nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra Administradora de Fondos Modelo en contra del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, comunicado mediante notificación de 24 de octubre de 2025.

Sostiene que, el 11 de octubre de 2025, ingresó a través del portal web de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, solicitud de retiro de fondos previsionales, bajo el número 2669711, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente.

Agrega que, el 16 de octubre de 2025, la AFP le informó que su solicitud de devolución de fondos como Técnico Extranjero con folio N°2669711 y de 11 de octubre de 2025, no había sido ingresado por falta del certificado de Seguridad Social Extranjero, ya que dicho certificado debía mencionar que está cubierta como mínimo con las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, legalizado o apostillado.

Asevera que, además se le informó que la constancia de Cotizaciones Electrónica adjuntada no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no era un certificado de afiliación y no indicaba las prestaciones específicas antes mencionadas.

En virtud de ello, en esa misma fecha, ingresa reclamo ante la Superintendencia, alegando la imposibilidad material de legalizar el documento, por no existir representación diplomática en el país de origen. Posteriormente, el 24 de octubre de 2025, recibe nuevo correo que indicándose que la recepción de la documentación estuvo disponible por tres días hábiles, debiendo responder el correo electrónico adjuntando los antecedentes requeridos y al no recibirlos su requerimiento fue cerrado y su solicitud no pudo ser procesada.

Alega que, cumplió con los requisitos solicitados acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos y al respecto el Código Civil chileno establece que el artículo 45 que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc).

Añade que, la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, S.A, ha fundado el rechazo de la solicitud de retiro en la falta de apostilla del documento presentado, sin embargo, dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea.

Asimismo, de acuerdo a oficios, por la autoridad de Servicio autónomo de Notarias y Registro civil en Venezuela, tampoco pueden realizarse declaraciones juradas de este documento a los fines de que posteriormente sean apostillados, en consecuencia, la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales, al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que únicamente requiere acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla de documentos en los términos exigidos por la AFP.

Sin embargo, a pesar de esta imposibilidad material, esgrime que sigue estando afiliada al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), y esto puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Asimismo de los artículos de la ley 18.156 se desprende que la ley ordena que el solicitante se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, y que le otorgue a lo menos prestaciones, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, tal y como se evidencia de la constancia del seguro social venezolano que acompaña el recurrente el cual indica: “…la ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social, a sus beneficiarios y beneficiarias, en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía”

Por último, estima que, el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Asevera que, la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales , consagrados en el Artículo 19 N°2 y N°24, y N°26 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

En consecuencia, no cabe sino concluir la procedencia de la presente acción de protección, en búsqueda de tutelar los derechos antes referidos, solicitando de su Ilustrísima Corte de Apelaciones el uso de sus facultades legalmente reconocidas para aplicar e instruir todos aquellos remedios y medidas necesarias que permitan revertir el hecho vulnerador y restablecer el imperio del derecho.

En cuanto al derecho, sostiene que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, quien el 24 de octubre de 2025, rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada, por no contar con apostilla de constancia del seguro social de su país de origen.

La Ley 18.156 exige, para la devolución de cotizaciones, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un sistema previsional en su país de origen que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado en contrato laboral o anexo su voluntad de mantener tal afiliación, la recurrente cumplió ambos requisitos a cabalidad, sin que la normativa legal imponga requisito alguno de legalización consular o apostilla para dicha documentación.

Por tanto, la negativa de AFP Modelo, S.A, constituye un acto manifiestamente arbitrario e ilegal, al exigir formalidades adicionales no previstas normativamente y generar un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros que han obtenido la devolución con documentos similares. Igualmente la priva del ejercicio legítimo de su propiedad sobre sus fondos previsionales, sin justificación legal alguna Solicita, en definitiva, que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional está dada por la obligación del trabajador que presta servicios en nuestro país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. De este modo, el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios en nuestro país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad. De este modo, el entero de imposiciones debe ser entendido en este sentido y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

En este contexto, la normativa contenida en la Ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Conforme a lo anterior, cabe explicar que el artículo 1° de la Ley N°18.156 prescribe: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744 Agrega que, por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Como puede apreciarse de las normas precedentemente transcritas, la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución.

Precisado lo anterior, la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 señala que para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicable a los técnicos extranjeros se debe acreditar que estas personas se encuentran afiliadas a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asimismo, se informa que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Fiscalizador ha resuelto que para acreditar este requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Se precisa entonces que, en lo que respecta a la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Cabe hacer presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias (entendiendo esto último que dé derecho al pago de subsidios) y médicas, en caso de enfermedad de origen común.

Adicionalmente, para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos antes indicados, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales.

Ahora bien, se debe hacer presente que en relación al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado de dicha manera no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado. Dicho documento, además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

En consecuencia, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma en que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, y considerando que tanto nuestro país como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

En relación al artículo 19 N° 24 al cual el recurrente hace alusión, esto es, el derecho constitucional sobre sus fondos como constitutivos -a su juicio- de “propiedad privada”, esta Superintendencia viene en señalar que no es un hecho controvertido y menos desconocido, la circunstancia que el recurrente y todos los afiliados al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, son dueños de los fondos que mantienen en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, los cuales son por el citado Decreto Ley N° 3.500, cuestión que por tanto no resulta debatida ni controvertida, encontrándose su dominio sobre tales fondos bajo la tutela de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que es la que precisamente cuestiona.

Por consiguiente, no es razonable concebir la propiedad que sobre los fondos de pensiones tiene un afiliado al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, de manera aislada o independiente de la naturaleza del bien sobre el que recae dicha propiedad, los que constituyen un sistema de previsión social y, por ende forman parte del Derecho de Seguridad Social, la que, al igual que el derecho de propiedad y dada su importancia, ha sido tutelada o resguardada por el constituyente, consagrándola también dentro de las garantías contempladas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, específicamente en el número 18 de dicho precepto constitucional.

Finalmente, en relación al aludido artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de Chile, se debe señalar que siendo la Ley N°18.156 una ley especial únicamente aplicable a los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros, que acrediten el cumplimiento de las condiciones copulativas exigidas en su artículo 1°, y que hayan sido contratados como tales, para los efectos de acceder a los beneficios de la citada ley (exención y devolución de fondos previsionales), todos quienes tengan dicha calidad -sin excepción de su país de origen- deben acreditar el cumplimiento de la exigencia de cobertura previsional en el extranjero de la referida letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

A folio 8 informa AFP Modelo.

Sostiene que, el 11 de octubre de 2025, la recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre, por el empleador Sociedad Médica LLewelyn Limitada, RUT N° RUT reservado

Con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, la recurrente acompañó los siguientes documentos, título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo y anexo suscritos con el empleador Sociedad Médica LLewelyn Limitada.

Añade que, en virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, se realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de su representada.

Añade que, en atención a los documentos aportados por la recurrente, tal como se explicará en el derecho, la constancia electrónica de cotizaciones no es un documento apto para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile, el 13 de octubre de 2025, AFP Modelo le envió por correo electrónico la respuesta, en cuanto que para continuar con el proceso de validación, era necesario enviar en un plazo máximo de 4 días hábiles desde notificada la comunicación, el Certificado de Instituto u Organismo de Seguridad Social y/o Previsional extranjero en el que se encuentra afiliado el trabajador (El certificado debe señalar que se otorga como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte, legalizado o apostillado).

Tras no recibir de parte de la recurrente los documentos solicitados, el día 16 de octubre de 2025 se rechazó el ingreso de la solicitud en cuestión.

Agrega que, en virtud de lo señalado, se puede apreciar que AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que la recurrente no acompañó una constancia o certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Finalmente, se hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario. Mi representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

Finalmente, indica que, de lo expuesto, se puede determinar que la AFP no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que tal como se explicará en el derecho de este escrito, la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, la recurrente no cumplía.

En cuanto al derecho, se ampara en la ley N° 18.156, que establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones. Esta Ley en su artículo 7° establece lo siguiente: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

Por su parte, el artículo 1° establece:

“Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Es importante hacer presente que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales. En este sentido ha fallado la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia dictada en causa rol Civil / 28299 – 2025, al resolver que:

“Luego, si ese trabajador extranjero pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales respecto de los servicios prestados en Chile, de conformidad al artículo 7° de la Ley N°18.156, deberá acreditar ante la AFP el cumplimiento de todos los requisitos copulativos contemplados en el artículo 1° de ese mismo cuerpo legal, en la forma que la ley exige, y conforme a la norma administrativa y a la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones”.

Asimismo, las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980. La supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la Superintendencia, según lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980.

Asimismo, agrega que, en el uso de sus facultades, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, señala: “…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte En conclusión, la AFP solicita el rechazo del recurso, con costas.

A folio 13, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que afecten el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la decisión de AFP Modelo comunicada el 24 de octubre de 2025, que rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales de capitalización individual, fundada en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es idónea para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, al no encontrarse apostillada ni legalizada, no estar firmada por la autoridad emisora, y no consignar cobertura efectiva y específica en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acto que a su entender vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y realiza una interpretación restrictiva de la norma legal vigente.

TERCERO: Que, por su parte, la Administradora recurrida sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa aplicable, en particular a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que exigen la presentación de un certificado de afiliación emitido por la institución competente en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado, con constancia expresa de las coberturas y período respectivo. Sobre esta base, afirma que el documento presentado por la actora no satisface dichas exigencias, de modo que no concurren los requisitos legales para autorizar la devolución solicitada CUARTO: Que, la Superintendencia de Pensiones precisa que el régimen de exención y devolución contemplado en la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción, que debe aplicarse restrictivamente y sólo cuando se acrediten copulativamente las condiciones establecidas en su artículo 1°. En tal sentido, señala que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra debidamente legalizada o apostillada, carece de firma de la autoridad emisora y no acredita cobertura efectiva y a todo evento en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que la recurrente prestó servicios en Chile, por lo que no resulta jurídicamente suficiente para tener por cumplido el requisito legal establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

QUINTO: Que, de los documentos acompañados, primeramente, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue debidamente legalizado ni apostillado. El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que la ley actualmente determina para ello, cuestión que es aplicable de forma general respecto de todos los documentos emanados fuera del territorio nacional. En cuanto a la declaración jurada suscrita por la propia recurrente ante notario público, esta Superintendencia ha señalado expresamente que no constituye un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país correspondiente, por ser la única con facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia. El resto de los antecedentes incorporados no permiten desvirtuar lo decidido, puesto que sólo el certificado de afiliación, debidamente formalizado, cumple con los requisitos antes anotados.

SEXTO: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita en su texto la exigencia de apostilla o legalización, ello no releva del cumplimiento de las normas generales que rigen la eficacia probatoria de los documentos otorgados en el extranjero, las cuales resultan aplicables tratándose de antecedentes que buscan acreditar el cumplimiento sustantivo de los requisitos legales para acceder a la devolución excepcional de fondos previsionales, conforme lo establecen los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

SÉPTIMO: Que, por lo expuesto, no se configura en la actuación de la recurrida un acto ilegal o arbitrario, desde que la negativa de acceder a la devolución de fondos se sustentó en la aplicación de la legislación y normativa pertinentes, por no haber acreditado la recurrente el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos por la Ley N°18.156, en particular el contemplado en su artículo 1° letra a), en relación con el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Administradora de Fondos de Pensiones Modelo.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese N°Protección-7477-2025.