nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Visto:

Que, se interpone recurso de protección en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., RUT RUT reservado, por haber rechazado mediante acto de 27 de octubre de 2025 la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros presentada conforme a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida habría exigido la presentación de una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, requisito que no se encontraría establecido en la normativa aplicable y que resultaría imposible de cumplir debido al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile y la ausencia de funciones consulares, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad privada que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 números 2 y 24, respectivamente, por lo que solicita que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Señala que en fecha veintisiete de octubre de dos mil veinticinco realizó un llamado telefónico al número de atención al cliente de AFP Provida, oportunidad en la cual se le informó que su solicitud no sería aprobada debido a que faltaría una constancia de afiliación vigente que debería estar apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Respecto de esta exigencia, la parte recurrente argumenta que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita la obtención presencial o directa de dicho documento, constituyendo esta circunstancia un hecho de público conocimiento que escapa completamente de la voluntad y esfera de control de la recurrente. No obstante lo anterior, manifiesta que cuenta con una constancia electrónica vigente de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual resulta perfectamente verificable en línea mediante el sitio oficial de dicha institución, ingresando el código de verificación único que figura en la parte inferior del documento identificado como ef2505802-2025509. Adicionalmente, sostiene que el IVSS permite la verificación por cédula de identidad, lo cual proporciona un mecanismo adicional de validación de la autenticidad del documento presentado.

Alega que esta verificabilidad electrónica cumple plenamente con los requisitos exigidos por el artículo 1° de la Ley N°18.156, que únicamente establece como requisito que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile. Por consiguiente, sostiene que negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Aclara que la constancia de afiliación electrónica indica el plazo de vigencia y puede ser descargada sucesivamente, razón por la cual se modifican los códigos alfanuméricos correspondientes entre las distintas emisiones del documento.

Sostiene que el rechazo de la administradora de fondos de pensiones argumentando genéricamente que el certificado de afiliación se encuentra vencido contradice la normativa especial, que no realiza distinciones al respecto, limitándose a señalar que el técnico profesional extranjero debe encontrarse afiliado, tener al menos calidad de técnico, y manifestar la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad. Argumenta que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente señalados en la ley En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, la parte recurrente sostiene que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, en cuanto no pueden establecerse diferencias entre las personas frente a la ley ni darse tratos preferentes o excluyentes, siendo que la recurrida ha infringido esta garantía constitucional dándole a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido, han obtenido respuestas favorables. Asimismo, alega la vulneración del derecho de propiedad privada establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, en cuanto nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional. Finalmente, invoca el artículo 19 N°26 de la Constitución Política, que prohíbe afectar los derechos en su esencia o imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene a la recurrida realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Captura de llamada al call center de Provida en que se informa el rechazo; 2) Cédula de identidad para extranjeros; 3) Constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales vigente (IVSS); 4) Título universitario debidamente apostillado; 5) Anexo de trabajo con empresa Agencia de Aduanas nombre reservado.; y 6) Anexo de trabajo con empresa Importadora, Exportadora y Comercializadora Jomar Ltda.

Que, informa el recurso la Superintendencia de Pensiones, solicitando su rechazo por no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la ley N°18.156, específicamente por no haber acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor probatorio en Chile, y por no haberse presentado documentación idónea que acredite en forma específica la cobertura previsional efectiva durante todo el período en que la trabajadora prestó servicios en territorio nacional.

Señala que en la legislación de seguridad social chilena rige como principio general la obligación de todo trabajador que presta servicios en el país de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, independientemente de su nacionalidad, debiendo entenderse el entero de imposiciones no como un fondo de ahorro susceptible de retiro al término de los servicios, sino como una obligación destinada a la protección previsional del trabajador.

En este contexto normativo la ley N°18.156 constituye un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que ostenten la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo legal. Transcribe el texto del referido artículo 1°, que establece dos condiciones esenciales: primero, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y segundo, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, cita el artículo 7° de la misma ley, que faculta a los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones para solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

Siendo la ley N°18.156 una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada únicamente cuando se cumplan las exigencias copulativas que establece, correspondiendo a las Administradoras de Fondos de Pensiones acceder a las solicitudes de devolución o exención de cotizar sólo cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1°, de conformidad con la normativa aplicable y la sistemática jurisprudencia administrativa de esa institución.

Señala que el extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Subsidiariamente, la jurisprudencia administrativa ha permitido presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, siempre que expresamente se indique que ha sido extendido en representación de la autoridad competente de seguridad social del país correspondiente.

La Superintendencia ha exigido que el trabajador extranjero aporte un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado, durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Particularmente respecto de la cobertura de salud, se ha exigido que ésta sea integral, comprendiendo tanto el otorgamiento de prestaciones médicas como pecuniarias, entendiendo esto último como el derecho al pago de subsidios en caso de enfermedad de origen común. Por consiguiente, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que debe consignarse en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho de que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Refiere que la devolución de fondos previsionales se dispone precisamente atendiendo al hecho de que el trabajador técnico extranjero que tuvo cobertura para los cuatro siniestros contemplados en la ley durante el período en que prestó servicios en Chile no requería de la cobertura que le entrega el sistema previsional chileno. En cambio, si no tuvo una cobertura efectiva en su país de origen durante ese tiempo, entonces pudo hacer uso de los beneficios que entrega el sistema en Chile, por lo cual no procedería la devolución de los fondos destinados a ese fin. Explica que, conforme al principio de territorialidad de la ley, todo trabajador extranjero que presta servicios en Chile queda sujeto a la legislación chilena y, según el artículo 58 del Código del Trabajo, el empleador debe deducir de las remuneraciones las cotizaciones de seguridad social, las que deben ser declaradas y pagadas en la AFP correspondiente, proporcionando así al trabajador acceso a la cobertura previsional del sistema de seguridad social chileno, que comprende la protección de los riesgos de vejez, invalidez, muerte y enfermedad de origen común.

La recurrente, acompañó un certificado electrónico denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una declaración jurada suscrita por ella, mediante la cual manifiesta que la constancia acompañada indica que se encuentra afiliada a un sistema previsional extranjero y da cumplimiento a la normativa aplicable. Al respecto, la autoridad fiscalizadora manifiesta categóricamente que la declaración jurada no constituye un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre tal circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Del mismo modo, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla de La Haya, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Reitera que, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, y considerando que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de la Apostilla de La Haya, no cabe hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

Finalmente, manifiesta que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Informa el recurso la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Fundó su petición en dos excepciones principales: en primer término, alegó que la acción cautelar de protección no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio; y subsidiariamente, sostuvo la ausencia de actos ilegales o arbitrarios de su parte, afirmando que su actuación se ha ajustado estrictamente a la ley y a la normativa emanada del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Señaló que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y en concordancia con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, resulta imperativo que las certificaciones emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentren debidamente apostilladas por la autoridad competente venezolana. Destacó que a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es Estado Parte de dicha convención, se exige ineludiblemente que tales certificaciones vengan apostilladas. Agregó que las constancias electrónicas de cotizaciones presentadas por la recurrente no cumplen con estos requisitos, al carecer de firma de quien las emite, no encontrarse apostilladas ni legalizadas, y limitarse a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin especificar las coberturas concretas con que cuenta la afiliada.

Respecto de las declaraciones juradas acompañadas, la recurrida explicó que la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que tales documentos, aun cuando hayan sido certificados ante notario público chileno y cuenten con apostilla, no constituyen medios idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, toda vez que las certificaciones deben emanar necesariamente de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la Ley N°18.156, por tratarse de una materia propia de la seguridad social respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado.

Señaló que la Ley N°18.156 establece una excepción al principio de territorialidad que rige en materia laboral y previsional en Chile, conforme al cual los trabajadores que se desempeñan en el país, sean chilenos o extranjeros, quedan sujetos a las leyes laborales y previsionales vigentes. Explicó que el artículo 1° de dicha ley contempla la exención de cotizar en Chile para los técnicos extranjeros que cumplan copulativamente con tres requisitos: a) que detenten la calidad de técnicos, entendiendo por tales a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte acreditados mediante documentos justificativos debidamente legalizados; b) que se encuentren afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, circunstancia que debe constar con anterioridad a la fecha del contrato en Chile; y c) que en el contrato de trabajo manifiesten expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley faculta a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones para solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1°.

Finalmente, en cuanto a la improcedencia del recurso, argumentó que no concurren en la especie ninguno de los tres requisitos copulativos que el artículo 20 de la Constitución Política de la República exige para la procedencia de la acción de protección, a saber: la existencia de un acto u omisión ilegal y arbitraria; que como consecuencia de este acto u omisión se produzca un agravio; y que este agravio se manifieste bajo la forma de una privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Sostuvo que su comportamiento no ha sido ni ilegal ni arbitrario, sino que ha significado dar estricto cumplimiento a sus obligaciones legales y a la normativa emanada de la Superintendencia de Pensiones; que en consecuencia no ha causado agravio alguno a la recurrente; y que tampoco ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales invocadas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente, ciudadana venezolana, solicita la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual conforme a los dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 18.156, disposición que autoriza dicha devolución a técnicos o profesionales extranjeros que acrediten estar afiliados a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por las recurridas, la solicitud fue rechazada por no haberse acompañado el certificado del régimen previsional extranjero con los requisitos de legalización o apostilla exigidos para tener valor probatorio en Chile, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones.

Cuarto: Que, sin perjuicio de que el rechazo sostenido por la recurrida se funda en aspectos formales relativos a la falta de legalización o apostilla del documento exigido, en el caso de autos aparece que la recurrente no se encuentra en la hipótesis contemplada en el artículo 7 de la Ley N° 18.156, toda vez que del mérito de la copia de la cédula de identidad acompañada al recurso aparece que tiene permanencia definitiva, que contraría la lógica de la ley referida a trabajadores extranjeros que en Chile desempeñan labores remuneradas por un período de tiempo acotado o de manera transitoria. Por otro lado, tampoco acreditó el ejercicio de labores técnicas exigidas en el cuerpo legal referido.

Quinto: Que, unido a la deficiencia de fondo anotada, el hecho que el documento que acompañó contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, en este sentido, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de AFP Provida ni de la Superintendencia de Pensiones, al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero, no obstante, la deficiencia de fondo referida en el considerando cuarto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-7189-2025.

En Valparaíso, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.