SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL LOS PINOS SPA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL MET

Jfah.- C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparecen los abogados Felipe de la Fuente Hulaud, Lizandro Godoy Araneda y Fabián Jacquin Stallocca, en representación de nombre reservado y de Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA, quienes interpusieron recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Los recurrentes fundan su acción en la vulneración de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°s 2, 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República. Sostienen que el Servicio de Impuestos Internos ha adoptado medidas administrativas de carácter ilegal y arbitrario que obstaculizan su capacidad para emitir documentos tributarios válidos, impidiéndoles desarrollar sus operaciones comerciales.

En cuanto a los hechos, exponen que Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA. se dedica al arrendamiento de bodegas, actividad afecta al impuesto al valor agregado. No obstante haber obtenido autorización para emitir facturas electrónicas en julio de 2024, desde octubre de ese mismo año el Servicio recurrido ha establecido anotaciones en sus sistemas informáticos, específicamente las identificadas con los códigos 52, 4111 y 4001, que habrían generado dos consecuencias principales: primero, la obligación de requerir autorización especial cada vez que se pretenda emitir una factura; y segundo, la emisión de advertencias a los clientes receptores de dichas facturas, indicándoles que "no corresponde incluir" dichos documentos en su contabilidad, impidiéndoles utilizar el crédito fiscal correspondiente.

Argumentan que estas medidas carecen de sustento normativo, puesto que, si bien el Servicio tiene facultades de fiscalización, éstas no pueden traducirse en restricciones que impidan el ejercicio de actividades económicas lícitas. Añaden que las observaciones se fundamentarían en antecedentes penales del señor nombre reservado, quien fue condenado por delitos tributarios en marzo de 2023, habiendo cumplido íntegramente la multa impuesta y encontrándose actualmente en régimen de libertad vigilada con informes favorables. Sin embargo, estiman que dicha condena no justifica la imposición de facto de una inhabilitación para realizar operaciones afectas a IVA, sanción que no está contemplada en la ley.

Solicitan a esta Corte que se ordene al Servicio de Impuestos Internos: 1) abstenerse de informar a los contribuyentes que no deben incorporar en su contabilidad facturas emitidas por Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA; 2) abstenerse de rechazar las facturas de dicha sociedad incorporadas en los formularios 29; 3) levantar las observaciones 52, 4111 y 4001; 4) informar las razones exactas que motivaron estas medidas; y 5) levantar la observación 4001 que mantiene el contribuyente nombre reservado.

A folio 10, informa el Servicio de Impuestos, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas, fundado en tres argumentos centrales: primero, la extemporaneidad de la acción, pues las anotaciones cuestionadas fueron registradas el 22 de junio de 2018, el 3 de enero de 2025 y el 21 de febrero de 2025, habiendo transcurrido ampliamente el plazo fatal de 30 días para recurrir; segundo, que el recurso de protección no es la vía idónea, existiendo procedimientos administrativos y jurisdiccionales específicos contemplados en el Código Tributario para impugnar este tipo de actuaciones; y tercero, la inexistencia de actos ilegales o arbitrarios, toda vez que las medidas adoptadas se enmarcan dentro de las facultades legales de fiscalización que le confieren los artículos 1° del Código Tributario y 1° de su Ley Orgánica.

En cuanto a los hechos, el Servicio recurrido detalla los antecedentes tributarios y penales del señor nombre reservado. Explica que éste fue condenado mediante sentencia de 31 de marzo de 2023 del Juzgado de Garantía de Limache, causa RIT 399-2018, por los delitos tributarios contemplados en el artículo 97 N° 4, incisos 3° y final del Código Tributario, en carácter de reiterados. Dichos ilícitos consistieron en la obtención indebida de devoluciones de IVA de exportador por un monto superior a $6.335.011.643, mediante la utilización de 895 facturas falsas y la presentación de declaraciones tributarias también falsas, a través de las sociedades Compañía Exportadora Tres Ríos S.A. y Agrocomercial y Servicios Lomalinda Limitada. La pena impuesta fue de 5 años de presidio menor en su grado máximo, sustituida por libertad vigilada intensiva, y multa de $1.500.000.000, la cual fue pagada íntegramente en agosto de 2024.

Respecto de las anotaciones específicas, informa que la N° 4001 corresponde a "Querellado por Delitos Tributarios" y se mantiene vigente porque, si bien la pena pecuniaria fue cumplida, la pena corporal aún no ha sido totalmente ejecutada, encontrándose el condenado bajo régimen de libertad vigilada. Las anotaciones 52 y 4111, registradas respecto de Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA, corresponden a medidas de control preventivo frente a contribuyentes con comportamiento irregular en la emisión de documentos tributarios. Enfatiza que estas anotaciones no impiden la emisión de facturas ni el ejercicio de actividades económicas, sino que establecen controles adicionales y entregan información a terceros receptores de dichos documentos.

En relación con la autorización de folios, el Servicio recurrido acompaña información extraída de sus bases de datos demostrando que durante el año 2025 se han autorizado a Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA un total de 1.863 documentos tributarios electrónicos, incluyendo 836 facturas afectas, 903 facturas exentas, y diversas notas de crédito y débito, sin que se haya denegado solicitud alguna. Respecto del señor nombre reservado como persona natural, señala que se le han autorizado todos los folios solicitados mensualmente, consistentes en 1 factura por periodo.

Sostiene que el mensaje "no corresponde incluir" que aparece en el Registro de Compras de los receptores de facturas no constituye una prohibición, sino una clasificación que cada contribuyente puede adoptar voluntariamente respecto de documentos que no otorgan derecho a crédito fiscal por no formar parte del desarrollo de su actividad comercial. Agrega que en varios casos expuestos por los recurrentes, las facturas fueron posteriormente anuladas mediante notas de crédito emitidas por la propia Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA, razón por la cual resultaba efectivamente improcedente su inclusión.

Finalmente, alega que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas. Respecto de la igualdad ante la ley, señala que los recurrentes no han aportado casos comparables en que el Servicio haya otorgado un trato diferente a contribuyentes en situaciones similares. En cuanto al debido proceso, indica que dicha garantía no está amparada por el recurso de protección salvo en la hipótesis del inciso 5° del artículo 19 N° 3. Sobre la libertad de empresa y el derecho de propiedad, sostiene que no se ha impedido el desarrollo de actividades económicas ni se ha privado de derecho alguno, toda vez que las facturas han sido autorizadas y pueden ser utilizadas por los receptores en la medida que cumplan los requisitos legales de los artículos 23 y 25 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Para respaldar sus alegaciones, acompañó los siguientes documentos: 1) Copia de sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Garantía de Limache con fecha 31 de marzo de 2023; 2) Copia de sentencia definitiva dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso de 5 de diciembre de 2023; 3) Copia de giros de impuestos adeudados; 4) Documento extraído de bases de datos del Servicio sobre consulta de estado de folios; y 5) Copia de Resolución Exenta RA N° 246/5/2024.

A folio 11, los recurrentes presentaron escrito solicitando tener presente diversas observaciones al informe evacuado. En lo medular, reiteran que el núcleo de su recurso no radica exclusivamente en las anotaciones registradas en fechas pretéritas, sino en la orden general y permanente dirigida a los contribuyentes de no incluir facturas emitidas por Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA, orden cuyos efectos persisten a la fecha y que se materializa en el mensaje "no corresponde incluir" que aparece automáticamente en el sistema del Servicio.

Contradicen la afirmación del organismo recurrido en cuanto a que dicha clasificación sería voluntaria por parte de cada receptor. Acompañan nuevos correos electrónicos de clientes, específicamente de la firma contable Lecaros y Asociados, que presta servicios a Wyssen Chile SpA, en los cuales se constata que es el propio Servicio de Impuestos Internos quien rechaza el crédito fiscal reflejado en las facturas de Los Pinos SpA, no siendo una decisión espontánea del contribuyente receptor. Añaden que esta situación ha obligado a emitir notas de crédito para anular dichas facturas, no porque fueran incorrectas, sino porque el sistema impide su utilización.

Cuestionan asimismo que el informe del recurrido atribuya participación en ilícitos tributarios a sociedades que no tuvieron vinculación alguna con los hechos por los cuales fue condenado el señor nombre reservado. Específicamente, señalan que Inversiones Tahuinco S.A. y Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA nunca fueron mencionadas en la querella ni en la sentencia condenatoria. Respecto de esta última, destacan que fue constituida recién en septiembre de 2022, siendo imposible que hubiera participado en delitos cometidos entre diciembre de 2012 y noviembre de 2016.

Solicitan que se tenga presente lo expuesto y proponen que se ordene al Servicio de Impuestos Internos informar si la recurrente ha emitido facturas a 7 contribuyentes específicamente individualizados, detallando si dichas facturas han sido incorporadas en sus formularios 29 y si el Servicio ha realizado reparos u observaciones.

Para respaldar estas alegaciones, acompañaron los siguientes documentos: 1) Intercambio de correos electrónicos con asunto " remite factura arriendo agosto 2025"; 2) Intercambio de correos con asunto "correo de cliente Wyssen"; 3) Intercambio de correos con asunto "Fwd: Facturas Impugnadas"; 4) Correo sobre reclamo de cliente Universal; 5) Intercambios sobre " no incluir Sociedad de Inversiones Los Pinos SpA"; 6) Correos sobre pantallazos enviados por clientes; 7) Correos reenviados sobre pantallazos portal SII; 8) Correos sobre pantallazos SII del 20 de mayo de 2025; y 9) Copia de querella presentada el 8 de junio de 2018 por el Servicio de Impuestos Internos ante el Juzgado de Garantía de Limache.

A folio 19, la recurrida adjuntó los siguientes documentos: 1) Declaraciones formularios 29 (Resumen Anual) correspondiente al año comercial 2025 presentadas por la recurrente Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos Spa, donde consta que ha desarrollado la actividad de arriendo de bodegas durante el año 2025 y emitió por dichos servicios 961 facturas electrónicas; 2) Copia de solicitud autorizada por el SII de timbraje de facturas electrónicas de fecha 20 de noviembre de 2025 efectuada por la recurrente Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos Spa; 3) Copia de solicitud autorizada por el SII de timbraje de facturas electrónicas de 10 de diciembre 2025 efectuada por la recurrente Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos Spa; 4) Copia de registro electrónico de compras de la recurrente Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos Spa del año 2025, respecto a la recepción de facturas electrónicas de la Sociedad Agrocomercial y Servicios Lomalinda Ltda; y 5) Copias de facturas electrónicas emitidas por la recurrente Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos Spa en el periodo comprendido entre el 10 de noviembre del año 2025 y el 02 de enero de 2026.

A folio 23, el recurrente adjuntó los siguientes documentos: 1) Certificación notarial realizada por nombre reservado, notario público suplente de la titular doña nombre reservado, notario público de Viña del Mar, de 06 de enero de 2026, a las 16:30 horas, relativa a Comercial Borde de Río SpA, RUT RUT reservado; 2) Certificación notarial realizada por nombre reservado, notario público suplente de la titular doña nombre reservado, notario público de Viña del Mar, de 06 de enero de 2026, a las 13:21 horas, relativa a Distribuidora Lagomarsino SpA, RUT RUT reservado; y 3) Certificación notarial realizada por nombre reservado, notario público suplente de la titular doña nombre reservado, notario público de Viña del Mar, de 06 de enero de 2026, a las 15:00 horas, relativa a Pimentón Rojo SpA, RUT RUT reservadoSe ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad invocada por el recurrido:

Primero: Que, esta alegación será acogida, toda vez que, los actos que se estiman como ilegales y arbitrarios, no generan efectos permanentes a los recurrentes, dado que no consta que los enarbolados como presuntivamente vulneradores obstaculicen el ejercicio de las actividades económicas.

Segundo: Que, asimismo, consta del mérito de los antecedentes del proceso que los hechos fundantes del recurso las anotaciones cuestionadas por la recurrente fueron registradas el 22 de junio de 2018, el 3 de enero de 2025 y el 21 de febrero de 2025, respectivamente, habiendo transcurrido ampliamente el plazo de 30 días para recurrir que se establece para deducir el mentado arbitrio constitucional.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que, sin perjuicio de lo explicitado en el acápite anterior, cabe tener presente que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, por la presente vía cautelar, el recurrente impugna que la recurrida ha adoptado medidas administrativas de carácter ilegal y arbitrario que obstaculizan su capacidad para emitir documentos tributarios válidos, impidiéndoles desarrollar sus operaciones comerciales, como requerir autorización para emitir facturas, la mantención de observaciones y anotaciones contra los recurrentes calificándolos como contribuyentes de comportamiento irregular, aunque que sí autorizó la emisión de facturas, posteriormente informa a terceros que estas no cuentan con autorización y rechaza los formularios 29, instruyendo abstenerse de usarlas. Agrega que, dichas medidas se extienden a todas las sociedades donde nombre reservado es representante legal afectándose sus derechos a recibir un igual trato del Estado en materia económica y a desarrollar las actividades relacionadas con su giro, de conformidad con lo que disponen los artículos 19 N°s 2, 21 y 22 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, el Servicio informa que respecto a la obligación de requerir autorización para emitir facturas, que todos los contribuyentes -tengan o no alguna anotación o medida de control- deben solicitar y obtener autorización de folios de facturas sin excepción. Respecto la anotación N° 4001 ("querellado por delitos tributarios") se mantiene vigente porque, aunque la pena pecuniaria fue cumplida, la pena corporal aún no se ha ejecutado totalmente, encontrándose el condenado bajo régimen de libertad vigilada. En cuando a las anotaciones 52 y 4111 registradas respecto de la sociedad recurrente corresponden a medidas de control preventivo frente a contribuyentes con comportamiento irregular en emisión de documentos tributarios, las cuales no impiden emitir facturas ni ejercer actividades económicas, sino que establecen controles adicionales e informan a terceros receptores.

Sexto: Que cabe advertir que el artículo 124 del Código Tributario contempla un procedimiento especial de reclamación de las resoluciones dictadas por el Servicio de Impuestos Internos ante el Tribunal Tributario y Aduanero y, asimismo, el artículo 132 bis del mismo cuerpo legal regula el recurso de reposición administrativa, de suerte tal que esa es la vía específica que el legislador ha contemplado para la revisión jurisdiccional de dichas decisiones administrativas.

Séptimo: Que, si bien la acción de protección se concede sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante los tribunales, tratándose de una acción de emergencia y extraordinaria, el recurso constitucional debe limitarse a los aspectos indubitados, graves y urgentes que causen una afectación o una amenaza a las garantías protegidas, cuestión que no acontece en la especie.

Octavo: Que, no pueden dilucidarse en esta sede las cuestiones técnicas discutidas sin que exista un verdadero contradictorio en que las partes puedan probar sus pretensiones y el juzgador, con conocimiento de todos los antecedentes necesarios para adoptar una decisión, resuelva en un procedimiento de lato conocimiento.

Asimismo, el recurso de protección no está dado para solucionar conflictos entre las partes, ni procede cuando un asunto cuenta con un procedimiento preestablecido y garante de los derechos de las personas, puesto que este arbitrio constitucional no puede desviarse ni transformarse en un medio supletorio de esos procedimientos.

Noveno: Que, se estima por esta Corte que el actuar denunciado no es ilegal ni arbitrario dado que rige respecto del recurrido lo contemplado en los artículos 6° y 7° del Constitución Política de la República, como lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 18.575, normas de las cuales se desprende la aplicación a su respecto de los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración del Estado. Asimismo, impera respecto de sus actuaciones lo preceptuado en los artículos 1° del Código Tributario y 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que establecen que corresponde a este organismo “…la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el fisco, y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”, como lo dispuesto en el artículo 6º, del Código Tributario, señala que “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

Que, el artículo 2°, del D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación, que señala: “La confección del Rol Único Tributario, su mantención y permanente actualización estarán a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el cual dictará las normas internas necesarias para estos efectos.”; agregando el D.F.L. N°3, recién citado: “Que es necesario establecer un sistema que permita identificar a todos los contribuyentes del país y mantener un control del cumplimiento tributario, a fin de propender a su mejoramiento; Que una adecuada identificación de los contribuyentes permitirá darles una mejor atención en sus relaciones con los Servicios de Impuestos Internos y Tesorerías, ya que se podrán simplificar y agilizar los procedimientos administrativos; Que con el sistema que se establece se pretende lograr una mayor justicia tributaria, mediante el control de los contribuyentes que no dan cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por las leyes, lo que, además, permitirá incrementar la recaudación”. Asimismo, el artículo 6º, del Código Tributario, señala que: “Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias”.

Décimo: Que, las normas descritas dan cuenta que el Servicio tiene las facultades de aplicación y fiscalización de todos los impuestos y disposiciones tributarias cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente, por ende, al utilizar las competencias que la Constitución y las leyes prescriben, mediante los procedimientos que éstas establecen su actuar se circunscribe a uno legal y no arbitrario.

Décimo Primero: Que, de esta manera, en cuanto a la obligación de requerir autorización para emitir facturas consta que el Servicio requerido no efectuó restricción alguna respecto de la autorización de folios de facturas electrónicas en relación con estos contribuyentes. Así, consta que todos los contribuyentes -tengan o no alguna anotación o medida de control- deben solicitar y obtener autorización de folios de facturas sin excepción, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el hecho que los recurrentes deban solicitar autorización de folios en el Servicios de Impuestos Internos al igual que todos los contribuyentes del país.

Que, por lo demás, no logra advertirse de qué manera una actuación legítima del Servicio como la referida puede afectar las garantías constitucionales denunciadas, en particular, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica lícita y a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, toda vez que el acto impugnado no impone una prohibición o impedimento absoluto al ejercicio de tales prerrogativas fundamentales sino una limitación temporal en el uso de un determinado sistema de emisión de documentación tributaria electrónica que se enmarca dentro de las potestades legales de fiscalización del ente recurrido.

Incluso cuando ello pudiere generar dificultades operativas a la empresa, la Constitución Política de la República ordena a que tales actividades se desarrollen respetando las normas legales que la regulen, entre ellas, la de comparecer ante el ente fiscalizador -cuando sea requerido- a fin de acreditar la existencia de su domicilio y la efectividad de las instalaciones que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades o giro declarado por el contribuyente, permitan el desarrollo de los mismos, lo que en el caso concreto no consta haberse subsanado.

Así, no se aprecia cómo una actuación legítima y razonada como la descrita vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley que garantizan los numerales 2° y 22° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no se han aportado antecedentes que permitan establecer un trato discriminatorio de la empresa recurrente en relación con otros contribuyentes en iguales condiciones Décimo Segundo: Que, respecto del ejercicio de la potestad fiscalizadora y específicamente las relativas a las anotaciones efectuadas en los sistemas informáticos del servicio, se evidencia que estas anotaciones son una manifestación del ejercicio de las facultades generales de fiscalización. Asimismo, en relación a no incluir el mensaje al que aluden los contribuyentes y las peticiones de abstención de informar a terceros y “rechazar facturas”, se considera que las anotaciones registradas tanto respecto del representante legal -en el caso de la anotación 4001, asociada a la existencia de una querella penal vigente-, como respecto de la sociedad -mediante las anotaciones 52 y 4111, de carácter preventivo-, corresponden exclusivamente al ejercicio normal de las facultades fiscalizadoras del Servicio, orientadas al adecuado control del cumplimiento tributario. Todas ellas se mantienen vigentes por no haberse verificado variación alguna en las circunstancias que motivaron su registro, y ninguna produce efectos que impidan el ejercicio del giro -actividad económica del recurrente-, en la emisión de documentos tributarios o en la utilización del crédito fiscal por parte de terceros, siempre que concurran los requisitos legales para ello.

Décimo Tercero: Que, respecto de la supuesta afectación de derechos aludida del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, se estima que es posible advertir en la especie que el ejercicio comparativo que exige el análisis de la igualdad y concluir si concurren elementos y propiedades prevalentes, suficientes y necesarias, para realizar el correspondiente ejercicio de ponderación y de afectación al principio de igualdad, es que se ofrezca al menos un acto, un hecho o decisión, ejecutado o pronunciado por la misma autoridad, que revista cualidades susceptibles de cotejo y que los elementos sustanciales de las reglas aplicables, resulten asimismo equiparables, sin embargo, no es posible efectuar el análisis propuesto acerca de la vulneración al principio de igualdad en la aplicación de la ley, ya que no se presentó por la actora un hecho, caso, acto o decisión que ofrezca aquellos caracteres prevalentes en que se hubiere decidido de un modo distinto a como pretende, adoptándose por el Servicio Requerido una razón divergente a la decisión que se aspira revocar o un trato distinto, no obstante concurrir propiedades equiparables, razón necesaria y suficiente que impide acoger la acción de protección presentada en este acápite.

Décimo Cuarto: Que, respecto de la afectación de la garantía del artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, cabe precisar que tampoco se aprecia vulneración, dado que no consta que el Servicio requerido haya prohibido a los receptores de las facturas que emite Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA de contabilizarlas, incluirlas en sus declaraciones mensuales formularios 29 de IVA y, tampoco, se le ha prohibido utilizar el crédito fiscal impuesto al valor agregado a dichas facturas. Así, se evidencia que se confunden el término “prohibición” con una “opción” que se entrega a los receptores de las facturas, y que constituye una alerta o advertencia, una medida de control.

Así las cosas, no estamos efectivamente frente a una prohibición, sino que de una medida de control que da la “opción” a los receptores de dichas facturas a contabilizarlas y declararlas, y que solo de manera preventiva se les informa de aquello. De tal manera, los contribuyentes recurrentes, no tienen impedimento alguno para realizar sus actividades económicas.

Décimo Quinto: Que, en relación a la afectación de la garantía del artículo 19 Nº21 de la Constitución Política de la República, se estima que el actuar del Servicio recurrido, se ha enmarcado dentro de las facultades que le confiere la ley. En caso alguno esta medida impone a la recurrente la obligación de pagar con su patrimonio el impuesto asociado a la operación.

Que, asimismo, no se constata la existencia de perjuicio para los recurrentes toda vez que éstos han solicitado la autorización de folios para la emisión de documentos tributarios electrónicos, dicha autorización les ha sido concedida y han seguido realizando sus actividades mercantiles, cuestión que no es negada de modo alguno por los referidos.

Por lo expuesto, se concluye que el Servicio recurrido no ha limitado ni perturbado la capacidad operativa de la actividad económica del contribuyente, quien se encuentra plenamente habilitado para emitir documentos tributarios y continuar desarrollando su giro comercial.

Décimo Sexto: Que, en cuanto a la afectación de la garantía del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, tampoco aparecen claros los supuestos fácticos que el recurrente esgrime para fundamentar la lesión que invoca. En efecto, en la especie se requiere tener la condición de indubitado y hallarse incorporado al patrimonio del recurrente para estimarla concurrente. En estos autos tal requisito no se cumple a cabalidad porque no se han dado los presupuestos fácticos para tener por violentada la garantía constitucional.

Por estas consideraciones, lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que se acoge la excepción de extemporaneidad de la acción.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de la nombre reservado y de Sociedad Comercial e Industrial Los Pinos SpA, y en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Dictada por el Ministro (S) señor Germán Manuel Núñez Romero.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-7218-2025.