nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO VALPARAISO

Foja: 48 Cuarenta y Ocho Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de enero de dos mil dieciocho.

Visto:

A fojas 12, comparece Francisco Javier Fuenzalida Jarpa, abogado, en representación de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso, representada por doña nombre reservado, todos ya individualizados, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución de Multa N°8517/2017/81, que impone, sin justificación alguna, y extralimitándose de sus facultades, una multa total de 24 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) más 14 Unidades de Fomento (UF), lo que infringiría lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución en relación con el inciso sexto del mismo numeral 3 y con los artículo 6 y 7 del misma carta fundamental, solicitando dejar sin efecto está multa.

Fundamenta su acción, señalando que en el contexto de un procedimiento de fiscalización iniciado al parecer por denuncia del Sr nombre reservado, efectuado a la recurrente con fecha 25 de septiembre de 2017, se le solicitó sólo la documentación referida a aquel supuesto trabajador, de quien refiere solamente habría prestado servicios ocasionales bajo la modalidad de honorarios, motivo por el que emitió las respectivas boletas por los servicios prestados, quien no tendría la calidad trabajador de la empresa.

Agrega que la entidad fiscalizadora estimó que el Sr nombre reservado sí sería trabajador de la empresa y, en consecuencia, se habría incurrido en las infracciones consistentes en: no escriturar contrato de trabajo en micro o pequeña empresa; no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo; no entregar comprobante de pago de remuneraciones; no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales y las cotizaciones del seguro de cesantía; por lo que procedió a dictar la Resolución N°8517/2017/81, notificada 31 de octubre de 2017, en la que impuso las respectivas multas.

Afirma que tal resolución carece de fundamentos, al no indicar en aquella cómo se concluye la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia respecto de una relación laboral que la empresa niega.

Expone la recurrente frente a una denuncia del señor nombre reservado, no fue citada a una audiencia de mediación por la recurrida, sino que simplemente la última asumió la existencia de la relación laboral sin siquiera preguntar o requerir antecedentes.

Indica que la Inspección al suponer la relación laboral, no sólo excede las facultades entregadas por ley, sino que impide al recurrente cualquier posibilidad de defenderse y ejercer los derechos a reclamar administrativa y judicialmente, en conformidad a lo establecido en los artículos 503; 506 ter; 511 y 512 del Código del Trabajo, al desconocer los motivos en que se fundan las conclusiones utilizadas por la Inspección para llegar a tal calificación jurídica.

Refiere que al arrogarse la autoridad recurrida facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en la materia, al establecer la existencia de una relación laboral e imponer una multa por tal motivo, aparece de manifiesto que ha excedido sus atribuciones, pues se trata de facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes, incurriendo en un acto ilegal y arbitrario, que adolece de nulidad, y perturba el derecho de la recurrente reconocido en el artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley, y que se encuentre establecido con anterioridad por ésta.

Alega que si bien la Ley otorga a la Dirección del Trabajo y por ende a sus Inspectores, la facultad para realizar su labor de fiscalización, de interpretar contratos individuales y colectivos de trabajo. Sin embargo, esto no los habilita para determinar la existencia de una relación laboral si existe un contrato a honorarios o boletas de honorarios, y sobre todo si el supuesto empleador niega la relación laboral, puesto que eso implica interpretar la relación jurídica para llegar a determinar que existe una relación laboral, ya que, como lo ha indicado la reiteradamente Excelentísima Corte Suprema, tal actuación, es privativa de los tribunales de justicia.

Finalmente solicita se ordene dejar sin efecto la resolución de multa, con costas.

Adjunta a su recurso los siguientes documentos:

1. Copia de escritura pública en donde consta mi poder para representar a nombre reservado.

2. Copia de la Resolución de Multa N°8517/2017/81, de fecha 8 de octubre de 2017, dictada por la Inspección Provincial de Trabajo Valparaíso.

3. Copia de documento denominado “seguimiento en línea” de correos de Chile, en donde consta que la Resolución acompañada en el punto anterior, fue notificada a esta parte el día 31 de octubre de 2017.

4. Declaración jurada de don nombre reservado realizada ante Notario con fecha 16 de noviembre de 2017.

5. Contrato de prestación de servicios a Honorarios de fecha 1 de enero de 2016, suscrito entre don nombre reservado y nombre reservado.

6. Boletas de honorarios emitidas por nombre reservado el 28 febrero de 2017; 22 de mayo de 2017 y 1 de octubre de 2017, a nombre reservado por los servicios prestados a esta última empresa en conformidad al contrato acompañado en el número anterior.

A fojas 31, informa la entidad requerida, la que explica el procedimiento de fiscalización a que sometió a la recurrente por una denuncia recibida en su contra respecto a la existencia de informalidad laboral, hechos que constató y en consecuencia procedió a dictar la respectiva resolución de multa.

Refiere que esta acción cautelar es improcedente atendida la naturaleza del recurso y la ausencia de un acto que atente contra el derecho de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Afirma en cuanto a lo primero, que esta acción se ha dirigido contra una resolución administrativa respecto de las cuales el ordenamiento ha entregado amplias posibilidades de impugnación administrativa y judicial, utilizando este recurso como un sustituto de procedimientos específicos contemplados expresamente por la legislación para resolver un conflicto que tiene vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución.

Alega respecto a lo segundo que no se ha agotado la vía administrativa ni ha utilizado el procedimiento de reclamación de multa, ajustándose ésta a los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo y a la legalidad vigente.

Por lo anterior solicita que se rechace la acción cautelar.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1. Copia de carátula de informe de fiscalización de 08 de octubre de 2017.

2. Copia de informe de exposición de 30 de septiembre de 2017.

3. Copia de resolución administrativa N° 8517/2017/81 de 08 de octubre de 2017.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Se trata de una acción tutelar de urgencia, motivo por el cual ha sido concebida con la finalidad de brindar eficaz y oportuno amparo a un derecho indubitado del que se encuentra gozando una persona, frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lo lesiona o amenaza.

SEGUNDO: Que, nombre reservado ha deducido acción de protección contra la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO, por la resolución de multa N° 8517/2017/81, en relación con los hechos expuestos en lo expositivo del presente fallo. En síntesis, el reclamo se sostiene jurídicamente en el hecho de que la funcionaria actuante, fiscalizadora Miriam Embry López, habría excedido sus atribuciones y facultades, al haber hecho una interpretación del contrato habido entre el actor y don nombre reservado, desde que, en tanto la representante del órgano recurrido calificó dicho contrato como de trabajo, la reclamante afirma que se trata de un contrato a honorarios, por cuyos servicios el mencionado señor nombre reservado emitía boletas. Como consecuencia de dicha interpretación, se cursó la multa que se consigna en la resolución antes aludida.

TERCERO: Que, de lo expuesto en el libelo del recurrente y lo oído en estrados, se desprende que efectivamente la fiscalizadora se apersonó en el domicilio de aquél, como consecuencia de haber recibido una denuncia, y solicitó el contrato de trabajo, el certificado de cotizaciones previsionales, y el libro de asistencia del señor nombre reservado, los que al no ser presentados, determinó que se cursara la multa que motiva el presente recurso. La razón de dicha determinación administrativa, sería que a juicio de la fiscalizadora, el vínculo existente entre el recurrente y don nombre reservado era de carácter laboral y no de naturaleza civil como sostiene el hotel fiscalizado.

CUARTO: Que, conforme a lo relacionado previamente, se trata de determinar si es procedente que la Inspección del Trabajo curse multas en base a calificar como contrato de trabajo la naturaleza jurídica de un vínculo jurídico existente entre dos partes.

QUINTO: Que, sobre el particular, cabe tener presente que el DFL 2/67, del Trabajo y Previsión Social, que entre otras materias fija las funciones de la Inspección del Trabajo, dispone en su artículo 23°: “Los Inspectores del Trabajo tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales podrán tomar declaraciones bajo juramento.

“En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial.” (destacado nuestro).

SEXTO: Que, en mérito de lo dispuesto en el precepto transcrito queda en evidencia que la condición de ministro de fe que se reconoce a los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, queda circunscrita a los hechos que puedan constatar en el ejercicio de sus funciones. Siendo así, las controversias que se susciten con respecto a la calificación jurídica de un hecho que tales funcionarios hayan constado, no pueden ser resueltas por ellos mismos, sino que caen dentro de la esfera exclusiva de la actividad jurisdiccional; concretamente, en los Tribunales del Trabajo, de lo que se sigue que cuando se da una circunstancia como la que provoca el presente recurso, no se está debatiendo sobre la procedencia de haberse cursado una multa por una infracción a la normativa laboral o previsional, sino que la cuestión radica en si el hecho de haber cursado la multa está dentro de las facultades del funcionario actuante; de modo que si así no fuere, entonces lo que estaría en cuestión sería la competencia para ello y, más aún, si en tal condición podrá erigirse en autoridad competente para resolver sobre su actuación dentro de la esfera de atribuciones que le otorga la normativa vigente.

SÉPTIMO: Que, respecto de lo planteado por la recurrida en cuanto a que no es esta la vía idónea para reclamar de la multa, no cabe compartirlo en este caso, toda vez que la situación excede la controversia que puede generarse cuando se reclama por una infracción improcedente. En efecto, de lo que se trata, como se ha dicho, es de verificar si la Administración está facultada para ejercer atribuciones propias de otro poder del estado, desde que la interpretación y determinación de la naturaleza jurídica de civil o laboral no es la mera constatación de un hecho. En dicho sentido se ha manifestado la Excma. Corte Suprema, cuando dice “…se ha determinado por los tribunales superiores de justicia, que tales facultades [las previstas en el artículo 505 del Código del Trabajo respecto de la Dirección del Trabajo] deben ejercerse solo cuando dicho Servicio se encuentre frente a situaciones de constatación objetiva de infracción a las normas laborales, pero en modo alguno se comprende en ellas la actividad jurídica de interpretar contratos” (destacado nuestro) (considerando noveno, rol 6281-2012)

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, es claro que la fiscalizadora ha excedido sus atribuciones, atribuyéndose competencia para interpretar un contrato, actividad reservada exclusivamente a los tribunales de justicia, constituyéndose de ese modo en tribunal ad hoc o comisión especial, en causa propia además, lo que repugna al ordenamiento constitucional, infringiéndose los artículos 6 y 7 y el artículo 19 N° 3 incisos 5 y 6 de la Constitución Política de la República, lo que conduce a tener que hacer lugar a la acción interpuesta, pues no se trata de una simple reclamación por una multa, sino de resguardar el estado de derecho, ejerciendo las facultades conservadoras a través del presente instrumento de tutela.

NOVENO: Que siendo la actuación de la recurrida un acto que adolece de ilegalidad, se hará lugar a la acción de protección deducida en autos.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, demás disposiciones constitucionales y legales citadas, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge la acción de protección deducida por don Francisco Javier Fuenzalida Jarpa, en representación de nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Valparaíso, representada por doña nombre reservado, y en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la resolución de multa N° 8517/2017/81 dictada por dicha entidad fiscalizadora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-Ant-7528-2017.

Redactó el abogado integrante Alberto Balbontín Retamales.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por la Ministra Sra. María del Rosario Lavín Valdés, la Fiscal Judicial Sra. Mónica González Alcaide y el Abogado Integrante Sr. Alberto Balbontín Retamales, dejándose constancia que no firma y el Abogado Integrante Sr. Balbontín, por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa.