nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO

Jepv.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, técnico en nivel superior de enfermería, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la I. Municipalidad de Putaendo, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°3.853 de 3 de octubre de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, confirmada mediante Decreto Alcaldicio N°4.036 de 16 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición y confirmó la sanción. Actuaciones que considera ilegales y arbitrarias, ya que omitieron ponderar las circunstancias atenuantes debidamente alegadas y acreditadas en el proceso sumarial, aplicaron una sanción desproporcionada fundada en presunciones no acreditadas, interpretaron erróneamente la normativa sobre probidad administrativa, privándola del ejercicio de sus derechos funcionarios, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a prestar servicios bajo régimen de honorarios en el CESFAM Valle Los Libertadores en 2020 y que pasó a contrata en enero de 2023, mediante Decreto Alcaldicio N°3218, desempeñándose en la Posta de Salud Rural de Quebrada Herrera. Refiere que durante sus 5 años de servicio mantuvo una trayectoria intachable, sin sanciones disciplinarias, con buenas calificaciones y reconocimientos formales.

Señala que en abril de 2023 solicitó vacaciones que le fueron denegadas bajo el argumento de no cumplir un año en régimen de contrata, pese a llevar tres años de servicios continuos, por lo que hizo uso de una licencia médica tipo 1 emitida válidamente por un médico del CESFAM entre el 20 y 28 de abril de 2023, con indicación de reposo en domicilio, la cual no fue objetada por la COMPIN, y durante cuya vigencia realizó un viaje familiar a República Dominicana entre el 19 y 27 de abril de 2023.

Explica que, mediante Decreto Alcaldicio N°1999 de 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo formulándose un único cargo a la recurrente por contravenir el principio de probidad administrativa al utilizar, presuntivamente de manera abusiva, la licencia médica para salir de vacaciones al extranjero. La recurrente presentó sus descargos el 6 de agosto de 2025, exponiendo que solicitó previamente vacaciones que le fueron injustamente negadas, que el viaje familiar surgió posteriormente siendo costeado por una prima, que la licencia médica no fue solicitada para realizar el viaje sino emitida válidamente por el profesional médico, y alegando diversas circunstancias atenuantes: su irreprochable conducta anterior sin sanciones previas, reconocimientos formales posteriores a los hechos, inexistencia de daño material al servicio, colaboración transparente, uso prudente de licencias médicas, y que los hechos se enmarcaron en el contexto de negación injustificada de su derecho legal a vacaciones.

Añade que, pese a ello, la Vista Fiscal de 3 de octubre de 2025 concluyó que la recurrente incurrió en grave contravención al principio de probidad administrativa, criterio acogido por el alcalde subrogante mediante Decreto Alcaldicio N°3.853 de igual fecha que aplicó la sanción de destitución, confirmada posteriormente por Decreto Alcaldicio N°4.036 de 16 de octubre de 2025 que rechazó el recurso de reposición interpuesto.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida, en primer lugar, denuncia la omisión absoluta de ponderación de las atenuantes alegadas y acreditadas, fundada en una interpretación errónea del Dictamen N°49.580-2008 de Contraloría. Argumenta que el criterio según el cual no procede ponderar atenuantes cuando la ley asigna expresamente una medida disciplinaria específica solo aplica a hipótesis que la ley expresamente califica como faltas graves a la probidad con sanción de destitución, no a todos los casos que la autoridad discrecionalmente califique como tales, por lo que correspondía ponderar las circunstancias atenuantes conforme al artículo 120 inciso segundo de la Ley N°18.883.

En segundo lugar, cuestiona la calificación de su conducta como infracción grave a la probidad administrativa, argumentando que no existen antecedentes suficientes y que la única argumentación del decreto es que el incumplimiento del reposo constituiría un engaño al empleador, lo cual refuta como mera presunción no acreditada. Sostiene que los hechos solo configurarían un eventual incumplimiento del reposo médico, que constituye una falta de carácter administrativo o médico-funcional y que la conducta no se enmarca en un actuar doloso ni en aprovechamiento indebido del cargo o recursos públicos.

En tercer lugar, denuncia la falta de fundamentación jurídica para determinar la conducta como infracción grave, señalando que el decreto recurrido realizó una serie de imputaciones no probadas a través del expediente sumarial.

En cuarto lugar, sostiene que el decreto presume el dolo en su actuar sin acreditarlo, indicando contradictoriamente que realizó una acción deliberada para engañar a su empleador, pero luego señalando que no es indispensable acreditar dolo cuando la infracción es manifiesta. Destaca además que solo mediante Dictamen O-01-S-02464-2025 de agosto de 2025 se aclaró que es admisible viajar al extranjero durante el reposo médico cumpliendo supuestos específicos, situación completamente difusa en abril de 2023.

Por último, agrega la negación injustificada de su derecho a descanso anual en abril de 2023, cuando según el Dictamen N°60.673 de 2011 de Contraloría tenía derecho a feriado legal al llevar tres años prestando servicios considerando los períodos bajo honorarios, no haberse emitido sus calificaciones desde 2023, perjudicando la ponderación de sus antecedentes durante el sumario y que producto de la sanción notificada el mismo día de su dictación, fue expulsada inmediatamente pagándosele solo un proporcional de su sueldo sin esperar el vencimiento de los plazos de los recursos administrativos, afectándola gravemente en sus remuneraciones que en octubre solo ascendieron a $87.128.

Concluye que se ha vulnerado el debido proceso y la igualdad ante la ley, además de afectar su derecho de propiedad sobre el cargo y sus remuneraciones.

Pide se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Decreto Alcaldicio N°3.853 y confirmada por Decreto N°4.036, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional, ordenando la reincorporación a sus funciones y el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Acompaña documentos a su recurso. 1) Decreto Alcaldicio N°3.853 de fecha 03 de octubre de 2025, que da término a sumario administrativo y aplica sanción disciplinaria de destitución; y 2) Decreto Alcaldicio N°4.036 de fecha 16 de octubre de 2025, que rechaza recurso de reposición y confirma la sanción impuesta.

A folio 5 y 6, evacuó informe la Ilustre Municipalidad de Putaendo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que los actos impugnados son consecuencia de un sumario administrativo instruido a raíz de un oficio de Contraloría que detectó funcionarios con viajes al extranjero durante licencias médicas. Indica que se acreditó fehacientemente, mediante informes de la PDI, que la recurrente salió del país con fines recreacionales (a República Dominicana) entre el 19 y el 27 de abril de 2023, mientras hacía uso de una licencia médica que prescribía reposo total domiciliario, habiéndose rechazado previamente la solicitud de feriado.

Argumenta que dicha conducta constituye una utilización desleal de un beneficio previsional orientado a la protección de la salud, importando un engaño respecto de la verdadera causa de la inasistencia y un abuso de confianza, ajustándose la decisión municipal de calificarla como contravención grave al principio de probidad a la estructura normativa consagrado en el artículo 52 de la Ley N°18.575 y artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, no tratándose de una ampliación arbitraria sino de subsumir hechos deshonestos en el concepto legal de probidad interpretado flexiblemente por la Contraloría y la jurisprudencia. Sostiene que el procedimiento observó las reglas de la Ley N°19.880 y del Estatuto Administrativo Municipal, ejerciéndose una potestad disciplinaria propia con competencia y dentro del marco legal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley N°18.883, sobre destitución y respetando el debido proceso y el derecho de defensa.

En cuanto a la respuesta a los vicios alegados, la recurrida refuta cada argumento de la recurrente. Respecto a la tipicidad, argumenta que el régimen disciplinario se rige por estándares de conducta y no por una tipicidad taxativa (artículo 62 de la Ley N°18.575), lo que ha sido reconocido por la Contraloría. Sostiene que se configuró dolo o negligencia inexcusable al utilizar una licencia médica para fines recreacionales a sabiendas de la falta de feriado legal, destacando que en materia disciplinaria no se requiere probar dolo penal sino infracción de deberes con culpa grave. Respecto a la omisión de ponderar atenuantes, señala que el Decreto N°3.853 se hace cargo de estos elementos, pero concluye que la naturaleza de la falta reviste tal entidad que desplaza la incidencia de antecedentes positivos previos, afirma que la gravedad de la falta a la probidad justifica la destitución, y asegura que el acto administrativo cumple con el estándar de motivación y proporcionalidad exigido por la ley en el artículo 41 de la Ley N°19.880 ante el quiebre de la confianza funcionaria.

Finalmente, descarta la vulneración de garantías, señalando que no existe derecho de propiedad sobre el cargo público frente a una destitución legalmente tramitada.

Acompaña documentos a su informe. a) Copia íntegra del expediente sumarial iniciado por Decreto Alcaldicio N°1.999 de fecha 26 de mayo de 2025, conteniendo formulación de cargos, descargos, prueba documental (informes PDI, licencias) y vista fiscal; y b) Mandato judicial.

A folio 7, la recurrida acompañó expediente íntegro del sumario administrativo A folio 8, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, por esta vía, se impugnan los Decretos Alcaldicios N°3.853, de 3 de octubre de 2025 y N°4.036, de 16 de octubre de 2025, mediante los cuales la Ilustre Municipalidad de Putaendo dispuso la destitución de doña nombre reservado y rechazó la reposición administrativa deducida en su contra.

TERCERO: Que, la recurrente afirma, en síntesis, que el Decreto Alcaldicio N°3.853 por el que se aplicó la sanción de destitución, confirmado posteriormente por el Decreto Alcaldicio N°4.036 que rechazó el recurso de reposición, materializan un actuar ilegal y arbitrario de la autoridad alcaldicia en la aplicación de la potestad disciplinaria, desde que omitió ponderar las circunstancias atenuantes alegadas y acreditadas, con fundamento en una interpretación errónea del Dictamen N°49.580-2008 de la Contraloría, siendo que, en el caso, sí correspondía valorar en su favor tales circunstancias al amparo del artículo 120 inciso 2° de la ley N°18.883. Además, sostiene que los hechos que se le imputan solo configurarían un incumplimiento del reposo médico, lo que constituye una falta de carácter administrativo o médico-funcional, mas no una conducta que configure un actuar doloso ni en aprovechamiento indebido del cargo o recursos públicos.

Concluye afirmando que se ha vulnerado el debido proceso y la igualdad ante la ley, además de afectar su derecho de propiedad sobre el cargo y sus remuneraciones, por lo que pide que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por los decretos impugnados, se disponga su absolución o una sanción administrativa proporcional y se ordene la reincorporación a sus funciones y el pago de las remuneraciones no percibidas, desde que se le aplicó la destitución hasta su efectiva reincorporación.

CUARTO: Que, la Ilustre Municipalidad de Putaendo, recurrida en estos antecedentes, informa, en síntesis, que la sanción se ajusta a derecho al haberse acreditado en el sumario que la actora viajó al extranjero con fines vacacionales mientras hacía uso de una licencia médica, lo que configura un engaño y falta grave a la probidad administrativa y que, por mandato legal, debe sancionarse con la destitución sin posibilidad de rebaja por la concurrencia de atenuantes, atendido que se ha producido un quiebre a la confianza funcionaria que justifica la calificación de la conducta en esos términos y la aplicación de la sanción impuesta.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se constatan los siguientes hechos:

1) La recurrente doña nombre reservado ingresó en 2020 prestar servicios bajo régimen de honorarios en el CESFAM Valle Los Libertadores, comuna de Putaendo, y pasó a la contrata en enero de 2023 por medio del Decreto Alcaldicio N°3.218, desempeñándose en la Posta de Salud Rural de Quebrada Herrera.

2) Mediante Decreto Alcaldicio N°1.999, de 26 de mayo de 2025, se ordenó instruir contra la recurrente un sumario con la finalidad de investigarse la veracidad de los hechos consistentes en que la funcionaria habría utilizado el período de reposo otorgado por una licencia médica para realizar un viaje al extranjero entre los días 19 al 27 de abril de 2023.

3) Durante la etapa indagatoria administrativa se formuló contra la recurrente un único cargo consistente en que: “En su calidad de Técnico en nivel superior en enfermería del Cesfam Valle de los Libertadores de la comuna de Putaendo, ha contravenido el principio de probidad administrativa al haber hecho uso de licencia médica para salir de vacaciones al extranjero, al país de República Dominicana en el período comprendido entre el día 19 de abril al 27 de abril de 2023” (sic), habiendo hecho uso de una licencia médica tipo 1, otorgada por un médico del mismo CESFAM, con indicación de reposo en el domicilio, por el período comprendido entre el 20 y 28 de abril de 2023, conducta que “se agrava al haberse utilizado la licencia médica de manera presuntamente abusiva, con el fin de salir de vacaciones, decisión que habría sido motivada por no contar con días de feriado legal disponible, lo cual configura una transgresión al deber de actuar con probidad y a los principios de legalidad, lealtad institucional y buen uso de los recursos públicos, afectando la confianza que debe existir en el correcto proceder de los funcionarios públicos” (sic).

4) La correspondiente vista fiscal, de 2 de octubre de 2025, concluyó que la recurrente incurrió en una grave contravención al principio de probidad administrativa, por lo que propuso la destitución de la funcionaria nombre reservado.

5) Por Decreto Alcaldicio N°3.853, de 3 de octubre de 2025, se aplicó contra la recurrente la medida disciplinaria de destitución, según expresa el resolutivo N°1, “por haber incurrido en actos constitutivos de una transgresión grave al principio de probidad administrativa en los términos descritos en el presente sumario” (sic).

6) Contra ese acto la recurrente presentó, el 10 de octubre de 2025, un recurso de reposición administrativa, que fue rechazado por medio del Decreto Alcaldicio N°4.036, de 16 de octubre de 2025, el que además confirmó el Decreto Alcaldicio N°3.853 y la medida de destitución.

SEXTO: Que, puesto que, el fundamento de la decisión de destitución de los decretos impugnados radica en la atribución, respecto de la recurrente, de una transgresión grave al principio de probidad administrativa, conviene detenerse en las directrices que la ley entrega para dotar de contenido jurídico a este imperativo. Al respecto, la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, expresa en su artículo 52 inciso 2° que el mismo “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. A su turno, el artículo 62 del mismo estatuto legal regula conductas que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, considerando, después de la modificación introducida por la ley N°21.643, las siguientes: “1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. (…) 6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. (…); 7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración. 9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado; 10. Ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo”.

Asimismo, la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, tratando de la responsabilidad administrativa y a propósito de la medida disciplinaria de destitución, expresa en su artículo 125: “La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84; c) Condena por crimen o simple delito, y d) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados. e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales”.

SÉPTIMO: Que, atendida la petición de tutela que se trae a la competencia de esta Corte, es necesario evaluar si la recurrida ha incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria al calificar los hechos atribuidos a la recurrente, descritos en el N°3 del considerando quinto, como una transgresión grave al principio de probidad administrativa que justificaría la aplicación de la más capital de las sanciones que expresa el catálogo del artículo 120 de la ley N°18.883, con relación a su artículo 123, y la negativa a reconsiderar la decisión.

OCTAVO: Que, el reproche disciplinario formulado por la recurrida se funda exclusivamente en el supuesto incumplimiento del reposo médico prescrito a la recurrida por la licencia médica otorgada entre el 20 al 28 de abril de 2023.

Sobre el punto debe considerarse que, en conformidad con la normativa vigente, específicamente el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, la facultad privativa y técnica para fiscalizar el correcto uso de la licencia médica, controlar el cumplimiento del reposo y sancionar su infracción mediante el rechazo o reducción del beneficio, radica en los organismos técnicos de salud competentes, esto es, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o la Institución de Salud Previsional (ISAPRE) correspondiente.

En la especie, no consta en el sumario administrativo que el organismo de salud competente haya cuestionado, rechazado o invalidado la licencia médica de la investigada por incumplimiento del reposo. Por el contrario, la licencia surtió todos sus efectos legales y justificó válidamente la ausencia laboral de la funcionaria desde el punto de vista estatutario. En consecuencia, al no existir un pronunciamiento adverso de la autoridad sanitaria, que, como se ha dicho, es el ente técnico que por ley goza de competencia para determinar si un viaje interrumpe o no la recuperación de la salud, no es posible calificar el viaje de marras, en las circunstancias que fue realizado, como una infracción administrativa, pues ello implicaría invadir las competencias de fiscalización que el legislador ha entregado a otra autoridad.

NOVENO: Que, en el presente caso, siendo el motivo de la destitución la falta de probidad administrativa que se funda en el uso malicioso de una licencia médica, correspondía que en el procedimiento administrativo que dio origen a la decisión sancionatoria se demostrara suficientemente la mala fe en su obtención, ya sea simulando una situación de salud para obtenerla, sea sin presentar las patologías que en ella se señalan, caso en el cual la responsabilidad debería recaer sobre el facultativo que la otorgó. Sin embargo, se advierte que ninguna de las dos circunstancias fue acreditada en el sumario.

La imputación de falta de probidad administrativa formulada en contra de la recurrente se relaciona con su salida del país entre el 19 al 27 de abril de 2023, mientras se encontraba con licencia médica por el lapso comprendido entre el 20 al 28 de abril de 2023, hecho que la propia recurrente reconoció, explicando, en su escrito de descargos, que el viaje al extranjero se debió a una ocasión única y extraordinaria en su vida personal y que se trató de un regalo efectuado por un familiar.

Con todo, a juicio de esta Corte, tal hecho no resulta suficiente para configurar la falta a la probidad administrativa conducente a la destitución de la funcionaria, afirmación que se explica porque, en la especie, no se ha acreditado la existencia de mala fe en la obtención de la licencia que le fuera otorgada a la actora, ni que ese instrumento no haya tenido la virtualidad de justificar, estatutariamente, la ausencia laboral de la funcionaria, por lo que, si bien es posible considerar reprochable el viajar al extranjero sin respetar el reposo médico prescrito, dicho acto no puede ser valorado como una contravención al principio de probidad administrativa en los términos legales indicados en el considerando sexto de este fallo.

DÉCIMO: Que, considerando, entonces, que la conducta reprochada a la funcionaria no puede ser estimada como una transgresión grave al principio de probidad administrativa, como califica el decreto impugnado, la decisión de destitución recaída sobre la recurrente resulta contraria al principio de proporcionalidad, máxime si la administración dejó de considerar circunstancias atenuantes que beneficiaban a la actora estando habilitada para tomarlas en cuenta al tenor del artículo 120 incisos 2° y 3° de la ley N°18.883, razón por la que tal actuar constituye un acto arbitrario desplegado por la autoridad recurrida que ha vulnerado los derechos constitucionales de la actora consagrados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la carta fundamental, motivo que justifica que el presente arbitrio sea acogido en los términos que se dispondrá.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Putaendo y en consecuencia, se dejan sin efecto los Decretos Alcaldicios N°3.853, de 3 de octubre de 2025 y N°4.036, de 16 de octubre de 2025, mediante los cuales la Ilustre Municipalidad de Putaendo sancionó a la actora con la destitución y rechazó el recurso de reposición; se ordena la reincorporación a la brevedad de la recurrente al cargo y labores que cumplía en forma previa a la dictación del decreto de destitución impugnado y se dispone el pago de las remuneraciones a que tenía derecho desde la aplicación de la referida medida hasta su efectiva reincorporación. Lo resuelto es sin perjuicio de que la administración recurrida dicte la medida disciplinaria que estime proporcional a la entidad de la infracción cometida, si corresponde, con exclusión de la sanción disciplinaria de destitución.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Enrique Letelier Loyola.

N°Protección-7425-2025.

En Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.