nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Jepv.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, decisión que le fue comunicada por correo electrónico el 23 de octubre de 2025, lo que estima vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y el derecho a no ver afectado el ejercicio de los derechos por requisitos que impidan su libre ejercicio, consagradas en el artículo 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Expone que, habiendo cotizado en el sistema de pensiones chileno, efectuó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, a través del portal web de la Administradora, una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, en su calidad de profesional extranjera, acompañando los antecedentes que indica. Señala que, el 23 de octubre de 2025, recibió un correo electrónico de la recurrida en que se le informó que su solicitud de devolución de fondos “no fue ingresado” (sic) por cuanto la documentación no cumpliría con lo exigido en la ley, dándose por cerrado el requerimiento.

Sostiene que, de esta manera, la recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de devolución de fondos, efectuando una interpretación errónea y excesivamente formal de la Ley N°18.156, desatendiendo la finalidad de dicha normativa, cual es permitir que los trabajadores técnicos extranjeros, que ya cuentan con cobertura previsional en su país de origen, puedan disponer de sus ahorros previsionales en Chile. Indica que, en su caso, acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración jurada otorgada ante notario público chileno, mediante la cual da cuenta de su afiliación y cobertura previsional en Venezuela, documentos que, a su juicio, son suficientes para acreditar el requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Alega que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS contienen un código alfanumérico de verificación que permite comprobar su autenticidad directamente en el portal web oficial de dicho organismo, lo que describe y ejemplifica, señalando que la constancia acompañada en autos puede ser validada tanto mediante el código de verificación que en ella consta como ingresando su cédula de identidad venezolana en el sitio web del Instituto, generándose el mismo documento con indicación del número de semanas cotizadas, fecha de afiliación, empleador y vigencia del certificado, lo que –afirma- demuestra de manera inequívoca su afiliación y cobertura previsional en su país de origen. Añade que, otras administradoras de fondos de pensiones, como la Administradora de Fondo de Pensiones Cuprum han aceptado este tipo de constancias electrónicas como medio idóneo de acreditación, verificándolas por las vías tecnológicas disponibles, de modo que exigir formalidades adicionales importa una interpretación desproporcionada y formalista de la normativa.

Hace presente, además, que la exigencia de legalización consular o apostilla de los certificados emanados de Venezuela resulta actualmente de imposible cumplimiento, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que califica como fuerza mayor o caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, dado que se trata de un hecho público y notorio que escapa a la esfera de control de los nacionales venezolanos residentes en Chile. Indica que, no obstante aquello, acompañó igualmente una declaración jurada ante notario chileno y antecedentes que dan cuenta de su afiliación al sistema previsional venezolano, de modo que la negativa de la recurrida a siquiera tramitar su solicitud, fundándola en la falta de legalización o apostilla, importa introducir un requisito no contemplado expresamente en la Ley N° 18.156.

En cuanto a la naturaleza del acto impugnado, señala que la decisión de la recurrida de no ingresar y rechazar su solicitud de devolución de fondos, comunicada el 23 de octubre de 2025, constituye un acto ilegal por carecer de sustento normativo en la ley especial que regula la materia, e igualmente arbitrario, por apoyarse en una interpretación excesivamente formalista y desprovista de razonabilidad, que prescinde de la finalidad de la norma y de la posibilidad real de verificar la autenticidad de la constancia electrónica por medios tecnológicos idóneos. Asevera que la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo le priva, en los hechos, de disponer de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, afectando el núcleo esencial de su derecho de propiedad sobre dichos ahorros previsionales y estableciendo una diferencia de trato respecto de otros afiliados extranjeros en situación similar a la suya, a quienes sí se les habría permitido el retiro de fondos sobre la base de documentación análoga, vulnerándose así la garantía de igualdad ante la ley.

Por lo expuesto, pide que se ordene reconocer la validez de la documentación acompañada para acreditar su afiliación al sistema de seguridad social venezolano y, en consecuencia, se disponga que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada, conforme a derecho, dentro de un plazo razonable, procediendo al pago de los fondos correspondientes, o bien se adopten las demás medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

A folio 6, informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Señala, en síntesis, que la recurrente no registra reclamo ante dicho organismo por los hechos que motivan la acción cautelar, por lo que no existen antecedentes administrativos previos sobre la materia. Expone que, en el sistema chileno de seguridad social, la regla general es la obligación de los trabajadores que prestan servicios en el país de enterar cotizaciones previsionales, de modo que los fondos previsionales no constituyen un mero ahorro susceptible de retiro al término de la relación laboral, sino parte de un sistema de previsión social. Precisa que la Ley N° 18.156 configura un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal, y que, por lo mismo, debe interpretarse en forma restrictiva. Indica que, para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a) del artículo 1°, el trabajador debe acompañar certificación emitida por la institución de seguridad social competente o, excepcionalmente, por la embajada o consulado respectivo actuando en representación de dicha autoridad, documento que debe encontrarse debidamente legalizado o apostillado y consignar en forma específica que el afiliado contó con protección efectiva en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período de prestación de servicios en Chile. Refiere que, en el caso de autos, la recurrente solo acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada de su parte, antecedentes que no resultan idóneos para acreditar la cobertura previsional fuera de Chile, pues el primero no se encuentra firmado ni apostillado y se limita a consignar de manera genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, mientras que la declaración jurada no emana de la autoridad previsional competente. Añade que, de acuerdo con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y a la Convención de la Apostilla de La Haya, los documentos extranjeros deben presentarse debidamente legalizados o apostillados para surtir efectos en Chile, criterio que ha sido reiterado por la jurisprudencia administrativa de la propia Superintendencia y por sentencias de esta Ilustrísima Corte y de la Excelentísima Corte Suprema, las que han rechazado recursos de protección referidos a solicitudes de devolución de fondos previsionales fundadas en constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin las formalidades exigidas. Concluye que, en tales condiciones, la exigencia de tales requisitos por parte de la Administradora y de la Superintendencia no puede estimarse ilegal ni arbitraria, por lo que solicita tener por cumplido el informe y rechazar la acción.

A folio 7, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. evacúa informe, solicitando igualmente el rechazo del recurso. Expone que, el 21 de octubre de 2025, la actora ingresó por el sitio web de la Administradora antecedentes destinados a obtener la devolución de sus fondos, acompañando título profesional, declaración jurada ante notario chileno, una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y contrato de trabajo y su anexo. Señala que, revisada la documentación, se le comunicó vía correo electrónico que su requerimiento quedaba pendiente de ingreso y que debía remitir, dentro de cuatro días hábiles, un certificado de seguridad social con vigencia no superior a ciento veinte días, en reemplazo de la constancia electrónica aportada, bajo apercibimiento de rechazo de la solicitud. Refiere que, pese a ello, la recurrente volvió a acompañar los mismos documentos, motivo por el cual se le informó, el 23 de octubre de 2025, que su solicitud no sería ingresada por no cumplir la documentación con lo establecido en la Ley N° 18.156, dándose por cerrado el requerimiento.

Sostiene que el título profesional presentado no se encuentra debidamente legalizado o apostillado y que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no corresponde a un certificado de afiliación emitido por la autoridad previsional competente, no señala las coberturas específicas del caso de la recurrente, carece de firma del emisor y no está legalizada ni apostillada, mientras que la declaración jurada en que la actora afirma encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tampoco constituye medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156. Enfatiza que dicha ley configura un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos que ella misma y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establecen, entre ellos contar con título técnico o profesional extranjero acreditado mediante documentos legalizados y con certificación de cobertura previsional externa debidamente legalizada o apostillada.

Concluye que, no habiendo la recurrente acreditado ni su calidad de técnica o profesional extranjero conforme a la normativa aplicable ni la cobertura previsional en el extranjero requerida, Administradora de Fondos de Pensiones Modelo se encontró impedida de aprobar la devolución de fondos solicitada y que su actuación se ha ajustado estrictamente a la ley, a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y al principio de legalidad, razón por la cual pide el rechazo del recurso, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y, por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión sería la de técnico superior universitario en ciencias audiovisuales y fotografía, calidad que pretende acreditar mediante título emitido por el Instituto Universitario de Tecnología “nombre reservado”; sin embargo, dicho documento no se encuentra apostillado ni legalizado, por lo que carece de aptitud formal para surtir efectos en Chile. La actora, además, cuenta actualmente con visa de residencia definitiva;

2° Fue contratada el 12 de noviembre de 2024 para desempeñarse como mercaderista, consignándose en la cláusula sexta del contrato de trabajo que la empleadora deduciría de las remuneraciones las cotizaciones previsionales que correspondieran;

3° Por anexo de contrato de 17 de septiembre de 2025, la trabajadora manifestó su voluntad de acogerse a la Ley N° 18.156 y de mantenerse afiliada al régimen previsional de su país;

4° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida resolvió no ingresar la solicitud, señalando que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no cumple con las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues “no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según corresponda”.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la Administradora de Fondo de Pensiones Modelo S.A. sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la absoluta equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo razonado, aun cuando la recurrente sostiene poseer la calidad de técnica extranjera, lo cierto es que no ha acreditado la autenticidad ni validez formal del título profesional acompañado, por carecer de apostilla o legalización que permita reconocerlo en Chile como documento apto para sustentar la calidad alegada.

En cuanto a los demás requisitos para acceder a la devolución solicitada, tampoco se encuentran satisfechos. En efecto, la denominada “Constancia Electrónica de Cotizaciones” sólo registra la fecha de afiliación y la condición de asegurado cesante, pero no permite establecer -con precisión ni con certeza jurídica- que la trabajadora haya contado efectivamente con cobertura previsional en las contingencias exigidas por la Ley N° 18.156 durante el período laborado en Chile. A ello se suma que el documento no proviene directamente de la autoridad competente, no está firmado, no ha sido legalizado ni apostillado y no da cuenta de las coberturas específicas aplicables al caso concreto.

Tampoco resulta procedente fundar dicha acreditación en una declaración jurada otorgada ante notario chileno, toda vez que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios previstos en la ley, lo que en la especie no ha ocurrido.

Finalmente y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad del recurrente como residente definitivo, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de Administradora de Fondo de Pensiones como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que, además, supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros residentes definitivos, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad, Redacción Ministro (s) Germán Manuel Núñez Romero.

No firma el ministro suplente señor Germán Manuel Núñez Romero, por haber cesado en la suplencia.

N°Protección-7283-2025.

En Valparaíso, diez de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.