nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA Y OTRO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, se interpone acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana y venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por haber declarado "no ingresada" su solicitud de retiro de fondos previsionales de conformidad a la Ley N° 18.156, alegando que dicho acto es ilegal y arbitrario y constituye una vulneración a las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad.

Expone que, mediante comunicación de 12 de noviembre de 2025, la recurrida rechazó la solicitud fundándose en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumple con los requisitos legales, al no ser un certificado de afiliación formal, no señalar prestaciones específicas y carecer de firma, apostilla o legalización. Asimismo, se objetó que los anexos de contrato de trabajo con Siemens Energy y Grid Solution Chile S.A. fueron suscritos cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente, y que la declaración jurada acompañada no es un documento idóneo según la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Arguye que cumple íntegramente con los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, y que la exigencia de apostilla constituye un obstáculo formalista, dado que actualmente no existe representación diplomática de Venezuela en Chile para realizar dicho trámite. Afirma que la autenticidad de la constancia electrónica puede verificarse directamente en el portal web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante un código de verificación.

Solicita que se acoja el presente recurso, ordenando a la recurrida reconocer como válidos los documentos acompañados y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales, dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6 informa AFP Modelo S.A. solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Expresa que el 10 de noviembre de 2025, el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando diversos documentos destinados a acreditar la concurrencia de los requisitos legales.

Señala que las excepciones contempladas en la Ley N°18.156 requieren el cumplimiento estricto de requisitos legales, siendo de carácter excepcional y por tanto de interpretación restrictiva.

Refiere que el recurrente no logró acreditar el cumplimiento del requisito del artículo 1° letra a), porque acompañó una declaración jurada y una constancia electrónica de cotizaciones. Sin embargo, indica que el requisito se debe cumplir mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Manifiesta que la declaración jurada es insuficiente por ser un documento unilateral que no emana de autoridad competente. Agrega que, o concurren los requisitos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues su actuación se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente y jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, siendo la aplicación de estas normas obligatoria para las AFP.

A folio 9 informa la Superintendencia de Pensiones pidiendo el rechazo del recurso.

En primer lugar, refiere que el recurso debe ser rechazado por tratarse de una materia que excede la naturaleza cautelar de la acción de protección, al pretender la declaración de un derecho discutido.

Agrega que el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada y que la declaración jurada no sustituye la certificación de la autoridad previsional competente del país de origen, citando jurisprudencia que respalda este argumento. Asimismo, cuestiona que los anexos de contratos de trabajo acompañados daban cuenta de haber sido suscritos con posterioridad al término de las relaciones laborales respectivas.

Finalmente señala que la Superintendencia, en su Oficio N°5.963, de 16 de abril de 2007 señaló que: “…la sistemática jurisprudencia de este Servicio ha sostenido que la Ley N°18.156, es de excepción, por tanto, su interpretación debe ser efectuada de modo restrictivo...” y que según el artículo 3 D.F.L. N°101, de 1980, dicho organismo tiene el mandato legal de interpretar administrativamente en materias como las del presente recurso.

A folio 10 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la decisión de la recurrida, de 12 de noviembre de 2025, que no dio lugar al ingreso de una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°18.156, solicitando la actora que se reconozca como válida la documentación acompañada, se emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho, efectuándose la devolución de los fondos de pensión dentro de un plazo razonable.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por las recurridas AFP Modelo y Superintendencia de Pensiones, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguridad Social de fecha 14 de noviembre de 2025 que no cumplía con los requisitos de especificidad y legalización.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar documentación que acredite específicamente la cobertura previsional por todos los riesgos señalados en la norma, debidamente legalizada, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones en sus oficios N°20.294, N°25.057 y N°2.301. Agregando que la declaración jurada, no resulta idónea, por emanar del propio actor.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que, para el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis de la documentación acompañada por el actor, es posible constatar que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" carece de la especificidad requerida para demostrar la cobertura previsional por todos los riesgos exigidos y no se encuentra legalizada ni apostillada, de manera que no es efectivo lo argumentado por el actor, puesto que no cuenta con la documentación pertinente para que su petición sea acogida.

En efecto, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes establecidos por la Superintendencia de Pensiones, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, asimismo, la declaración jurada acompañada por el recurrente constituye un documento unilateral emitido por la propia parte interesada, que no cumple el estándar de exigencias requerido por la Superintendencia de Pensiones, que prevé la acreditación del cumplimiento del requisito de emanar de la autoridad previsional competente, conforme lo establece la letra b) del N°1 del Título XI, Libro II del Compendio de Normas.

Séptimo: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Octavo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, según acertadamente le fue comunicado por la recurrida, tratándose de un acto administrativo subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Noveno: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-7433-2025.