediante este recurso, y las actuaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones han sido ajustadas a derecho en todo momento y por tanto, no hay arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar que haya privado, perturbado o amenazado los derechos constitucionales señalados por el recurrente.

A fojas 48 se ordenó traer estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Del mérito de los antecedentes se desprende que lo que se reprocha a la recurrida Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones es su falta de fiscalización con respecto a las plataformas “Uber” y “Cabify”, en lo que dice relación con el transporte de personas de manera que el actor se siente afectado por estimar que su fuente laboral se encuentra en riesgo.

Que en el informe de fojas 42, la recurrida afirma que con motivo de un programa nacional de fiscalización se procede a controlar la adecuada circulación de los medios de transportes públicos, privados, vehículos de carga y particulares. Y a vía de ejemplo menciona 23 controles realizados a vehículos de plataforma “Uber”, de los nueve han sido retirados por la autoridad competente, toda vez que se realizaron denuncias al Juzgado de Policía local que tiene competencia en esta materia.

Segundo: Que de lo expuesto fluye la especie que la recurrida ejerce debidamente las atribuciones que la ley le otorga, por lo que no existe una actuación anormal que pueda conculcar las garantías que se mencionan por el recurrente, quien por lo demás pretende con su acción que la recurrida controle la tributación de las debidas plataformas, lo que se aparta de su competencia.

Por lo expuesto y por el mérito de los antecedentes, se rechaza el recurso interpuesto por don nombre reservado, con costas.

N° Protección: 7543-2016.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por el Ministro Sr. Patricio Martínez Sandoval, la Ministra Sra. Rosa Aguirre Carvajal y el Ministro Suplente Sr. Leonardo Aravena Reyes.

En Valparaíso, once de enero de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.