nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A Y OTROS

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece la abogada Carolina Hidalgo Fiol, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, abogado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., de la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, por estimar que dichas recurridas han incurrido en actos y omisiones ilegales y arbitrarios consistentes, principalmente, en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N° 18.156 y en la falta de respuesta y definición de un protocolo aplicable frente a la imposibilidad de legalización consular de documentación venezolana.

Señala que el recurrente comenzó a cotizar en el sistema previsional chileno desde el 1 de febrero de 2017 y que se encontraría afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) desde el 17 de febrero de 2014, manteniendo su afiliación previsional en su país de origen, circunstancia que afirma constaría, además, en sus contratos de trabajo y anexos celebrados con Inversiones Rafael Meza Rojas E.I.R.L. y DHL Supply Chain Chile S.A.

Expone que el 12 de septiembre de 2025 ingresó ante AFP Provida una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, bajo folio N° 1387, acompañando, entre otros antecedentes, documento de identidad, contratos de trabajo con anexos, título profesional de abogado emitido por la Universidad Central de Venezuela, legalizado y apostillado, convalidado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y constancias electrónicas de afiliación y cotizaciones emitidas por el IVSS, verificables en el portal oficial de dicha institución.

Indica que, el 15 de octubre de 2025, AFP Provida comunicó por correo electrónico el rechazo de la solicitud, señalando, en síntesis, que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS, emitida el 30 de septiembre de 2025, no permitiría acreditar el cumplimiento del requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante todo el período trabajado en Chile, añadiendo que la constancia no señalaría, respecto de la cobertura por enfermedad, que comprende prestaciones médicas y pecuniarias, y que no resultaría suficiente un documento de carácter genérico ni una declaración jurada para dar continuidad al trámite.

Reclama que, la constancia es verificable electrónicamente, mediante su código de verificación, y que el documento consigna la cobertura de contingencias exigidas, según lo indicado en la Ley del Seguro Social venezolana. Añade que, atendida la suspensión de relaciones diplomáticas y el cese de funciones de la representación consular venezolana en Chile, existiría imposibilidad material de obtener determinadas legalizaciones consulares, por lo que estima improcedente exigirlas.

Señala que el 29 de octubre de 2025 efectuó una presentación ante la Superintendencia de Pensiones solicitando la definición de un protocolo aplicable y mecanismos de verificación electrónica directa con el IVSS, y que posteriormente reiteró gestiones por correo electrónico y de manera presencial, sin obtener respuesta, lo que califica como una omisión que prolonga la afectación denunciada. Agrega que AFP Provida mantendría la solicitud en estado “pendiente”, sin emitir una respuesta formal de fondo.

Alega que lo descrito vulnera las garantías del artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República y, además, invoca el artículo 19 N° 21, solicitando que se restablezca el imperio del derecho.

Pide, en lo sustancial, que se ordene a AFP Provida acceder a la solicitud y efectuar la devolución de los fondos previsionales conforme al valor de la cuota al día de pago en un plazo no mayor a 5 días hábiles o los que esta Corte determine; que se ordene a la Superintendencia de Pensiones implementar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, un protocolo de validación documental especial para ciudadanos venezolanos; y que se disponga que la AFP acepte temporalmente certificados de afiliación emitidos por el IVSS aun sin apostilla cuando cuenten con verificación electrónica, con costas.

A folio 5 informó la Directora General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando el rechazo del recurso, señalando que éste se dirige también en contra del Departamento de Validación de Instrumentos Internacionales (DEVADI), dependiente de dicha Dirección General.

Señala, en primer término, que no existiría registro de que el recurrente haya solicitado alguna gestión ante esa Secretaría de Estado y agrega que las relaciones diplomáticas y consulares con la República Bolivariana de Venezuela se encuentran suspendidas, sin posibilidad de que sus nacionales recurran a sus respectivos consulados.

Indica que, el Ministerio se encuentra regulado por la Ley N° 21.080 y por el Decreto N° 41, de 2021, que aprueba el reglamento de organización interna de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, precisando las funciones de la Dirección General y, en particular, de la División de Servicios Consulares y del Departamento de Análisis y Validación de Documentos, en materias de apostilla y legalización de instrumentos públicos.

Agrega que debe estarse a lo dispuesto en la Ley N° 20.711, que implementa la Convención de La Haya sobre apostilla, y su reglamento, así como a las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Civil en sus artículos 345 y 345 bis, sosteniendo que, conforme a dicha normativa y al referido convenio, los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte que cuenten con apostilla no requieren legalización, y que no correspondería al Ministerio validar apostillas emitidas por otros Estados Parte.

Concluye que esa Secretaría de Estado habría actuado dentro de sus competencias y que, por tanto, no habría incurrido en privación o perturbación ilegal o arbitraria de los derechos invocados.

Finalmente, hace presente que llama la atención que el recurrente se atribuya la calidad de abogado, indicando que, al no existir convenio con Venezuela, para ejercer la profesión en Chile debería someterse al proceso de revalidación ante la Universidad de Chile y, posteriormente, a la tramitación ante la Excma. Corte Suprema; solicitando, en definitiva, se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso por carecer de fundamento.

A folio 6 informó la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene, en primer lugar, que la acción de protección no sería la vía idónea para resolver la controversia planteada, por estimar que se trata de materias de lato conocimiento y de carácter contradictorio, en las que no existiría un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, reconoce que rechazó la solicitud de devolución de fondos del recurrente conforme a la Ley N° 18.156, y señala que lo hizo por no estimar acreditado el cumplimiento del requisito de contar con cobertura previsional en el extranjero para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante el período en que prestó servicios en Chile. Indica que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS, de 30 de septiembre de 2025, no permitiría establecer dicha cobertura, que no consignaría prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, que se trataría de un documento sin firma y que no se encontraría apostillado ni legalizado, añadiendo que tampoco resultaría idónea una declaración jurada para estos efectos.

Alega que sus exigencias se fundarían en criterios administrativos de la Superintendencia de Pensiones, citando el Oficio N° 5376, y en las reglas generales sobre valor probatorio de instrumentos públicos otorgados en el extranjero, indicando que, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, correspondería exigir apostilla tratándose de documentos provenientes de Venezuela, como Estado Parte. Agrega que, con anterioridad al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la constancia emitida por la delegación consular venezolana habría sido útil para acreditar el requisito referido.

Añade que el contrato de trabajo acompañado, de 15 de octubre de 2020, no contendría mención a la voluntad de mantener afiliación previsional extranjera, señalando que recién en una modificación de 17 de septiembre de 2025 se incorporaría una cláusula en tal sentido, la cual también exigiría acreditación mediante certificado de la institución previsional correspondiente, debidamente legalizada.

Asimismo, desarrolla consideraciones relativas al sistema previsional del Decreto Ley N° 3.500 y al objeto exclusivo de las AFP, indicando que la devolución prevista en la Ley N° 18.156 constituiría una excepción de interpretación restrictiva y que ProVida actuaría conforme a la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, cuya competencia para interpretar e impartir normas obligatorias invoca.

A folio 9 evacuó informe la Superintendencia de Pensiones. Como cuestión previa, alega la improcedencia del recurso por exceder su ámbito, sosteniendo que la acción cautelar requiere derechos indubitados y no es apta para obtener pronunciamientos declarativos respecto del cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156.

Reseña que el recurrente ingresó solicitud de retiro de fondos el 12 de septiembre de 2025 y que la administradora le comunicó observaciones relativas a la insuficiencia de la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del IVSS para acreditar cobertura por enfermedad, vejez, invalidez y muerte, además de exigir que el antecedente provenga de autoridad competente, se encuentre firmado y debidamente apostillado o legalizado, descartando la idoneidad de una declaración jurada para suplir tal certificación.

Señala, asimismo, que el señor nombre reservado no registra reclamo ni presentación alguna ante esa Superintendencia por estos hechos, y que el recurrente no individualizaría un acto concreto imputable a dicho organismo.

En cuanto al derecho aplicable, indica que la exención de cotizar y la devolución de fondos prevista en la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1°, en particular: acreditar afiliación a un sistema de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue, a lo menos, prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo se exprese inequívocamente la voluntad de mantener dicha afiliación.

Afirma que, conforme a los antecedentes acompañados, el certificado de afiliación al IVSS carecería de firma autorizada y no estaría legalizado ni apostillado, agregando que el código de verificación electrónica no sustituiría las exigencias formales generales aplicables a instrumentos públicos extranjeros; y que la declaración jurada tampoco reemplazaría la certificación que debe emanar de la autoridad previsional competente.

En relación con el requisito del artículo 1° letra b) de la Ley N°18.156, sostiene que los contratos acompañados no evidenciarían una manifestación oportuna e inequívoca: indica que el contrato con DHL Supply Chain S.A., de 15 de octubre de 2020, no contendría estipulación sobre afiliación previsional extranjera, y que el anexo de 17 de septiembre de 2025 sería extemporáneo, por haber sido suscrito cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre la exigencia de que la relación laboral esté vigente al tiempo de manifestar la voluntad.

Añade consideraciones sobre la existencia de manifestaciones contradictorias de afiliación al sistema previsional chileno y extranjero, y sobre la improcedencia de autorizar retiros en caso de no cumplirse los requisitos legales, aludiendo a eventuales efectos en el sistema previsional cuando existe residencia definitiva en Chile.

Finalmente, respecto de una supuesta solicitud del recurrente dirigida a la casilla correo reservado, indica que no constituiría canal oficial de ingreso de reclamos o presentaciones, y señala que la materia se encontraría resuelta por la vigencia del Convenio de la Apostilla, concluyendo que no existiría acto ilegal o arbitrario atribuible a esa Superintendencia ni privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales. Por ello, pide declarar improcedente el recurso respecto de dicho organismo y, en subsidio, rechazarlo, con costas.

A folio 10, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión acreditada es la de abogado, y que cuenta con residencia definitiva.

2° Dicha persona extranjera celebró un contrato para prestar servicios para Inversiones Rafael Meza Rojas E.I.R.L. el 30 de noviembre de 2016, con el fin de desempeñarse como asesor jurídico.

Asimismo, el actor celebró un nuevo contrato con DHL SUPPLY CHAIN (CHILE) S.A. el 15 de octubre de 2020, para desempeñarse en el cargo de operador logístico, bajo un contrato de carácter definido vigente hasta el 13 de noviembre de 2020, el que posteriormente pasó a ser de duración indefinida, consignándose en la cláusula cuarta que: “Las deducciones que el Empleador podrá practicar a las remuneraciones, son todas aquellas que dispone el artículo 58 del Código del Trabajo”, es decir, los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

3° Por anexo de contrato de trabajo de 17 de septiembre de 2025, el recurrente dejó constancia de encontrarse afiliado a un régimen de previsión en el extranjero que le otorga cobertura en caso de vejez, invalidez, enfermedad y muerte, razón por la cual manifiesta su voluntad de mantener su afiliación al mismo. Agregándose que el trabajador deberá acreditar lo anterior con un certificado emitido por la Institución Previsional correspondiente, debidamente legalizada, que acredite su afiliación al referido sistema previsional, en la que consten su obligación de otorgar prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición fundado en no haber acreditado contar con cobertura previsional en el extranjero para riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte durante el periodo que prestó servicios en Chile; que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS no permite establecer dicha cobertura por no consignar prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, además de tratarse de un documento sin firma y no encontrarse legalizado ni apostillado y; además, porque el contrato de trabajo suscrito el 15 de octubre de 2020 no contiene mención sobre la voluntad de mantener afiliación previsional extranjera, la que recién se consignó el 17 de septiembre de 2025.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que por lo tanto puede ser considerado un técnico extranjero.

En relación a los restantes requisitos para acceder a la devolución pedida, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del certificado descrito; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, constando que no se acreditó la concurrencia de ninguna de las restantes exigencias.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no reviste ninguna utilidad en tanto dicho documento sólo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera, por medio de una referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que tampoco permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos, sin perjuicio de recordar aquí que el derecho extranjero debe ser probado en Chile, por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como residente definitivo, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros residentes definitivos, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

NOVENO: Que, en lo que respecta a la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, del mérito de los antecedentes no aparece que el recurrente haya solicitado formalmente a dicha entidad actuación administrativa alguna vinculada a la situación que motiva el presente arbitrio, ni que exista un acto u omisión concreta, específica y actual que pueda serle imputada y que haya producido la vulneración de garantías constitucionales que se denuncia. En efecto, el propio informe evacuado da cuenta de la inexistencia de requerimientos dirigidos a esa repartición, de modo que la pretensión deducida en su contra carece de un presupuesto fáctico indispensable para su procedencia, cual es la identificación clara del acto u omisión que se reprocha, razón suficiente para descartar la procedencia de la acción en lo que a dicha recurrida se refiere.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la Superintendencia de Pensiones, si bien el recurrente afirma haber efectuado gestiones mediante el envío de un correo electrónico de carácter genérico, según lo informado por la propia autoridad ello no constituye un canal formal ni idóneo para el ingreso de reclamos o solicitudes administrativas, ni permite tener por válidamente ejercido el derecho de petición en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, aun prescindiendo de lo anterior, lo solicitado respecto de dicha entidad -esto es, la definición de un protocolo general de actuación o de validación documental aplicable a ciudadanos venezolanos- corresponde a una petición de carácter abstracto y general, de naturaleza reglamentaria o de política pública, que excede el ámbito propio del recurso de protección, el cual no constituye una vía idónea para obtener pronunciamientos generales ni para imponer a los órganos administrativos la dictación de instrucciones de alcance general, razón por la cual tampoco se configura, respecto de esta recurrida, un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., de la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7420-2025.

En Valparaíso, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.