nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA Y OTRO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1 comparece Romina Moreno Ruz, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, licenciada en educación, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A y Superintendencia de Pensiones, por el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del articulo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Da cuenta que la recurrente, el 15 de septiembre de 2025, solicitó ante la recurrida la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156 que establece un régimen excepcional en favor de técnicos extranjeros que mantienen afiliación a un sistema previsional fuera de Chile. Para acreditar el cumplimiento del requisito contenido en el artículo 1° letra a) de dicha ley, la recurrente acompañó una certificación oficial emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo competente del Estado venezolano en materia previsional, en la que consta su afiliación vigente desde el año 2003, su número de semanas cotizadas y las coberturas que otorga dicho régimen, incluyendo expresamente enfermedad, invalidez, vejez y muerte, esto es, los riesgos exigidos por la normativa chilena aplicable.

El 16 de septiembre de 2025 la recurrida rechazó su solicitud, indicando que la constancia electrónica de cotizaciones emitida no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto, sino que señala de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional del país de origen, y además no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Hace presente que la AFP Modelo S.A agrega una serie de requisitos que la ley N°18.156 no exige, tales como que la certificación se encuentre firmada, legalizada y/o apostillada, etc. Incluso descarta la declaración jurada acompañada por la recurrente, ya que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile, ni tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado.

Por lo anterior, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, la que, el 16 de octubre de 2025, quien le informó que la ley N°18.156 es un régimen de excepción que debe interpretarse en forma restrictiva, las AFP sólo pueden acceder a las solicitudes cuando se haya acreditado el cumplimiento de todos los requisitos copulativos del artículo 1° de dicha ley.” Sin embargo, indica que la Superintendencia añade requisitos que no están en la ley, tales como: “La certificación debe indicar que el trabajador contó con la protección para todos los riesgos indicados, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, durante la prestación de los servicios en Chile.” Además, formula una nueva exigencia, a saber, “Respecto a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.” Esta exigencia tampoco aparece en la Ley N° 18.156, ni en decreto, ni en reglamento alguno. Es creación exclusiva de la autoridad administrativa.

Finalmente, el argumento más confuso del oficio es el siguiente, “Las certificaciones electrónicas del IVSS que no se encuentren firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven para acreditar el cumplimiento del requisito.” Lo grave es que la Superintendencia termina reconociendo expresamente el problema de fondo, al indicar, “Entendemos las dificultades actuales que enfrenta para acceder a una representación consular venezolana en Chile. No obstante, esta Superintendencia no puede exceptuar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente.” Así las cosas, este párrafo deja en evidencia una profunda contradicción, a saber, reconocen que la imposibilidad de apostillar depende de la interrupción consular Chile–Venezuela, no del actuar de la recurrente, a su vez, reconocen que los ciudadanos venezolanos no pueden cumplir el estándar exigido. Sin embargo, pretenden justificar el rechazo aludiendo a requisitos que NO están establecidos por la ley, sino únicamente por jurisprudencia administrativa.

Solicita se proceda a restaurar el imperio del derecho, declarando la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la recurrida, y con ello, ordene que sea acogida la solicitud de retiro de fondos de AFP de la recurrente, o bien adopte las medidas que considere pertinentes para corregir la vulneración indicada.

A folio 6 evacua informe don Rodrigo Montero Atria, abogado en representación de la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo S.A Da cuenta que la recurrente el 15 de septiembre de 2025, ingresó una solicitud para retirar fondos de AFP cotizados en el periodo entre marzo de 2022 y septiembre de 2025, acompañando los siguientes documentos; título profesional, declaración jurada notarial, constancia electrónica, contrato de trabajo de 1 de marzo de 2022 y anexo contrato de 3 de septiembre de 2025.

Tras el análisis de los documentos, se rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que la recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, el documento de identificación presentada por la recurrente se encontraba vencido.

Por lo anterior concluye que, no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que en caso de autos, la recurrente no cumplía.

A folio 9 evacua informe la Superintendencia de Pensiones, dando cuenta de manera preliminar que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer de esta materia, ya que es materia propia de un juicio declarativo.

En cuanto al fondo, informa que la recurrente registra una consulta web de 10 de octubre de 2025, interponiendo reclamo formal por el rechazo de su solicitud ante la AFP Modelo S.A, el cual es rechazado, ya que la documentación acompañada no es útil para tener por acreditado el requisito de contar con cobertura previsional en el extranjero, previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador A folio 10 se ordena traer autos en relación Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N°18.156, disposición que la autoriza respecto de quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del cuerpo normativo ya expresado.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por las recurridas, la petición de la actora fue rechazada teniendo en consideración que la recurrente únicamente acompañó una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin la debida cadena de legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En tal sentido, indica que se ha exigido acompañar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente legalizado, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

A su vez, el Libro II, título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, establece que el cumplimiento del requisito anteriormente indicado, "debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por la actora, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al beneficio impetrado, actuando conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa vigente, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones y la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Acordada, desechada que fue la indicación previa del Ministro (S) Sr. Germán Núñez Romero, que estuvo por remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de San Miguel por ser el tribunal competente para conocer del recurso, en atención a las siguientes consideraciones:

1.-Que, sin perjuicio de la naturaleza de la acción cautelar, lo cierto es que se trata de una extranjera con domicilio en la comuna de San Miguel según consta en la declaración jurada notarial de 1 de septiembre de 2025 y anexo de contrato de trabajo de 3 septiembre de 2025 acompañado.

2.-Que, de un tiempo a esta parte, los abogados que tramitan causas relacionadas con la normativa sobre migraciones, eligen la Corte de Apelaciones que desean y ante ella deducen las acciones cautelares, sin que exista ninguna vinculación geográfica, en este caso, entre la amparada y la Corte de Apelaciones de Valparaíso;

3.-Que lo anterior no es un tema baladí en tanto se observa un aumento sostenido de los recursos de protección de extranjeros lo que impide el avance de otros asuntos de igual importancia y que sí responden a criterios competenciales de esta Corte, a diferencia del que hoy nos ocupa, que debió ser ingresado y resuelto por la Corte de Apelaciones de San Miguel, sin que existan ni siquiera temáticas sobre acceso a la justicia desde que los estudios de abogados que suelen asumir la defensa de estas temáticas, por regla general, ni siquiera concurren presencialmente ante esta Corte sino que desarrollan sus alegaciones por zoom, como en este caso, o simplemente no ejercen su derecho a efectuar defensa en estrado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7353-2025.

En Valparaíso, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.