FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA-MARGA

Foja: 0 Cero Vim.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

A fojas 7, comparece don Miguel Rodrigo Minguez Cisternas, abogado, en representación de la empresa Farmacias Cruz Verde S.A., sociedad comercial del giro de su denominación, quien de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República y a las normas contenidas en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, interpone recurso de protección en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE MARGA MARGA, representada para estos efectos por el Jefe de ese Servicio don nombre reservado.

Funda el recurso señalando que su representada desarrolla sus actividades comerciales a través de distintos establecimientos, entre los cuales se considera el ubicado en domicilio reservado, a cargo de las respectivas químico farmacéuticos.

Es del caso que el 19 de julio de 2018 se ingresó una carta a la sucursal de correos de Quilpué, por la que se dio por notificada la resolución de multa número 1227/18/22, de la Inspección Comunal del Trabajo de Marga Marga. La multa se originaría en la fiscalización efectuada por la funcionaria doña nombre reservado, al local de la recurrente antes individualizado, de fecha 11 de abril de 2018.

El recurrente describe las materias que motivarían la sanción, luego de ser inspeccionado, tales como: “mantener excluido de la limitación de jornada diaria de 45 horas semanales, a las trabajadoras nombre reservado y nombre reservado, esto verificado por el control de las constancias de acceso a las labores”. El hecho constatado importo una sanción de 60 UTM. Califica este acto como ilegal y arbitrario, que priva a su parte del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Estima infringidas las disposiciones del articulo 19 números 3 inciso 4; artículos 21 y 24 de la Constitución Política del Estado.

Agrega la recurrente, que el actuar de la fiscalizadora importo un verdadero “juicio”, realizado al margen de la legalidad, llegando a conclusiones que no corresponden a una constatación objetiva de un hecho, sino a aspectos subjetivos, transformándose tras este juzgamiento en una “comisión especial juzgadora”, afectando así las garantías constitucionales alegadas.

Se señalan como infringidos los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, en cuanto estos señalan; que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas”. Normas estas, que siendo de orden público, importan que el órgano recurrido no tiene más facultades o prerrogativas que las expresamente otorgadas.

La circunstancia de emitirse en la fiscalización juicios valóricos que el recurrente estima y califica como un juzgamiento por comisión especial, afecta a la garantía constitucional del articulo 19 número 3 inciso cuarto de la Carta Fundamental.

Del mismo modo se invoca como garantía afectada, la del articulo 19 número 21 de la Constitución, de momento que lo resuelto impide a la recurrente desarrollar con estricto apego a la moral , el orden público y la seguridad nacional , la labor para la cual ha sido concebida.

Finalmente considera que concurre en la especie, una perturbación al derecho de propiedad en los términos que prescribe y protege el articulo 19 número 24 de la Constitución Política del Estado; “… pues amenaza gravar o está gravando a esta parte, con costos que no le corresponden, toda vez que la multa cursada a mi representada es abiertamente arbitraria e ilegal…”.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la Resolución de multa 1227/18/22 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, representada por don nombre reservado, por las razones invocadas en el cuerpo de su acción de protección.

A fojas 12, con fecha veintiocho de agosto de 2018, se declaró admisible el recurso de protección y se requirió informe a la recurrida.

A fojas 26 informa la recurrida Inspección Provincial del Trabajo Marga Marga, manifestando que con fecha 26 de marzo de 2018 se interpuso una denuncia ante dicha Inspección del Trabajo, en contra de Farmacias Cruz Verde S.A., en orden a que se estaría infringiendo el artículo 22 del Código del Trabajo sobre jornada ordinaria. Con motivo de esto, se constituyó en el establecimiento la fiscalizadora doña nombre reservado, quien constata: “ Mantener excluidas de la limitación de jornada ordinaria de 45 horas semanales, a las trabajadoras nombre reservado y nombre reservado, cuya naturaleza de sus servicios no cumple con los requisitos legales establecidos en el inciso segundo del art 22 del Código del Trabajo, mediante revisión contratos de trabajo, anexos, correos electrónicos y entrevistas, se constata que existe “critica o enjuiciamiento” de la labor desarrollada lo que significa en otros términos, una supervisión o control de los servicios prestados; en atención a que dichos trabajadores al realizar apertura tardía o cierre anticipado, jefa zonal, envía correos electrónicos solicitando motivos de dicha situación, tal como se expone en correo electrónico aportado por trabajador, asimismo existe un control respecto de los ingresos asignaciones de sencillos de cajas, autorización de receta magistrales, entre otras actividades, que necesitan ingresar en sistema informático con rut y clave, los que consignan las horas en que se realizan estas operaciones, mismo caso ocurre en el cumplimiento de turnos, en los que por medio de entrevista a trabajadores y jefa zonal y de lo observado ocularmente en día de visita inspectiva, se informa por medio de planilla Excel, en la que se consignan las fechas en que se realizaron dichos turnos y motivos, siendo en este caso la jefa zonal quien verifica efectividad de haber prestado servicios durante dicho periodo, para autorizar pago cotejando planillas con calendario y turnos realizados por los químicos farmacéuticos, así como también informar a jefa zonal respecto de sus inasistencias al lugar de trabajo ya sea telefónicamente o por mensaje de texto, a su vez que esta supervisión o control sea efectuada por personas de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa o establecimiento, esta supervisión es ejercida por jefa zonal quien jerárquicamente se encuentra por sobre el químico farmacéutico tal como lo señala el organigrama en entrevista con el empleador. Finalmente respecto a “ que la misma sea ejercida en forma contigua o cercana , requisito este que debe entenderse en el sentido de proximidad funcional entre quien supervisa o fiscaliza y quien ejecuta la labor.” ; esta proximidad se da por medio de correos electrónicos, visita al local y jerárquicamente cargo de jefa zonal se encuentra directamente vinculado con los químicos farmacéuticos, quienes deben informarle en caso de inasistencia, aperturas tardías, cierres anticipados y turnos realizados”.

En virtud de los hechos antes transcritos y que constituyen el acta de inspección, se procede a cursar la multa 1227/2017/22-1 por infracción al artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo.

Se extiende el informe de la recurrida, en las razones por las cuales sería improcedente la acción cautelar, así como, la falta o ausencia de arbitrariedad en el actuar, con citas legales y jurisprudenciales que se estiman pertinentes, concluyendo en que se tenga por informado el recurso y se rechace en todas sus partes en los términos que expresa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que para resolver sobre la supuesta arbitrariedad funcionaria alegada, se ha de tener presente lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, en cuanto faculta a la Dirección del Trabajo por intermedio del Sr Director de la misma, para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, al igual que el articulo 503 en materia laboral judicial.

TERCERO: El artículo 23 del decreto con Fuerza de Ley número 2, que dispone la restructuración y funciones de la Dirección del Trabajo, expresa que los Inspectores del Trabajo tendrán el carácter de ministros de fe respecto de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones. Luego concluye: “… los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para prueba judicial.”

CUARTO: Que conforme a lo anterior, la funcionaria que fiscalizó a petición de sus trabajadoras la farmacia en comento, lo hizo en el ejercicio de sus facultades y pudiendo constatar las infracciones que finalmente denunció, todo dentro de su competencia. Evidentemente, que esta constatación y su denuncia, al entender de estos sentenciadores, importa un juicio de valor, incito en la decisión de denunciar uno o más hechos que se estiman infracción de la normativa laboral. No podría ser de otra manera, tal decisión importa un juicio personal del fiscalizador en orden a que esta frente a una infracción que debe manifestar y pedir sanción. Ello no importa arbitrariedad o juzgamiento ilegal.

QUINTO: El actuar de todo fiscalizador, lleva implícito una juzgamiento inicial, de si el fiscalizado, se ha atenido en su actuar a la norma, si se desea pesquisar las infracciones legales, de manera tal, que la resolución personal de la funcionaria, que puede ser acertada o errada, queda sujeta finalmente a un doble posible control, administrativo como el citado en el artículo 511 del Código del Trabajo y judicial, según permite el artículo 503 del mismo código.

SEXTO: Efectivamente, el artículo 503 del Código del Trabajo, entrega al fiscalizado en desacuerdo de la sanción, un plazo de 15 días para reclamar la multa ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo, conforme al procedimiento de aplicación general.

SEPTIMO: En consecuencia, necesariamente ha de concluirse en la especie, que la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Marga Marga, actuó en su fiscalización al establecimiento comercial Farmacias Cruz Verde, ubicado en domicilio reservado, en el ejercicio de las facultades que la legislación vigente, sobre la materia, le otorgan, habiendo constado hechos que a su entender constituían una infracción legal, lo que por cierto no es un juzgamiento por comisión especial u organismo arbitrario e ilegal, resolución que por cierto está sujeta a revisión administrativa o judicial, a decisión del fiscalizado.

OCTAVO: Que existiendo vías de reclamo administrativas y judiciales, debió el recurrente utilizar tales herramientas legales para cuestionar lo que estima una injusticia, pero no recurrir a esta acción constitucional, impertinente para lo pretendido, más aun si se observa que no ha habido los supuesto atentados o amenaza a las garantías constitucionales alegadas.

NOVENO: Tampoco se ha podido acreditar arbitrariedad; amenaza o atentado a al debido proceso; el ejercicio de una actividad económica o el derecho de propiedad, por lo que el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas siete en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, por don Miguel Rodrigo Minguez Cisternas, en representación de Farmacias Cruz Verde S.A., con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.- N°Protección-7257-2018.

No firma la Fiscal Sra. Latham, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por no integrar sala el día de hoy.