nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece don nombre reservado e interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por estimar que dichas recurridas han incurrido en actos ilegales y arbitrarios al efectuar descuentos en su remuneración del mes de octubre de dos mil veinticinco, asociados a cuotas de un crédito social, sosteniendo que la Caja acreedora previamente ejerció la vía judicial para el cobro de la obligación y que, no obstante ello, se reanudaron los descuentos por planilla, lo que -a su juicio- vulneraría las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República. Señala que tuvo conocimiento del descuento el 27 de octubre de 2025, al revisar su liquidación de remuneraciones.

Expone que en julio de 2020 suscribió un crédito social con la Caja 18 de Septiembre, mientras se desempeñaba en la Corporación Municipal de Valparaíso, y que el 31 de marzo de 2022 fue despedido por dicha Corporación, quedando sin trabajo por varios años. Añade que el 24 de julio de 2023 la Caja 18 de Septiembre inició en su contra un procedimiento ejecutivo ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, causa caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, Rol C-1758-2023, y que, debido a la inactividad procesal de la ejecutante, dicho procedimiento fue declarado abandonado 6 de noviembre de 2024, en los términos de los artículos 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Señala que en septiembre de 2024 inició una nueva relación laboral como funcionario público a contrata, y que al recibir su remuneración correspondiente al mes de octubre de dos mil veinticinco constató un descuento de $469.009, glosado como “préstamo caja los andes”, destacando que, a su juicio, la deducción fue sorpresiva por no haber sido notificado ni advertido de la reanudación del cobro ni de acción alguna en su contra, y sosteniendo, además, que el monto sería excesivo.

Solicita que se acoja el recurso, se ordene el cese de los descuentos, se disponga el reintegro del monto descontado y se oficie a su empleadora para abstenerse de practicar nuevas deducciones, con costas.

A folio 7, se concedió orden de no innovar A folio 14, informa la abogada Ericka Vera Ohberg, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que el 12 de junio de 2020 el recurrente habría solicitado a su representada un crédito social por la suma de $16.850.000, a una tasa de 1,53%, pagadero en 60 cuotas mensuales de $469.009, monto que incluye prima de seguro de desgravamen por $34.144, quedando la operación registrada bajo el folio 520175451. Agrega que el actor habría pagado oportunamente únicamente las nueve primeras cuotas, constituyéndose luego en mora, motivo por el cual se activaron mecanismos de cobranza extrajudicial, entre ellos la incorporación del crédito en la base de datos de operaciones morosas susceptibles de cobro mediante descuento por remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como por otras C.C.A.F. a través del denominado Sistema Intercajas.

Indica que, ante el fracaso de la cobranza extrajudicial y en cumplimiento del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, se dedujo demanda ejecutiva en contra del deudor, dando origen al juicio ejecutivo Rol C-1578-2023 del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, proceso al que alude el recurrente. Añade que, con posterioridad a la resolución que declaró el abandono del procedimiento, el 26 de noviembre de 2024 el actor y su representada habrían celebrado una reprogramación del crédito social, circunstancia que, a su juicio, no fue mencionada por el recurrente. Señala que el 29 de noviembre de 2024 la abogada de la Caja en dicha causa informó al tribunal la reprogramación y solicitó el archivo, agregando que el 3 de diciembre de 2024 el tribunal dispuso el archivo de los antecedentes, resolución que fue notificada a ambas partes. Indica que, en virtud de la reprogramación, el saldo adeudado se habría pactado en 61 cuotas de $469.009, con vencimientos entre enero de dos mil veinticinco y enero de dos mil treinta.

Sostiene que la declaración de abandono del procedimiento sólo habría producido efectos procesales en cuanto a la extinción del proceso, y que el cobro actual se fundaría en la reprogramación posterior, añadiendo que no existiría declaración de prescripción de la deuda ni discusión judicial al respecto. Afirma que la reprogramación exige concurrencia del deudor a dependencias de la Caja, acreditación de antecedentes y suscripción del acuerdo, por lo que estima improcedente que el actor desconozca dicha actuación, agregando que el recurso no habría sido precedido de una consulta del recurrente para aclarar el origen del cobro.

En cuanto al descuento, expone que el cobro se habría efectuado mediante el Sistema Intercajas, a través de la intermediación de la Caja Los Andes, por ser ésta la C.C.A.F. a la que se encontraría afiliado el empleador actual del actor. Añade que, al momento de la reprogramación, el recurrente habría declarado no estar trabajando formalmente, consignándose en la sección de “información del empleador” la referencia “cobranza domiciliaria-finiquitos”. Señala que, al revisar la liquidación acompañada por el actor, habría advertido que éste tendría actualmente condición de funcionario público, indicando que, conforme a la normativa sectorial, el deudor podría solicitar una nueva reprogramación para limitar el monto de las cuotas al 15% de sus ingresos, indicando para ello un correo de contacto o atención presencial.

A folio 16, informa la abogada doña Inés Riquelme Arao, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Señala que su representada ha intervenido únicamente en la gestión de los descuentos reclamados por el recurrente por encargo de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, en el marco de un proceso integrado de recaudación de deudas pendientes, morosas o vigentes. Expone que, en dicho contexto, la Caja 18 de Septiembre habría solicitado a su representada gestionar los descuentos respecto del recurrente, trabajador de la empresa Fondo de Solidaridad e Inversión Social, precisando que, como consecuencia de ello, la Caja Los Andes habría recibido pagos mensuales por la suma de $469.009 desde julio de dos mil veintidós hasta octubre de dos mil veinticinco, montos que habrían sido remesados a la Caja de origen en forma periódica.

Agrega que la Caja Los Andes no dispone de mayores antecedentes respecto del origen, monto o condiciones del crédito social, por tratarse de información de carácter privado entre el recurrente y la Caja acreedora, indicando que cualquier aclaración adicional debería ser solicitada directamente a esta última.

Explica que su actuación se funda en el convenio y mandato recíproco denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, celebrado el 15 de abril de 2013, cuyo objeto sería permitir que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a información esencial para detectar y ubicar a deudores que hayan perdido la calidad de afiliados, y acordar con la Caja a la cual se incorporen posteriormente la recaudación de las cuotas adeudadas. Indica que dicho convenio se encontraría autorizado por el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 y que, para su operación, se habrían contratado los servicios del prestador SINACOFI, encargado del procesamiento e intercambio de información entre las Cajas, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

Sostiene que, en virtud de este sistema, su representada habría informado al empleador del recurrente la existencia de la deuda y requerido el descuento de las cuotas correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, actuando como diputada para recibir el pago del crédito social, en los términos de los artículos 1580 y siguientes del Código Civil. Afirma que el pago efectuado mediante dicho mecanismo extinguiría parcialmente la obligación con la Caja acreedora y liberaría al deudor hasta concurrencia del monto pagado.

A folio 17, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por medio de la presente acción constitucional, don nombre reservado impugna la legalidad de los descuentos practicados en su remuneración del mes de octubre de dos mil veinticinco, asociados a cuotas de un crédito social, sosteniendo que la Caja acreedora previamente ejerció la vía judicial para el cobro de la obligación y que, no obstante ello, se reanudaron los descuentos por planilla, con posterioridad a la declaración de abandono del juicio ejecutivo seguido en su contra y sin haber sido notificado previamente. Afirma que dicho actuar vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando el cese de los descuentos y el reintegro de las sumas descontadas.

SEGUNDO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, al evacuar su informe, solicitó el rechazo del recurso, señalando que el recurrente mantiene una deuda vigente derivada de un crédito social otorgado el 12 de junio de 2020, el cual habría sido reprogramado el 26 de noviembre de 2024, con posterioridad a la declaración de abandono del procedimiento ejecutivo. Sostiene que el cobro cuestionado se funda en dicha reprogramación y que los descuentos se han efectuado conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, descartando la existencia de un acto ilegal o arbitrario.

TERCERO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, informó que su actuación se ha limitado a gestionar los descuentos por encargo de la Caja acreedora, en el marco del Sistema Intercajas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, sin que exista, a su juicio, ilegalidad o arbitrariedad en su proceder.

CUARTO: Que, para acreditar los hechos expuestos en su acción, el recurrente acompañó liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de octubre de 2025, en la que consta un descuento por la suma de $469.009, bajo la glosa “préstamo Caja Los Andes”. Asimismo, acompañó documento denominado “Reprogramación de Crédito Social” suscrito con la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, del cual consta que la deuda habría sido reprogramada, estableciéndose el pago de cuotas a partir del 31 de enero de 2025.

Acompañó, además, copia del expediente electrónico de la causa Rol C-1758-2023 seguida ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, y certificado de antigüedad laboral de 26 de octubre de 2025, emitido por el Servicio Local de Educación Pública Costa Central, en el que se indica que don nombre reservado se desempeña como funcionario de dicho servicio desde el nueve de septiembre de dos mil veinticuatro.

QUINTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes acompañados por ambas partes y de acuerdo con el criterio reiterado por la Excma. Corte Suprema, el mecanismo especial de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 solo puede estimarse improcedente cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: (i) existencia de declaración judicial de prescripción; (ii) ejercicio simultáneo del cobro judicial del crédito por parte del acreedor; o (iii) inactividad prolongada e injustificada en la gestión de cobro por un período superior a cinco años. En tales hipótesis, el máximo tribunal ha estimado que el descuento por planilla deviene en arbitrario, por importar una forma de autotutela o por alterarse sustancialmente las condiciones bajo las cuales se otorgó el crédito.

SEXTO: Que, en la especie, ninguno de dichos supuestos concurre. En efecto, de los antecedentes aparece que, con posterioridad a la tramitación del juicio ejecutivo seguido ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, el recurrente celebró una reprogramación del crédito social el 26 de noviembre de 2024, conviniéndose un nuevo plan de pagos, con cuotas exigibles a partir del 31 de enero de 2025, circunstancia que da cuenta de la vigencia de la obligación y de la voluntad de las partes de mantener activa la relación crediticia. Tal reprogramación constituye un nuevo título de exigibilidad que desvincula el cobro actual del procedimiento ejecutivo previamente abandonado.

SÉPTIMO: Que, asimismo, no se advierte una inactividad prolongada en la gestión de cobro que permita calificar el descuento impugnado como arbitrario, desde que el cobro cuestionado se produce dentro del marco temporal del plan de pagos acordado en la reprogramación referida. En este contexto, la aplicación del descuento por planilla en octubre de 2025 se inserta dentro de un período razonable y coherente con la vigencia del crédito reprogramado, descartándose la existencia de una conducta de autotutela por parte de la recurrida.

OCTAVO: Que, de lo expuesto, no se divisa ilegalidad en el actuar de las recurridas, desde que el mecanismo aplicado se encuentra expresamente autorizado por el artículo 22 de la Ley N°18.833, ni arbitrariedad, toda vez que el descuento se funda en antecedentes objetivos que dan cuenta de la existencia, vigencia y exigibilidad de la deuda, sin que se configure una afectación ilegítima al derecho de propiedad invocado por el recurrente. No concurriendo, por ende, acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales denunciadas, la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Se deja sin efecto la orden de no innovar concedida a folio N°7.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-7381-2025.

En Valparaíso, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.