Protección contra Empresa Corpora Agrícola S

Foja: 197 Ciento Noventa y Siete Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiuno de abril de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 6, comparece don nombre reservado, chileno, casado, factor de comercio, cédula de identidad Nº RUT reservado, en representación de nombre reservado, y de la empresa Minera nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., Rut RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de Empresa Corpora Agrícola S.A. y de su representante legal don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Ruta 60 s/n, Paradero 6, Comuna de Panquehue, San Felipe, provincia de Valparaíso, en razón del acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en que desde el 1 de febrero de 2017 la recurrida le impide realizar el legítimo derecho de explotar la concesión de las pertenencias mineras caratulada “nombre reservado” y “Mina Wijo 3 del 1 al 5”, quien a través de personeros, administradores y representantes ha ejercido presiones y realizado advertencias en distintos tonos y medios, amenazándolos con que los sacarían a la fuerza de la propiedad, los han denostado llamándolos ladrones de su material, no les permiten el paso a sus pertenencias, cerrándoles los caminos y accesos con cadenas y candados, acosan a su personal y a ellos en particular, siendo víctima incluso su esposa doña nombre reservado. Los acusan de hurto reiterado y venta ilegal de material, manifestándoles que la arcilla superficial y rocas que extraen les pertenecen. Han realizado denuncias, sin destino, por hurto de material.

El recurrente señala que tanto su hermano y la empresa que representa son dueños de las pertenencias mineras antes indicadas, las que se encuentran con sus pagos de patentes, permisos y demás totalmente actualizados y a día. Dicha concesión minera los autoriza para extraer metales concesibles de cobre, oro, plata y rocas graníticas de libre adquisición, actividad de explotación que realizan desde el año 2010.

Indica que la recurrida se dice titular de los derechos de la recurrente y también de otros derechos y facultades, aduciendo que la arcilla, arenas y rocas (denominados áridos) les pertenecen. A este respecto, señala que dichas titularidades no constan en ninguna parte ni tienen asidero legal, pues son arrendatarios con opción de compra del predio sirviente donde se encuentra su pertenencia, no habiendo tenido nunca problemas, hasta los que denuncian a través de esta acción.

Precisa que los actos de la recurrida han paralizado las obras de extracción varias veces en estas últimas semanas, obstaculizando el paso de su personal y contratados, acusándolos de robar material o comprarlo robado, impidiendo el ingreso y libre trabajo de maquinarias, camiones y equipos necesarios para su actividad económica, lo que hace peligrar sus contratos de extracción y venta. Añade que la situación llegó a tal punto que el 7 de febrero del presente año concurrió hasta sus obras Carabineros por una denuncia de los recurridos, realizándose un operativo contra los operadores y choferes de maquinaria y camiones, impidiéndoles realizar obras y señalándoseles que serían detenidos por hurto reiterado de roca, situación que solo se superó al exhibirles documentación que acredita sus derechos de extracción.

Postula que el actuar de la recurrida ha generado que sus compradores de material han resuelto, según contrato, paralizar las obras de extracción y compra mientras se mantengan estas perturbaciones, amenazas, cierre de caminos, accesos y demás acciones por parte de la recurrida, y no se resuelva en definitiva toda la problemática que a su juicio ha levantado la recurrida y que les ha producido un grave detrimento económico.

Acusa infracción de las garantías establecidas en el artículo 19 números 21 y 24 de la Constitución Política de la República, en el segundo caso, especialmente la de su inciso octavo que protege “El Dominio del titular sobre su concesión minera”

Pide se acoja el recurso, ordenándose el cese toda acción que perturbe el actuar de nuestro personal o de contratados; se les instruya evitar realizar acciones que eviten, perturben o demoren el acceso de equipos, maquinarias o camiones a las faenas en pertenencias mineras de su propiedad, y se declara en definitiva la conducta arbitraria e ilegal de los recurridos.

A fojas 99, informa el fiscal jefe de San Felipe, señalando que el 7 de febrero de 2017 se presentó denuncia por nombre reservado en contra de nombre reservado y nombre reservado, por los delitos de hurto y usurpación de la propiedad denominada “Altos de Bellavista”, añadiendo que el 13 de ese mismo mes se despachó orden de investigar a la BRICRIM con plazo de treinta días, por lo que a la fecha de evacuación de su informe no hay resultados de la orden ni personas formalizadas.

A fojas 170, evacua informe nombre reservado, ingeniero agrónomo, en representación de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. (en adelante “Consorcio”), y de Córpora Agrícola S.A. (en adelante “Córpora”), todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, señalando que quien ha realizado en forma consciente y reiterada actos ilegales, es precisamente la recurrente a través de sus representantes legales y/o partes relacionadas, perturbando el ejercicio legítimo de sus derechos de propiedad, debiendo ejercer los medios legales –como denuncia a Fiscalía y Carabineros- para impedirlo.

Refiere que “Consorcio” es única y exclusiva dueña del inmueble denominado “Altos de Bellavista” (en adelante “el Inmueble”), situado en la comuna de San Felipe, y que por escritura pública de 28 de julio de 2010 dio en arrendamiento con opción de compra a “Córpora”. Agrega que la Sociedad Legal Minera “Mina Wijo 3 Primera” de San Felipe, es titular de una concesión de explotación de las pertenencias mineras “Mina Wijo 3 del 1 al 5", que se encuentra dentro de los deslindes del Inmueble.

Sostiene que sí la recurrente es titular de la pertenencia “La Platina”, también ubicada dentro de los deslindes, y que hace un tiempo “Córpora” autorizó a los hermanos nombre reservado y a nombre reservado para ingresar al Inmueble con el objetivo que hicieran en la Mina Wijo 3 labores de cateo, excavamiento y eventual extracción menor, mediante carretillas de minerales de cobre, autorización que no les habilitaba para que ingresara alguna otra persona, ni menos maquinaria pesada o se instalara alguna faena minera, ya que para dichos efectos debían constituir las servidumbres mineras respectivas. A su vez, se les prohibió extraer arcillas superficiales y arenas y rocas, ya que ellas eran de propiedad de “Consorcio”.

El día viernes 27 de enero de 2017, en circunstancias que un empleado de Córpora estaba haciendo una visita de rutina al inmueble, se percató que los recurrentes y la señora nombre reservado, excediendo de la autorización otorgada, directamente o a través de terceros, mediante el uso de maquinaria pesada (camiones tolva, retro excavadoras, compresores, perforadoras, etc.) habían instalado una faena, y estaban extrayendo del inmueble rocas superficial de gran tamaño, hurtando en forma reiterada dichas rocas, que de conformidad a la normativa aplicable, son de propiedad exclusiva de Consorcio, y no de los recurrentes.

Frente a lo anterior, citaron a los recurrentes y a la señora nombre reservado para el día 31 de enero, a fin que les explicaran la situación. Ese día ambos reconocieron expresamente que hace mas de dos meses habían establecido un faena en parte del Inmueble con la finalidad de extraer y vender rocas a la empresa Transporte Santa Fe Limitada, y que el retiro de dichas rocas lo realizaban con maquinaria de un tercero.

Le indicaron al señor nombre reservado y a la señora nombre reservado que con las faenas que estaban realizando estaban cometiendo el delito de usurpación de inmueble, y que con la venta de las rocas que estaban extrayendo, estaban cometiendo en forma reiterada el delito de hurto, ya que dichas rocas no eran sustancias minerales en los términos del Código de Minería, y que por lo tanto pertenecían al dueño del Inmueble. Además, les recordamos que estaban incumpliendo el acuerdo de palabra que tenía con su representada, y que por lo tanto, a partir de ese mismo día tenían que hacer abandono de la faena que tenían instalada, que debían retirar inmediatamente la maquinaria pesada y que les quedaba prohibido el ingreso al inmueble mientras no se constituyeran las servidumbres mineras establecidas el artículo 120 del Código de Minería. Comprometiéndose éstos a desmantelar la faena, retirar toda la maquinaria, y a no seguir extrayendo ni vendiendo rocas del inmueble.

Luego, con fecha 01 de febrero de 2017, y pese al compromiso asumido, les informan que la faena de extracción de rocas se mantenía, razón por la cual, siendo las 8:00 horas y, en compañía del Notario Público de San Felipe, don nombre reservado, don nombre reservado. compareció al lugar, certificando dicha situación el Notario antes mencionado, procediendo a sacar fotografías del lugar.

Posteriormente, con fecha 07 de febrero de 2017, y frente al hecho que la faena de extracción, y el traslado de rocas para su venta ilegal seguían ocurriendo, don nombre reservado. nuevamente compareció al lugar junto con Carabineros de Chile. Paralelamente, concurrieron a la Fiscalía Local de San Felipe a interponer la denuncia respectiva, sin perjuicio que presentarán una querella criminal en contra de los recurrentes, asi como de todos aquellos que resulten responsables, y la demanda de indemnización de perjuicios respectiva.

En dicha oportunidad funcionarios de Carabineros, al comprobar que el señor nombre reservado y la señora nombre reservado no tenían ningún documento legal que les autoriza para extraer y trasportar dichas rocas, ni documento legal que acreditase que eran titulares de una servidumbre de tránsito u ocupación sobre el inmueble, les ordenaron hacer devolución inmediata de toda la carga y a hacer abandono del lugar, sin comunicarse en ningún minuto los mencionados funcionarios policiales con el Fiscal respectivo.

Pide en definitiva se rechace el recurso interpuesto, con costas.

Acompaña documentos que fundan sus dichos.

A fojas 190 informó el señor comisario de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe, quien –en síntesis- señala que el 7 de febrero, a las 12:00 horas aproximadamente, personal de esa unidad recibió un llamado radial para que se trasladaran al sector de Mina “La Clarita”, por una denuncia de sustracción de áridos. Una vez en el lugar, se entrevistaron con nombre reservado, quien dijo ser representante de “Córpora”, señalando a las personas responsables del ilícito, quienes fueron fiscalizados a bordo de sus respectivos camiones que transportaban áridos, instante en que llegó un abogado señalando representar a la empresa minera “nombre reservado” y tener todos los permisos correspondientes para la sustracción de áridos, como también otro abogado de “Córpora” exhibiendo otra denuncia efectuada por él ante la Fiscalía Local de San Felipe.

Con estos antecedentes se llamó al fiscal de turno, quien les instruyó que estando ya en tramitación la denuncia referida por el abogado de “Córpora”, no era necesario registrar otra por el mismo hecho, luego de lo cual se retiraron del lugar.

A fojas 192 se ordenó traer estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia, el recurso de protección es una acción cautelar, para defensa de derechos subjetivos concretos indubitados y que no es idóneo para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal que amerita una solución urgente.

SEGUNDO: Que en el presente caso, según se sintetiza en lo expositivo de esta sentencia, resulta evidente que existe una discrepancia acerca de la extensión y alcance de los derechos que otorgaría a los recurrentes, titulares de una concesión minera, en relación con los derechos que tendrían los dueños o arrendatarios del predio superficial en donde se encuentra radicada dicha concesión. En efecto, mientras los recurrentes señalan que sus pertenencias los habilitan para realizar extracción de rocas graníticas de libre adquisición, los recurridos aducen que se trata de arenas, rocas y arcillas superficiales que pertenecen al propietario del terreno y sobre las cuales de acuerdo con el artículo 13 del Código de Minería, no se consideran sustancias minerales y no pueden ser objeto de concesión alguna, discrepancia que ha sido llevada incluso al ámbito de una investigación penal ante el Ministerio Público para investigar un posible delito.

TERCERO: Que, en consecuencia, no tratándose de un derecho en principio indubitado, no es esta la vía para obtener en definitiva una declaración de derechos a favor de alguna de las partes, sino que ello debe discutirse en un procedimiento jurisdiccional idóneo y contradictorio, con posibilidad, entre otras, de aportar pruebas en relación con los derechos invocados, de modo que el recurso de protección corresponde ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma, Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 6 en representación de nombre reservado y de la Empresa Minera nombre reservado en contra de la Empresa Corpora Agrícola S.A y de nombre reservado.

Redactada por la Ministra María Angélica Repetto García.

Comuníquese y archívese.

N°Protección-750-2017.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Raúl Mera Muñoz, Sra. María Angélica Repetto García y el Abogado Integrante Sr. Raúl Núñez Ojeda, dejándose constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Núñez, por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido éstos a la vista y al acuerdo de la causa.