nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo a la solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, notificado con fecha 29 de octubre de 2025 , lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana y con residencia definitiva en Chile, ingresó una solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N°18.156 el 27 de octubre de 2025, acompañando la documentación exigida.

Señala que la recurrida rechazó dicha solicitud argumentando que el "Certificado de afiliación debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile".

Argumenta que esta exigencia constituye una condición de cumplimiento imposible y un caso fortuito, dado que el sistema de apostilla electrónica de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento. Asevera que la falta de apostilla no resta validez a la afiliación, la cual puede ser verificada electrónicamente en el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante un código de verificación, acreditando que mantiene cobertura previsional vigente en su país de origen.

Sostiene que la conducta de la recurrida es arbitraria e ilegal al imponer requisitos adicionales no previstos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, vulnerando su derecho de propiedad sobre los fondos y la igualdad ante la ley.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida seguir con la tramitación para efectuar, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Para acreditar sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Comprobante de solicitud; b) Correo con rechazo de fecha 29 de octubre de 2025; c) Requerimiento ante la superintendencia; d) Respuesta de la superintendencia de 14 de noviembre de 2025; e) Constancia de IVSS de octubre de 2025; f) Cédula de identidad para extranjeros; g) Pasaporte venezolano; y h) Título profesional apostillado y contrato con sus anexos.

A folio 5, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Plantea como cuestión previa que la acción de protección no es la vía idónea por tratarse de materias de lato conocimiento donde no existe un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, señala que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, limitándose a dar estricto cumplimiento a la ley y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Afirma que, según la jurisprudencia administrativa de dicho organismo, para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por la Ley N°18.156, no basta un documento genérico o sin firma, sino que se requiere una certificación de la autoridad competente debidamente legalizada o apostillada. Sostiene que las constancias electrónicas del IVSS que no han sido legalizadas o apostilladas no sirven para acreditar el requisito, y que la declaración jurada tampoco es un medio idóneo. Argumenta que los fondos previsionales tienen un destino único y exclusivo para pensiones según el D.L. 3.500, salvo las excepciones legales que deben interpretarse restrictivamente.

A folio 6, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Expone que, según la normativa aplicable, la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional para trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156. Precisa que, entre estos requisitos se encuentra el estar afiliado a un régimen previsional fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Indica que, dicha acreditación debe efectuarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, debidamente legalizada o apostillada. Argumenta que, la documentación presentada por la recurrente, esto es, la constancia electrónica no apostillada, no resulta idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional. Sostiene que, además, el certificado electrónico no señala coberturas específicas ni permite inferir un determinado período de cobertura, además de no encontrarse firmado ni apostillado conforme a la normativa aplicable.

A folio 7, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede acción cautelar a quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicho precepto asegura, correspondiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, en la especie, la acción constitucional se ha interpuesto en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156, fundado en la falta de apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano. Sostiene que dicha exigencia carece de sustento legal y resulta de imposible cumplimiento, toda vez que el documento acompañado es verificable electrónicamente y acredita su afiliación efectiva al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Tercero: Que la recurrida, al evacuar su informe, sostiene que la solicitud fue rechazada conforme a la normativa vigente, por cuanto la documentación presentada no satisface los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 ni del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, al no encontrarse apostillada ni especificar las coberturas exigidas. Agrega que la actuación impugnada se ajusta a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, órgano fiscalizador competente para interpretar y aplicar la legislación previsional, y que el recurrente mantiene intacto su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, pudiendo subsanar la deficiencia documental y reingresar su solicitud por la vía administrativa.

Cuarto: Que, para resolver el presente arbitrio corresponde tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece que las empresas que celebren contratos con personal técnico extranjero estarán exentas de las leyes de previsión chilenas siempre que se reúnan las condiciones de: a) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal dispone que los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones en una administradora podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°.

Quinto: Que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II, Título XI, desarrolla las condiciones para la aplicación de la Ley N°18.156, disponiendo que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste expresamente la obligación de otorgar las prestaciones referidas durante todo el período trabajado en Chile.

Sexto: Que de los antecedentes aparece que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada por el actor no se encuentra firmada ni apostillada o legalizada, ni consigna de forma específica las coberturas exigidas por la ley, por lo que no resulta idónea para acreditar la afiliación previsional en los términos del artículo 1° de la Ley N°18.156 y de la normativa complementaria.

Séptimo: Que si bien la Ley N°18.156 no contempla expresamente la exigencia de apostilla o legalización, dicha formalidad deriva de las normas generales sobre valor probatorio de documentos extranjeros —artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil— y del Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente para Chile y Venezuela. Por tanto, la exigencia impuesta por la administradora constituye una aplicación razonable de las reglas que garantizan la autenticidad de los documentos emitidos en el extranjero, máxime tratándose de un régimen previsional de excepción.

Octavo: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por cuanto su decisión se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente y en las instrucciones impartidas por la autoridad competente, sin que se advierta vulneración de las garantías constitucionales invocadas, teniendo presente, además, en este caso, que se trata de una ciudadana venezolana que tiene residencia definitiva en este país, sin haber invocado su interés en retornar a su país de origen, lo que autorizaría, cumpliéndose los requisitos legales, el retiro de los fondos previsionales.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-7514-2025.

En Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.